Las últimas informaciones provenientes de Estados Unidos indican que en el poco tiempo que le resta al gobierno de Vicente Fox seguramente habrá más quejas y nuevos regaños del gobierno estadounidense a México por los errores cometidos de este lado de la frontera en la lucha contra el narcotráfico y el “lavado” de dinero- Lo que además advierte que en los próximos meses habrá un endurecimiento en el lenguaje y en las presiones de Washington hacia Los Pinos que podrían derivar en mayores daños políticos, económicos y sociales para el país por la ingerencia estadounidense y ante la debilidad del presidente Fox ante su homólogo George Bush..

Sólo en la última semana hay varios hechos que preocupan. El primero fue cuando el embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza, declaró que el cierre del consulado de su país en Nuevo Laredo era para “castigar” al gobierno mexicano por la violencia desatada en la frontera entre bandas de narcotraficantes, y aunque después el funcionario estadounidense quiso rectificar al afirmar que no debió de utilizar la palabra “castigar”, nunca niega que se trata de un verdadero regaño al gobierno foxista por su incapacidad para controlar a las bandas de narcotraficantes.

La segunda noticia correspondió a los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de tres empresas mexicanas y 30 personas supuestamente involucradas en el “lavado” de dinero para los cárteles de la droga que controlan los hermanos Arellano Félix y Arriola Márquez en los estados de Baja California y Chihuahua, respectivamente.

Como siempre, en este tipo de casos relacionados con el blanqueo de capitales producto del tráfico de drogas, las noticias llegan desde Estados Unidos, pues la incapacidad en la Procuraduría General de la República impiden a su nuevo titular Daniel Cabeza de Vaca asumir un control pleno de las acciones realizadas y tiene que ser el gobierno de Bush el que informe lo que pasa en nuestro país con la delincuencia organizada y el “lavado” de dinero.

Pero lo que en realidad generó el malestar estadounidense y como consecuencia los regaños y reclamos a México, fue la salida de Luz Núñez Camacho de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), pues esta funcionaria con amplia experiencia en el cargo y reconocida internacionalmente por su trabajo eficaz fue simplemente despedida por Cabeza de Vaca a petición del subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos para tener un control pleno de esa área sensible que maneja investigaciones sobre miles de millones de dólares, sin importar que ello afectara las investigaciones bilaterales que se siguen sobre fondos ilícitos del crimen organizado y que se mueven en el los sistemas financieros de México y Estados Unidos.

Así, en un escueto boletín, la PGR informa que designó como nuevo responsable del combate al blanqueo de capitales a Agustín González Guerrero, quien era subalterno de Vasconcelos y responsable de la Coordinación Jurídica en la Siedo. Pero las cosas están tan mal en la PGR que en el comunicado entregado a los medios de comunicación ni siquiera se menciona el nombre de Luz María Núñez Camacho, quien durante 15 años ha dedicado su labor profesional a investigar los fondos ilícitos que se mueven en los circuitos financieros mexicanos e internacionales, así como a perseguir a delincuentes de “cuello blanco” que siempre buscan refugios en paraísos fiscales y nuevas modalidades para “lavar” el dinero sucio en el país.

Con el despido de Núñez Camacho de la PGR se quedan en el aire 200 investigaciones de “lavado” de dinero que están en curso y, para los archivos oficiales, deja otras 100 sentencias condenatorias por ese mismo delito en contra de narcotraficantes, empresarios y financieros responsables de utilizar recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, estas cifras parecen no importarle a Cabeza de Vaca y muestra su ignorancia y desconocimiento en la materia para despedir a tal vez la única funcionaria de la PGR que realizaba un trabajo eficaz y honesto en la institución.

La protesta de Tony Garza

El pasado mes de julio el embajador Tony Garza llamó la atención del procurador general de la República por la remoción de la única investigadora experta en “lavado” de dinero, lo cual representa para Estados Unidos un “alto riesgo”, porque puede incrementarse el flujo de dinero sucio procedente del crimen organizado internacional hacia territorio mexicano.

En una carta confidencial, aseguran organismos de seguridad nacional de ambos países, el diplomático estadounidense reprocha a Cabeza de Vaca la salida de la funcionaria mexicana de la estructura de la PGR y le advierte que complejas investigaciones en materia de “lavado” de dinero que llevan a cabo ambos países corren el riesgo de perderse y hasta de prevenir a la delincuencia de organizada por la falta de coordinación que hasta ahora tenían los gobiernos de México y de Estados Unidos en la lucha contra el blanqueo de capitales.

El escrito, con carácter personal dicen funcionarios de la PGR y del gobierno estadounidense, explica la importancia de mantener una comunicación constante entre los dos países para mantener los mecanismos de vigilancia e investigación contra los grupos dedicados a “lavar” el dinero producto del tráfico de drogas. Pero adelanta que esta coordinación podría perderse ante la desconfianza que las autoridades de la Agregaduría de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Interna en Materia de Aseguramiento de Dinero, dependiente del Departamento del Tesoro, tiene sobre los funcionarios de la Procuraduría mexicana.

Dicha preocupación del embajador de Estados Unidos en México llevó a solicitar una reunión urgente con el procurador general Cabeza de Vaca, previa a la reunión binacional realizada a finales de julio, a fin de manifestarle la preocupación del mismo procurador de los Estados Unidos y de la Agregaduría de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Interna en Materia de Aseguramiento de Dinero, por la remoción de Núñez Camacho al frente de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.

Sin embargo, a pesar del malestar causado en Washington y en la embajada de Estados Unidos en México por los cambios en la PGR, el procurador Daniel Cabeza de Vaca desestimó la llamada de atención del embajador Garza, lo que posteriormente ha desatado una serie de críticas y regaños en torno al trabajo de la Procuraduría para combatir a las bandas del narcotráfico y la lucha contra el “lavado” de dinero, lo cual sólo se explica por esa decisión de alejar del cargo a Núñez Camacho en momentos en donde la delincuencia organizada que operan en México está más activa que nunca y están a punto de convertir al país en un narco Estado.

Así que en lo que resta del gobierno foxista sin duda alguna aumentarán los flujos de capitales ilegales al país, lo que sumado a la descomposición en la que está inmersa la PGR, es previsible que Washington aumente las presiones para remover al novel procurador Cabeza de Vaca y este salga sin enterarse siquiera de las pugnas internas en esa Procuraduría.

Empresa consultora para la CNBV

Para fortalecer la labor de vigilancia sobre bancos que pueden incurrir en riesgos indebidos al realizar actividades crediticias en perjuicio de los usuarios del sistema financiero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) busca auxiliarse por primera vez de una empresa de consultoría.

De acuerdo con el artículo 31 de las disposiciones de carácter prudencial en materia de créditos aplicables a las instituciones de crédito, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de julio, la CNBV, a pesar de contar con expertos en regulación bancaria, requiere de servicios de consultoría para la evaluación o diagnóstico de los bancos.

Esta, de hecho, sería la primera vez que la CNBV contraría a consultores externos para complementar la vigilancia que ejerce sobre la banca múltiple del país, servicios que tendrían que pagarse con recursos del presupuesto asignado por el Congreso a esta Comisión.

A través de su Unidad de Transparencia se consultó a la CNBV sobre los recursos que se necesitarían para contratar a una empresa externa y la respuesta nos sorprendió, pues revela una seria inconsistencia entre lo publicado en el Diario Oficial y las disposiciones de la Ley Orgánica de esta comisión.

Resulta que la Vicepresidencia de Administración de la CNBV informó, en línea con las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no lleva a cabo contrataciones para este concepto, razón por la cual no se cuenta ni con proceso ni con partida presupuestal establecidos para este fin. Ya veremos quién dice la verdad y quién miente.

La seguridad de Pemex

Inició la cuenta regresiva para que Petróleos Mexicanos (Pemex) renueve la llamada Póliza Integral que cubre por completo los bienes y plantas de la paraestatal y que representa uno de los principales contratos para el sector asegurador del país, pues de acuerdo con la Unidad de Transparencia de la paraestatal, la actual cobertura de la póliza integral de Pemex estará vigente hasta las 12:00 horas del próximo 11 de septiembre de 2005.

Se trata además de uno de los contratos que Pemex ha puesto como ejemplo de la transparencia que puede alcanzar en sus licitaciones y que forma parte de los concursos revisados por el Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción que lleva a cabo la Dirección Corporativa de Finanzas de la paraestatal.

El año pasado la póliza integral de Pemex representó un negocio de 213 millones de dólares, un ahorro estimado de 53 por ciento, según ha explicado su propio director general Luis Ramírez Corzo.

Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), la licitación para determinar al ganador del millonario contrato debió de haberse presentado durante el primer semestre; sin embargo, la paraestatal retrasó el proceso en el que participa como testigo social el Colegio Nacional de Actuarios.