La Procuraduría General de la República mantiene congeladas las investigaciones en contra de una red de exservidores públicos del gobierno del Distrito Federal que, coludidos con directivos del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias (SITyF) del ISSSTE, montaron una red de corrupción sólo equiparable a los grandes fraudes a los que nos tienen acostumbrados los banqueros, y que causó un daño patrimonial por el desvío de 131 millones de pesos de las arcas del erario capitalino. Dicho expediente, abierto hace un par de años, se mantiene en reserva por el Ministerio Público Federal y en medio de señalamientos de supuestos actos de soborno para evitar que avance el proceso.

El caso archivado corresponde a una operación fraudulenta realizada cuando el gobierno del Distrito Federal firmó durante tres años (1998, 1999 y 2000) cuatro convenios para adquirir vales del ISSSTE por 5 mil millones de pesos para distribuirlos entre la burocracia capitalina, a fin de que fueran canjeados en farmacias y tiendas de ese instituto; sin embargo, los directivos del SITyF otorgaron descuentos y bonificaciones por 131 millones de pesos a los funcionarios del gobierno capitalino, pero ese dinero nunca ingresó a las cuentas del erario público de la ciudad.

Hasta ahora los exfuncionarios de más alto nivel involucrados y que han sido citados a declarar ante la PGR son el exoficial mayor del gobierno del DF, Porfirio Barbosa, y el exdirector y el exsubdirector del SITyF, Rodolfo Pérez Reyes y José Navarrete Ancona, respectivamente.

De acuerdo con el expediente policial, los 131 millones de pesos fueron a parar a las empresas fantasma John and Frank, en México, de la cual aparece como propietario una persona que trabajaba como maletero del Aeropuerto del Distrito Federal, así como la inmobiliaria Piedra Angular, con residencia en Nicaragua y que pertenece a Esperanza Vázquez, supuesta socia del exsubdirector del SITyF, José Navarrete Ancona.

Las indagaciones habían avanzado hasta que los investigadores de la PGR descubrieron cuentas bancarias en Maryland, Estados Unidos, en donde supuestamente se realizaron los depósitos de parte del dinero defraudado y cuyos fondos habrían servido para adquirir propiedades y otros bienes, igual habría sucedido en la nación nicaragüense.

De los recursos desviados, 80 millones de pesos corresponden presuntamente al pago que se hizo a la empresa John and Frank, y de los restantes 51 millones, una parte se entregó a trabajadores del gobierno del DF, quienes recogían maletas hasta con 2 millones de pesos en cada entrega, y otra parte de recursos fue a parar a la inmobiliaria de Nicaragua.

Desde febrero de 2003 el área jurídica del ISSSTE, en coordinación con la Contraloría Interna, presentó una denuncia de hechos ante la PGR, pero al parecer hay instrucciones de no avanzar en las investigaciones. Las cuatro áreas del gobierno capitalino que estuvieron involucradas en el desfalco millonario son la Oficialía Mayor, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Policía Bancaria y la Secretaría de Seguridad Pública.

Desvían Fondos Capitalinos

En una operación similar a los más grandes fraudes financieros, pues se utilizaron empresas fantasmas, prestanombres y cuentas abiertas en el extranjero, los exservidores públicos firmaron cuatro convenios por parte del gobierno del DF para comprar 5 mil millones de pesos en vales del ISSSTE; sin embargo, los directivos del SITyF simularon el otorgamiento de descuentos y bonificaciones por 131 millones de pesos, en lo que supuestamente estuvieron de acuerdo funcionarios del gobierno capitalino encabezados por el exoficial mayor Porfirio Barbosa entre los años 1998-2000.

Dichos convenios fueron signados durante las administraciones de Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles al frente del gobierno del Distrito Federal, y por parte del ISSSTE la directora general era Socorro Díaz. Una de las líneas de investigación de la PGR apuntaba a empresas que financiaban campañas electorales, por lo que también se investiga si el dinero fue utilizado para fines políticos.

En la Contraloría General del gobierno capitalino, que preside Berta Luján, tienen información de que los oficios presentados por funcionarios del ISSSTE como prueba de la entrega de bonificaciones y descuentos, y que habrían sido firmados por el exoficial mayor Porfirio Barbosa, pueden ser apócrifos, porque los documentos no están foliados, el logotipo de esa dependencia es falso y se trata sólo de copias y no de documentos originales.

Cuando fue entrevistada Rosario Robles sobre este caso de corrupción, la exlíder perredista rechazó que su administración estuviera implicada, y para deslindarse aseguró que la firma de los convenios se realizó cuando el jefe de gobierno era Cuauhtémoc Cárdenas, para quien trabajó Porfirio Barbosa.

La versión de Socorro Díaz

Entrevistada en su oportunidad sobre este desvío de recursos con fondos del ISSSTE, su exdirectora general Socorro Díaz explicó que «en ninguna circunstancia he firmado un convenio comercial, administrativo o de cualquier tipo con Rosario Robles, ni en su carácter de presidenta del PRD ni cuando fungió como secretaria general o jefa del gobierno capitalino. Las tiendas del ISSSTE integran un organismo desconcentrado de la administración central que tiene autonomía de gestión, administrativa, presupuestal y organizativa.

«De acuerdo con las carpetas de trabajo que conservo, el Consejo Directivo de la cadena de tiendas y farmacias, formado por representantes de Secodam, SHCP, Secofi, FSTSE e ISSSTE autorizó la emisión de ISSSTE-vales con el fin de aumentar sus ventas y obtener el fortalecimiento de sus finanzas.

«Durante los años de 1998 y 1999 vendieron vales a 52 organismos y entidades del sector público, entre los cuales estuvo el DDF. Para los efectos tanto de las operaciones de compraventa como de los descuentos y bonificaciones, el Consejo Directivo instruyó a la Contraloría Interna de ese organismo desconcentrado verificar su realización para darles la mayor transparencia.

«En la última sesión del Consejo Directivo en la que se trató el tema de las ventas de ISSSTE-vales efectuadas al gobierno del Distrito Federal (2 de diciembre de 1999), el director de las tiendas informó a los consejeros que fueron debidamente cumplidos los lineamientos establecidos».

Según información de la Secretaría de la Contraloría, el SITyF otorgaba bonificaciones indebidas que iban desde 0.5 al 3 por ciento de esos 5 mil millones, lo que significó un desvío de fondos públicos por 131 millones de pesos y violaciones al artículo 41 de la Ley de la Banca y a la Ley de Adquisiciones.

En los informes de la Auditoria Superior de la Federación está la revisión que hizo al SITyF, en donde se confirma las irregularidades en los convenios signados con cuatro entidades públicas: el gobierno capitalino, el Metro (convenio firmado el 7 de diciembre de 1998), la Policía Bancaria (contrato firmado 30 de diciembre de 1999) y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (convenio firmado el 18 de abril de 2000).

En las investigaciones de la Secretaría de la Contraloría se determinó que ningún consejo o comité directivo del ISSSTE aprobó la firma de dichos contratos por los 5 mil millones de pesos con el gobierno del Distrito Federal, y también que dichas bonificaciones por 131 millones de pesos nunca ingresaron a las cuentas de esos órganos de gobierno, lo que representó claramente un desvío de fondos públicos y la comisión del delito de peculado.

Sólo en el caso del ISSSTE, según el expediente, había 18 exfuncionarios como presuntos responsables del desvío de fondos públicos y de violar la normatividad interna; entre ellos están el exdirector del SITyF, Rodolfo Pérez Reyes; el exsubdirector José Navarrete Ancona; el exjefe de Servicios de Tesorería, José Bernardo Gil; el exjefe de Servicios, Raúl Moreno Mungía; el exjefe del Departamento de Bancos y Valores, Efrén Enrique Monroy; el exsubdirector de Finanzas, Carlos Eduardo Ruiz, y la exjefa del Departamento de la Red de Vales, María Adriana Romero.

Por lo que respecta al gobierno capitalino se identificó a 25 exservidores públicos involucrados, entre quienes destacan el exoficial mayor Porfirio Barbosa; Brenda Estrada, excoordinadora administrativa de la jefatura de gobierno; José Antonio Tomasena, exsubdirector general del Metro; Miguel Ángel Montero, exasesor técnico del Metro; Sergio Alfonso Suárez, excoordinador especial de la Policía Auxiliar del DF; Raúl Gómez Herrera, excoordinador especial de la Policía Auxiliar; Juan Antonio Lira, excoordinador de la Policía Auxiliar, y Fidel Correa Montejo, exdirector administrativo de la Policía Auxiliar.

Lo anterior es sólo uno de los muchos casos que seguramente quedarán pendientes para la justicia del próximo sexenio.