El informe que rindió hace un par de semanas la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la fiscalización de la cuenta pública 2003, debería de ser un gran festín para los paladines de la legalidad y el estado de derecho en México, es decir los panistas y priistas, pues evidencia graves irregularidades que involucran miles de millones de pesos y no sólo “chocolatitos” como a los que apela Secretaría de Gobernación en su campaña publicitaria.

Tal es el caso de los fideicomisos cuyos operadores –funcionarios de primer nivel del gobierno federal– aún no son llamados a cuentas, pese a que hasta hace dos años las erogaciones por este concepto ascendían a 662 mil 700 millones 326 mil pesos, como lo dio a conocer Oficio de papel la semana pasada.

Y es que, amparados en el secreto fiduciario, los servidores públicos no sólo cancelan la vitoreada rendición de cuentas y niegan información sobre el destino final de estos recursos públicos, sino que además abonan su propia impunidad.

Para la ASF, uno de los casos más relevantes de las irregularidades cometidas en materia de fideicomisos es el de la Secretaría de Agricultura, encabezada por Javier Usabiaga Arroyo, pues de los fideicomisos revisados, a los cuales la dependencia les otorgó recursos, 33 de ellos no están inscritos en el Sistema de registro de fideicomisos, mandatos y contratos análogos de la administración pública federal.

Esta situación, señala el máximo órgano de fiscalización del Congreso, se da porque la Secretaría de Hacienda “no cuenta con un control adecuado sobre las aportaciones que las dependencias realizan directamente a los fideicomisos y que involucran recursos públicos federales”.

Las Irregularidades en Sagarpa

Según el informe de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2003, la Sagarpa sólo reportó en el sistema de registro 16 figuras jurídicas, cuyos activos ascendieron a mil 334 millones 51 mil pesos. De estos, 10 son mandatos (tres vigentes, uno en condición de baja y 6 extintos) y seis son fideicomisos (cuatro vigentes y dos en condición de baja).

“Al comparar los contratos que reportó el sistema de registro con el listado de fideicomisos a los que la Sagarpa aportó recursos públicos federales en 2003, se encontró que 33 fideicomisos no estaban inscritos, por lo que se infringió lo señalado en el artículo 184 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, vigente en 2003”, advierte la ASF.

Estos fideicomisos que operan al margen de la ley y a nadie rinden cuentas, según señala la Auditoría, corresponden a los denominados fondos de fomento agropecuario que favorecen a cada uno de los 31 estados y al Distrito Federal. Y también se encuentra en la lista el Fondo de Estabilización Cafetalero.

El órgano superior de vigilancia del Congreso aclara que esta investigación aún no concluye, pues “los incumplimientos a la normativa en la inscripción de fideicomisos, obliga a la ASF a realizar auditorías directas a los fideicomisos de los sectores que se seleccionen en las revisiones de las próximas cuentas públicas”.

Hasta ahora, las irregularidades detectadas generaron dos recomendaciones. La primera fue para Hacienda, que deberá evaluar la pertinencia de que la normativa para el ejercicio del gasto público establezca que las dependencias y entidades no otorguen recursos públicos federales a los fideicomisos, mandatos y contratos análogos constituidos, que no estén inscritos en el sistema de registro, con la finalidad de mejorar el control y transparentar el ejercicio del gasto.

Mientras que la segunda estuvo destinada a la Sagarpa, “para que promueva la inscripción con los fideicomitentes o mandantes de los 33 fideicomisos a los que aportó recursos en 2003, con la finalidad de cumplir lo señalado en el artículo 184 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal”.

Pese a las evidencias documentadas, la ASF aclara que “en relación con los recursos que el gobierno federal ha destinado a los fideicomisos que involucran recursos públicos federales sectorizados en la Sagarpa, se abstiene de emitir opinión, ya que la Secretaría de Hacienda no lleva a cabo el seguimiento global de los recursos aportados a los fideicomisos, mandatos y contratos análogos, en incumplimiento del artículo 62, fracción XIII, del Reglamento Interior de la SHCP, vigente en 2003”.

Más Irregularidades en Fideicomisos

Pero el dispendio de recursos en la Secretaría de Agricultura a través de la controvertida figura del fideicomiso no sólo se da en esos 33 contratos, sino que hay otros cuatro que puntualmente reciben dinero público y que no rinden cuentas claras.

Se trata del Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco), del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), del Fidemar y del Fideicomiso de Apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Colegio de Postgraduados.

Al referirse a estos cuatro fideicomisos, la ASF señala que aunque las cifras de los estados de situación financiera que remitieron los cuatro fideicomisos para renovar su clave de registro, reflejaron que los activos fueron superiores a los pasivos, no hay certeza de que la información presentada sea confiable, ya que no están dictaminados por auditores externos.

El informe especifica que “el endeudamiento de los cuatro fideicomisos arrojó un valor medio de 98 centavos de pasivo por cada peso de activo, dos fideicomisos no registraron pasivos, los pasivos de uno son casi iguales a sus activos y el último por cada peso de activo debe 79 centavos. La rentabilidad es nula, ya que los cuatro fideicomisos arrojaron un valor medio de un peso; en tres, los gastos fueron iguales o ligeramente superiores a sus ingresos, y en uno, sus ingresos fueron superiores a sus gastos en 23 centavos”.

Silencio del SAT Sobre Aduanas I

En materia de desvío de recursos públicos por medio de fideicomisos, los casos abundan. Como ya se ha informado en esta columna, durante los ejercicios fiscales de 2001, 2002 y 2003, el fideicomiso Aduanas I ha causado un daño patrimonial por casi 10 mil millones de pesos al erario federal.

Según el amplio análisis de la ASF, el SAT no enteró a la Tesorería de la Federación esta millonaria suma, derivada del cobro del Derecho de Trámite Aduanero, es decir los impuestos que se cobraron a exportadores e importadores por la entrada y salida de mercancías, en infracción de los artículos 83 y 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental.

A través del Instituto Federal de Acceso a la Información, Oficio de papel solicitó al SAT copia de los contratos de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, además de los balances generales y los estados financieros de ambos contratos, pero esa dependencia negó la información bajo los siguientes argumentos:

“Nos permitimos informarle que el Fideicomiso Aduanas I, está constituido con patrimonio de particulares, por lo que se trata de un fideicomiso de carácter privado, motivo por el cual el SAT no es competente para atender este requerimiento. También le hacemos del conocimiento que existe el Fideicomiso Consorcio de Comercio Exterior II, el cual es denominado coloquialmente con el nombre de Fideicomiso Aduanas II, mismo que está constituido con patrimonio de particulares, por lo que se trata de un fideicomiso de carácter privado, motivo por el cual el SAT no es competente para atender este requerimiento.

“Lo anterior con fundamento en los artículos 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el cual señala: Los sujetos obligados deberán hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos. Así como el octavo de los lineamientos en materia de clasificación y desclaficación de información relativa a operaciones fiduciarias y bancarias, así como al cumplimiento de obligaciones fiscales realizadas con recursos públicos federales por las dependencias y entidades de la administración pública federal, el cual a la letra indica:

“En el caso de fideicomisos privados que involucren recursos públicos federales a los que se refiere el artículo 181 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal vigente, la dependencia o entidad que eroga las aportaciones federales, deberá otorgar acceso a la información relativa únicamente por lo que se refiere a la aplicación de los recursos públicos federales, de conformidad con el artículo 12 de la Ley. En el SAT nuestra misión es servirle.”

El problema de esta negativa de información y que tendrá que resolver el IFAI, es que dichos fideicomisos, que se operan desde las oficinas de la Secretaría de Hacienda, es que fueron constituidos precisamente por el actual secretario Francisco Gil Díaz y, al amparo del secreto fiduciario, creyeron que nunca se sabría de su existencia y mucho menos de los montos que maneja, pues también el SAT creó a la empresa Integradora de Servicios Operativos S.A. (ISOSA), la cual es privada y maneja recursos públicos, y también el director de la empresa trabaja físicamente en las oficinas de Hacienda.

La Ofensiva de Hacienda

Otra más de fideicomisos. Ayer nos enteramos que la SHCP abrió un nuevo flanco en contra de la transparencia en el manejo de recursos a través de estas figuras, pues según dieron a conocer los reporteros de La Jornada, Roberto Garduño y Enrique Méndez, la dependencia busca mantener las restricciones que impiden al Instituto Federal Electoral (IFE) y a la ASF, fiscalizar la operación y el destino de los recursos destinados a estas figuras jurídicas.

De consumarse esta pretensión, el gobierno federal permitirá que en el futuro proliferen casos similares al de “Amigos de Fox”, que operó por medio del Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia en México. Del que por cierto se han desprendido varios delitos electorales, entre ellos el rebase en los gastos de campaña por 2.1 millones de pesos durante la candidatura de Santiago Creel, por el gobierno del Distrito Federal, ampliamente comprobado por el Instituto Electoral del Distrito Federal.

Con esta medida, en el ámbito correspondiente a la Auditoría Superior de la Federación, se solaparía aún más el dispendio de los miles de millones de pesos exprimidos del erario y consignados a fideicomisos públicos y privados. Bienvenidos al México real de la corrupción foxista.