Al gobierno federal le hacen más daño las palabras que los hechos. Dos ejemplos ocurridos la semana pasada así lo prueban: el primero tiene que ver con el acertado discurso del doctor José Luis Soberanes, quien en un acto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y frente al presidente Vicente Fox, hizo una legítima crítica a los actores políticos por la polarización de sus posiciones y la falta de diálogo y negociación para resolver los problemas que agobian al país, mientras que la población sufre las consecuencias de ese radicalismo vergonzante. La respuesta a la crítica de Soberanes fue el enojo de Fox, quien con soberbia pretendió ignorar lo que decía, cuando el ombudsman no hizo más que advertir la estupidez de los políticos.

El segundo caso fue el escándalo que inició la Secretaría de Gobernación al responder al informe que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos hizo sobre México, en donde advierte de los riesgos por la descomposición política con miras a la sucesión presidencial del 2006. Aquí la respuesta fue del secretario de Gobernación, quien rechazo las declaraciones del director de la CIA, Porter Gross, por considerarlas una intromisión en los asuntos internos de México, como si esto fuera más grave que el espionaje permanente que realizan los organismos policiales estadounidenses a políticos mexicanos y luchadores sociales o las operaciones encubiertas que hacen todos los días en territorio nacional o la vigilancia del espacio aéreo, marítimo y terrestre del país o la persecución de supuestos delincuentes en territorio nacional o, y esto es lo más grave, las presiones continuas al gobierno foxista para que México se doblegue a los intereses económicos y políticos de Estados Unidos.

En realidad el único malestar del gobierno foxista es que su principal socio comercial haga una crítica pública a la descomposición económica, política y social que hay en el país por la pésima administración del gobierno de derecha que encabeza Vicente Fox, pues en los cuatro años de gobierno siempre ha cedido a los caprichos de su homólogo George Bush.

Sin embargo, el crítico informe de la CIA habla de los riesgos que representa para los intereses de Estados Unidos una grave crisis política, y aunque no va más allá, en México sí sabemos que ha sido generada por el vacío de poder, lo que ha incrementado la violencia como homicidios, secuestros y robos, desigualdad social, pobreza extrema, fortalecimiento de grupos armados y polarización de grupos políticos, todos estos problemas configuran un escenario ideal para los estallidos sociales y magnicidios como los ocurridos a finales del sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Pero al margen del análisis que hizo la CIA en su informe que preocupó tanto a funcionarios gubernamentales que encontraron en él un magnífico escaparate para envolverse en la bandera y salir a defender la patria, lo que en realidad debería preocuparles es la continua operación de las agencias policiales estadounidenses en territorio nacional. Por ello sorprende que Santiago Creel se preocupe más por un informe de la CIA sobre la realidad mexicana que por las operaciones de espionaje y la intervención de las comunicaciones privadas que realizan ésta en México.

Para nadie es un secreto la intervención de Estados Unidos en asuntos internos de México y en toda Latinoamérica mediante el espionaje, las intervenciones telefónicas, las persecuciones “en caliente” de aviones que cruzan el espacio mexicano, las detenciones ilegales, los cateos y hasta los secuestros para satisfacer la política intervencionista y extraterritorial instrumentada desde Washington en territorio mexicano.

Y esa imagen intervencionista de las agencias policiales estadounidenses (CIA, DEA, FBI y servicios de Aduanas) ha sido puesta en duda hasta por el propio Congreso de los Estados Unidos ante los pésimos resultados para resguardar los intereses de ese país y el ejemplo más contundente es que nada pudieron hacer para evitar la agresión que su población sufrió aquel 11 de septiembre.

Por ello el gobierno estadounidense ha manifestado reiteradamente que la estabilidad, la prosperidad y la paz social de México son de vital importancia para la seguridad nacional de su país, y con ese argumento mantienen bajo presión al gobierno mexicano y bajo vigilancia constante a la población.

Y mientras las autoridades policiales y militares de México aprovechan toda la información que los cuerpos de seguridad de los Estados Unidos les mandan, en la esfera política representa un escándalo cuando desde Washington se advierten los riesgos que representa México por sus crisis política, económica y social.

El espionaje de Estados Unidos

Habría que preguntarnos ahora en dónde estaba el secretario de Gobernación cuando Estados Unidos ordenó vigilar el transporte internacional de pasajeros que ingresaba o salía de territorio mexicano como una medida preventiva para la seguridad de los Estados Unidos ante posibles atentados terroristas. Acaso ese no era un acto de sumisión del gobierno mexicano al permitir que agentes estadounidenses vigilaran directamente aeropuertos y estaciones marítimas y terrestres del país.

En aquel entonces escribimos en Oficio de papel cómo la Secretaría de Hacienda había ordenado a la Administración General de Aduanas (AGA) acatar las disposiciones que sólo servían a los intereses de seguridad de Estados Unidos, a fin de que desde Washington se vigilara a mexicanos y extranjeros que ingresaban o salían de territorio nacional, mientras que la secretaría responsable del manejo de la política interna y de salvaguardar la seguridad de los mexicanos se mantenía en silencio ante un acto abiertamente injerencista del gobierno estadounidense.

Pero el gobierno de Vicente Fox no sólo acató las órdenes giradas por Washington, sino que la Secretaría de Hacienda tuvo que hacer modificaciones a las reglas de carácter general en materia de comercio exterior, entre otros el capítulo 2.16, denominado «de la transmisión electrónica de información por las empresas aéreas que efectúen el transporte internacional de pasajeros», a fin de que se enviara electrónicamente a estados Unidos el registro de mexicanos que transitaban por el país.

Con esas modificaciones Hacienda obligaba a las empresas aéreas que efectuaban el transporte internacional de personas para que transmitieran a un sistema electrónico de la AGA toda la información detallada de los pasajeros y de la tripulación que ingresara o saliera del país. Dicha información, señalaba Hacienda, «se deberá transmitir electrónicamente utilizando el Formato Estándar para el Intercambio de Información Electrónica para la Administración, el Comercio y el Transporte de los Estados Unidos de América (US/EDIFACT), conforme los lineamientos que establezca la Administración Central de Informática de la AGA».

Así de burdo este gobierno hace cambios en leyes, reglamentos y disposiciones mexicanas para ponerlos al servicio de los intereses estadounidenses, los cuales exigen que la AGA recabe toda la información del tráfico de pasajeros en territorio nacional para enviarla inmediatamente a Washington como una medida preventiva para la seguridad de Estados Unidos.

Aquí sí cuando se ordenaron esas disposiciones el gobierno foxista vulneró la seguridad nacional, la soberanía y la libertad de los mexicanos al permitir la injerencia del país vecino sobre información personal, mientras que las secretarías de Hacienda y de Gobernación mantuvieron oculta la operación hasta que la prensa investigó y reveló toda la información.

El Departamento de «Blancos»

Clasificado entre las nuevas reglas de comercio exterior, la Administración General de Aduanas de México tiene la obligación de reportar las listas de pasajeros de los vuelos que entran y salen del país a un Departamento de Seguridad Interna del Gobierno de Estados Unidos conocido como «Blancos», en donde acumulan los datos de los principales «enemigos» de ese país.

Estas disposiciones fueron ordenadas desde Washington al gobierno foxista como una medida preventiva para evitar más atentados en contra de su territorio, y consiste en que la Administración General de Aduanas solicite a las líneas aéreas las listas de pasajeros que ingresan o salen del país.

Para ello, el gobierno estadounidense financió un sofisticado equipo en las oficinas centrales de Aduanas en México donde se recabará toda la información de las personas que llegan o salen del país para remitirla inmediatamente a Washington. Con esos datos, el Departamento de «Blancos» determina quiénes son sus enemigos y los pone en una «lista negra» que entrega al gobierno de México para que los organismos de seguridad nacional los persigan, los detengan y en su caso los extraditen.

El gobierno de EU entrega la «lista negra» a la Administración General de Aduanas y ésta la turna a los organismos mexicanos que participan en este proceso de análisis de información confidencial: Inteligencia Militar, Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Policía Federal Preventiva (PFP), Agencia Federal de Investigación (AFI), Migración, Procuraduría General de la República (PGR) y Procuraduría Fiscal, los cuales vigilan a esos «enemigos peligrosos» de Estados Unidos.

En esto que representa una extensión del «brazo justiciero antiterrorista» de EU en territorio mexicano, la información de pasajeros es enviada a Washington apenas «dentro de los 40 minutos posteriores a que la aeronave hubiera despegado del último aeropuerto en el extranjero con destino a territorio nacional o de éste hacia el extranjero».

Pero qué pasa con los derechos civiles y humanos de todos los mexicanos que viajen en avión para salir o entrar al país, pues simplemente son violados por el gobierno mexicano que dispone de sus datos personales para entregarlos al gobierno de Bush. La información confidencial de los pasajeros que se entrega a Estados Unidos contiene nombre completo, fecha de nacimiento, género, sexo y tipo de tránsito, qué pasaporte utiliza, visa o matrícula consular expedida por el gobierno mexicano, código del país, aeropuerto de origen, código de la línea aérea, número de vuelo, fecha y hora de salida y de llegada.

Puntos suspensivos…

El destacado historiador Enrique Krauze ha comparecido en varias oportunidades ante el Ministerio Público. Primero estuvo reticente y luego apapachado por las autoridades –resulta que don Renato Sales Gasque le ha repetido las pruebas de estimación con que lo distinguió Andrés Manuel López Obrador–, se despacho con la cuchara grande para declarar en el litigio que Clío, su empresa, tiene contra una exfuncionaria de esa negociación. El ingeniero Krauze precisó algunas situaciones que según él son suficientes para que Diana Roldán vaya a la cárcel. En sus declaraciones, el historiador hizo señalamientos muy puntuales sobre ética, verdad y derecho. Sin embargo, no fue lejos por la respuesta, Diana Roldán se presentó de inmediato ante la Procuraduría para subrayarle al procurador Bátiz que lo que manifestó su acusador tiene algunas aristas espinosas que debe tomar en cuenta. De aquí que Roldán también declara con mucha dureza, lo que anuncia que el pleito entre ellos está lejos de arreglarse. La adversaria del polémico intelectual asegura que ha faltado a la verdad, manipula la información y se comporta de manera engañosa con el propósito de integrar un expediente a toda costa. Vamos a ver quién tiene la razón.