La invasión de tierras es un acto ilegal que en la mayoría de los casos lo realizan personas que sólo buscan beneficiarse económicamente mediante la extorsión; es decir, se trata de invasores profesionales, y pocas veces se trata de personas con necesidades de vivienda, pues aunque éste es un grave problema en todo el país, son pocos los están dispuestos a enfrentar conflictos legales. Así, hay una historia de un invasor profesional, Rodolfo Bastida Mari, supuesto líder de una unión de transportistas de la construcción afiliada a la CROC, que ha reunido una inmensa fortuna mediante el chantaje, el abuso, el fraude y la extorsión a propietarios de terrenos residenciales.

En la Procuraduría General de la República se tiene abierto un expediente por delincuencia organizada en contra de Bastida, a quien acusan de promover la invasión de tierras ubicadas en zonas residenciales y comerciales en el estado de México, para después extorsionar a sus legítimos propietarios ante la supuesta colusión con autoridades locales.

De acuerdo con la investigación que integra la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), cuyo titular es José Luis Santiago Vasconcelos, el problema es tan delicado que el mismo procurador general de Justicia del Estado de México, Alfonso Navarrete Prida, tuvo que enviar una nota informativa a la Presidencia de la República para explicar algunos de los conflictos por la tenencia de la tierra: «en el último trimestre del año 2002, se registraron en Huixquilucan diversas invasiones de terrenos, fundamentalmente en la zona de Interlomas, lo que derivó en denuncias de carácter penal ante la Procuraduría, tanto por los invasores encabezados por Rodolfo Bastida, quien alega ser el propietario de esos terrenos y tiene escrituras que datan de la década de 1920, como de los invadidos, las familias Rivera Torres, Funtanet y Flores Márquez, entre otras, las cuales señalan ser las poseedoras legítimas de esas propiedades desde hace varias décadas.

«A petición de uno de los invasores (Rivera Torres) la Procuraduría procedió al aseguramiento ministerial de los terrenos en disputa, con el objeto de que no ocurrieran actos violentos en la zona e inició las averiguaciones previas correspondientes por los delitos de despojo, falsificación de documentos, fraude y otros.

«Durante el desarrollo de la averiguación previa existieron diversas manifestaciones de los involucrados que señalaban delito por sus contrapartes, intentos de extorsión del invasor, hasta irregularidades de los servidores públicos municipales y estatales involucrados en el conocimiento de los asuntos. Hubo en este trámite manifestaciones de diversos actores que hablaban a favor de una u otra parte (políticos, periodistas y empresarios).

«Por su parte, la Procuraduría inició una averiguación previa en contra del ministerio público Daniel Lampón, quien se decía había actuado parcialmente, y aunque no se comprobó jurídicamente esta circunstancia, se le relevó del conocimiento de estos asuntos.

«En cuanto al fondo del asunto, después de integrar las averiguaciones previas respectivas, la Procuraduría levantó la medida de aseguramiento; conforme a lo dispuesto por el Código Penal y de Procedimientos Penales del Estado, devolvió los terrenos a quienes se presentaron y demostraron contar con los títulos de propiedad que amparaban su dicho, y después que se resolvieron los amparos federales interpuestos por los involucrados en el caso, se notificó a los interesados; se ejerció acción penal en contra de Rodolfo Bastida por el delito de ultraje en contra de servidores públicos de la Procuraduría y actualmente se encuentra sujeto a proceso penal; se ejerció acción penal en contra de la familia Flores Márquez, así como de servidores públicos municipales al haberse corroborado que hubo falsificación de documentos (peritajes) y se constituyó con ello fraudes sobre terrenos que no le pertenecían.

«Debe destacarse que el peritaje que determina los límites de propiedad de los títulos de Bastida fue elaborado por la Procuraduría General de la República y es parte del sustento de la acusación de falsificación de documentos por parte de la familia Flores Márquez, la cual se encuentra junto con los servidores públicos municipales del área de Desarrollo Urbano en calidad de prófugos. Se han seguido desarrollando intentos de invasión de terrenos en esa zona y a petición de la Secretaría de Gobernación hemos restituido a favor de los Legionarios de Cristo terrenos invadidos por Bastida y su grupo.

«A lo largo de la integración de la averiguación previa en contra de la familia Flores Márquez, se interpusieron juicios de amparo federales contra actos de la Procuraduría estatal, pero la justicia federal los negó. Por ello, resulta jurídicamente imposible que la Procuraduría del Estado de México pueda desistirse sin elemento de prueba alguno del ejercicio de la acción penal y de la orden de aprehensión girada por un juez en contra de la familia Flores Márquez; por el contrario, si ellos quisieran resolver su situación legal, deberían acudir ante el juez que giró la orden de aprehensión para presentar lo que a su derecho convenga».

El caso de la familia Flores

Hace meses se ventiló en un juzgado penal de Tlalnepantla un caso de invasión de terrenos ubicados en zonas residenciales y comerciales de Huixquilucan, con un valor de alrededor de 120 millones de dólares. Según los dueños de esas propiedades, Rodolfo Bastida Mari fue el autor intelectual y material de la invasión que, coludido con autoridades locales y ministeriales, ha causado gran preocupación en la zona y frena el desarrollo inmobiliario.

Esta familia de apellido Flores tuvo en riesgo su patrimonio y hasta su seguridad, pues a pesar de ser los desarrolladores de los fraccionamientos Green House, ahora Villa Magna, tuvieron que ocultarse porque se habían librado órdenes de aprehensión en su contra mediante procesos amañados. De esta denuncia de injusticia fue informada también la Presidencia de la República, y según el amplio expediente de este litigio, para lograr su tranquilidad tuvieron que pagar la extorsión al supuesto dirigente sindical Bastida Mari, quien tenía acusada por despojo a la familia Flores, cuando en realidad ellos eran los dueños de 400 terrenos.

Más denuncias contra Bastida

Bastida Mari se ha convertido, según los quejosos, en una amenaza para quienes legalmente desean invertir y generar fuentes de empleo, principalmente en la construcción de oficinas, centros comerciales y unidades habitacionales en zonas muy cotizadas como Huixquilucan y Cuajimalpa, poblaciones pertenecientes al estado de México y al DF, por lo que han tenido que intervenir autoridades de ambas entidades.

Otras denuncias contra ese líder por diversos delitos las hicieron 20 propietarios de predios y desarrollos inmobiliarios que fueron afectados por las invasiones ordenadas Bastida Mari, a quien acusan de estar coludido con autoridades ministeriales y judiciales para manipular los juicios, a fin de lograr que las resoluciones salgan a su favor y presione así a los afectadas para que paguen cantidades de dinero que van desde los 500 mil hasta el millón de dólares.

Entre las invasiones más notorias fue la que hizo Bastida en contra de terrenos de la Universidad Anáhuac del Norte. La forma de operar de este líder de la CROC, quien se dice protegido del senador Manuel Bartlett, es invadir con sus agremiados predios en donde haya obras ya avanzadas y mediante documentos falsos o que datan de inicios del siglo pasado, se presenta como dueño de los terrenos o representante de la ya fallecida Beatriz González de Muciño.

Sin embargo, Bastida nunca logra acreditarse con escrituras públicas, como lo exige la ley y en cambio utiliza supuestos contratos privados de compraventa para acreditar sus derechos. A pesar de ello, el Ministerio Público y los tribunales le dan validez a dichos contratos frente a escrituras públicas legales que presentan sus legítimos propietarios. El negocio de Bastida y socios consiste en una disfrazada extorsión cuando exige diversas cantidades de dinero, siempre en dólares, a cambio de devolver los predios, con la promesa a sus dueños de que no volverán a ser molestados y que, incluso, serán protegidos respecto de otros invasores.

Puntos suspensivos…

Por vacaciones, esta columna volverá a publicarse el próximo lunes.