En la Procuraduría General de la República (PGR) tienen tanto trabajado en integrar expedientes contra dirigentes políticos, como el jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador y el dirigente panista Manuel Espino, vinculado al recién exonerado Nahum Acosta Lugo, ex director de giras presidenciales, que han descuidado asuntos internos.

Según información pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el ejercicio fiscal 2003 se cometieron diversas irregularidades en la administración de la PGR que, sumadas, provocaron un presunto daño patrimonial por 5 millones 846 mil pesos.

Ante las denuncias de ese órgano de vigilancia y fiscalización del Congreso, encabezado por el contador Arturo González de Aragón, habrá que esperar una aplicación irrestricta de la ley, pues como señaló el procurador general Rafael Macedo de la Concha: “México no puede ser un país de excepciones, no podemos condicionar la aplicación de la justicia a los vaivenes de la política. Eso era realidad en otros tiempos, cuando la aplicación de la ley era discrecional y la democracia era apenas una aspiración remota. Hoy eso ha cambiado, pues la aplicación de la ley ya no responde a intereses políticos, ni se mueve por conveniencias momentáneas”.

Asignación Ilegal de Contratos

Como es sabido, la asignación directa de contratos es uno de los capítulos más oscuros en la administración pública, pues suele beneficiar a empresarios amigos y a veces cómplices, que participan de esta figura. Y en ese sentido, de acuerdo con el informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública, realizado por la ASF, todos los procedimientos de “invitación a cuando menos tres personas”, celebrados por la PGR para la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas, y de contratación de servicios de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, infringieron sólo en ese año la normatividad, pues habrá que esperar las auditorías correspondientes a 2004 y 2005, en donde todo hace suponer que dichas prácticas irregulares se continuaron, pues son los mismos administradores, quienes olvidan que algún día del 2006 dejarán el cargo y sus sucesores los someterán a intensas investigaciones.

Pues ese órgano superior de vigilancia de la Cámara de Diputados indica que “en ningún caso se presentaron los dictámenes económicos, en contravención del artículo 36, último párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), y 53 de su reglamento”.

Así, la ASF destaca que en la invitación PGR-055/03, fechada el 31 de octubre de 2003, por un monto total de 238 mil 700 dólares, debió llevarse a cabo mediante el procedimiento de licitación pública.

“No obstante, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios –de la PGR– dictaminó que se llevara por invitación a cuando menos tres personas con fundamento en los artículos 40 y 41, fracción III, de la LAASSP”.

En este caso, afirma el informe de la ASF, “no se cumplió ninguno de los supuestos de estos artículos, ya que no se contó con evidencia documental de que el titular del área responsable de la contratación, a más tardar el último día hábil del mes, enviara al Órgano Interno de Control en la PGR un informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia del escrito del área requirente y de un dictamen en el que se hiciera constar el análisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicación del contrato; tampoco demostró que existieran circunstancias que pudieran provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados”.

En este tipo de invitaciones, hasta en los archivos hay problemas, pues los documentos que integran los expedientes no llevan un orden cronológico ni sistemático; no cuentan con un índice del contenido de los expedientes y no están foliados, lo que contraviene el artículo 56 de la Ley de Adquisiciones, advierte la ASF.

Otro contrato que se asignó al margen de la ley fue el identificado con el número 247/2003, por un millón 229 mil 100 dólares. Al igual que en el caso anterior, el órgano de vigilancia considera que por el monto involucrado, debió asignarse mediante licitación pública.

Sin identificar sus numerales, la Auditoria señala que en otros tres contratos por 378 mil 500 dólares, no presentaron las fianzas de cumplimiento. “Se constató que en un contrato por 30 mil 700 dólares, la fianza se recibió 22 días después a la fecha estipulada en la cláusula quinta, lo que contravino los artículos 48, fracción II, y último párrafo, de la Ley de Adquisiciones, y 70 fracción IV, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal”.

Por la gravedad de estos hechos, la Auditoría Superior de la Federación solicitó la intervención del Órgano Interno de Control de la PGR.

“Como resultado de la revisión practicada se presumen hechos de los que podrían desprenderse responsabilidades administrativas de servidores públicos en ejercicio de sus funciones, consistentes en procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y la adjudicación directa por 238 mil 700 y un millón 229 mil 100 dólares que debieron adjudicarse mediante licitación pública. Y por la falta de evidencia de las fianzas de cumplimiento por 378 mil 500 dólares.”

La ASF señala que sólo después de las investigaciones del Órgano Interno de Control “se podría iniciar el procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas sancionatorias derivadas de los actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión”.

Además, la Auditoría recomienda a la PGR fortalecer los mecanismos de control que garanticen la legalidad de los contratos adjudicados directamente, así como la entrega de fianzas de cumplimiento por parte de las empresas en los plazos pactados en los contratos, de conformidad con la Ley de Adquisiciones. Además de solicitarle la integración cronológica de los expedientes de los procedimientos de adjudicación por invitación a cuando menos tres personas.

Un Grave Daño Patrimonial

La amplia investigación de la Auditoría Superior de la Federación revela que también en la Dirección General de Servicios Aéreos de la PGR, en donde históricamente ha sido foco de corrupción, se cometieron, durante el ejercicio fiscal de 2003, varias irregularidades que suponen un daño patrimonial de casi 6 millones de pesos.

En el análisis del gasto sobre la partida 2301, correspondiente a refacciones, accesorios y herramientas, el órgano de fiscalización detectó que en nueve casos las adquisiciones se entregaron entre uno y 153 días posteriores a la fecha estipulada en la cláusula cuarta de los contratos.

La ASF asegura que “no se tiene evidencia que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales haya aplicado las penas convencionales por 108 mil 900 dólares y de 200 pesos de conformidad a la cláusula décima quinta de los propios contratos”.

Además revela que “no hay evidencia de la recepción de las refacciones, accesorios y herramientas por 406 mil 600 dólares; no obstante que la fecha estipulada en los contratos ya se encontraba vencida; y no se tiene evidencia de que se hayan hecho efectivas las fianzas de cumplimiento o, en su caso, rescindido los contratos de conformidad con las cláusulas décima y décima segunda de estos acuerdos”.

Otra anomalía descubierta por la ASF consistió en el pago con cargo a esta partida por 777 mil 200 pesos, que por su naturaleza debió registrarse en la partida presupuestal 3503 –mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo– por lo que se infringió el artículo 49 fracción II, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Por la gravedad de los hechos, la ASF realizó dos pliegos de observaciones y una recomendación. El primer pliego señala que “como resultado de la revisión practicada, se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio de la PGR por un monto de 108 mil 866 dólares equivalentes a un millón 213 mil 724 pesos, y de 184 pesos por penas convencionales no aplicadas por la entrega extemporánea de refacciones, accesorios y herramientas de nueve contratos”.

Agrega que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 fracción XIV, y 51 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Auditoría formulará el pliego de observaciones correspondiente, con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes.

El pliego de observaciones refiere que “se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal por un monto de 406 mil 592 dólares, equivalentes a 4 millones 532 mil 973 pesos, por la falta de evidencia de la recepción de refacciones, accesorios y herramientas”.

Ante estas irregularidades, la ASF recomienda a la Procuraduría General de la República, que “fortalezca los mecanismos de control que garanticen que los proveedores entreguen oportunamente las adquisiciones de refacciones, accesorios y herramientas de acuerdo con las fechas pactadas en los contratos y, en su caso, aplique las penas convencionales correspondientes; que en todos los casos exista evidencia de la entrega de los bienes en el almacén”.

Por lo anterior, seguramente el procurador Rafael Macedo de la Concha demostrará, como siempre lo ha dicho, que la ley no es selectiva y que al interior de su dependencia se combate la corrupción, por lo que habrá que esperar las sanciones respectivas y corregir las múltiples irregularidades denunciadas por la Auditoría Superior de la Federación, de las que mañana también dará cuenta Oficio de papel.

La Política en la Iglesia Católica

Con las secuelas de la muerte del Papa Juan Pablo II y la asunción de Benedicto XVI, en la Iglesia Católica mexicana continúan las pugnas internas. Resulta que el Grupo Morelia, encabezado por el arzobispo Alberto Suárez Sinda, conjuntamente con los obispos Carlos Aguiar Retes, Carlos Garfias Merlus, Abelardo Alvarado Alcantera, Mario Gasperín y José Guadalupe Martín Rábago, habían promovido la candidatura del cardenal Norberto Rivera Carrera para suceder a Juan Pablo II, como una maniobra planeada por el sacerdote Jacques Chaveriat, aquel cura gurú que asesoró al exbanquero Carlos Cabal Peniche hasta que éste fue a dar prisión, para preparar la caída del líder de los católicos en México.

Como las posibilidades de Norberto Rivera eran prácticamente nulas, lo que pretendía el Grupo Morelia era alejar al cardenal y tratar de que lo ocuparan en Roma en algún cargo menor. No obstante que algunos de los obispos complotistas han sido beneficiados por Rivera Carrera, como es el caso de Abelardo Alvarado, quien fue impulsado al arzobispado por el cardenal, ahora conspiran para derrocar a su benefactor. En ese grupo también está el exnuncio Justo Mullor, quien por los problemas que causaba el gobierno mexicano solicitó a Juan Pablo II lo retirara de la nunciatura apostólica.

Esas disputas en la jerarquía católica mexicana se han agudizado con la designación del nuevo Papa y los cambios que seguramente habrá con motivo de la recomposición de los grupos de poder, y esto ha generado mucho nerviosismo entre los obispos en México, algunos de los cuales creen que ha llegado la hora del retiro del cardenal Rivera Carrera, pero hasta ahora las señales de Roma es que el máximo líder de la Iglesia Católica en México continuará en su puesto.