Para procurar justicia la PGR debe predicar con el ejemplo y esto viene a cuento porque hay un caso en donde por lo menos esa institución ha sido omisa en investigar una denuncia penal en contra de tres servidores públicos de segundo nivel: el oficial mayor, el delegado en el Distrito Federal y un agente del Ministerio Público, quienes han sido acusados de diversos delitos, pero tal vez el más grave sea el de encubrimiento para evitar que avance otra investigación en contra de funcionarios de la Secretaría de Hacienda.

Los delitos señalados son usurpación de funciones, falsedad en declaraciones y ejercicio indebido del servicio público, de los cuales son acusados el oficial mayor de la Procuraduría General de la República, Germán Gallegos; el delegado de la PGR en el Distrito Federal, Rolando Villaseñor, y el agente del ministerio público federal Luis Cano Guerrero, cuya averiguación previa 192/DGDCSPI/04 debe investigar la propia PGR.

La acusación se hizo el 14 de julio de 2004, cuando la exdirectora de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Egresos, Lilia Cortés García, presentó la denuncia ante la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR, en donde acusó a los tres funcionarios por dilatar, entorpecer y retrazar el cause legal de una averiguación previa iniciada en contra de Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, directora general de Programación y Presupuesto ‘A’ en la Secretaría de Hacienda.

Sin embargo, esta historia de supuesta corrupción se remonta a diciembre de 2002, cuando Lilia Cortés presentó una denuncia ante la PGR (Averiguación Previa 3745/DDF/2002) y ante la Secretaría de la Función Pública en contra de una funcionaria de Hacienda, Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, por ejercicio indebido del servicio público, usurpación de funciones, desvío de recursos federales y daños presupuestal.

Lo anterior motivó que el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda determinara que Barra y Gómez Ortigoza carecía de atribuciones legales y normativas para desempeñar sus funciones como directora general de Programación y Presupuesto, consistentes en operar el presupuesto de la nación, por lo cual ha violado el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda.

Sin embargo, a pesar de que se han comprobado las violaciones a reglamentos y normas legales, en la Secretaría de la Función Pública se resisten a sancionar a la funcionaria de Hacienda, pues su jefe inmediato es el secretario Francisco Gil Díaz, de quien recibía órdenes directas, y en consecuencia es el principal responsable de las irregularidades cometidas en el manejo de los fondos presupuestales.

Para dilatar más las cosas y encontrar una salida legal que les permita encubrir este caso de corrupción, en el Órgano Interno de Control afirman que las auditorías aún no han concluido para poder determinar el daño presupuestal ocasionado por Barra y Gómez Ortigoza, quien hasta la fecha ha sido la responsable del manejo irregular de 4 billones de pesos destinados a secretarías de Estado, órganos administrativos desconcentrados, instituciones de salud y educación, paraestatales, fideicomisos y hasta a la misma Presidencia de la República.

Y para seguir con la farsa de las investigaciones, en la PGR tampoco hay avances sobre la denuncia que presentó Lilia Cortés desde el 2002, la cual ha sido renumerada en cinco ocasiones para dilatar el proceso. Después de permanecer casi dos años empantanada, el delegado Rolando López Villaseñor argumentó “incompetencia” en el caso y envió el expediente a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y en Contra de la Administración de la Justicia (UEIDSPAJ), en donde fue renumerada con el folio 42/UEIDCSPAJ/04.

En una ampliación a la averiguación previa 42/UEIDCSPAJ/04, Lilia Cortés acusó al delegado de la PGR en el Distrito Federal, Rolando López Villaseñor, y al oficial mayor Germán Gallegos Gutiérrez de tráfico de influencias, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público por “interferir de manera dolosa el avance de la indagatoria”.

Entre las pruebas que hay en contra de los funcionarios de la PGR por encubrir y entorpecer las indagatorias, en las fojas 379 y 380 de la averiguación previa aparece una nota signada por el agente del Ministerio Público, Miguel Angel Castañón Camacho, quien afirma que el 25 de junio de 2003 informó al delegado de la PGR en el DF que había girado citatorios a seis de los inculpados: Cecilia Barra, su asesor José Conpi; su secretario particular, Rolando Méndez Chayeb; su coordinador administrativo, José Ricardez Pérez; la directora general de Recursos Humanos de la SCHP, Rosaura Velarde Rodríguez, y el actual coordinador administrativo de la Dirección General de Programación y Presupuesto “A”, David Aguirre, pero que recibió una llamada, por el micro 3638, de parte de Roberto Peña Mendoza, asesor del oficial mayor de la PGR, quien le ordenó a nombre de éste entregar datos confidenciales de la averiguación previa y los motivos por los cuales se citó a declarar a los inculpados.

En respuesta, el agente Castañón Camacho le explicó que no podía entregarle tal información porque no tenía la autorización del delegado de la PGR. La respuesta a lo anterior fue reasignar la averiguación previa a otro Ministerio Público.

Niega todo oficial mayor de PGR

Este caso de corrupción oficial ha sido investigado puntualmente por la reportera Ana Lilia Pérez, quien para confrontar las acusaciones entrevistó en sus oficinas de la PGR al oficial mayor Germán Gallegos, quien sostuvo que la vinculación que tiene con la funcionaria de Hacienda es estrictamente profesional, por lo que se deslindó de intervenir en las indagatorias que la Procuraduría sigue en contra de Cecilia Barra.

Este es el diálogo entre el oficial mayor de la PGR y la reportera: “Yo me acabo de enterar de este tema, yo no tenía conocimiento y no logro entender, está fuera de contexto, hablan de una denuncia, de una persona, me repite su nombre por favor?

-Lilia Cortés

-No tengo el gusto de conocerla, nunca en mi vida la he visto, no sé ni quién sea. De entrada le quiero comentar que yo no conozco a esa señora, no sé quien sea. Al parecer está presentando una denuncia contra la licenciada Cecilia Barra. Me acabo de enterar de este tema, no tenía conocimiento.

“A la licenciada Cecilia Barra la conozco, por supuesto que la conozco, tenemos una excelente relación de carácter profesional, yo conocí a la licenciada Cecilia Barra cuando ingresé al servicio público.

-Lilia Cortés presentó una denuncia contra usted y contra el delegado de la PGR en el Distrito Federal…

-¡Yo estoy denunciado en una denuncia penal! lo desconocía. Primero desconozco esa situación y en segunda el hecho de que yo pudiera intervenir en una averiguación previa se me hace absurdo, ojalá esa señora tenga los elementos para probarlo, ojalá los tenga porque estamos en esta institución trabajando y merecemos respeto. Así como la sociedad hoy exige a los servidores públicos un respeto y rendición de cuentas, así también los servidores públicos merecemos respeto.

-¿Demandará usted a Lilia Cortés por difamación?

-Mire, yo quisiera ser muy prudente con este tipo de situaciones, me reservo mi derecho, sé que lo tengo, así como la señora tiene el derecho de haber manifestado lo que ella considera que está en su derecho de hacer, tendrá que sustentarlo. Me reservo mi derecho, le voy a decir una cosa, yo soy una gente que me gusta llevar las cosas tranquilamente, moderadamente, yo creo que vamos a esperar a ver qué procede, que determine la averiguación previa, y en su momento, me reservo mi derecho a saber qué vamos a hacer.

Pero la complicidad de la PGR con funcionarios de la SHCP no es casual, declaró Lilia Cortés a la reportera, y sostiene que hay evidencias de la gran amistad entre Cecilia Barra y el oficial Mayor de la PGR, como copias de las tarjetas de felicitación que con motivo de las fiestas de fin de año enviara Germán Gallegos a Cecilia Barra en noviembre de 2003, tarjetas que coronaban los regalos que se repartieron en la fiesta privada de la directora de Presupuesto “A”, apadrinada por el mismo oficial mayor.

Interviene el Senado de la República

Pero la dilación y el encubrimiento en que han caído la PGR y la SFP en la resolución de este caso de corrupción en Hacienda ya fueron motivo de un punto de acuerdo que aprobó el Senado de la República el pasado 15 de febrero, cuando hicieron un exhorto al procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, para “que atienda y resuelva conforme a derecho y con las consecuencias legales a que haya lugar, las averiguaciones previas que obran en su poder, pidiendo se tutelen en todo momento de los derechos humanos, laborales y civiles de Lilia Cortés”.

Se pide al secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, que rinda “conforme a derecho, un informe de las diversas denuncias que ha presentado ante esa instancia fiscalizadora y ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las acciones legales que ha iniciado para resarcir los derechos humanos, laborales y civiles de Lilia Cortés”.

También se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que investigue de manera formal la violación a los derechos humanos, laborales y civiles sufridos por Lilia Cortés a raíz de las denuncias de corrupción que hizo en Hacienda. Todas las dependencias citadas tienen de plazo abril próximo para presentar los requerimientos de ese órgano colegiado, pues de lo contrario podría haber sanciones contra sus titulares.