En los últimos días los asuntos penales se han acumulan en todos los campos de la actividad social, política y económica del país. Así, en este último sector, la Bolsa Mexicana de Valores se ha convertido en un instrumento propicio para que algunas empresas y emisoras inscritas en el Registro Nacional de Valores aprovechen sus mecanismos para participar en el mercado bursátil en condiciones francamente delictuosas, lo que ha motivado preocupación entre inversionistas y el inicio de una investigación interna.

Sólo como ejemplo está la actuación de la empresa Q. B. Industrias, S. A. de C. V., tenedora de la empresa Industrial Química de México y que elaboró documentos falsos para poder participar en la Bolsa Mexicana. Pero con independencia de estos hechos, sus consejeros han estado sujetos a procedimientos penales sin que alguien en la Bolsa investigue sobre sus antecedentes de solvencia moral y jurídica.

En efecto, miembros del consejo como Aroldo de Rienzo Betancourt, Javier Amtmann Aguilar, Carlos Bracho González, Jaime Lomelín Guillén y Jaime Rionda Ribot, entre otros, son investigados por la Procuraduría General de la República en la averiguación penal 211/FFFSF/2003, de la que Oficio de Papel tiene copia, así como de las pruebas que integran otro expediente en la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Todavía más, Industrial Química de México, S. A. de C. V. y la propia Q. B. Industrias tiene entre sus consejeros a Claudio Visintini Freschi, quien ha sido condenado por conductas penales y actualmente se le sigue un enésimo juicio penal en los juzgados federales del Reclusorio Norte acusado de apoderase de cantidades de dólares americanos en instituciones bancarias de Texas, Estados Unidos.

Así pues, tan preocupante es que en un momento de bonanza como el que vive la Bolsa Mexicana de Valores y como consecuencia de los impactos de los mercados extranjeros, resienta las conductas engañosas de quienes quieran participar en el sector de la industria de transformación, como es el caso de Q. B. Industrias, S. A. de C. V. y para tener acceso a él se elaboren documentos falsos o fraudulentos.

El que esta empresa mediante actos ilícitos haya logrado la autorización para cotizar, abrirá una grieta en la organización de la Bolsa Mexicana de Valores, sobre todo cuando la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Secretaría de Hacienda en estudios y determinaciones que aportaron a la averiguación penal, categóricamente concluyen con el hecho de que Q. B. Industrias y sus consejeros realizaron conductas delictuosas con el propósito de operar en el mercado mexicano de valores.

Mientras la Bolsa Mexicana de Valores esté en la condición de ser fácilmente engañada, las relaciones de oferta y demanda del mercado accionario corre graves riesgos por la falta de moralidad de los participantes que pueden incluso desarrollar mecanismos fraudulentos para aprovecharse y atraer al sistema de valores capitales de origen oscuro.

Rescate Bancario Fraudulento

Ahora que han vuelto a cobrar vigencia las críticas y denuncias en contra del fraudulento rescate bancario, hay un juicio que se ventila en el Juzgado 14 con expediente 98/2002, en donde inversionistas rechazan y se oponen a la fusión entre Grupo Financiero Banamex y Citibank México por ser violatorio a las leyes mexicanas, y reclaman a Banamex el pago de inversiones más intereses por cerca de 800 millones de pesos, correspondientes a los depósitos número 2358584, 4385619, 924719, 2600494, 642622, 365367 y 365368.

Además, se rechaza los acuerdos de escisión decretada en la asamblea general de accionistas de Banco Nacional de México y de Grupo Financiero Banamex del 10 de octubre de 2001, por no cumplir con los requisitos que establece la ley.

Pero lo más interesante de esta denuncia, es el planteamiento que hace con motivo de la crisis económico-financiera de 1995 y que motivó el programa de rescate bancario suscrito con el Fobaproa mediante un contrato de fideicomiso, por el que se transmitió cartera vencida y Banamex recibió el pagaré Fobaproa, cuyos contratos fueron canjeados por convenios celebrados con el IPAB para cambiar los pagarés por bonos.

En la acusación se afirma que el supuesto motivo de los programas de rescate bancario fue proteger a los depositantes e inversionistas y garantizar el retorno de sus depósitos a inversiones; sin embargo, en el caso particular del inversionista Gerardo Salas Luján, a quien Banamex adeuda 726 millones de pesos, a pesar de que este banco recibió, disfrutó y aprovechó el rescate financiero, se niega a regresarle sus depósitos e inversiones.

Pero todavía peor, los accionistas del Grupo Financiero Banamex, después de pasarle la factura del rescate financiero al pueblo de México, al convertir en deuda pública una deuda privada, decidieron abandonar el fructífero y jugoso negocio bancario y bursátil al vender dicho grupo financiero mexicano, con todos los beneficios de su salvamento, a Ctycorp, filial de Citigroup.

Dice Gerardo Salas Luján: “Al suscrito gravemente me ha afectado, ya que viendo pasar el rescate de Banamex, cuyos accionistas super multiplicaron sus ganancias con dicha venta, a mi ni siquiera me han devuelto mis depósitos e inversiones, agravando mi malestar y aflicciones, y frustrando las oportunidades económicas, de negocios y financieras que pude realizar de contar con mis depósitos e inversiones”.

Afortunados, dice, los accionistas del GF Banamex que contaron con los recursos del rescate bancario, vendieron Banamex a extranjeros y generaron una utilidad escandalosa e inédita.

Poseedor de información confidencial y confiable, Salas Luján sostiene que la venta del control accionario de Banamex se realizó por sus accionistas a Citycorp mediante contrato de compraventa de las acciones de manera preconcertada y no mediante cruce en la Bolsa Mexicana de Valores.

Es decir convinieron con anticipación la venta y el precio de las acciones, cazando y asegurando la compra-venta de las acciones para asegurarse el precio convenido: 51 por ciento o más del capital social de GF Banamex como mínimo y 12 mil 500 millones de dólares, de los cuales 6 mil 500 millones de dólares en efectivo y otros 6 mil millones en acciones del capital social del Citigroup, para después simular que las compraron en bolsa a fin de evitar el impacto fiscal del pago de los impuestos respectivos, en agravio de las hacienda pública federal.

Jurídicamente la compraventa de acciones ya estaba celebrada con anterioridad, que es la operación real, porque el cruce de acciones en bolsa como compraventa es inexistente. De esta manera, con apariencia de legalidad, pero realmente violando la ley, se sustrajeron de la leyes del Mercado de Valores y del Impuesto Sobre la Renta, que prohíben la compra y venta preconcertada de acciones que cotizan en bolsa para evitar monopolios, abusos, direccionamiento de precios y valores, obtención y uso indebido de información privilegiada.

Esas leyes garantizan que prevalezca la ley de libre mercado, de oferta y demanda de las acciones que cotizan en bolsa. Esto se comprueba con las gestiones, actos y autorizaciones supuestamente legales que ordenaron, aprobaron, realizaron y obtuvieron sus accionistas y directivos Robert Rubin, Sandford Weill, Víctor J. Menezes, Roberto Hernández Rodríguez, Alfredo Harp Helú, José G. Aguiera Medrano, Valentín Diez Morodo, Lorenzo Zambrano y Manuel Medina Mora ante sus asesores financieros y legales y ante la Comisión Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores e Instituto para el Depósito de Valores.

Entonces, el GF Banamex, su nuevo propietario Citigroup, adquirió, con cargo a los mexicanos, derechos de cobro al IPAB por 110 mil millones de pesos que le generan intereses por 15 mil millones de pesos anuales. Deuda que es producto del pagaré Fobaproa por la compra de cartera por 51 mil millones de pesos de un crédito que Banamex dio al IPAB por 30 mil millones de pesos y del crédito por 28 mil millones que Citybank otorgó al IPAB.

¿Cuál Transparencia en Sinaloa?

Es una pena que en Sinaloa los funcionarios públicos sigan con resistencias para cumplir con la Ley de Acceso a la Información, sobre todo porque ese estado es el pionero en la creación de un organismo independiente par vigilar el cumplimiento de esa ley. Ahora resulta que los funcionarios se quejaron de la Comisión para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa (Ceaipes) porque realiza talleres de socialización, en los cuales se llenan solicitudes de verdad para pedir información. Como a estas solicitudes la Comisión les da el trámite legal normal, además del seguimiento para que sean respondidas en tiempo y forma, los señores funcionarios están muy molestos porque eso implica trabajar más.

Qué bueno que la Comisión anunció en el marco del Foro Internacional de Acceso a la Información, celebrado la semana pasada en Culiacán, que continuará con estos talleres iniciados en enero pasado y que pronto realizará la segunda etapa que va dirigida a la sociedad civil. Incluso, la Comisión y la Asociación Mexicana de Comisiones y Organismos par el Acceso a la Información Pública (AMEPI) suscribieron un convenio de colaboración con el Consejo Nacional de ONGS en México, para llevar este derecho a un mayor número de personas y vigilar que se cumpla.

La Ceaipes por fin está trabajando en el ámbito que lo debió haber hecho desde hace tiempo, y eso la convierte en un organismo que incomoda al poder; pero debe mantenerse firme en el cumplimiento del artículo 16 del capítulo tercero de la Ley de Acceso a la Información Pública de Sinaloa, que establece claramente que “las entidades públicas deberán cooperar con la Comisión para capacitar y actualizar de forma permanente a sus servidores públicos en la cultura de la apertura informativa y el ejercicio del derecho de Hábeas Data, a través de cursos, seminarios, talleres y toda otra forma de enseñanza y entrenamiento que se considere pertinente”.

Otro aspecto que vale la pena comentar es el compromiso de la Comisión de Sinaloa de impulsar una reforma de la Ley de Acceso a la Información, que busca incluso la reforma de otras leyes estatales que chocan con el derecho a saber. En esto la Comisión no puede ni debe quitar el dedo del renglón. El que los funcionarios de la Comisión hagan públicas sus declaraciones patrimoniales y los salarios de toda la estructura con nombre y apellidos habla muy bien de ellos; sin embargo, esto debe ser extensivo a todas las dependencias de gobierno, incluidos los diputados, si se quiere que de veras Sinaloa sea ejemplo de transparencia.