Entre las múltiples irregularidades y desvíos de fondos públicos del presupuesto federal, así como las violaciones a la normatividad y leyes vigentes descubiertas por la Auditoría Superior de la Federación al ejercicio fiscal de 2003, llama la atención la pésima administración del Instituto Nacional de Migración (INM), organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación que dejó de cobrar a las empresas que controlan las líneas aéreas nacionales e internacionales por derechos de servicios migratorios y aeroportuarios 145 millones 783.6 mil pesos, lo que ocasionó un grave daño a la Hacienda Pública federal.

En el informe de la ASF, se explica que la Coordinación de Administración del INM no contó con un padrón de las aerolíneas obligadas al pago de los derechos por servicios de no inmigrante y no vigiló que las aerolíneas efectuaran los pagos en tiempo y forma, por tanto la ASF determinó que se dejaron de cubrir 100 millones 109.5 mil pesos por derechos y 45 millones 674.1 mil pesos por actualizaciones y recargos, lo que generó una recomendación a la comisionada Magdalena Carral para que instruya a quien corresponda para aplicar las multas y sanciones, así como fortalecer los controles de registro.

Además, como resultado de la revisión, se determinó un impacto contable porque el INM no clasificó en forma correcta los ingresos por derechos de no inmigrante, ya que se presentaron diferencias por 64 millones 696 mil pesos, con el saldo registrado por el SAT y una diferencia en los certificados enviados a la Secretaría de Gobernación por 936.9 mil pesos, en infracción de lo establecido en el artículo 18-A de las Ley Federal de derechos.

En escueta respuesta, el INM informó a la Auditoría Superior de la Federación que el planteamiento de los trabajos “presentó diversas problemáticas, ya que, como se comentó en diversas ocasiones, el objetivo primordial del Instituto no consiste en recaudar ingresos, sino en facilitar los flujos de personas que favorezcan el desarrollo económico, social y cultural del país, así como coadyuvar de manera efectiva en la salvaguarda de la seguridad y soberanía nacionales, con estricto apego a la ley y pleno respeto a los derechos humanos migrantes, por lo tanto la recaudación de ingresos no podía ser vista como el objetivo primordial, sino como una consecuencia del trabajo sustantivo del Instituto”.

Así, el INM informó a la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Gobernación que enteró a la Tesorería un total de mil 278 millones 522 mil 500 pesos, y se determinó una diferencia de 64 millones 696 mil pesos, por lo que la ASF pidió a la comisionada aclarar esa diferencia.

También se recomendó a Gobernación que antes de autorizar que los ingresos y la distribución de los mismos que reporta el INM, se efectúen conciliaciones mensuales entre las cifras para evitar diferencias.

La Lista de las Líneas Aéreas

Entre las observaciones echas por la ASF, hay una en donde el INM reportó que cinco aerolíneas tienen adeudos anteriores por 250 millones 138 mil 700 pesos: TAESA con un saldo de 3 millones 132.2 mil pesos; Trans World Airlines Inc., por 8 millones 212.6 mil pesos; Líneas Aéreas Allegro, 119 millones 323.5 mil pesos; Lloyd Aéreo Boliviano por 13 millones 752.9 mil pesos, y Aerocalifornia por 105 millones 717.5 mil pesos.

Ante el ello, el INM reportó que al Servicio de Administración Tributaria (SAT) dichos adeudos por 250.1 millones de pesos, de los cuales en dos casos las empresas fueron declaradas en quiebra, una está en proceso de recuperación y otras dos emitieron las liquidaciones a fin de recuperar los créditos.

La ASF recomendó a la comisionada Magdalena Carral que solicite al SAT el número de créditos y la situación de los adeudos enviados por 250.1 millones de pesos.

En otra observación, el INM requirió a 61 líneas aéreas información relativa a las operaciones realizadas durante 2003, de las cuales 42 aerolíneas informaron que transportaron 2 millones 874 mil 906 pasajeros, por lo cual se generó ingresos por 692 millones 560 mil pesos, pero al conciliar las cifras reportadas y pagadas por las líneas aéreas contra los pagos registrados en los formularios del SAT, se determinó que 38 líneas aéreas reportaron operaciones por 426 millones 576.2 mil pesos y presentaron pagos por 326 millones 929.9 mil pesos, por lo que se determinó una diferencia de menos por 99 millones 646.3 mil pesos.

En la revisión practicada por la ASF, se presume un daño patrimonial por esos 99.6 millones de pesos.

Otra observación señala que de las 108 líneas aéreas que debieron cubrir derechos por servicios migratorios, 44 no realizaron pagos y 4 se incluyeron en el estado de cuenta; las 64 restantes cubrieron 384 millones 294.4 mil pesos, debido a que disminuyeron las inconformidades por pagos de contado.

Sobre ello, el INM informó que 43 líneas aéreas sí se incluyeron en el estado de cuenta porque realizaron pagos de contado y la aerolínea restante no tuvo operaciones durante 2003. Sin embargo, la ASF no localizó las referencias de dichos pagos en efectivo, por lo que solicitó a la comisionada del Instituto proporcionar los comprobantes de dichos pagos.

De las 64 líneas aéreas que reportaron operaciones por derechos de servicios migratorios, se determinó que dos omitieron pagos y tres presentaron diferencias en sus pagos por 183.2 mil pesos. Así, la ASF presume un daño a la Hacienda Pública 51.1 mil pesos.

Otra observación fue en 411 declaraciones de derecho de no inmigrante por mil 41.5 millones de pesos no se consignó el número de pasajeros y esto impidió verificar las declaraciones trimestrales presentadas por las aerolíneas.

En otras 319 declaraciones por 127.5 millones de pesos los derechos se pagaron extemporáneamente, por lo que la ASF calculó en poco más de 45 millones por actualización y recargos, de las cuales las aerolíneas más afectadas fueron Administración de Servicios Aeronáuticos con 14.2 millones; US Airways con 11.9 millones; Compañía Internacional con 5 millones, y Servicios y Transportes Aeronáuticos Regionales con 4.6 millones.

La explicación de Los Pinos

Ayer dimos cuenta de la “auditoría especial” que solicitó la Cámara de Diputados a la Auditoría Superior de la Federación para revisar las finanzas y el gasto público que realizó en 2003 la Presidencia de la República, así como las recomendaciones y peticiones que hizo ese mismo organismo de vigilancia y fiscalización al Órgano Interno de Control para investigar supuestas irregularidades descubiertas.

De la auditoría se desprende que la ASF emitió seis recomendaciones e hizo tres solicitudes para que intervenga el Órgano Interno de Control para investigar y en su caso fincar responsabilidades a servidores públicos de la Presidencia de la República por cometer diversas irregularidades en la administración del presupuesto.

En respuesta a los resultados de la auditoría practicada, mediante el oficio DGFP/073/05 del 4 de febrero de 2005 la Presidencia de la República dio respuesta a la ASF:

Sobre la prestación de servicios que no se ajustan a las características y precios ofertados, la Presidencia opinó que de acuerdo con el contrato para la elaboración de trabajos de producción de actos que ordena la Coordinación General de Opinión Pública e Imagen en donde participa el presidente de la República, tanto de protocolo, eventos oficiales, reuniones de trabajo, sesiones fotográficas de gabinete, cenas de Estado y solicitud de artículos promocionales, entre otros, “pueden variar en menor o mayor medida, ya que por tratarse de la agenda presidencial es de carácter confidencial y sólo se conocen y se confirman los eventos y las fechas, y sus necesidades con variabilidad de tiempo de anticipación”.

En relación a la propuesta económica que presentó un proveedor sin firma, la Coordinación de Servicios Generales informó que realizó la evaluación cualitativa a las propuestas económicas de los participantes en la licitación pública internacional LPIO2100001-011-03 y, aunque reconoce el error, sostiene que la empresa cumplía los principios de honradez, eficiencia y eficacia, además de reunir las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, por lo cual su contratación no fue en menoscabo del erario público.

En cuanto a la modificación del porcentaje de abasto simultáneo en bases de un concurso, la Presidencia explicó que se modificaron en 580 mil pesos, previo convenio, para darle continuidad al trabajo de la Coordinación General de Opinión Pública e Imagen durante el mes de enero de 2003.

Respecto a otra falta en la entrega de fianzas de cumplimiento de contratos, la Presidencia explicó que “no se cuenta con la fianza debido a que no se genero contrato. La Subdirección de Adquisiciones elaboró y cuenta con los pedidos correspondientes a la adquisición de dichos bienes. Adicionalmente, en las bases de las licitaciones e invitaciones a cuando menos tres personas, ya se incorporó la posibilidad de celebrar pedidos”, pero, asegura la Presidencia, “no hubo dolo o vicios ocultos”.