El 15 de febrero la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República dictaminó un punto de acuerdo presentado por la senadora priísta Yolanda González Hernández, en el sentido de que “el Senado exhorta al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (doctor José Luis Soberanes) para que a la brevedad inicie una investigación formal de violación de los derechos humanos, laborales, civiles y de género de Lilia Cortés García e informe a esta soberanía del resultado de la misma”.

Cortés García se había desempeñado por más de 20 años en el servicio público federal, en donde el último cargo que desempeñó fue de directora jurídica de la Subsecretaría de Egresos, hasta que descubrió diversos hechos de corrupción e irregularidades administrativas en el manejo del presupuesto público federal, y al presentar la denuncia ante los órganos de control y vigilancia de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, fue despedida y su integridad física quedó amenazada por atreverse a confrontar a funcionarios corruptos del gobierno foxista.

El punto de acuerdo aprobado por mayoría absoluta con 104 votos de senadores perredistas, panistas y priistas exhorta también “al procurador general de la República (general Rafael Macedo de la Concha) para que atienda y resuelva conforme a derecho, con las consecuencias legales a que haya lugar, las averiguaciones previas que sobre este caso obran en su poder, pidiendo en todo momento se tutelen los derechos humanos, laborales y civiles de Lilia Cortés García.

En medio de amenazas telefónicas, persecuciones y agresiones físicas, la vida de Lilia Cortés dio un giro cuando se negó a violar la Constitución y la normatividad de la Secretaría de Hacienda para manipular el presupuesto según los designios del secretario Francisco Gil Díaz, y se convirtió en testigo clave de presuntos actos de corrupción.

El Senado también aprobó “solicitar al secretario de la Función Pública (Eduardo Romero Ramos) rinda un informe detallado conforme a derecho de las diversas denuncias que ha presentado ante esa instancia fiscalizadora y ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda, y de las acciones legales que ha iniciado para resarcir los derechos humanos, laborales, civiles y de género de Lilia Cortés García”.

El plazo que el Senado les otorgó a las autoridades correspondientes para responder a cada uno de los puntos señalados es de 30 días, es decir el 15 de marzo, y en caso de no cumplir con lo solicitado, ese órgano legislativo se reserva sus facultades para adoptar otras instancias legales que permitan solucionar el caso.

Interviene la CNDH

La exigencia del Senado es que restituyan toda la situación laboral que ha padecido Lilia Cortés, pues bajo el expediente 1418/03 radicado en la Primera Sala del Tribunal de Conciliación y Arbitraje se plantea la reinstalación y el pago de salarios caídos durante 31 meses por despido injustificado, así como las prestaciones generadas durante ese plazo.

Lilia Cortés recuerda que el problema se inició cuando se negó a justificar cambios presupuestales de partidas, como por ejemplo del Ramo 33, y afirma que desde agosto de 2002 informó con diversos escritos al secretario Francisco Gil Díaz de las irregularidades que se cometían con el manejo del erario federal, pero ante la indiferencia del secretario de Hacienda se vio obligado a denunciar los hechos en la Secretaría de la Función Pública, “pero a la fecha esta dependencia tampoco ha dado alguna respuesta, por lo que no se si el secretario Eduardo Romero tenga conocimiento del asunto”.

De las agresiones sufridas por Lilia Cortés como respuesta a su denuncia contra la corrupción, explica que “el acoso se derivó precisamente por mi negativa a participar y justificar todos los movimientos ilegales que me estaban solicitando. La última vez que me golpearon, son cuatro las agresiones físicas que he recibido, fue hace seis meses, cuando salía de un cine en Plaza Satélite. Me despedí de mi acompañante y abordé un taxi y 20 minutos después, al llegar a mi casa, tres sujetos me abordaron, me golpearon y me dijeron que dejara en paz a la Secretaría de Hacienda”.

Este caso de agresiones a una funcionaria pública que se atreve a denunciar hechos de corrupción en el gobierno de Vicente Fox es analizado por diversas instancias federales, como la Procuraduría General de la República, en donde Lilia Cortés presentó dos denuncias, una por acciones violatorias a la Ley de los Servidores Públicos cometidas presuntamente por Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, directora general de Programación y Presupuesto “A” de la Subsecretaría de Egresos, así como por otro cinco funcionarios menores de esa misma dependencia: Rosaura Velarde Rodríguez, directora general de Recursos Humanos; Rolando Méndez Cheyeb, secretario particular de la doctora Barra; José Ricárdez Pérez, coordinador administrativo; David Aguirre, de Administración, y José Corpi, asesor jurídico de la Dirección General de Programación y Presupuesto. Esta averiguación previa está en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

La segunda denuncia está en la Dirección de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR, en donde se acusa al oficial mayor de la PGR, Germán Gutiérrez Gallegos; al delegado de la PGR en el DF, Rolando Villaseñor, y al ministerio público federal Luis Cano Guerrero por encubrimiento, obstrucción de la justicia y complicidad en la comisión de delitos federales coaligados con Cecilia Barra y Gómez Ortigoza.

La petición de investigación en contra de los funcionarios de la PGR obedece a la presunta complicidad entre el oficial mayor y Cecilia Barra porque ésta suministra recursos públicos adicionales a la PGR a cambio de protección judicial para evitar que las averiguaciones previas avancen en el ministerio público federal.

En la Secretaría de la Función Pública hay 40 denuncias en contra de Cecilia Barra y Gómez Ortigoza por diversos delitos, sin embargo después de 31 meses esa dependencia responsable de vigilar el buen desempeño de los funcionarios públicos no ha podido concluir las investigaciones sobre el daño patrimonial, a pesar de que hay documentos internos en donde se reconoce las irregularidades cometidas.

El caso en Función Pública está en manos de los comisarios, de la Comisión Intersecretarial Anticorrupción, de la Contraloría Interna, de la Oficina del Secretario y de ocho áreas más de esa Secretaría.

Un solo ejemplo del manejo irregular del presupuesto por parte de Hacienda es la denuncia que hizo hace unos días la Cámara de Diputados sobre el desvío de fondos públicos por mil 740 millones de pesos en el gasto social de la Enciclopedia por parte de la SEP, en donde la Dirección General de Programación y Presupuesto “A”, a cargo de Cecilia Barra y Gómez Ortigoza fue la responsable de autorizar dicho gasto.

Sobre este problema generado desde las oficinas centradas de la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Educación Pública se afirma que la responsable de ese supuesto desvío público es Cecilia Barra, pues fue ella la responsable de modificar el presupuesto público y autorizar las transferencias de dichos fondos.

Las fugas de agua de Bortolini

Postulados por PAN, PRI y PRD para conquistar los sufragios de los ciudadanos que habitan las 16 delegaciones políticas, los titulares de dichas demarcaciones visitaron unidades habitacionales, conjuntos de casas y departamentos que se rigen bajo la Ley de Condominios. Allí fueron criticados por los residentes de que sólo buscaban votos, pero cuando hay problemas de servicios urbanos los delegados cierran sus puertas y se niegan a resolverlos.

Uno de esos casos de negligencia es Miguel Bortolini Castillo, apoltronado en la Delegación Coyoacán, quien encerrado en su búnker para evitar que lo moleste la población con problemas administrativos, ha provocado la ira de habitantes de Coyoacán que padecen las fugas de agua sin que el director general de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos se entere.

Un grave caso de fuga de agua por ruptura de tubería lo padecen desde hace tres semanas en la Unidad Alianza Popular de la Delegación Coyoacán, en Avenida Miramontes, Las Bombas, Cafetales y Tepetlapa. Esa fuga reportada al teléfono 55-54-60-75 motivó que una cuadrilla de trabajadores se presentara para arreglarlo, pero en su intento provocaron una fuga mayor del vital líquido, al grado que los vecinos que diariamente se van al drenaje unos 100 mil litros.

Reportada la fuga con ya más de cuatro peticiones llamados “folios”, el último con el número 1373 y atendidos por un servidor público de apellido De la Rosa, la única respuesta que han recibido es que la cuadrilla de reparación “va a ir”. Con el propósito de evitar que se siga desperdiciando el agua, los vecinos del lugar aportaron recursos económicos para que la “cuadrilla de trabajadores” realizara los trabajos de reparación, pero hasta la fecha el problema no se resuelve sin que nadie del gobierno capital haga algo para solucionar este grave problema.