La compra de Banamex por parte de Citibank guarda historias que aún permanecen ocultas y, tal vez con el tiempo, algún día se conocerán. En esa transacción multimillonaria, el escenario constante fue infringir las reglas, lo que generó protestas en México y en Estados Unidos, en donde la opinión pública, los usuarios del crédito, los organismos financieros y hasta las agrupaciones políticas se sorprendieron ante la decisión del banco más grande del mundo por adquirir el capital mayoritario del banco mexicano.

Organizaciones civiles en Estados Unidos pusieron en tela de juicio la transacción por 12 mil 500 millones de dólares mediante la cual Citibank adquirió los activos del banco múltiple más importante del sistema financiero mexicano; el 26.4 por ciento de los activos bancarios y el 21 por ciento de las cuentas. Así, la Reserva Federal tuvo que explicar a organizaciones estadounidenses de usuarios de servicios financieros porque otorgó, por la vía rápida, la autorización para que Citibank comprara Banamex.

Sobre ello, las organizaciones no gubernamentales estadounidenses como Rainforest, Action Network, The California Reinvestment Coalition, The Woodstock Institute y Greenlining Institute, solicitaron a la Reserva Federal de EU que analizara detenidamente la solicitud de Citibank para adquirir Banamex, pues consideraban que ese banco no podía seguir expandiéndose sin corregir los vicios de su operación.

Vicios que en México ya conocíamos y que tuvieron efectos debastadores cuando se descubrió que en Citibank estaba la cuenta concentradora que durante años movió el flujo de decenas de millones de dólares de Raúl Salinas de Gortari a cuentas en bancos de Europa y el Caribe, sin importar el origen del dinero. La historia posterior ya la conocemos todos, al grado que aún permanecen congeladas en Suiza varias cuentas bancarias a nombre de Raúl y de sus familiares y amigos.

La organización Inner City puso en jaque al Citibank en Estados Unidos al cuestionar las prácticas financieras de su subsidiaria Citifinancial, al calificarla como depredatoria y discriminatoria.

Fue el primero de junio cuando Citigroup envío a la Reserva Federal su solicitud de autorización para integrar a su estructura los activos de Banamex. Sólo tres días después del anuncio, un grupo de organizaciones civiles enviaron a la FED, a la Comisión de Instituciones Financieras de Estados Unidos y a la Comisión Nacional Bancaria, así como a autoridades financieras de Argentina, Islas Gran Caymán, Bahamas y Reino Unido, su inconformidad ante la operación.

Sin embargo, en sólo 15 días, tiempo récord porque las autorizaciones generalmente se otorgan en 60 días, la FED aprobó la transacción que Citigroup buscaba concretar en México, e ignoró las acusaciones de prácticas depredatorias del gigante financiero, las cuales, según las organizaciones no gubernamentales de EU, se trasladarían fácilmente al mercado mexicano. En 1998, por ejemplo, la FED tomó varios meses en analizar la adquisición de Norwest por parte del banco Wells Fargo, a pesar de que las protestas fueron aisladas.

Estas organizaciones no gubernamentales también alertaron sobre el peligro de que la multinacional de servicios financieros controlara, al adquirir Banamex, uno de los acervos históricos y artísticos más importantes del país, pues no confiaban en la promesa pública hecha por Citibank de mantenerlo en territorio mexicano.

Los temores de los detractores de Citibank en Estados Unidos se incrementaron cuando el 8 de agosto estallaron en el Distrito Federal varias bombas en sucursales de Banamex, hechos atribuidos al grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR), lo que se relacionó directamente con la inconformidad de la opinión pública ante el control estadounidense del principal banco mexicano.

El diario británico Financial Times aseguraba que en México se generó entre la población un resentimiento contra el gobierno mexicano por autorizar la venta de Banamex.

Avantel: el Cambio de Manos

La organización Inner City criticó directamente a la Reserva Federal, un mes después de que se anunció la compra de Banamex, sobre la participación del banco mexicano en la empresa telefónica Avantel, que estuvo a cargo del ahora secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz. Esto puede explicar las autorizaciones gubernamentales para la venta de Banamex sin el pago de impuestos correspondiente.

Hacia el 28 de julio del 2001, la Reserva Federal informó a Inner City sobre la conversación que sostuvo con los abogados de Citibank, a quienes se les cuestionó sobre el camino legal que tomarían para vender, en el plazo de 90 días, su participación indirecta en la empresa telefónica Avantel, en donde la inversión extranjera estaba restringida a una posición minoritaria.

Sin resolver este problema ni los plazos establecidos, Citibank obtuvo la autorización de la Reserva Federal en un episodio que las ONG´s ubican como la “vergonzosa sumisión” de la FED al poder económico de Citibank.

Citigroup no sólo contó con la complacencia de las autoridades mexicanas y estadounidenses en turno, sino que, según consta en la documentación judicial en contra de Citigroup por prácticas discriminatorias, el banco estadounidense aprovechó sus relaciones políticas, como la que mantenía con Robert Rubin, ex secretario del Tesoro de Estados Unidos en el gobierno de Bill Clinton y miembro de su consejo de administración, quien se convirtió en el principal promotor de la compra de Banamex.

Pero la sumisión se hizo pública, pues el 17 de julio de 2001 el hasta entonces presidente de Banamex, Roberto Hernández, declaró que las autoridades de la CNBV y de la Secretaría de Hacienda permitirían a Citigroup y Banamex “romper las reglas” (al conservar el capital mayoritario de Avantel), en tanto no se encontraba una vía alterna a la venta del 55 por ciento que ahora detentaba Citibank.

El funcionario que permitió a Citibank violentar las disposiciones de la Ley de Inversiones Extranjeras fue Jorge Nicolín, presidente en ese momento de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, quien sin embargo se deslindó del asunto y aseguró que el Congreso mexicano tendría “la última palabra sobre la modificación de las disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera”.

Las Promesas Olvidadas

En una de las primeras entrevistas que concedió Manuel Medina Mora, director general de Citibank- Banamex, aseguró que bajo el control del banco estadounidense, si bien se deslistarían las acciones de Banamex de la Bolsa Mexicana de Valores, el plan inmediato de los nuevos propietarios era colocar los títulos de su subsidiaria en el mercado mexicano.

“Citigroup va a alistar sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, porque queremos que todos los accionistas puedan tener sus operaciones en México, y esto es un grupo ya global, con un accionariado impresionantemente diversificado en el mundo, europeos, americanos, latinoamericanos, pues son accionistas del Citigroup, ¿no? Y ahora la parte mexicana será de las más importantes”, dijo Manuel Medina Mora.

Sin embargo, Citigroup retiró las acciones de Banamex de la BMV que cotizaban bajo la clave de pizarra Banacci, pues decidió que no le resultaba estratégico dar a conocer información a sus competidores sobre sus operaciones en México. La misma estrategia seguiría BBVA con las acciones de Bancomer -GFB-.

Legisladores de Estados Unidos, en específico de California, en donde tiene su sede el California Commerce Bank, una filial de Banamex, así como organizaciones civiles, esperaban que Citibank-Banamex colocara sus acciones en el mercado mexicano para reabrir los expedientes en contra de Citibank y cuestionar su expansión. Además, a pesar de que diversas organizaciones lo solicitaron a la FED las observaciones sobre la compra de Citigroup, en México no se incluyeron en los procesos de affidávit (declaraciones juradas) en los que se encontraban involucrados varios empleados de Citigroup por falsear información y engañar a clientes de Citifinancial.

En julio de 2001, Citigroup necesitaba la autorización de Citibank lo antes posible para realizar la oferta pública de recompra de acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), lo que le permitiría controlar el total de las acciones del banco mexicano y concretar la compra vía mercado de capitales y hacer deducible por completo la operación.

Casualmente, en un hecho sin precedentes, la FED autorizó la compra antes del 2 de agosto, fecha límite para cerrar el periodo de recompra de acciones. Antes, cuando se presentó la fusión entre Citicorp y Travelers, la FED también permitió que el gigante estadounidense contara con un plazo de dos años en el que realizó el cabildeo suficiente para contrarestar la legislación antimonopolios Glass-Steagall en 1998.

Los favores que otorgó el gobierno mexicano a Citibank se extendieron al campo de las telecomunicaciones, cuando se permitió que las acciones de Avantel fueran depositadas en un fideicomiso de capital neutro.

Mientras tanto, entre los partidos de oposición de la Cámara de Diputados y Senadores aumentaba la inconformidad por la exención de impuestos que logró Citigroup al concretar la compra de Banamex vía el mercado de valores, lo que significaba una pérdida para el erario de más de 3 mil 800 millones de dólares.

También resurgieron las acusaciones por lavado de dinero en contra de Citibank, como aquellas transferencias de dinero de Raúl Salinas de Gortari hacia cuentas en todo el mundo o el expediente denominado Casa Blanca, en el que estuvo involucrado Banamex en operaciones de blanqueo de capitales producto del narcotráfico.

Por ello, las ONG´s estadounidenses y las organizaciones de usuarios de servicios financieros en ese país hicieron llegar a las oficinas de la FED en Nueva York la información vinculada con la situación de Banamex y su participación en el Fobaproa, pues, en teoría, se trataba de un banco en problemas y no de una institución financiera sana que, según Citibank, compraría para fortalecer sus operaciones en México.

James Beit, supervisor de Banca de la Reserva Federal de Nueva York fue informado sobre las investigaciones y conclusiones de la General Accounting Office (GAO) –GAO/OSI-1- sobre el ingreso de dinero “sucio” a los circuitos financieros a través de las cuentas que abrió Raúl Salinas de Gortari en Citibank, lo que representó un serio problema de imagen para la institución.

En noviembre del 2000, una investigación del senado estadounidense concluyó que Citigroup no contaba con controles suficientes para prevenir el blanqueo de capitales. Con estos antecedentes, sin embargo, Citigroup no enfrentó problemas para adquirir Banamex, a pesar de las acusaciones ante el Departamento de Justicia que pesaban en su contra por discriminación del mercado latino, prácticas que se exportarían a México.

En Estados Unidos las ONG´s informaron a la FED que Citibank había recibido el compromiso de las autoridades de recibir un “subsidio” anual de 120 millones de dólares correspondientes al pago de intereses por los bonos Fobaproa hasta por 2 mil 500 millones.

Pero ante la negativa de la FED para dar cauce legal a las quejas en contra de la expansión de Citigroup, las ONG´s enviaron información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México, y el coordinador general de Normatividad, Federico Núñez González, fue informado sobre el peligro de que Citigroup exportara sus prácticas discriminatorias en el negocio crediticio, pues en Estados Unidos quedó comprobado que sólo otorgó el 8 por ciento de sus créditos hipotecarios a la población latina.

En Chicago, citaron como ejemplo la filial de Citigroup dedicada al crédito hipotecario, Citicorp Mortgage negó 4.48 veces más seguido el crédito a hispanos que a la población estadounidense, al tiempo que imponía elevadas tasas y mayores costos financieros, pero esto ya no importaba, pues lo más importante para el gobierno del cambio era entregar Banamex a la banca extranjera.