A pesar de la lentitud con la que se mueve la Cámara de Diputados, el proceso de investigación por parte de este órgano legislativo avanza en contra de las irregularidades cometidas con el manejo de fondos públicos correspondientes al cobro por el Derecho de Trámite Aduanero. Como esta columna ha dado cuenta puntualmente, se trata de la constitución de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, así como la creación de las empresas privadas ISOSA, COSISA e IASA, que fueron utilizados por la Secretaría de Hacienda para el uso de recursos públicos sin tener que rendir cuentas a nadie y sin la molesta supervisión de los órganos de control y fiscalización del Congreso y de la Secretaría de la Función Pública.
De acuerdo con el predictamen de la revisión de la Cuenta Pública de 2001, elaborado por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, con base en el informe de la Auditoría Superior de la Federación y que en los próximos días será discutido por los diputados, se establece que “en relación con la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2001, se determinó que se violaron diversos artículos, considerando que una de las entidades auditadas no enteró a la Tesorería de la Federación los ingresos provenientes del cobro de los derechos por trámite aduanero, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 11, primer párrafo, y 12”.
Dicho documento establece también que “en lo concerniente a la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, se determinó su infracción en dos entidades públicas; el caso más relevante se refiere a una entidad que no enteró parte de la recaudación por Derecho de Trámite Aduanero, en contravención de lo que estipula el artículo 30, párrafo primero de la referida Ley, y 26 de su Reglamento.
“Por lo descrito anteriormente, esta dictaminadora considera que si bien la administración pública federal atendió de manera general los preceptos jurídicos y normativos relacionados con la materia, de la revisión de la Cuenta Pública se desprende un numero significativo de incumplimientos que han constituido observaciones a su contenido, siendo procedente que la Auditoría Superior de la Federación, en el marco de sus atribuciones, dé puntualmente seguimiento a su solventación y finque las responsabilidades conducentes”.
Es decir, la Cámara de Diputados ordena a la Auditoría Superior de la Federación realizar las investigaciones correspondientes por diversas irregularidades descubiertas con el manejo de recursos procedentes del cobro fiscal por derechos aduaneros que se cobran a exportadores e importadores, así como el no enterar parte de la recaudación por el cobro del Derecho de Trámite Aduanero.
Pretenden Borrar las Huellas de Corrupción
En el seguimiento informativo de cómo el gobierno de Vicente Fox ha modificado su estrategia de operación en el manejo de recursos públicos para evitar que un nuevo gobierno en 2006 pueda investigar y fincar responsabilidades penales por el presunto delito de peculado, es decir desviación de fondos del erario federal, dimos cuenta el año pasado de que un tema que preocupa al secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, es cómo explicar la operación irregular de los fideicomisos privados Aduanas I y Aduanas II, sobre todo porque el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, está muy cerca de las huellas de corrupción dejadas por la constitución y operación de dichos fideicomisos que han sido utilizados para recaudar impuestos por el Derecho de Trámite Aduanal (DTA) y que, sin rendir cuentas a nadie sobre el manejo y gasto de dichos recursos, aún acumulan 8 mil millones de pesos.
Hasta hace poco tiempo el Fideicomiso Aduanas I se nutría de fondos recaudados por el cobro que se hacía por el DTA, pero como el Tratado de Libre Comercio prohíbe esos cobros aduanales por la importación y exportación de mercancías, la Secretaría de Hacienda planeó el cobro por el Derecho de Procesamiento Electrónico, desde donde continúan las transferencias de recursos públicos hacia ese fideicomiso privado, sin que la Secretaría de la Función Pública ni la Auditoría Superior de la Federación puedan hacer algo para detener estas operaciones financieras irregulares.
Esta acumulación de recursos públicos que se manejan como cuentas privadas se inició hace 14 años, cuando Gil Díaz se desempeñaba como subsecretario de Hacienda en el sexenio salinista y planeó y constituyó el fideicomiso Aduanas I para recabar fondos y poder gastarlos sin autorización y vigilancia del Congreso.
Ahora lo que pretende el gobierno de Vicente Fox es cerrar dichos fideicomisos aduaneros convirtiéndolos en públicos y evitar que se investigue su pasado bajo el argumento de que anteriormente eran privados y que la Auditoría Superior de la Federación no tiene facultad para revisarlos.
Así, el secretario Gil Díaz pretende que una vez convertidos en públicos los dos fideicomisos aduaneros, la Auditoría Superior de la Federación se desista de sus investigaciones sobre el enorme desvío de fondos públicos y la corrupción latente sobre el gasto de casi 20 mil millones de pesos cometido impunemente durante más 14 años.
Audaz y astuto, Gil Díaz ha dispuesto desparecer dichos fideicomisos privados antes de que concluya el gobierno de Vicente Fox, de tal manera que los menos de dos años que restan al “gobierno del cambio” se dedicarán a limpiar y transparentar cualquier irregularidad en que se hubiera incurrido con la operación de los fideicomisos de Aduanas, en donde es corresponsable en su constitución el actual secretario de Gobernación y aspirante panista a la candidatura presidencial, Santiago Creel Miranda.
Así, de llegar un nuevo gobierno a la Presidencia de la República en el 2006, de filiación distinta al PAN, ya no tendría nada que investigar porque la Secretaría de la Función Pública habría hecho el trabajo sucio de limpiar los expedientes de todas las irregularidades cometidas con el dinero público; además de que estos fideicomisos son privados y eso impediría investigar su pasado, de tal forma que sólo estarían disponibles los archivos correspondientes a los dos últimos años, cuando ya sean fideicomisos públicos y se haya transparentado su operación.
La ASF Tiene en la Mira a Gil Díaz
En 2004 el auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, compareció ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados para escuchar las conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis al informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2002, y allí se refirió al caso de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, así como a la empresa privada Integradora de Servicios Operativos Sociedad Anónima (ISOSA), que hasta la fecha sigue bajo el control del secretario Francisco Gil Díaz, quien utiliza el secreto bancario y fiduciario para impedir una revisión exhaustiva a los miles de millones de pesos que se han gastado sin control alguno en la supuesta modernización de las aduanas en todo el país.
Como pocas veces el auditor se refiere públicamente a la enorme corrupción descubierta en la Secretaría de Hacienda, ahora recordamos cómo González de Aragón tuvo que justificar la investigación que realiza sobre el caso de los fideicomisos aduaneros: “la Auditoría Superior de la federación tiene como principal patrimonio la neutralidad, no trabaja con menú a la carta ni por consignas para favorece o aceptar intereses particulares o de grupo; no emite cheques en blanco a favor de nadie; toda la conciencia y la convicción es de que tiene un compromiso que trasciende a los intereses particulares y que se inscribe en el interés de México y la verdad”.
Al referirse a ISOSA comentó que “con la Ley Aduanera, que es un señalamiento puntual y preciso por parte de la Auditoría Superior, ya que fincaron pliegos de observaciones por 4 mil 500 millones de pesos en el caso de la Cuenta Pública 2001 y por 2 mil 2 millones de pesos en el caso de la Cuenta Pública 2002”, es decir, que Hacienda tiene que explicar el origen, operación y destino de casi 8 mil millones de pesos de fondos públicos triangulados a la empresa privada ISOSA y que han terminado en los fideicomisos privados Aduanas I y Aduanas II.
González de Aragón también habló del nuevo fideicomiso Fidemica (Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras), creado por instrucciones del secretario de Hacienda para encubrir las irregularidades descubiertas en los fideicomisos privados de Aduanas, y señaló que “debo informarles que recientemente fui informado de que el fideicomiso que se aducía que era privado ya se convirtió en público. Ya recibimos copia de este instrumento, lo cual acredita una vez más que estamos por el camino correcto, porque por lo menos estamos acotando algo que era irregular, de manera que en la constitución con base en recursos públicos, ya limitamos el efecto, ahora habrá que ver la respuesta y el proceso de los pliegos de observaciones que ya fincamos y notificamos y ver cuàles son las respuestas para actuar en consecuencia en uso de nuestras facultades y atribuciones”.
