El conflicto empresarial entre Operadora de Aviación General de Toluca S.A. de C.V. (OAG), cuyo abogado es Alfonso Díaz Percher, sobrino del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y Servicios Aéreos del Centro S.A. (SACSA), propiedad del empresario Alfredo Miguel Afif, ha involucrado a dos secretarías de Estado, Hacienda y Seguridad Pública, y al hijo de Marta Sahagún de Fox, Manuel Bribiesca Sahagún, quien cabildea a favor del Grupo Miguel para que el gobierno federal le devuelva las instalaciones.

Para la empresa OAG, responsable de la administración del Aeropuerto de Toluca, el negocio con Servicios Aéreos del Centro (SACSA) resultó altamente rentable, pues además de haber cobrado por anticipado 20 años de renta a la filial del Grupo Miguel, también se embolsará otros 61 millones 521 mil 240 pesos provenientes de las arcas de la Policía Federal Preventiva (PFP), corporación que actualmente renta los 75 mil metros cuadrados de instalaciones aeroportuarias de Toluca.

Y es que apenas habían transcurrido tres meses del desalojo que sufrió SACSA de las instalaciones asentadas en ese aeropuerto, efectuado el 3 de marzo de 2004 por 500 efectivos de la PFP y otros 500 elementos de la policía del estado de México, cuando el inmueble pasó a manos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Según consta en el contrato SSP/PFP/CNSA/01/2004, firmado el 7 de junio del año pasado por la SSP y Operadora de Aviación General de Toluca, la dependencia federal subarrendó por 2 años las mismas instalaciones que el Grupo Miguel edificó con un costo de 75 millones de dólares, previo acuerdo entre las secretarías de Hacienda y de Seguridad Pública.

A partir de esa fecha, la PFP quedó facultada para operar el inmueble ubicado en los predios marcados con los lotes 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29, de la primera y segunda etapas, ubicados en la zona de aviación general del perímetro del Aeropuerto de Toluca, cuya superficie total se calcula en poco más de 53 mil metros cuadrados.

De acuerdo con el convenio, del que Oficio de papel obtuvo una copia a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y previamente censurada en varios de sus párrafos por funcionarios de la Policía Federal Preventiva, las negociaciones para este arrendamiento comenzaron mucho tiempo antes.

El documento revela que el 30 de abril del 2004, la dependencia a cargo de Ramón Martín Huerta recibió el dictamen número 04-0673 y número secuencial A-18875, emitido por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, en el que se autoriza la operación.

Dicho dictamen también establece los montos que la SSP debe pagar por el usufructo de las instalaciones. Así, por concepto de renta mensual, la dependencia eroga 2 millones 50 mil 708 pesos que, sumados al 15 por ciento del Impuesto al Valor Agregado, da un total de 2 millones 358 mil 314 pesos.

Aunque para Manuel Bribiesca la negociación fue irregular porque aún no se resolvía el litigio entablado entre Operadora de Aviación General de Toluca y SACSA, nada impidió que se efectuara, pues contaba con el aval de las secretarías de Hacienda y de Seguridad Pública; ni siquiera el hecho de que la empresa del Grupo Miguel pagó por adelantado la renta de 20 años de dicho espacio.

Es más, de acuerdo con el convenio, la negociación estuvo apegada a derecho. El apartado I.2 del documento establece que el subarrendador (como se le denomina a Operadora de Aviación General de Toluca, representada por su apoderado legal José Miguel Simón Galindo), declara que “es poseedor legítimo del inmueble”; mientras que el capítulo I.8 indica que “no existe impedimento legal alguno para subarrendar el inmueble objeto del presente contrato, ni para ocuparlo”.

La cláusula primera del documento determina que la zona arrendada cuenta con una “superficie rentable de 34 mil 102 metros cuadrados de construcción, y 19 mil 864 metros cuadrados de plataformas, dando una construcción total de 53 mil 966 metros cuadrados, además de incluir oficinas, hangares, estacionamientos, plataformas y espacios para instalaciones”.

De esta manera, el rentable proyecto de SACSA, cuyo costo de inversión ascendió a 75 millones de dólares, fue entregado a la PFP “en condiciones adecuadas para su inmediata utilización y en estado de servir para el uso convenido (funciones administrativas y operativas)”, señala la cláusula segunda.

Pero no sólo eso, pues cuatro cláusulas más adelante, en la quinta, Operadora de Aviación General de Toluca autoriza a la PFP y a la SSP para que realicen “las mejoras, adaptaciones e instalaciones para equipos especiales en el inmueble subarrendado”.

En cuanto a la vigencia del contrato, la cláusula décima instituye que será a partir de la firma del mismo y hasta el 31 de diciembre de 2006. Agrega que, en el caso de que al término de la vigencia del contrato ambas partes convengan la continuidad en la ocupación del inmueble objeto del mismo, éstas se sujetarán al importe de la renta que se determine conforme a los mecanismos pertinentes.

El contrato de arrendamiento entre la empresa OAG y la Secretaría de Seguridad Pública, que fue liquidado con una partida presupuestal extraordinaria ordenada por el propio secretario de Hacienda, tiene nueve párrafos censurados porque, según la Unidad de Enlace de la Policía Federal Preventiva, “considerando que como institución se salvaguardan los intereses de la sociedad, se tiene la necesidad de garantizar la protección de la información comercial del subarrendador, lo cual en su momento fue solicitado por éste, por lo tanto, para la difusión de los mismos se requiere del consentimiento de este último”.

Lo que quiere decir la PFP es que por instrucciones de Hacienda se protege la identidad del sobrino de Gil Díaz, a pesar de que en el convenio se confirma la utilización de fondos públicos y, en consecuencia, toda la información debería de ser pública, sin censuras.

Sospechosas coincidencias

Pero en este litigio que lleva ya casi cuatro años hay muchas interrogantes y dudas sobre la actuación de las autoridades federales y su interés por mantener fuera del país, prófugo de la justicia, al empresario Alfredo Miguel, quien enfrenta varias acusaciones penales por delitos de fraude y evasión fiscal.

Primero, que desde las oficinas de la Secretaría de Hacienda desataron una intensa persecución fiscal en contra de todas las empresas del Grupo Miguel, en donde encontraron algunas evasiones fiscales y aunque Miguel Afif había negociado el pago de los créditos fiscales para suspender las acusaciones penales, los funcionarios de Hacienda no cumplieron el acuerdo y después de que el empresario liquidó la deuda fiscal se intensificó la persecución en su contra, bajo el argumento de que el pago fiscal que había hecho era la prueba de la evasión.

Lo anterior ocasionó que Alfredo Miguel Afif, presidente del grupo, tuviera que huir del país para evitar su captura y, al mismo tiempo, se alejaba de la defensa directa de sus empresas y negocios, principalmente de las instalaciones de SACSA que fueron rentadas por la Policía Federal Preventiva.

Otro frente abierto en contra del Grupo Miguel fue por su empresa Productos Ecológicos (Proesa), la cual está acusada penalmente del delito de fraude y colusión con quien fuera director general de Pemex Refinación, Jaime Mario Willars, al maquinar cobros indebidos de indemnizaciones por obras que nunca se construyeron por 140 millones de dólares, en perjuicio del patrimonio de Pemex. Este caso, cuyo expediente está abierto en la PGR, ha motivado que se libraran órdenes de aprehensión en contra del ex funcionario petrolero Mario Wiilars y el empresario Miguel Afif, a quienes busca la Interpol en varios países.

Aunado a lo anterior, hace casi un año ocurrió el desalojo de SACSA de sus modernas instalaciones aéreas del Aeropuerto de Toluca y, extrañamente, éstas fueron rentadas por la OAG a la Policía Federal Preventiva mediante una partida presupuestal extraordinaria que sin informar al Congreso ordenó directamente el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, para asignarlas a la Secretaría de Seguridad Pública.

Por parte de la empresa privada OAG, las operaciones legales y financieras para desalojar a SACSA de sus instalaciones y después rentarlas a la PFP las hizo un pariente de Francisco Gil Díaz, el abogado Alfonso Díaz Percher, lo que causa sospechas de corrupción, desvío de recursos públicos y conflicto de intereses.

Otra sospecha es que las instalaciones aeroportuarias de Toluca eran estatales y de repente pasaron a manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero quien las administra es la empresa privada Operadora de Aviación General de Toluca.

En la Secretaría de Seguridad Pública informaron que se vieron obligados a rentar dichas instalaciones aeroportuarias de Toluca porque la PFP perdió su hangar principal en el aeropuerto de la ciudad de México y Francisco Gil Díaz se negó a entregar recursos para adquirir otras instalaciones, pero la opción que dio directamente Gil Díaz fue que se rentaran las instalaciones que administra OAG, en un claro conflictos de interés por tratarse de un pariente cercano a Gil Díaz.