En los últimos meses la legalidad y el Estado de Derecho han sido conceptos centrales en discursos del presidente Vicente Fox y de Santiago Creel. La misma Secretaría de Gobernación ha desplegado, con abuso de los tiempos de Estado, una extensa campaña en radio y televisión sobre el respeto que debemos guardar los mexicanos para cumplir la ley. Sin embargo, la intención de dicha campaña mediática es justificar las acciones legaloides para promover el desafuero del jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador y buscar posteriormente su consignación penal que lo inhabilite para contender por la Presidencia de la República. De esto ya no hay duda.
Pero en los próximos días el secretario de Gobernación se topará con sus propios argumentos legales cuando enfrente el fallo del Tribunal Electoral del Distrito Federal, el cual analiza si Santiago Creel rebasó los topes de campaña cuando contendió por la jefatura de gobierno en el 2000. La fracción octava del artículo 356 del Código Penal para el Distrito Federal señala que al candidato electoral que exceda el monto de los topes de gastos de campaña establecidos, de acuerdo con los criterios legalmente autorizados, con anterioridad a la elección, se le impondrá de uno a seis años de prisión y de 250 a 400 días de multa; es decir, se le sancionará penalmente por haber transgredido lo que ordena la ley. Muy pronto sabremos si el secretario de Gobernación que nos habla del Estado de Derecho y del respeto a las leyes es congruente con lo que dice y acepta sin protestar lo que parece inminente, su responsabilidad en la violación de las leyes electorales que lo inhabilitarían para ser el candidato del PAN a la Presidencia de la República.
Como es sabido, a finales de agosto del año pasado el Instituto Electoral capitalino (IEDF), después de haber realizado una exhaustiva investigación, acreditó que el Partido Acción Nacional y su candidato Santiago Creel rebasaron el tope de gastos de campaña fijado para la elección de jefe de gobierno del Distrito Federal en el año 2000, por un monto de 2.1 millones de pesos.
Por ello, el año anterior se inició el procedimiento para sancionar a ese partido, y aunque las propuestas de sanción que se pusieron a consideración del Consejo General del IEDF en diciembre pasado fueron rechazadas debido a que los consejeros electorales recularon por razones poco explicables, o mejor dicho sin dejar en claro el porqué de su cambio de parecer, lo cierto es que hay elementos suficientes para afirmar que Creel violentó, al igual que Fox en su campaña presidencial, la legalidad, pues hoy el dictamen en el que se acredita que el secretario de Gobernación rebasó los gastos y aunque éste ha sido impugnado por los panistas en diversas instancias, en todos los casos sus alegatos han sido desechados por las autoridades.
En otra situación se encuentra la impugnación presentada por el Partido de la Revolución Democrática ante el Tribunal Electoral local, por el rechazo a la sanción que hicieron la mayoría de los consejeros electorales por haber comprobado el rebase de gastos en la campaña de Creel y no haber dictado sanción alguna.
Entonces con los elementos que tiene en su poder, el Tribunal Electoral tiene la oportunidad de enmendar las deficiencias que tuvo el IEDF en el caso Creel, lo que ha suscitado la preocupación en el equipo de campaña del secretario de Gobernación, que son los mismos funcionarios y legisladores que cobran con cargo al erario federal, y que se ha traducido en una indiscreta movilización para tratar de influir también en la decisión de ese órgano jurisdiccional, ya que constantemente diputados panistas como Ernesto Herrera Tovar han pedido audiencia con los magistrados, además de las llamadas por parte del ex dirigente capitalino del blanquiazul, José Luis Luege Tamargo, presumiendo de algún modo la ascendencia que según ellos tiene sobre la mayoría de los magistrados, como lo tuvieron con algunos consejeros electorales locales.
Así todo parece indicar que la preferencia de Fox por Creel es un acuerdo que se dio desde que ambos aceptaron en sus campañas del 2000 recurrir a financiamientos irregulares. Los dos políticos panistas recibieron y no reportaron recursos del Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia que encabezaban Lino Korrodi y Carlos Rojas Magnon; sin embargo, en el caso Creel hay un pequeño detalle, y es que a diferencia de la esfera federal, en la ciudad de México el rebase de tope sí se encuentra tipificado como un delito grave que corresponde resolver a la Procuraduría capitalina, a cargo de Bernardo Bátiz, situación que de prosperar metería al secretario de Gobernación y virtual candidato presidencial panista en un brete jurídico similar al que afronta el jefe de gobierno, pues se encontraría dentro de un proceso judicial como sujeto beneficiario de un delito electoral, en donde la pena es la cárcel y, por supuesto, su inhabilitación para contender por la Presidencia de la República. Ahora veremos si los panistas Fox y Creel aceptan sin protestar el fallo del Tribunal Electoral y respetan el Estado de Derecho.
Pero las cartas foxistas de la sucesión presidencial aún no han sido todas jugadas y ante el nuevo empuje político mediático de la esposa, compañera, asesora y consejera presidencial Marta Sahagún, hace suponer que la Presidencia de la República tiene en la primera dama del país la real candidata para suceder a su esposo en el trono, sobre todo porque lo más seguro es que el secretario Creel, que ha sido utilizado desde Los Pinos para frenar la aspiración legítima del panista Felipe Calderón, sea inhabilitado por el Tribunal Electoral, lo que le dejaría la puerta abierta a Marta Sahagún, quien se vería “obligada” a aceptar la candidatura panista porque las encuestas así se lo exigirían. Ahora sólo falta saber si los verdaderos panistas tienen un juego abierto de cartas y reclaman legalidad y respeto en el juego o simplemente son parte del poder como lo hizo el PRI durante 70 años y acompañan al mejor postor.
Magistrados a modo
Hace unos días el Senado de la República designó a 13 de los 15 magistrados electorales que calificarán las elecciones para senadores y diputados federales en 2006. Llama la atención que la designación se hizo cuatro meses después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuso las ternas respectivas para cada uno de los cargos.
No obstante, de manera súbita, el Senado, con excepción de la fracción parlamentaria del PRD, optó por designar a quienes tenían poca o nula experiencia en Derecho Electoral, pero sí destacan por sus vínculos con el PRI, el PAN o con alguno de los ministros de la Corte. Tal es el caso de Ángel Zarazúa Martínez y Carlos Axel Morales Paulín, quienes hasta antes de su designación se desempeñaban como secretarios privados de los ministros Beatriz Luna Ramos y Guillermo Ortiz Mayagoitia, respectivamente, cuyos méritos y experiencia en el campo electoral son un misterio, por decir lo menos.
En contraste, se dejan fuera a reconocidos y destacados juristas con experiencia y capacidad probada en la resolución de controversias electorales, lo cual para el PRI y el PAN resulta un problema la independencia de criterio con que se manejan esos abogados. Pero las razones que el Senado tuvo para descartarlos quedarán ocultas en el velo de sus facultades discrecionales, aunque es entendible porque el PRO domina el Senado y lo anterior sólo pone en claro una cosa: la politización de los cuerpos electorales está en puerta y su mira son las elecciones de 2006.
Investiga la PGR a Yarington
Cuando se habla de bandas del narcotráfico y sus principales centros de operación de inmediato el estado recurrente es Tamaulipas, en donde los grandes cárteles se disputan la plaza por ser ésta una de las más cercanas al mercado estadounidense y contar con innumerables cruces fronterizos públicos y secretos para transportar la droga a ese enorme mercado consumidor.
Es sabido también que aunque el narcotráfico y su combate es responsabilidad exclusiva de las autoridades federales, es lógico entender que si alguien sabe cómo se mueve esa delincuencia en los estados son los gobernadores, quienes tienen a su disposición los cuerpos policiales y de seguridad locales que diariamente vigilan las calles e identifican a los habitantes, por eso resulta incongruente que los mandatarios estatales y los presidentes municipales digan que desconocen cómo se mueve la droga en sus estados y municipios y se nieguen a cooperar con la federación.
Un caso que ejemplifica lo anterior es Tamaulipas, en donde Tomás Yarington Ruvalcaba gobernó esa entidad en el momento de mayor auge de la droga e inclusive información oficial y versiones periodísticas lo han hecho sujeto de investigaciones judiciales por supuestos vínculos con cárteles de la droga, lo cual hasta ahora no le ha sido probado, pero lo que sí es un hecho es que nadie mejor que él sabe cómo opera la delincuencia organizada en esa entidad.
En busca de información oficial para conocer la situación legal de este ex gobernador priísta que ahora simula aspiraciones presidenciales, más como una protección que con un verdadero interés político, encontramos que en la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo reportan que en la Delegación de la PGR en Tamaulipas hay una averiguación previa en donde Tomás Yarington Ruvalcaba está involucrado, lo que falta por saber es si la acusación es por delitos contra la salud, “lavado” de dinero y delincuencia organizada.
