Son tantas las historias de corrupción que ha vivido este país (más las que se acumulen con el gobierno del cambio), que una más parecería irrelevante o simplemente habría que guardarla en el archivo. Sin embargo, esta historia olvidada aún arrastra acusaciones penales, averiguaciones previas abiertas, órdenes de aprehensión sin cumplir y varios exfuncionarios y empresarios prófugos de la justicia, por ello vale la pena recordarla.

Se trata del expediente que involucra a las empresas Productos Ecológicos (Proesa) y Petróleos Mexicanos (Pemex) en la maquinación de supuestos fraudes por 140 millones de dólares, lo que motivó a un juez federal a girar el año pasado órdenes de aprehensión por los delitos de fraude, estafa y peculado en contra Jaime Mario Willars Andrade, ex director general de Pemex-Refinación, y al empresario Alfredo Miguel, ambos clasificados como prófugos en la ficha roja de Interpol para ser buscados por todo el mundo.

Mediante engaños y simulaciones, según señala el expediente abierto, la familia Miguel fue indemnizada por Pemex con 140 millones de dólares por una planta de productos petrolíferos (MTB) que nunca se construyó. Para el gobierno federal es tan delicado y relevante este proceso penal que se convirtió en un asunto de seguridad nacional, en donde en los últimos cuatro años han intervenido organismos e instituciones como Inteligencia Militar, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO y ahora SIEDO), la Secretaría de la Contraloría, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Fiscal de la Federación.

De acuerdo con la averiguación previa hay suficientes evidencias sobre la responsabilidad de Jaime Mario Willars Andrade, quien en el sexenio pasado ascendió como la espuma por su amistad con el entonces presidente Ernesto Zedillo, de quien fue compañero de escuela, razón por la cual durante su mandato presidencial lo protegió y lo promovió en distintos cargos en Pemex, en donde realizó negocios sucios que ahora lo llevan a enfrentar distintos procesos penales.

Fuentes cercanas al exdirector petrolero prófugo aseguran que Willars fue sólo una víctima al verse obligado a transferir esos 140 millones de dólares de las arcas petroleras de la nación por instrucciones del viejo político y excontralor Arsenio Farell, quien cuentan lo amenazó para que le pagará a Proesa o de lo contrario se abrirían investigaciones en su contra por peculado.

A principios del gobierno panista de Vicente Fox, el exdirector general de Pemex-Refinación fue acusado por el contralor Francisco Barrio Terrazas de defraudar 140 millones de dólares a esa empresa petrolera, y según la denuncia estarían involucrados otros empresarios como Javier Miguel y Andrés Conesa, quienes a pesar de haber incumplido un contrato para la construcción de una planta de Metil Terbutil Eter, producto que se utiliza para mejorar la calidad de las gasolinas mediante el aumento del octanaje, acusaron a Pemex ante una corte internacional de París y antes de que concluyera el juicio esa paraestatal decidió, unilateralmente, indemnizar a la empresa Proesa.

Otra causa penal abierta en contra del empresario Alfredo Miguel es por evasión fiscal, delito por el cual le giraron orden de aprehensión. En las auditorías practicadas por las autoridades hacendarias a las empresas del Grupo Miguel, descubrieron diversas irregularidades en el pago de impuestos y aunque Alfredo Miguel había negociado con Hacienda pagar el crédito fiscal y evitar acciones penales en su contra, después de que liquidó el adeudo fue traicionado por el secretario Francisco Gil Díaz y obligado a huir para aprovecharse de sus empresas.

Otra vez Willars

Otro proyecto en donde hubo grandes pérdidas para Pemex fue el denominado Cadereyta 2000, orientado a generar la mayor tasa de rentabilidad financiera minimizando los costos de producción de hidrocarburos en el noroeste del país, sobre todo las gasolinas, debido a que el sistema de refinación nacional se mantenía a la baja, por lo que se habían puesto las esperanzas en que con ese proyecto el país ahorraría el equivalente a 578.5 millones de dólares anuales, debido a que se reduciría la importación diaria de gasolinas en 61.5 mil barriles. La inversión de Cadereyta 2000 era de 2 mil 424 millones de dólares, de los cuales mil 618 millones 352 mil correspondían a recursos obtenidos con el sistema de Pidiregas (proyectos de inversión con recuperación al gasto) y 805 millones 648 mil dólares eran financiamiento puro.

El responsable de las millonarias pérdidas para Pemex fue también el ex director general de Refinación, Jaime Mario Willars, quien estuvo sujeto a investigación por la Secretaría de la Contraloría y por la PGR.

El proyecto tenía como propósito convertir residuales a destilados (gasolina y diesel) y con ello satisfacer la demanda de consumo de la región, así como el cumplimiento de normas ambientales. En aquellos años la obra se asignó al Consorcio Comproca, integrado por las empresas coreana Sunkyoung Engineering (75%), la alemana Siemens (10%) y la mexicana Tribasa (5%), mediante el contrato PR-SP-035-97 (precio alzado-llave en mano), que incluía en el primer bloque 10 plantas nuevas, en el segundo 10 ampliaciones y modernizaciones, en el tercer bloque cinco proyectos de integración y servicios auxiliares y en el cuarto un oleoducto de 24 diámetros de Nuevo Teapa Madero y otros.

La fecha de inicio de aquella magna obra fue el 26 de noviembre de 1997, hace casi 10 años, y aunque la terminación de la obra era para julio del 2000, se alargó por varios años sin resultado alguno y, lo más grave, sin operar de acuerdo con lo contratado, lo que causó pérdidas enormes a Pemex-Refinación que ha tenido que arrastrar la actual administración.

El problema, dijeron los expertos petroleros y de finanzas, es que resultaba evidente la deficiente planeación y el inadecuado control desde las bases de la licitación y las fases iniciales del proyecto, así como la ejecución de los trabajos. De ahí se desprende que hubo desvíos de fondos públicos en perjuicio, una vez más, de la paraestatal.

También hubo riesgos derivados de la asignación total de los trabajos a un solo contratista responsable, mientras que la contratación del auditor técnico se efectuó cuando el avance del proyecto era de 73.2 por ciento y los servicios del administrador se asignaron también cuando ya se tenía un avance de 83 por ciento, por lo que mediante un convenio se tuvo que hacer ajustes al programa.

Por todos esos daños causados a la paraestatal, que incluyen caídas de 62.8 por ciento en la evaluación económica y 44.6 por ciento en la financiera, se decidió responsabilizar a Jaime Mario Willars, pero su padrino político Ernesto Zedillo nunca enfrentó señalamiento alguno.

Confirman el fraude a Pemex

Una investigación de la revista Razones de Ser de Coahuila, que firma el reportero Conrado García Jamín, da cuenta de una declaración que hizo Marco A. Díaz Tobías, quien desde junio de 1992 hasta octubre del 2003 se desempeñó en diversos cargos en la Secretaría de la Contraloría (desde auditor hasta contralor), hoy conocida como Secretaría de la Función Pública, y narra cómo se enfrentó a hechos de corrupción y omisión por parte de funcionarios públicos, en donde confirma la corrupción entre Proesa y Pemex.

“En todos los casos fui testigo de importantes casos de corrupción, como fue el caso de la venta de una planta fantasma de MTBE (Eterbutilio Terciario de Metilo: es un producto que aumenta el octanaje en las gasolinas y es empleado para adulterar combustible) a Pemex por la empresa Proesa, propiedad de Miguel Afif y su familia.

“Me consta que se detectó precisamente porque se pretendía vender como chatarra una planta recién modernizada en Pajaritos para producir el mismo MTBE, argumentando que no había materia prima. El comprador era la sociedad Oximex y ofrecía adquirirla como chatarra en 9 millones de pesos y operarla en sitio.

“Esta empresa Oximex era la misma Proesa y con la ingeniería de la planta adquirida como chatarra, la propia Proesa reclamó a Pemex aproximadamente 400 millones de dólares en la corte internacional de arbitraje, quedando la cifra en 137 millones de dólares por recomendación de Juan Antonio Cedillo Ríos, asesor de la Dirección de la paraestatal y contratado como consultor; permitiéndose a cambio que Proesa se quedara con todos los bienes que integraban su reclamación, como es un terreno de 12 mil hectáreas en Tuzandépetl, Veracruz; una planta en ruinas de Somex que estaba en ese terreno y toda la ingeniería que pretendió cobrarle a Pemex”.

El exfuncionario Díaz Tobías explica que desde mediados del 2000 y hasta 2004 iniciaron las acciones penales contra un pequeño grupo de funcionarios petroleros, pero cuestiona que otros empresarios como Andrés Conesa, cuñado de Francisco Labastida Ochoa y socio de Alfredo Miguel Afif en Proesa y Oximex, la empresa pantalla para comprar como chatarra la planta, no les ocurrió nada.

Tampoco se tomaron medidas en contra de Antonio Sacristán Roy, quien siendo parte del Consejo de Administración de Proesa, decidió como encargado de la privatización de la Petroquímica, dar de baja la planta de MTBE de Pajaritos, cuando no formaba parte de los alcances de la desincorporación de las filiales de esa rama.

Dice Díaz Tobías que otra pifia de la Contraloría es que actualmente Andrés Conesa Labastida, hijo de Andrés Conesa y sobrino de Francisco Labastida, se desempeñaba a finales del año pasado como director de crédito en la SHCP, lo cual demuestra que “los mayores y más cínicos actos de corrupción fueron detectados y reportados en lo que va de este sexenio y la Secretaría de la Función Pública (SFP) sólo ha servido como una herramienta de encubrimiento e intimidación y represión a quienes han detectado y reportado las irregularidades”.