A finales del año pasado, después de publicar en esta columna la información sobre una serie de presiones que ejercían familiares del presidente de la República, relacionados con su esposa Marta Sahagún, para obtener contratos petroleros a favor de empresas privadas, recibí en octubre la invitación para una comida con Manuel Bribiesca Sahagún, quien “quiere hacerte algunos comentarios y hablar de lo que escribiste de Pemex”, me dijo el interlocutor.

La cita fue en una suite del Camino Real, fuertemente custodiada por elementos del Estado Mayor Presidencial porque, según dijo el joven Bribiesca, había reportes de los órganos de seguridad nacional de que grupos del narcotráfico podrían atentar en contra de la seguridad y de la propia vida de la familia de Vicente Fox.

Pero lo que parecía ser una aclaración del primogénito de Marta Sahagún sobre la información publicada, se convirtió en la confirmación de las presiones que ejercía la familia del presidente de la República para que desde la Dirección General de Pemex, en ese entonces todavía a cargo de Raúl Muñoz Leos, saliera la orden para asignarle un contrato a la empresa Oceanografía S.A. de C.V. por 154 millones de dólares (mil 800 millones de pesos) para el alquiler de un barco grúa que le daría servicio a las plataformas en la sonda marina de Campeche, concretamente al Proyecto Cantarell.

Esa primera charla fue por espacio de dos horas, en donde platicamos de los contratos petroleros, de aduanas, del contrabando, de la corrupción en Los Pinos, de Gil Díaz, de Ramón Muñoz, de Carlos Ahumada y hasta de la partida secreta, esta última una canonjía legal que tenían los presidentes de la República para recibir recursos del erario federal y gastarlos sin ser auditados, lo que muchos mandatarios interpretaron que era parte de su salario, sólo que allí se acumulaban miles de millones de pesos, mismos que eran dispuestos para sobornar, chantajear, premiar y comprar conciencias.

Este es parte del diálogo:

Manuel Bribiesca Sahagún (MBS) –Te debo decir que sí; mi hermano (Jorge) y mi tío (Guillermo) llamaron a Pemex para que le dieran un contrato a Oceanografía. Eso sí, siempre con apego a la legalidad, mediante concurso. Esa empresa dedicada a trabajos petroleros, mi hermano y mi tío conocen bien a los dueños. Así que no tiene nada de malo que soliciten en Pemex que se tome en cuenta a Oceanografía para ese contrato.

Badillo (B) –Pero Manuel, hablamos de un contrato de 160 millones de dólares. Y esto significa tráfico de influencias, porque lo hacen a cambio de una comisión. Tu familia puede verse involucrada en acusaciones de corrupción.

MBS –No, no, no. Nosotros no tenemos dinero y no hemos hecho ningún negocio sucio. Mi familia no tiene ni un quinto, que nos busquen.

B –Pero sí solicitaron el favor en la Dirección General de Pemex…

MBS –Sí. Ellos lo hicieron por la relación que tienen con los dueños de Oceanografía. Además, se trata de un negocio que la operación del buque significa sólo 60 millones de pesos, así que hay utilidades por 100 millones (de dólares).

B –Es mucho dinero…

MBS –Sí, y no hay nada ilícito.

B –A ti te acusan de introducir mercancías de contrabando al país…

MBS –No, no, de eso no haya nada, yo no tengo nada que ver con aduanas ni con Gil Díaz. No es mi amigo. Eso no es cierto, son difamaciones. Que nos busquen y no van a encontrar nada.

B –Entonces dices que no tienen dinero, que tu familia no tiene recursos?

MBS –No tenemos nada. El hecho de que mi mamá y el presidente vivan en Los Pinos, no ha significado para nosotros tener dinero…

B –No tendría porqué…

MBS –Bueno, hasta nos quitaron la partida secreta, ya no les dan recursos…

B –Esa partida desapareció desde el quinto año de gobierno de Ernesto Zedillo, más que por honestidad como una necesidad para impedir que fueran investigados por el desvío de fondos públicos, como le sucedió a Carlos Salinas, pues a esa partida secreta se le asignaba una buena parte del presupuesto federal, y aunque no fuera auditada no significaba que podía usarse ilícitamente.

MBS –Pero por eso no tenemos dinero. Hasta el presidente Fox se ha opuesto a que nosotros nos acerquemos a Los Pinos, Tenemos prohibido hacer cualquier negocio que relacione a la Presidencia de la República, pero tenemos que ganarnos la vida, y no porque mi mamá viva con el presidente, nosotros vamos a dejar de trabajar.

B- ¿Tú hiciste negocios en Pemex?

MBS –No, nada tengo que ver allí, los que llamaron fueron mi hermano y mi tío. También a mí se me acusaba de tener negocios con Carlos Ahumada, pero eso no es cierto. Un día él me invitó a ver un partido de fútbol, de su equipo León, y yo asistí al palco y allí platicamos brevemente y nos tomaron fotos, pero nunca tuve una relación con él ni hice negocios.

B- ¿Entonces las acusaciones de corrupción en tu contra son falsas?

MBS –Si, totalmente. Y si quieres saber de corrupción, de verdadera corrupción, debes investigar a Ramón Muñoz, lo que hace en Los Pinos. A Francisco Gil, en Hacienda…

B- ¿Qué han hecho?

MBS –Después hablamos de eso, por ahora te digo que no tengo nada ver con las acusaciones que me hacen. Sobre todo no tengo negocio alguno de qué avergonzarme.

B- ¿Y Gil Díaz?

MBS –Sólo te digo algo, investiga los depósitos multimillonarios que se han hecho en China.

El encuentro terminó con la promesa de una segunda reunión, en donde habría pruebas de la verdadera corrupción en el gobierno federal. La segunda entrevista ocurrió el 27 de enero, en la misma suite del Camino Real, pero de esto, por falta de espacio, escribiremos mañana.

Demanda Flacso a dos Exdirectores

Después de las escandalosas sanciones administrativas y económicas que involucran miles de millones de pesos que deben pagar exdirectivos petroleros encabezados por Rogelio Montemayor Seguy, quien fuera director general de Pemex en el sexenio de Ernesto Zedillo, la Secretaría de la Función pública guarda otro delicado asunto de corrupción que en los próximos días podría conocerse.

Se trata de una acusación penal que por desvío de fondos públicos hizo ante la Procuraduría General de la República el director general adjunto de Asuntos Penales de la Secretaría de la Función Pública, Ignacio César Fuentes Rubio, en contra de seis exfuncionarios priístas de la Secretaría de Hacienda, a quienes acusa de un quebranto patrimonial por 43 millones de pesos al autorizar una partida presupuestal extraordinaria para asignarla a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), institución académica con la cual el gobierno mexicano tiene un contrato por conducto de la Secretaría de Educación Pública.

Sin embargo, en la averiguación previa número A.P.52/UEIDCSPCAJ/2004 que es integrada en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la PGR, las pesquisas enfilan a una probable exoneración de los exservidores públicos que trabajaron en la Secretaría de Hacienda en el sexenio pasado bajo las órdenes del entonces titular José Angel Gurría, y la responsabilidad por el desvío de fondos públicos apunta en cambio a dos exdirectores generales de Flacso, Germán Pérez Fernández del Castillo y José Luis Barros Horcasitas, así como al excontador de esa misma institución académica Arturo Murillo Valle, quienes supuestamente habrían dispuesto de los recursos públicos para gastos hasta ahora no comprobados.

Así, la propia Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales ha presentado una denuncia penal ante la PGR por fraude y posible “lavado” de dinero en contra de sus dos exdirectivos, a quienes responsabiliza de haber utilizado fraudulentamente dichos recursos en la compra de equipo de cómputo, en supuestas obras y otras adquisiciones y gastos supuestamente dudosos e injustificables.

Por su prestigio académico y de investigación, Barros Horcasitas fue invitado por el grupo Televisa para dirigir un nuevo proyecto en televisión, denominado “La Torre de Babel”, en donde con miras a la sucesión presidencial del 2006 analizarían las campañas políticas de todos los partidos con diversos puntos de vista críticos; mientras que Fernández del Castillo es profesor de la Universidad Nacional.

Así, las pesquisas de la PGR se desvanecen en torno a los exfuncionarios de Hacienda y apuntan a un probable delito de fraude y lavado de dinero en contra de los exdirectivos de esa Facultad Latinoamericana, pues se investiga si dichos recursos fueron a parar a sus cuentas bancarias del extranjero, principalmente Estados Unidos.

Las primeras investigaciones las realizó el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda, el cual concluyó en los resultados de la auditoría número AF-149-2002, que hubo múltiples irregularidades en las asignaciones extraordinarias de recursos públicos a Flacso, lo que motivó la observación número 149/2002/8, correspondiente al presunto daño patrimonial por 43 millones de pesos.