La semana pasada informamos que el presidente del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, Gilberto Calvillo Vives, se había reunido con el diputado Miguel Luna Hernández, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, para informarle que “por falta de presupuesto” el INEGI había tomado la decisión de suspender los trabajos para elaborar el Octavo Censo Nacional Agropecuario, lo que significaba para la administración foxista terminar de un plumazo con la información estadística del sector agropecuario, cuya antigüedad se extendía por más de 14 años.

Este desinterés del gobierno de Vicente Fox por conocer la cruda realidad que se vive en el campo mexicano, es la forma como el presidente de la República se desentiende de los grandes problemas nacionales y así evita el malestar que le causa la información, con datos más o menos reales, de la extrema pobreza que hay en el país, de tal manera que la estrategia del gobierno del cambio es desaparecer cualquier investigación oficial que confirme lo que ya sabemos todos los mexicanos.

Sin embargo, ante las críticas de la prensa por la equivocada decisión del INEGI al ordenar la cancelación de dicho Censo, la Comisión Intersecretarial del sector, que preside otro burócrata que cobra como secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, decidió dar marcha atrás para evitar un nuevo escándalo y revocar la disposición de Calvillo Vives, así como utilizar los 800 millones de pesos que el Congreso había dispuesto para que el INEGI continuara con la elaboración de la investigación.

El problema, dicen algunos empleados del Instituto que pidieron el anonimato para evitar ser sancionados, es que hay mal manejo de los fondos presupuestales asignados al INEGI y un enorme dispendio de recursos y gastos sin justificar para la elaboración del Censo, por lo que solicitaron que algún órgano de control de la Secretaría de la Función Pública o de la Auditoría Superior de la Federación investigue el posible desvíos de fondos públicos y tal vez ahí encuentren el motivo por el cual el presupuesto asignado al Censo Nacional Agropecuario nunca es suficiente para concluirlo.

En la reunión de la Comisión Intersecretarial también se acordó que en el próximo ejercicio se destinaría una partida extraordinaria para que ya no haya pretexto al concluir el Censo que tanta falta hace para la toma de decisiones adecuadas.

Oficialmente en el INEGI informaron que mañana martes el presidente del instituto se reunirá con funcionarios de la Secretaría de Agricultura y con un grupo de legisladores para afinar los detalles y echar a andar nuevamente la elaboración del Octavo Censo, lo que nos obliga a estar pendientes para conocer los resultados, pues cuando el gobierno federal quiere ocultar algo sin duda es porque las cifras arrojadas en la investigación son más que dramáticas.

Otro problema que señalábamos la semana pasada es que ante los continuos recortes presupuestales, a finales del año pasado la Cámara de Diputados sólo autorizó 819 millones de pesos para realizar el Octavo Censo Nacional Agropecuario, que equivalen al 50 por ciento del presupuesto solicitado por el INEGI, por lo que para resarcir esa carencia, los legisladores de la Cámara baja propusieron al principal centro de estadística del país realizar el Censo con personal de servicio social y así disminuir nómina, sin importar las deficiencias que ello pudiera ocasionar en la veracidad de la información y bajo la consideración de explotar a los estudiantes recién egresados que desesperados buscan un espacio en dónde laborar, aún sin percibir ingresos.

Otro argumento para tratar de cancelar dicho instrumento estadístico fue que la Junta de Gobierno del INEGI, que preside el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, decidió unilateralmente que el censo para el campo “no era prioritario”, pero de esto ya sabemos que a este gobierno de ultraderecha lo que menos le importa es la pobreza extrema que, según datos del Colegio México, ya alcanza a 75 millones de mexicanos, nada más.

Maquillaje de cifras en INEGI

Y para continuar con las cuentas negras del INEGI, baste revisar una investigación de la reportera Nancy Flores, publicada en la revista Contralínea, en donde reveló cómo el gobierno de Vicente Fox echó mano del “maquillaje de cifras” para ocultar la ineficacia de sus políticas gubernamentales y justificar los presupuestos, sin importar la credibilidad del INEGI y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

Un ejemplo de ese “maquillaje de cifras” fue que ambos organismos modificaron las estadísticas sobre el número de usuarios de Internet en México para el periodo 2000-2003, según información que se desprende de los mismos datos que dio a conocer el presidente Vicente Fox durante su Tercer Informe de Gobierno, sobre el significativo aumento de personas con acceso a Internet, que tan sólo en el “gobierno del cambio” pasó de 4 a 10 millones.

Sin señalar fuente alguna, el apartado de Redes de Informática del Tercer Informe de Gobierno indica que “el número de usuarios beneficiados a finales del 2002 rebasaron los 10 millones, 35.4 por ciento más que en 2001. Para el cierre de 2003 se estima que 12.3 millones de usuarios utilicen este servicio”.

Días después de que el presidente Fox diera a conocer dichas cifras, la Cofetel las avaló al adecuar las estadísticas; sin embargo, hasta antes del 11 de septiembre esa institución había reportado poco más de 4 millones de personas con acceso a la red, mientras que el INEGI cambió sus números hasta enero siguiente. Las dos entidades argumentaron que el “redondeo” se debe a un cambio en la metodología empleada en las encuestas para contabilizar el número de usuarios de Internet en México.

Sobre ese tema, el experto Javier Lozano, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, A.C., explicó que “esta modificación tan significativa de las cifras beneficia a un gobierno que está carente de éxitos reales, y que tiene que echar mano de esté tipo de maquillaje para mostrar una gestión exitosa”.

Cambios Caprichosos en INEGI

Hasta los primeros días de enero de 2004, el portal electrónico del INEGI mostraba en la tabla estadística Usuarios de Internet en México, 1995-2002, que en este último año había 4 millones 664 mil personas con acceso a la red; para este periodo la dependencia citaba como fuente a la Cofetel; sin embargo, el 7 de enero en la página electrónica de esta institución apareció una nueva tabla llamada Usuarios de Internet en México, 2000-2002, que advertía cambios en los números y en las fuentes.

Así, para el 2002 se registró un aumento de más de ciento por ciento, pues se reportaron 10 millones 765 mil personas con acceso a Internet. La nueva cifra, señala el instituto, está basada en la Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de Tecnología de Información en los Hogares 2002; de la cual únicamente se conocen “las principales características metodológicas”.

Según el INEGI, ésta se aplicó en diciembre de 2002 de manera simultánea con la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor a 5 mil 56 viviendas distribuidas en todo el país; su población objeto fueron los residentes habituales del hogar mayores de seis años.

Sobre la credibilidad de los cambios, Javier Lozano dice: “vamos a suponer que hicieron su encuesta para el 2002; pero para que no se viera tan mal corrigieron el 2001 y el 2000. Entonces, sin haber hecho el ejercicio en estos dos años ajustaron los números para que no hubiera brincos tan grandes; hicieron una regla de tres, un cálculo de cómo estarían estos años con la nueva metodología y pese a que son sólo supuestos ahora lo afirman”.

Las dos tablas del INEGI referentes a los usuarios de Internet confirman que estas modificaciones no se limitaron al año 2002. Con esta nueva metodología, el 2000 pasó de 2 millones 712 mil a 5 millones 50 mil, y el 2001 de 3 millones 636 mil a 7 millones 47 mil.

El abuso de los “testigos protegidos”

El número más reciente de la revista Contralínea trae en portada una investigación sobre los “testigos protegidos” que utiliza el gobierno mexicano para resolver sus investigaciones en contra de la delincuencia organizada y el abuso que esto ha generado al interior de la Procuraduría General de la República, al dar total credibilidad a las declaraciones de delincuentes y mafiosos que, en busca de beneficios personales como evitar pisar la cárcel y recibir pensiones mensuales, son capaces de acusar hasta a su madre de cualquier delito.

De este tema que por su extensión trataremos mañana, baste sólo comentar que el 80 por ciento de las investigaciones relacionadas con el crimen organizado se sustentan en declaraciones de 83 delincuentes y mafiosos protegidos por la Procuraduría General de la República, quienes anualmente le cuestan al país cerca de 30 millones de pesos, lo que significa que la PGR gasta en cada “testigo protegido” cerca de 30 mil pesos mensuales.

Otro dato preocupante es que mientras en Estados Unidos esta figura empieza a ser desechada en el combate contra la delincuencia y el narcotráfico, para exigir a las autoridades encargadas de la procuración de justicia que hagan más investigación y dejen de confiar tanto en las versiones interesadas de mafiosos, en México la PGR ha elevado considerablemente el número de “testigos protegidos”, pues de acuerdo con los últimos datos e informaciones arrancadas a la Procuraduría mediante el sistema de petición por la Ley de Acceso a la Información, mientras que en 2003 había sólo 39 “testigos protegidos”, para febrero de 2004 la cifra se elevó a 83, lo que significa que los delincuentes “protegidos” por la PGR aumentaron en un 112 por ciento y aún falta conocer las cifras de 2005, pero de esto hablaremos mañana.