Ignorados por el gobierno federal, los trabajadores del campo han dejado de ser, si es que alguna vez lo fueron, una preocupación más para la administración de Vicente Fox, pero no porque sus problemas de miseria extrema, alimentación, educación, vivienda y salud se hayan solucionado, sino porque han sido borrados de las estadísticas oficiales, pues el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) determinó, apoyado por la Comisión Intersecretarial que preside la Secretaría de Hacienda, cancelar este año por falta de presupuesto el VIII Censo Nacional Agropecuario, con lo cual suman ya 15 años desde que se hizo el último censo, allá por 1991, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y desde entonces no se cuenta con cifras reales de la extrema pobreza en que sobreviven campesinos, jornaleros e indígenas.

Con ese antecedente, son risibles las declaraciones que hizo el fin de semana Vicente Fox sobre las estadísticas que, según él, demuestran que la pobreza extrema ha disminuido en el país, lo que hace pensar que nadie le ha avisado al presidente que el último censo agropecuario que se hizo fue en 1991, así que las cifras en que se basa el primer mandatario para afirmar que 6.5 millones de personas han dejado de ser pobres, pues corresponden al siglo pasado.

Pero vayamos a una de las muchas ocurrencias a las que nos tiene acostumbrados Fox: “Quien recorre el campo se dará cuenta de la proliferación de changarros, de pequeños negocios, de comercios, de tortillerías, de herrerías, carpinterías, de comercios de venta de celulares, de computación y servicios a los estudiantes, y todo eso es producto de ese esfuerzo de nuestros paisanos en Estados Unidos”, en referencia a las remesas que envían los millones de mexicanos que han tenido que emigrar por falta de empleo y el abandono del campo mexicano.

Y lo curioso de ese optimismo desbordado en que vive el presidente, es que esas declaraciones las hizo ante socios de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, a la cual también felicitó por “tratar de convertir al campo mexicano en un lugar próspero, digno y competitivo”, pero lo que Fox sí sabe y oculta es que ese organismo privado “digno” estuvo sometido a principios del actual gobierno, en los años 2001, 2002 y 2003, a una intensa investigación por el delito de peculado, al participar en complicidad con su expresidente, Antonio Ruiz García, actual subsecretario de Desarrollo Rural de la Sagarpa, en un supuesto desvío de fondos públicos por 11.3 millones de pesos, pero como sólo se trató de un daño patrimonial por unos cuantos millones y no del robo de chocolates que tanto preocupan al secretario de Gobernación según su campaña en medios, pues simplemente el gobierno del cambio encubrió todas las irregularidades al grado que el subsecretario Ruiz García sigue impune despachando en sus oficinas de la Secretaría de Agricultura.

Si se hubiera aplicado con rigor la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo menos ese funcionario hubiera tenido que renunciar, pero por el contrario se le encubrió desde Los Pinos y en la Secretaría de la Función Pública se archivo su expediente (número V/00/2002) sin sanción alguna.

En dicha investigación clasificada en Función Pública con el número de expediente 230/01, hay suficientes pruebas de la responsabilidad del secretario de Agricultura, Javier Usabiaga Arroyo; del subsecretario de Desarrollo Rural, Antonio Ruiz García, y del oficial mayor Xavier Ponce de León Andrade, por el desvío de esos 11.3 millones pesos al contratar a la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, en donde Ruiz García se desempeñó durante 17 años como director general, y después en su cargo de subsecretario le otorgó un contrato directo, sin licitar, por esa cantidad de dinero para elaborar supuestamente un estudio sobre el café, y aunque nadie sabe en dónde quedó dicha investigación, si se hubiera realizado su costo no hubiera rebasado el medio millón de pesos y no los 11.3 millones que dicen que costó.

Documentos del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública revelan que por negligencia se impidió que se sancionara a los tres funcionarios de la Sagarpa por los delitos de peculado y conflicto de intereses.

Suman 320 Mil Deudores Agrícolas

Como Vicente Fox insiste que los pobres en el país han disminuido, antes que desparezcan la Secretaría de Hacienda pretende cobrarles a como dé lugar la deuda que tienen esos trabajadores agrícolas con la banca de desarrollo, por lo que a través del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) inició 15 mil juicios en contra de campesinos y jornaleros que no han podido saldar sus miserables deudas con instituciones de crédito del gobierno federal, el cual busca por todos los medios recuperar la cartera vencida agropecuaria.

Así, el director corporativo del Proceso de Cartera del SAE, Juan Martínez Leyva, aseguró a la reportera Erika Ramírez, de la revista Contralínea, que la recuperación de la cartera vencida del campo “va por buen camino”; lo que significa para miles de agricultores que están en las listas del buró de crédito, enfrentar procesos judiciales con el peligro de perder su patrimonio y de ir a prisión por no pagar.

“Se han iniciado 15 mil procesos judiciales en contra de los deudores del extinto Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) –sustituido por Financiera Rural en julio de 2003- y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)”, sentenció el funcionario de Hacienda, y es que al 30 de enero de 2005 la banca de desarrollo reportó un saldo rojo de 49 mil millones de pesos, correspondientes a 320 mil sujetos de crédito de ambas instituciones, el mismo monto que pretenden recuperar.

Como parte del adeudo, el llamado “banco de apoyo al campo mexicano” Banrural, registró a esta misma fecha un saldo desfavorable de 10 mil 300 millones de pesos, distribuidos en 56 mil créditos concedidos a agricultores desde 1994.

En su investigación, la reportera habló también con Federico Otero Melgarejo, director ejecutivo de Recuperación del SAE, quien adviertió que “no existe una cifra exacta de las demandas judiciales debido a que la cantidad es variable, así como unos que surgen todos los días, otros terminan. El global debe andar en 15 mil procesos penales. Es parte de la tarea que tenemos que desarrollar. No podemos dejar de llevar a cabo acciones de cobro judicial para recuperar el activo que se otorgó en los créditos”.

La Negra Historia de la Deuda

Con el inicio de liquidación del Banrural -1 de julio de 2003-, el SAE tomó el control de la cartera vencida. Su tarea es recobrar los créditos que no alcanzaron a saldar los campesinos desde que inició la crisis económica de 1994 y, según la filosofía de la dependencia, hay que maximizar la recuperación de los bienes en el menor tiempo posible.

Al inicio de este proceso, la deuda ascendía a 15 mil millones de pesos en Banrural, de los cuales se han recuperado mil 200 millones bajo el esquema de “pago justo”, que se maneja a través del “Programa de Recuperación de Cartera”, Sicredi.

Pero de acuerdo con informes internos de la institución, al 14 de febrero de 2005, bajo el esquema del Sicredi, los funcionarios del SAE han realizado 467 reuniones en 32 estados de la República y 399 ciudades, con una asistencia total de 45 mil 560 personas. En estas reuniones fueron analizadas 25 mil 267 propuestas de pago, de las cuales han sido rechazadas unas 10 mil 560. Sin embargo, la institución resalta que se ha condonado un monto de cerca de mil 374 millones de pesos.

Según el SAE no todos los campesinos presentan una propuesta de pago y a pesar de ello, dice, trabajan con ellos, aunque también acepta que algunos trabajadores agrícolas están temerosos por los juicios iniciados en su contra.

Aunque para el SAE los procesos judiciales son “inviables”, a casi dos años de iniciadas las operaciones, tan sólo en Banrural se han interpuesto 8 mil demandas contra campesinos que no saldaron sus cuentas.

“Las demandas están dirigidas a los deudores morosos que tienen conductas abiertas de no pago, que defraudaron a la institución o tienen garantías sobradas y no quieren pagar. La mayor parte de los acreditados son del sector social y son inembargables”, reconoce Federico Otero Melgarejo la pobreza extrema en la que viven y a pesar de ello los persiguen y los amenazas con la prisión si no pagan.

El director corporativo del Proceso de Cartera, Juan Eduardo Martínez Leyva, explica: “Banrural era un banco de desarrollo que tenía que fondear a los productores del sector social: ejidatarios, pequeños propietarios, comunidades. El promedio de crédito que otorgaba era pequeño, aproximadamente de 60 mil pesos. En su gran mayoría fueron créditos otorgados a productores de granos básicos: maíz, frijol, arroz, trigo. Desafortunadamente el campo ha estado en una situación difícil desde hace muchos años; el precio de los productos agrícolas ha venido bajando y la rentabilidad de los cultivos ha disminuido”, por lo que el proceso de recuperación de deuda es complejo y las instituciones de financiamiento al campo han tenido dificultades en la recuperación de su cartera.