Como ocurre siempre a finales de cada sexenio, la presión política y social aumenta sobre el comportamiento de la “familia presidencial”. Ahora toca el turno a la familia Fox, con poco más de un año para que se mude de la residencia oficial de Los Pinos, y ya acumula varias acusaciones sobre abuso de poder, tráfico de influencias y desvío de fondos públicos, corrupción pues, lo que ha motivado toda una estrategia de defensa por parte del aparatado de Estado que, por lo demás, a casi nadie convence.

Así, desde la oficina de la primera dama en Los Pinos se ha pedido el auxilio de la misma Presidencia de la República, del Estado Mayor Presidencial, de la Secretaría de Hacienda, de la Administración General de Aduanas, de la alcaldía de Celaya y del Registro Público de la Propiedad, entidades que no dudaron ni un momento para salir en defensa de Martha Sahagún de Fox y de sus vástagos.

En medio de estos señalamientos, cabe recordar que el 11 de octubre del año pasado se publicó en esta columna las presiones que había ejercido la familia del presidente de la República para que la Dirección General de Pemex, en ese entonces todavía a cargo del empresario Raúl Muñoz Leos, asignara un contrato por 154 millones de dólares (mil 800 millones de pesos) para el alquiler de un barco grúa que le daría servicio a las plataformas en la sonda marina de Campeche, concretamente al Proyecto Cantarell.

Dicha información motivó que el hijo mayor de la primera dama, Manuel Bribiesca Sahagún, buscara a través de un tercero una reunión con este reportero para, según él, aclarar la “necesidad” de la familia presidencial por intervenir en la asignación de contratos de obras y servicios públicos en beneficio de empresas privadas, negocio que por supuesto les redituaba jugosos dividendos.

Las Presiones de Los Pinos

Pero para recordar la información que provocó el primer encuentro con el primogénito de Marta Sahagún, vayamos a la columna de Oficio de papel del 11 de octubre de 2004, publicada en el portal de la revista Contralínea y que fue la gota de corrupción que derramó el vaso y que se sumó a la crisis de la caída de uno de los directores de Pemex más grises y sumisos que haya tenido la paraestatal:

En aquel entonces informamos como el secretario particular del director general de Pemex, Eduardo Rosas Monroy, había exigido a nombre de la esposa del presidente de la República que ese contrato de arrendamiento le fuera asignado a la empresa Oceanografía S.A., compañía naviera fundada en 1968 y dirigida por Amado Yáñez Ozuna y su hijo Amado Yáñez Correa, con capital de la empresa estadounidense Otto Candy.

Las evidencias que hay de las insistentes presiones del secretario particular de Muñoz Leos motivaron preocupación y malestar de algunos funcionarios petroleros, pero la sorpresa mayor fue cuando el propio director general de la paraestatal ordenó directamente que se le asignara el contrato a Oceanografía, a pesar de que en el concurso de licitación pública esta empresa no presentaba la mejor oferta.

Para entonces las versiones de que parientes de la familia presidencial cabildeaban a favor de empresas privadas contratos de obras y servicios en las direcciones de Exploración, Refinación y Petroquímica, eran ya conocidas no sólo en la torre de Pemex, sino también en las secretarías de Energía, de Hacienda, de la Función Pública y hasta de Gobernación, aun cuando esta última siempre se entera al final de lo que sucede en este país. Pues los titulares de todas estas secretarías se opusieron que Pemex cediera a las presiones de los parientes de Marta Sahagún para obtener beneficios económicos como intermediarios, al más puro estilo del viejo esquema de Raúl Salinas de Gortari, que al conseguir contratos de obras y servicios públicos recibía el 10 por ciento.

Pero lo que realmente preocupaba a los miembros del gabinetazo, no era la corrupción por la asignación de contratos en Pemex, sino que la primera dama y sus hijos se vieran involucrados, así como que el director general de la paraestatal y su secretario particular fueran exhibidos como los responsables de abrir las puertas a la corrupción en perjuicio de la principal empresa del Estado y con repercusiones en todo el país.

En aquella columna se explicaba cómo funcionarios de la Secretaría de la Función Pública y de Pemex, quienes pidieron el anonimato ante posibles represalias de la Presidencia de la República, narraron que el secretario particular del director general de Pemex, Eduardo Rosas, presionaba telefónicamente a nombre de Muñoz Leos y de Marta Sahagún a directores generales de las empresas petroleras subsidiarias para exigir la asignación de contratos a determinadas empresas privadas que eran avaladas por el cuñado del presidente de la República, Guillermo Sahagún, y por el hijo de la primera dama, Jorge Bribiesca.

Lo más grave era que en esa red de corrupción estaba involucrado el mismo exdirector general de la paraestatal, Raúl Muñoz Leos, cuando este ingeniero antes de llegar a Pemex mantenía una buena imagen entre el sector privado y ahora por quedar bien con la familia presidencial se sumaba a las presiones para la asignación de un contrato por 154 millones de dólares a la empresa Oceanografía S.A.

Sin embargo, por la presión de varios secretarios de Estado, la Secretaría de la Función Pública tuvo que intervenir y así se impidió que el fallo de esa licitación favoreciera a Oceanografía, pues la oferta que había presentado rebasa con 6 por ciento a la mejor propuesta, por lo que el lunes 11 de octubre se dio a conocer que el fallo del contrato número DOCSM/080/04, favorecía a la empresa Servicios Marítimos, del Grupo Río San Juan, propiedad del rico tamaulipeco Ramiro Garza Cantú.

Esa decisión para contratar los servicios de alquiler del barco petrolero, la asumió un Comité de Pemex, avalado por los representantes de la Secretaría de la Función Pública. Las razones fueron varias: la oferta económica de Oceanografía ascendía a casi 165 millones de dólares, lo que significaba 11 millones de dólares más que la oferta ganadora presentada por Servicios Marítimos.

Otro factor que determinó bloquear la asignación del contrato a la empresa recomendada por la familia Bribiesca Sahagún, fue el negro historial de Oceanografía, la cual acumula quejas y denuncias por incumplimientos y deficiencias en su servicio, lo que ocasionó que le rescindieran muchos contratos petroleros.

Y para complicar más este tráfico de influencias y corrupción petrolera, baste decir que uno de los asesores legales de la empresa y que realizaron gestiones a favor de Oceanografía, fue el exprocurador general de la República, el panista Antonio Lozano Gracia, socio también del panista el senador Diego Fernández de Cevallos.

Las Deficiencias de Oceanografía

Fundada en 1968 como compañía naviera, Oceanografía es dirigida por Amado Yáñez Ozuna y su hijo Amado Yáñez Correa, con capital de la empresa norteamericana Otto Candy, según una amplia investigación realizada por la reportera Ana Lilia Pérez.

Hasta hace unos meses Oceanografía mantenía oficinas en la ciudad de México, en la calle Insurgentes Sur 300, despacho 1406, colonia Roma. Actualmente todo su grupo directivo y de trabajo se concentra en Ciudad del Carmen, Campeche, en la Calle 26 “A”, López Mateos, Manzana D, Lote 2-A, Puerto Industrial Pesquero Laguna Azul.

Sin bien Oceanografía lleva más de dos décadas como prestadora de servicios de la paraestatal, con el transcurrir de los años también se ha hecho de un negro historial al interior de Pemex, sobre todo en la zona de plataformas, según reveló personal de la empresa en Campeche.

En medio de esta historia de corrupción, la administración de Raúl Muños Leos intentó “limpiar” la negra historia de Oceanografía, a pesar de que en Pemex altos funcionarios explicaron que se trataba de una empresa “recomendada” por Martha Sahún, pues en ella obtenían algunas comisiones su hermano Guillermo y su hijo Jorge Bribiesca Sahagún.

La participación de la familia presidencial en Oceanografia coincide también con el repunte de la empresa en México, ya que hasta hace algunos años la naviera estaba prácticamente vetada en Pemex por prácticas ilegales. Fue durante el primer año de Muños Leos al frente de la paraestatal, y de que la familia Fox cuando arriba a Los Pinos, que la empresa recibió nuevos contratos de Pemex, la mayoría por adjudicación directa.

En la investigación de mi colega reportera, se hace un recuento de los contratos asignados a Oceanografía y el primero de ellos ocurre en la administración de Muños Leos, el número 24FNMD1951, ejercido entre el 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2003, para el alquiler de un remolcador Atlantic Ash; el segundo fue la embarcación contra incendios “Havira Charisma”, contrato N. 24FNN01951, del 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2003; otro contrato N.418812800, del 28 de enero de 2002 al 27 de septiembre del 2004, para el alquiler de la lancha rápida “Fernanda”, para el traslado de personal a plataformas; para ese mismo rubro se otorgó el contrato N.412002869 del alquiler de la lancha “Miss Gracie”, del 1 de diciembre de 2002 al 27 de septiembre de 2004; la lancha “Victoria”, contrato N. 412003808, del 21 de febrero de 2003 al 2 de agosto de 2004; la lancha “Ana Paula”, contrato N.411002805, del 16 de marzo de 2002 al 21 de diciembre de 2004; la lancha “Verónica”, contrato N. 411002806, del 16 de marzo de 2002 al 31 de diciembre de 2004; la lancha “Kristing Grace”, contrato N 411002819, del 1 de junio de 2002 al 31 de diciembre de 2004; la lancha “Paula Kay”, contrato N. 411002819, del 1 de junio de 2002 al 31 de diciembre de 2004. Y la embarcación estable para pasajeros “Sebastián”, contrato N. 54FNN01701, del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2003.

Entre otros muchos contratos, el más jugoso que obtuvo la empresa fue el del alquiler del remolcador “Caballo Apalosa”, contrato N. 412003810, del 21 de febrero de 2003 al 07 de enero del 2006. Además del alquiler de embarcaciones, Oceanografía ha recibido de Pemex contratos para el monitoreo y control de obras, la mayoría por adjudicación directa, lo que ha provocado la inconformidad de otras prestadoras de servicios.

Entre los contratos por adjudicación directa están el N. 3-G-DD-A-046-Y-0-3, por 367 mil 246.86 dólares, para la supervisión para el control de la obra de dragado en el canal de navegación de acceso en Puerto Madero, Chiapas, del 17 de octubre de 2003 al 13 de febrero de 2004. Información interna de Pemex indica que los recursos para el pago de este contrato otorgado de manera directa a Oceanografía, están dentro del Fideicomiso de Infraestructura (FINFRA).

Otra adjudicación directa es la N. 3-5-DD-A-006-Y-0-3, por 77 mil 416. 99 dólares, para el levantamiento topohidrográfico de reconocimiento en el puerto de Celestún, en el estado de Yucatán, del 17 de marzo al 16 de abril de 2003.

Denuncias e inconformidades

Dentro de las prácticas ilegales más conocidas de esta empresa está desde la distribución de sobornos entre personal de Pemex para beneficiarse con licitaciones, hasta las irregularidades en sus sistemas de operación detectadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como denuncias laborales.

En abril del año pasado, Oceanografia fue sancionada por la Profepa en dos ocasiones y obligada a pagar dos montos, uno por 24 mil 700 dólares, y otro monto por 336 mil 281 dólares, por los daños ocasionados por la embarcación Paula Kay, propiedad de su empresa, a los arrecifes bajos y “bajos de en medio”, en Tuxpan, Veracruz.

En los polémicos Contratos de Servicios Múltiples, el año pasado Pemex Exploración y Producción dio a conocer la licitación de 12 contratos para embarcaciones de nueva construcción, entre las beneficiadas destacan, otra vez, Oceanografía, así como Náutica Saltamar, naviera de origen americano de la operadora de servicios Tide Water; la Compañía Marítima del Pacífico, dirigida por Raúl Téllez Villagra, socia de la compañía española Boluda.

Con los antecedentes anteriores, dejamos para mañana la primera reunión con el hijo de Marta Sahagún.