El joven empresario Manuel Bribiesca Sahagún, hijo mayor de Marta Sahagún de Fox, alerta sobre lo que considera un abuso de poder del gobierno federal, una persecución fiscal injusta en contra de 80 empresas del Grupo Miguel y un cuantioso fraude en contra de la empresa Servicios Aéreos del Centro S.A. (SACSA), todo fraguado en las oficinas del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, en colusión con su sobrino Alfonso Díaz Percher, representante legal de la empresa Operadora de Aviación General de Toluca S.A. de C.V. (OAG), para apoderarse de 75 mil metros cuadrados de modernas instalaciones aeroportuarias construidas en el estado de México, con un costo de 75 millones de dólares, y rentadas en 12 millones de dólares a la Policía Federal de Preventiva.

Amigo de los dueños del Grupo Miguel, que preside Alfredo Miguel Afif, prófugo de la justicia acusado de evasión fiscal por 7 millones de pesos y contra quien pesa otra acusación por los delitos de fraude y colusión con servidores públicos para apoderarse, a través de su empresa Productos Ecológicos (Proesa), de 140 millones de dólares en perjuicio del patrimonio de Petróleos Mexicanos, caso que ameritó se librara orden de aprehensión al exdirector general de Pemex Refinación, Jaime Mario Willars, quien supuestamente habría participado en el cuantioso ilícito por el que la Interpol busca en todo el mundo al empresario y al exservidor público.

Sumergido en un intrincado conflicto de intereses, que lo llevan hasta el enfrentamiento con funcionarios del primer equipo del gobierno que preside el esposo de su madre, Vicente Fox Quesada, el primogénito de la familia Bribiesca Sahagún hace, en una entrevista realizada el 27 de enero en una suite del Camino Real, una recia defensa de “sus amigos” del Grupo Miguel:

–Es injusto lo que hace contra ellos Gil Díaz, quien primero los persiguió fiscalmente hasta sacar a Alfredo Miguel del país y ahora pretende apoderarse de sus empresas, como ocurre con SACSA. Eso sí es corrupción.

–¿Qué relación tienes con ese Grupo?

–Son mis amigos, solamente…

–¿Se dice que eres socio del Grupo Miguel y que hasta tienes el 50 por ciento de las acciones?

–No, sólo son amigos, pero el gobierno ha cometido abuso de poder y les ha fabricado delitos para quitarles sus propiedades y desaparecer sus empresas.

–¿Pero hay investigaciones fiscales y judiciales que confirman que esos empresarios sí son responsables de varios delitos…?

–Yo lo que se es que el gobierno ha abusado contra de ellos y lo que les hacen es injusto…

–¿Has hecho algo al respecto? ¿Has hablado con tu madre de ello? ¿Has intentado hablar con el presidente para frenar ese ‘abuso’?

–Con el presidente Fox no puedo hablar de esas cosas, tenemos prohibido, mis hermanos y yo, acercarnos a Los Pinos y mucho menos tratarle estos asuntos…

–¿Entonces has buscado a Gil Díaz…

–No, con él no. No hablo con él.

–¿Alguien más?

–Sí, hablé con Ramón Martín Huerta (secretario de Seguridad Pública).

–¿Y qué pasó?

–Lo alerté del fraude que se estaba cometiendo al rentar para la PFP (Policía Federal Preventiva) las instalaciones de SACSA.

–¿Qué ocurrió allí?

–Gil Díaz ha perseguido por varios años a los dueños del Grupo Miguel, hasta que logró que le fincaran responsabilidades penales a Alfredo Miguel, quien es presidente del Grupo y tuvo que huir del país para evitar ser detenido…

–Pero Hacienda sí comprobó que cometió evasión fiscal, ¿o no? Me parece que por 7 millones de dólares.

–Fue mucho más, pero Hacienda había hecho un acuerdo con él y pagó el crédito, y después ese pago fue utilizado por el fisco para argumentar que con eso se comprobaba el delito. Fue una trampa. Y entonces está prófugo sin deberle nada a Hacienda. Es una injusticia de Gil Díaz, porque hay funcionarios a quienes les ha otorgado el perdón fiscal, como al presidente de Tribasa, Alfredo Peñaloza, con quien su sobrino Alfonso Díaz hace negocios.

El Despojo de SACSA

El conflicto con SACSA se inició en septiembre de 2001 y tuvo su clímax el 3 de marzo de 2004, hace poco más de un año, cuando esa empresa fue desalojada con la fuerza pública por 500 elementos de la Policía Federal Preventiva y otros 500 policías del estado de México, de los 75 mil metros cuadrados de instalaciones construidas en el aeropuerto de Toluca y que tuvieron una inversión de 75 millones de dólares.

SACSA, una de las muchas empresas del Grupo Miguel, se dedicaba a prestar servicios aéreos como venta, renta y reparación de aviones y helicópteros. Su propietario, Alfredo Miguel Afif, es un empresario que acumuló su enorme fortuna en los gobiernos priistas, pero ahora es prófugo de la justicia por varias acusaciones penales.

Para este empresario su desgracia se inició cuando el PRI pierde la Presidencia de la República y Vicente Fox asume el cargo. En la expansión de su emporio empresarial, Alfredo Miguel renta al grupo Operadora de Aviación General de Toluca S.A. de C.V. una gran extensión de terrenos, 75 mil metros cuadrados, en el Aeropuerto de Toluca y allí construye hangares, talleres y muchos otros servicios.

El convenio de arrendamiento fue firmado entre SACSA y OAG, y se trataba una operación de renta por 20 años previo pago por adelantado, en donde el Grupo Miguel invirtió 75 millones de dólares para construir allí instalaciones de servicios aéreos, que lo mismo firmaban contratos con secretarías de Estado, paraestatales o empresas privadas, en fin, era un buen negocio.

Pero los problemas llegaron muy pronto. Todas las empresas que tenían rentados espacios y hangares en el Aeropuerto de Toluca estaban obligadas a pagar cuotas de mantenimiento, cuyo servicio según el dicho de éstas nunca cumplía OAG, por lo que se organizaron con otros arrendadores del Aeropuerto de Toluca y suspendieron dicho pago, lo que motivó a los administradores de la OAG a demandar ante un juez la rescisión del contrato a SACSA, a pesar de haber recibido por adelantado la renta correspondiente a 20 años.

Para seguir el proceso de demanda contra SACSA, la OAG contrató los servicios legales de dos panistas infalibles y que tienen picaporte ante los tres poderes de la Unión: el senador Diego Fernández de Cevallos y el ex procurador Antonio Lozano Gracia, lo que le aseguraba a esa empresa un triunfo fácil en tribunales.

Pero cuando en SACSA se enteraron de que la pareja de “abogados del diablo” defendería los intereses de OAG, acudieron con preocupación a pagar sus cuotas de mantenimiento por un millón 970 mil pesos, cifra menor si se considera que la inversión en SACSA había sido de 75 millones de dólares, pues lo menos que deseaba Alfredo Miguel era enfrentarse a los dos prominentes panistas que tienen fama de utilizar fuero, fuerza e influencia con jueces, magistrados y funcionarios federales para litigar, negociar y ganar sus casos.

Sin embargo ya era tarde, pues como si se tratara de un plan preconcebido para quedarse con las modernas instalaciones que el Grupo Miguel había construido en el aeropuerto, los administradores de OAG demandaron ante un juez la rescisión del contrato por falta de pago de las cuotas y el 3 de marzo de 2004 el juez primero de arrendamiento en el Distrito Federal ordenó el desalojo, mismo que ejecutaron elementos de la Policía Federal Preventiva y de la Policía del Estado de México, y así el Grupo Miguel perdía el control de las costosas instalaciones que habían edificado.

La Intervención Ante la SSP

–¿Qué le pediste a al secretario de Seguridad Pública?

–Le dije a Ramón (Martín Huerta) que estaba metido en un grave problema que podía estallarle en las manos. Que se había cometido un ilícito y que estaba involucrada la Policía Federal Preventiva para beneficiar al sobrino de Gil Díaz con 12 millones de dólares.

–¿Y qué hizo el secretario?

–Está muy preocupado, no sabe qué hacer, porque este caso lo enfrentaría con Gil Díaz y no quiere molestarlo. Pero pidió tiempo para resolverlo.

–¿Y cuál es la participación de Gil Díaz en esto?

–Gil Díaz ordenó una partida extraordinaria, es decir fuera del presupuesto, y esto es fácilmente comprobable, porque ahí están los documentos, para destinar 12 millones de dólares a la renta de las instalaciones de SCASA, para que fueran ocupadas por la Policía Federal Preventiva, y la Secretaría de Seguridad Pública aceptó sin protestar.

–¿Y cuál es el problema de la renta de esas instalaciones?

–Primero que están en litigio, por lo tanto no pueden ser rentadas por el mismo gobierno; y el dinero (los 12 millones de dólares) fue triangulado para beneficiar al pariente de Gil Díaz, pues es el representante legal de la empresa Operadora de Aviación General de Toluca, de tal manera que ese dinero fue triangulado hasta los bolsillos de Gil Díaz y de su sobrino Alfonso Díaz. Fue un robo.

Nuevamente el espacio nos obliga a continuar mañana…

Coello Trejo al rescate

Para enfrentar al despacho de abogados Fernández de Cevallos y Lozano Gracia, SACSA contrató los servicios profesionales de otro cuestionable despacho, el de Javier Coello Trejo, aquel jefe policiaco de negro expediente que ahora se convirtió en el apoderado legal de SACSA.

Bajo la estrategia de Coello Trejo, la empresa subarrendó las instalaciones aeroportuarias de Toluca al Grupo Integral de Personal (GIPSA), como una maniobra legal para evitar que fueran desalojados, pero a pesar de ello el juez ordenó que entrara la policía y desocupara el lugar.