Gracias al excelente trabajo de fiscalización y vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a cargo de Arturo González de Aragón, quien se ha ganado fuertes enemistades con algunos funcionarios públicos de primer nivel, como resultado de la denuncia de actos de corrupción y de la pésima administración del gobierno federal, nos hemos podido enterar por primera vez en la historia de este país de cómo se manejan los recursos públicos, pues contrario al trabajo profesional que realiza dicho órgano de vigilancia del Congreso, la Secretaría de la Función Pública sigue metida en su caja de cristal sin enterarse de las corruptelas que cometen los servidores públicos del actual gobierno.

Así, hoy continuamos con el amañado proceso de desincorporación de la empresa pública mexicana Ocean Garden Products, Inc. (OGP), que tiene su sede en San Diego, Estados Unidos, el cual se da un mes antes de que venza el plazo fijado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que solvente las graves irregularidades administrativas y presuntos actos de corrupción cometidos en los ejercicios fiscales 2003 y 2004.

Y es que la paraestatal, más que contribuir a la importación y exportación de productos marinos, se convirtió en un molesto lastre para el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), debido a los desvíos de recursos públicos y a la pésima administración de su presidente José Antonio Díaz Martínez.

Entre las anomalías dadas a conocer por el órgano de vigilancia, destaca el desvío de más de 11 millones de pesos, en donde está directamente involucrado su presidente ejecutivo. Según documenta la ASF, con estos recursos se financiaron las campañas publicitarias de la asociación privada “Consejo Mexicano del Camarón”, encabezada por el mismo Díaz Martínez.

Además, el máximo órgano de fiscalización del Congreso de la Unión detectó que Ocean Garden Products, Inc. vendió el mobiliario y el equipo de una planta industrial procesadora de productos del mar, al margen de la ley y muy por debajo del costo de inversión.

Por si esto fuera poco, al reactivar el proceso de desincorporación de la paraestatal, a mediados del año pasado el propio Bancomext incurrió en irregularidades, pues esta institución financiera incumplió las disposiciones legales para hacerlo.

La Venta Ilegal de Activos de OGP

El Informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2003 indica que en septiembre del 2004, la paraestatal ofertó los activos de la planta industrial procesadora de Chilapa, Nayarit, en 5 millones de pesos, pese a que un año antes OGP invirtió más de 27 millones de pesos en el equipamiento de esas instalaciones.

Según se desprende de la investigación, el suculento regalo también es atribuible a José Antonio Díaz Martínez, pues en su calidad de presidente ejecutivo de Ocean Garden Products, Inc. decidió que antes de vender la planta ésta debía ser eficaz.

“En la cuarta sesión ordinaria del consejo de administración, celebrada el 25 de noviembre de 2003, el presidente de OGP indicó que al inicio de su gestión no quería que la empresa operara plantas, por no ser procesadora, pero que para poder vender la planta de Chilapa decidió hacerla rentable”, revela la ASF.

Al respecto, el órgano de fiscalización determinó que la venta de la maquinaria no sólo incumplió con lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, sino que la paraestatal no obtuvo ningún beneficio al desmantelar las instalaciones, pues para hacer rentable a la planta se necesitó una inversión de 2 millones 415 mil 600 dólares (27 millones 141 mil 700 pesos).

La Truculenta Historia

De acuerdo con el informe que actualmente se analiza en la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, a finales del año pasado, el 10 de septiembre, Ocean Garden Products firmó el contrato de compra-venta con la empresa Negocios Acuícolas de la Costa, S.A. de C.V., mismo que establece la reserva de dominio de la maquinaria y equipo, pero 14 días después, los 308 bienes fueron retirados de la planta.

Y, aunque el convenio también señala que la operación fue autorizada por el consejo de administración de la paraestatal, para la ASF la venta fue ilegal, pues éste “sólo aprobó la venta del inmueble y no hay acuerdo alguno que disponga la venta de la maquinaria en forma independiente del mismo”.

Agrega que a pesar de que el consejo estableció que la autorización para llevar a cabo esta operación quedó sujeta a la opinión favorable de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy Secretaría de la Función Pública, los directivos de la paraestatal también omitieron este pequeño detalle.

El contrato evidencia que el monto de la venta de la maquinaria y equipo de la planta ascendió a 450 mil dólares, y que el 31 de octubre de 2004 la empresa Negocios Acuícolas de la Costa se comprometió a cubrir como pago inicial 90 mil dólares. “Del remanente del precio por 360 mil dólares se suscribieron tres pagarés por 120 mil dólares cada uno, con vencimiento al 30 de noviembre de 2005, 2006 y 2007, respectivamente.

“Sin embargo, mientras no se cubra totalmente el pago, OGP se reserva la propiedad de los bienes, por lo que sólo actúa como depositaria de éstos. Asimismo, se estableció que los posibles daños correrán por cuenta del comprador y no se afectará el precio pactado.”

Inaugurada en 1999, la planta de Chilapa operó, hasta el 2002, en números rojos. Un año después obtuvo utilidades por 732 mil 100 pesos, pero eso no basto, porque a finales de diciembre se inició su desmantelamiento.

El informe de la ASF indica que al 31 de octubre de 2003 se registró un margen de operación del 25 por ciento. Añade que en la relación de gastos proporcionada por OGP se explica que para reactivar la planta de Chilapa, entre el 2002 y 2003 se erogaron 934 mil 700 dólares y un millón 480 mil 900 dólares, que totalizaron 2 millones 415 mil 600 dólares (27 millones 141 mil 700 pesos).

Por la gravedad de los hechos, la Auditoría Superior determinó que “se presumen hechos de los que podrían desprenderse responsabilidades administrativas de servidores públicos en ejercicio de sus funciones, debido a que se realizó la venta de la maquinaria y equipo de la planta procesadora ubicada en Chilapa, Nayarit, sin obtener la autorización del Consejo de Administración de OGP y de la Secretaría de la Función Pública”.

Por ello, la ASF solicitó al Órgano Interno de Control de Ocean Garden Products, Inc., que realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas sancionatorias. Aquí cabe preguntar ¿qué hizo ese Órgano de Control durante esos años de corrupción, si no fue capaz de descubrir las múltiples anomalías que ahora hace públicas la ASF?

Además, el órgano de vigilancia solicitó al presidente ejecutivo de OGP que presente el estudio de costo beneficio realizado para efectuar la venta de la planta procesadora de Chilapa, Nayarit, e informe sobre los resultados financieros derivados de la venta, comparados contra el valor de la venta de la planta y la inversión efectuada en 2003 para hacerla productiva, y proporcione la autorización de su consejo de administración para realizar dicha operación.

La Desincorporación de OGP

Al fiscalizar las operaciones de Ocean Garden Products, Inc., la Auditoría Superior de la Federación determinó que al reiniciar el proceso de privatización de la paraestatal, Bancomext incumplió las disposiciones aplicables al proceso de desincorporación.

Según el informe, en junio de 2003 la entidad financiera informó a la ASF sobre su intención de reactivar el proceso autorizado en noviembre de 1991, mediante resolución del entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Cuatro meses después, el consejo directivo de Bancomext solicitó a OGP la presentación de un plan de negocios para determinar su futuro.

Y fue hasta julio del año pasado cuando Bancomext solicitó a OGP la reactivación del proceso de desincorporación. Para ello, en septiembre de 2004 la entidad financiera que dirige Héctor Reyes Retana ratificó la resolución presidencial “en el entendido de que tan pronto se defina la forma de desincorporar más adecuada (liquidación, venta de la empresa o venta de activos), se presentará una propuesta de venta ante la Comisión Intersecretarial de Desincorporación (CID) para su dictamen”.

Apenas hace una semana Bancomext anunció la venta del ciento por ciento de los títulos representativos del capital social de la empresa Ocean Garden Products Inc., y la fecha fatal para presentar propuestas de compra se vence el próximo 4 de junio.

De acuerdo la investigación de la ASF, “se informó que, una vez que la Comisión Intersecretarial de Desincorporación autorice la venta de OGP, el proceso de desincorporación durará alrededor de 6 meses. Cabe señalar que la nota no se ha presentado a consideración de la CID, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha determinado qué unidad administrativa se encargará del proceso de desincorporación de OGP y de la presentación de la nota”.

El informe agrega que “con oficio DENAC/129/2004 del 14 de diciembre de 2004, Bancomext informó que no cuentan con los documentos anteriormente citados”. Al dictaminar la fiscalización a OGP, la Auditoría Superior determinó que la entidad fiscalizada “no cumple con los ordenamientos jurídicos ni las disposiciones normativas aplicables en las circunstancias, ni los principios de contabilidad gubernamental, al no cumplir con las disposiciones sobre el proceso de desincorporación”.

La Deuda de Cuba con México

Y ya que hablamos de Bancomext, hay que recordar el litigio que entabló este banco en contra de Bancuba, la principal institución financiera en la isla socialista, después de aquella famosa frase exhibida ante la prensa internacional por el comandante Fidel Castro: “comes y te vas”.

Pues resulta que en mayo de 2002, Vicente Fox no sólo rompió con la tradición diplomática de este país, al correr de México al primer mandatario cubano, sino que, además promovió embargos internacionales sobre los escasos bienes de la isla por el endeudamiento de sus empresas Telecomunicaciones de Cuba, S.A. y Telefónica Antillana S.A. de C.V. con Bancomext.

De acuerdo con el informe de la ASF, en mayo de 2002 Bancomext fue informado que en virtud del decreto 273 emitido por el Consejo de Ministros de Cuba, quedaban sin vigor y efecto legal las garantías del crédito otorgado por el banco mexicano.

La Auditoría Superior de la Federación determinó que, por concepto de cartera vencida, los pasivos de Bancomext totalizaron 5 mil 981 millones 781 mil pesos, de los cuales el 63 por ciento corresponde a los dos créditos otorgados a las empresas de origen cubano, por un total de 3 mil 668 millones 907 mil pesos.

“Al 31 de diciembre de 2003, el acreditado número 30900 registró un saldo de cartera litigiosa por 3 mil 289 millones 652 mil pesos; a su vez, el acreditado número 282953 registró un adeudo por 379 millones 255 mil pesos”, detalla el informe.

El órgano de vigilancia agrega que “en respuesta (al decreto 273), Bancomext dio vencido por anticipado los créditos e inició dos acciones: por una parte demandó ante el Tribunal Arbitral de la Corte Internacional de la Cámara Internacional de Comercio de París el incumplimiento del crédito, y por la otra, mediante una orden judicial, trabó el embargo precautorio sobre activos propiedad de la empresa de Telecomunicaciones de Cuba y Telefónica Antillana, ante las Cortes de Turín y Milán, en Italia”.

Pero en noviembre de ese mismo año, las compañías cubanas demandaron a Bancomext ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, a fin de obtener la libertad de los recursos embargados.

Según el órgano de vigilancia, el laudo de la Cámara fue emitido el 6 de agosto de 2004, señalando a Bancomext como propietario de los recursos embargados, por un total de 40 millones de Euros. “Al respecto, durante la revisión se verificó que el banco (mexicano) sigue el proceso de recuperación de esos créditos”.

En su informe, la ASF recomendó al Banco Nacional de Comercio Exterior que informe de las resoluciones correspondientes que se obtengan de la audiencia final del proceso de méritos efectuado por la Corte de Turín, Italia, en diciembre de 2004, y de los eventos subsecuentes hasta conocer la formalización de un convenio reestructurado o programa que permita recuperar los adeudos de los acreditados, que al 31 de diciembre de 2003 sumaban 3 mil 668 millones 907 mil pesos.

Además, la Auditoría Superior de la Federación dictaminó que el importe superior a los 3 mil millones de pesos de los adeudos de Bancuba, representa el 61.3 por ciento de la cartera en litigio. Y que la cartera vencida incrementa la necesidad de crear reservas preventivas por riesgos crediticios, situación que afecta la posición financiera del Bancomext.

Debido a la falta de coordinación interna entre las áreas que contabilizan y las que administran la información para la toma de decisiones del banco, se provocó que no se cuente con información real, adicionalmente, las deficiencias de control interno y supervisión han ocasionado que existan expedientes incompletos y la entidad no cumpla con la normatividad correspondiente.