La historia de un desalojo por mandato judicial dio motivo a una serie de acusaciones, demandas, amenazas y persecuciones policiales, así como sospechas fundadas de que atrás de esa maniobra legal hay intereses de funcionarios del primer nivel del gobierno foxista para obtener recursos económicos mediante la extorsión, el chantaje y el fraude.

El conflicto se inició en septiembre de 2001 y tuvo su clímax el 3 de marzo de 2004, hace aproximadamente un año, cuando la empresa Servicios Aéreos del Centro (SACSA) fue desalojada con la fuerza pública (500 elementos de la Policía Federal Preventiva y otros 500 policías del estado de México) de los 75 mil metros cuadrados de instalaciones que fueron construidas en el aeropuerto de Toluca, con una inversión de 75 millones de dólares, para prestar servicios aéreos como venta, renta y reparación de aviones y helicópteros.

SACSA es un grupo encabezado por Alfredo Miguel Afif, un empresario que acumuló su enorme fortuna en los gobiernos de la corrupción priista y ahora es prófugo de la justicia por acusaciones penales de evasión fiscal por 7 millones de pesos, y enfrenta otra investigación por un fraude de 140 millones de dólares que habría cometido con una de sus empresas, Productos Ecológicos (Proesa), en perjuicio del patrimonio de Petróleos Mexicanos.

Para este empresario su desgracia se inició con la llegada del gobierno foxista, cuando rentó al grupo Operadora de Aviación General de Toluca S.A. de C.V. (OAG) una gran extensión de terreno, 75 mil metros cuadrados, en el Aeropuerto de Toluca para instalar hangares, talleres y otros servicios.

El convenio de arrendamiento fue firmado entre SACSA y OAG, y se trataba una operación de renta por 20 años previo pago por adelantado, en donde el Grupo Miguel invirtió 75 millones de dólares para construir allí instalaciones de servicios aéreos, que lo mismo firmaban contratos con secretarías de Estado, paraestatales o empresas privadas, en fin, era un buen negocio.

Pero los problemas llegaron muy pronto. Todas las empresas que tenían rentados espacios y hangares en el Aeropuerto de Toluca estaban obligadas a pagar cuotas de mantenimiento, cuyo servicio según el dicho de éstas nunca cumplía OAG, por lo que se organizaron con otros arrendadores del Aeropuerto de Toluca y suspendieron dicho pago, lo que motivó a los administradores de la OAG a demandar ante un juez la rescisión del contrato a SACSA, a pesar de haber recibido por adelantado la renta correspondiente a 20 años.

Para seguir el proceso de demanda contra SACSA, la OAG contrató los servicios legales de dos panistas infalibles: el senador Diego Fernández de Cevallos y el ex procurador Antonio Lozano Gracia, lo que le aseguraba un triunfo fácil en tribunales a cambio de cuantiosos pagos como honorarios.

Pero cuando en SACSA se enteraron de que la pareja de “abogados del diablo” defendería los intereses de OAG, con temor acudieron de inmediato a pagar sus cuotas de mantenimiento por un millón 970 mil pesos, cifra menor si se considera que la inversión en SACSA había sido de 75 millones de dólares, pues lo menos que deseaba Alfredo Miguel Afif era enfrentarse a los dos prominentes panistas que tienen fama de utilizar su fuerza e influencia política para litigar bajo presión en contra de jueces, magistrados y funcionarios federales.

Sin embargo ya era tarde, pues como si se tratara de un plan preconcebido para quedarse con las modernas instalaciones que el Grupo Miguel había construido en el aeropuerto con una inversión de 75 millones de dólares, los administradores de OAG demandaron ante un juez la rescisión del contrato por falta de pago de las cuotas y el 3 de marzo de 2004 el juez primero de arrendamiento en el Distrito Federal ordenó el desalojo, mismo que ejecutaron elementos de la Policía Federal Preventiva y de la Policía del Estado de México y así el Grupo Miguel perdía el control de las costosas instalaciones que habían edificado.

Sospechosas coincidencias

Pero en este litigio que lleva ya casi cuatro años hay muchas interrogantes y dudas sobre la actuación de las autoridades federales y su interés por mantener fuera del país, prófugo de la justicia, al empresario Alfredo Miguel, para apoderarse de sus propiedades y disminuir su defensa legal por lo menos en lo que resta del sexenio foxista.

Primero, que desde las oficinas de la Secretaría de Hacienda desataron una intensa persecución fiscal en contra de todas las empresas del Grupo Miguel, en donde encontraron algunas evasiones fiscales y aunque Miguel Afif había negociado el pago de los créditos fiscales para suspender las acusaciones penales, los funcionarios de Hacienda no cumplieron el acuerdo y después de que el empresario liquidó la deuda fiscal se intensificó la persecución en su contra, bajo el argumento de que el pago fiscal que había hecho era la prueba de la evasión.

Lo anterior ocasionó que Alfredo Miguel Afif, presidente del grupo, tuviera que huir del país para evitar su captura y, al mismo tiempo, se alejaba de la defensa directa de sus empresas y negocios, principalmente de las instalaciones de SACSA.

Otro frente abierto en contra del Grupo Miguel fue por su empresa Productos Ecológicos (Proesa), la cual está acusada penalmente del delito de fraude y colusión con quien fuera director general de Pemex Refinación, Jaime Mario Willars, al maquinar cobros indebidos de indemnizaciones por obras que nunca se construyeron por 140 millones de dólares, en perjuicio del patrimonio de Pemex. Este caso, cuyo expediente está abierto en la PGR, ha motivado que se libraran órdenes de aprehensión en contra del ex funcionario petrolero Mario Wiilars y el empresario Miguel Afif, a quienes busca la Interpol en todo el mundo desde hace varios meses.

Aunado a lo anterior, hace casi un año ocurrió el desalojo de SACSA de sus modernas instalaciones aéreas del Aeropuerto de Toluca y, extrañamente, éstas fueron rentadas por la OAG a la Policía Federal Preventiva en 12 millones de dólares, partida presupuestal extraordinaria que sin informar al Congreso ordenó directamente el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, para asignarlas a la Secretaría de Seguridad Pública, entidad que dirige Ramón Martín Huerta y que fue la responsable de firmar el contrato con OAG para que la PFP ocupara dichas instalaciones.

Por parte de la empresa privada OAG, las operaciones legales y financieras para desalojar a SACSA de sus instalaciones y después rentarlas en 12 millones de dólares a la PFP las hizo un pariente de Francisco Gil Díaz, el abogado Alfonso Díaz Percher, lo que causa sospechas de corrupción porque por un lado el secretario de Hacienda ordena partidas presupuestales extraordinarias a la SSP para pagar instalaciones que su familiar rentaba.

Otra sospecha es que las instalaciones aeroportuarias de Toluca eran estatales y de repente pasaron a manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero quien las administra es la empresa privada Operadora de Aviación General de Toluca.

En la Secretaría de Seguridad Pública informaron que se vieron obligados a rentar dichas instalaciones aeroportuarias de Toluca porque la PFP perdió su hangar principal en el aeropuerto de la ciudad de México y Francisco Gil Díaz se negó a entregar recursos para adquirir otras instalaciones, por lo que en Hacienda ofrecieron se rentara las instalaciones que construyó SACSA y que administra OAG, en un claro conflictos de interés por tratarse de un pariente cercano a Gil Díaz.

Coello Trejo al rescate

A pesar de que el presidente de SACSA anda a salto de mata para evitar su captura, contrató los servicios profesionales del despacho de Javier Coello Trejo, aquel funcionario policiaco de negro pasado y que por su dureza se le conocía como el fiscal de hierro, quien ahora es el apoderado general de SACSA y en una maniobra legal para evitar que fueran desalojados subarrendó las instalaciones aeroportuarias de Toluca al Grupo Integral de Personal (GIPSA), pero esto no funcionó y el juez ordenó el desalojo.

Pero este negocio de OAG no es el único en que está metido el familiar de Gil Díaz, también tiene que ver con el presidente de Tribasa, Alfredo Peñaloza, ese empresario que también tuvo problemas penales por evasión fiscal pero que recibió un trato privilegiado por Hacienda para impedir que fuera a la cárcel y ahora anda feliz realizando negocios con Alfonso Díaz Percher. Pero de este tema, por su amplitud, hablaremos después.

El caso Adal Ramones

Ante el juez quinto del Distrito Federal en materia penal la PGR consignó el expediente del conductor de televisión Adal Ramones, por defraudación fiscal con un perjuicio al fisco federal por 30 millones de pesos; sin embargo, el juez determinó no obsequiar la orden de aprehensión debido a que el grupo de abogados de Ramones negoció con la Secretaría de Hacienda el pago de la deuda histórica con actualizaciones y recargos por 70 millones de pesos, dinero que fue liquidada por el indiciado y así el juez desechó la orden de aprehensión.

Sin embargo, a la esposa del conductor de televisión, Gabriela Roxana Valencia, sí le giraron la orden de aprehensión por el mismo delito de evasión fiscal por 23 millones de pesos, y en breve se podría librar otra orden de aprehensión en contra de todo el consejo de administración de la empresa que encabezado Adal Ramones y su esposa Gabriela, por otro delito similar.