El Tribunal Internacional “Benito Juárez”, integrado por once jueces de siete países, sentenció y responsabilizó al gobierno de Estados Unidos por mantener durante casi 50 años una política de hostilidad y agresión contra el pueblo y el gobierno cubanos.

Reunidos durante tres días (25, 26 y 27 de abril) en el Distrito Federal, los jueces presidente Francois Houtart, de Bélgica; vicepresidente James Crockcroft, de Estados Unidos; vicepresidenta Ifigenia Martínez, de México; Olga Miranda Bravo, de Cuba; Guillermo Almeyra, de Argentina; Juan Bañuelos, de México; Alfonso Sastre, del Estado Español; Eva Forest, del Estado Español; Hebe de Bonafini, de Argentina; Miguel Concha, de México, y Jorge Turner, de Panamá, consideraron que de todo lo aportado como pruebas durante las sesiones de este Tribunal Internacional, se pudo establecer que los actos de agresión del gobierno de Estados Unidos en contra del pueblo y del gobierno de Cuba desde el triunfo de la Revolución en 1959, se ubicaron en un amplio abanico de sectores: político, militar, económico y cultural, y en la mayoría de los casos se utilizaron medios violentos, agresiones biológicas e intentos de asesinar a líderes del proceso revolucionario.

En el juicio fungió como fiscal Enrique González Ruiz, de México, y fiscal coadyuvante José Luis Toledo Santander, de Cuba, mientras que el defensor de oficio, al no presentarse Estados Unidos como parte acusada, fue Sergio Romero Ramírez, de México.

El texto del proceso, que consta con más de 450 páginas y analizado por la agencia Prensa Latina, sostiene que el plan del actual gobierno de Estados Unidos es privar a Cuba de su independencia y soberanía, mediante la intensificación de la agresión económica y política para provocar la desestabilización interna y la intervención militar directa.

El objetivo estratégico de la principal potencia mundial es destruir la revolución cubana, lograr la restauración del capitalismo y perpetuar la completa dominación de Estados Unidos sobre Cuba. En los capítulos del amplio documento se destaca la búsqueda de un “cambio de régimen” con una política más activa, integrada y disciplinada para socavar las estrategias de sobrevivencia del sistema político cubano actual y fomentar acciones que aceleren su fin.

Se identifican también tareas internacionales que tienen como componentes principales el desarrollo de la actividad subversiva dentro de la isla, el fortalecimiento de la llamada “oposición” mediante su promoción, entrenamiento y financiamiento, así como un aumento sustancial de los fondos que para esos fines entrega a sus agentes.

El amplio documento refiere cómo es necesario impedir la aplicación de la fórmula de sustitución en la dirección del Estado que prevé la Constitución de la República de Cuba, que se debe intensificar el bloqueo para evitar la entrada de divisas, que deben desarrollar nuevos métodos para la realización de transmisiones ilegales, organizar una amplia campaña de información en el exterior y fomentar así el aislamiento internacional del régimen cubano.

El gobierno estadounidense también plantea privatizar los servicios públicos como la salud, la educación y eliminar los sistemas de seguridad social, privatizar la economía, quitarles las viviendas y las tierras a los cubanos para devolverlas a los antiguos explotadores y caciques, y conformar una policía que su función principal esté orientada a mantener el orden impuesto desde Estados Unidos.

El plan gringo impone limitantes de los viajes e intercambios entre los cubanos residentes en Estados Unidos y los de la isla, arrogándose la facultad de definir los vínculos familiares.

Sentencia de Genocidio Contra EU

Por tanto, en uso de las facultades morales que ese Tribunal ostenta ante la sociedad civil internacional para juzgar moralmente la política del gobierno estadounidense de George Bush, en relación con el pueblo y el gobierno de Cuba, el Tribunal Internacional Benito Juárez sentencia:

Que tras escuchar con atención la acusación de la Fiscalía, los alegatos de la Defensoría de Oficio, las declaraciones de los testigos, haber analizado los documentos sometidos a su consideración, así como las proyecciones fílmicas, el Tribunal considera probados todos los cargos que se formularon al acusado, concluyendo que todas sus actuaciones constituyen genocidio, y por lo tanto lo condena sin género de duda.

Sobre la base de lo anterior, el Tribunal declara al gobierno de los Estados Unidos como responsable de mantener desde hace cerca de 50 años una política de hostilidad y agresión hacia el pueblo cubano, y esta política hostil se ha manifestado en múltiples formas, desde la realización de actos de terror, hasta la aplicación de un bloqueo económico, comercial y financiero que priva al pueblo cubano de elementos necesarios para su subsistencia y desarrollo. Este proceder está en clara violación de los principios consagrados en la Carta Magna de las Naciones Unidas, referente a la autodeterminación de los pueblos y contradice también los principios de la Organización de Estados Americanos, constituyendo una virtual declaración de guerra.

El Tribunal exhorta al pueblo de Estados Unidos a impedir la actitud agresiva de su gobierno contra Cuba y demás países del orbe, a repudiar las actitudes unilaterales que amenazan el orden internacional y violan los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

Asimismo, el Tribunal convoca a todos los gobiernos del mundo a mantener y reforzar las relaciones de amistad, culturales, económicas y diplomáticas con Cuba. En particular, este Tribunal condena la ocupación ilegítima de 177 kilómetros cuadrados de la Base Naval de Guantánamo, que constituye un peligro para la paz mundial.

Por último, este Tribunal decide remitir esta sentencia a los siguientes organismos internacionales para que conozcan los criterios aquí expuestos: a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Secretaría de la Organización de Estados Americanos y a la organización Amnistía Internacional.

Lo Agraden por Denunciar Corrupción

Un correo de Arturo Fernández López denuncia que el 28 de octubre del 2003, dos individuos intentaron asesinarlo de cuatro balazos. El atentado, narra el quejoso, lo atribuye a la coordinadora general de Protección Civil, Carmen Segura Rancel, y al coordinador administrativo Clicerio Jiménez Fernández, pues cuenta que el 15 de mayo de 2003 recibió amenazas en su domicilio, porque el 12 de julio de 2002 presentó la denuncia DE-0070/2002 ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Gobernación por supuestas irregularidades en el manejo de recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), correspondientes a los ejercicios de 2001 y 2002.

Al respecto, el 15 de junio de 2004, por oficio número 05/DR01/ 462 /2004, el titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control de Gobernación le comunicó que se emitió acuerdo de remisión del expediente de la denuncia al Área de Responsabilidades para los efectos conducentes, pero a la fecha no se han fincado responsabilidades.

El 12 de enero de 2005 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión citó a comparecer a los titulares de la Coordinación General de Protección Civil, de la Dirección General del Centro Nacional de Prevención de Desastres, de la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales y al director general de Estudios para el Desarrollo Rural, a fin de que explicaran los programas y acciones que tiene previsto el gobierno federal para situaciones de desastre; pero el pasado 31 de enero concluyó el período de sesiones de la Comisión Permanente y ninguno de los titulares compareció.

El 20 de enero de 2005, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal le notificó a Fernández López que resolvió el no ejercicio de la acción penal en la Averiguación Previa BJ-2T1/2884/03-10, por lo que interpuso recurso de apelación el 31 de enero.

Para el 17 de marzo de 2005, la Cámara de Senadores citó a comparecer ante la Comisión de Gobernación a los titulares mencionados, a fin de que explicaran los criterios que se han aplicado para la erogación de recursos del Fondo de Desastres Naturales, durante los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004; pero el 30 de abril concluyó el periodo de sesiones de la Cámara de Senadores y tampoco comparecieron. Es decir, hay un manto protector de impunidad para impedir investigar supuestas irregularidades y agresiones físicas, pues nadie en los poderes Ejecutivo y Legislativo tiene interés en frenar la corrupción.

Todas las mujeres del presidente

Ante las deficiencias y corruptelas de jueces y magistrados al impartir justicia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), José Guadalupe Carrera Domínguez, se queja de los señalamientos del secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega, y del procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, quienes se han pronunciado porque se revise el sistema judicial y la aplicación de las leyes, a fin de evitar que delincuentes reincidentes regresen tan fácilmente a las calles.

Así, a partir 1994, con la reforma judicial, se creó el Consejo de la Judicatura, que es la figura encargada de la administración, vigilancia y disciplina al interior del TSJDF, y está conformado por siete integrantes: el titular del Tribunal, quien preside el Consejo; un magistrado, un juez de primera instancia y uno de paz, elegidos mediante insaculación; uno designado por el jefe de gobierno capitalino y otros dos nombrados por la Asamblea Legislativa del DF.

Entre otras funciones, el Consejo de la Judicatura busca evitar que los jueces se distraigan en tareas meramente administrativas y, además, garantizar que el presidente en turno no ejerza el presupuesto en forma unilateral ni utilice la estructura de forma corporativa, a fin de evitar corruptelas, abuso de poder y tráfico de influencias.

Sin embargo, esa trascendente función no se cumple a cabalidad en el actual Consejo de la Judicatura, pues como si fuera una cartera propia, se permite al presidente Carrera Domínguez colocar en puestos de primer nivel, como son la Dirección Ejecutiva, la Contraloría, la Primera y la Segunda secretarías de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno del Tribunal, la Dirección de Operaciones y Control de Pagos, la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos y la Visitaduría General del Consejo de la Judicatura, a sus incondicionales, a pesar de que no reúnen el perfil que se requiere para el ejercicio de esos cargos ni tienen la experiencia laboral adecuada. En ese sentido, los nombramientos han recaído sólo en mujeres cercanas a dicho funcionario público, sin importar que con ello se perjudique la labor profesional del Tribunal.

Seguramente por las prácticas heredadas de una vieja cultura política, los actuales integrantes del Tribunal Superior de Justicia del DF se han plegado a los deseos del magistrado Carrera Domínguez “para evitarse problemas”, permitiéndole que se despache con la cuchara grande con todos esos nombramientos en la estructura administrativa.

Así, el doctor José Guadalupe Carrera Domínguez, como buen historiador que es, asume aquella famosa frase de ¡Ahora o nunca señor Presidente!