Ineficaz y mediocre en su administración, el gobierno de Vicente Fox poco puede presumir de lo hecho en 4 años de gestión, lo cual explica que sea motivo de orgullo presidencial la supuesta “estabilidad económica” que asegura tiene el país, aunque para creer en ello primero habrá que convencer a los 50 millones de mexicanos que viven en extrema pobreza. Pero como dice Vicente Fox, y aceptando sin conceder, que después del 2006 “lo vamos a extrañar”, es justo decir que si hay alguien a quien felicitar por los “logros económicos” de la primera administración panista, es al priista Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda que ha sido el eje de la política económica de Fox y por mucho el hombre más fuerte del gabinete actual.

Así, con esos antecedentes victoriosos del foxismo, cobra relevancia la investigación que el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, lleva a cabo en contra de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda por presuntas irregularidades administrativas en el manejo del presupuesto público federal.

Y en medio del gran hermetismo como se lleva a cabo la investigación que involucra el origen y destino de decenas de miles de millones de pesos del erario federal, destaca el oficio número 06/113/397-VI-(LRO)-738/2004 que con fecha del 10 de marzo de 2004 firmó la titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda, Dora Alicia Rodríguez López, y que dirigió al director de Quejas y Denuncias, Orlando García Biesca, en donde da cuenta de que el Área de de Auditoría Interna “A” inició dos auditorías fuera de programa, números AF-97/2003 y AF-98/2003, en las direcciones generales de Programación y Presupuesto “A” y “B” de la Subsecretaría de Egresos, las cuales se realizan en paralelo con otra auditoría, la número 33/2003 practicada por la Dirección Técnica Operativa de la Subsecretaría de Egresos.

Ese documento oficial explica que como resultado de la investigación a las dos direcciones generales de Hacienda, “se desprende que existen presuntas irregularidades administrativas de índole presupuestal, al detectarse que los pagos de nómina (de todo el gobierno federal) por el periodo del mes de agosto al mes de diciembre de 2002, no debieron ser emitidos con cargo a las unidades responsables Dirección General de Programación y Presupuesto de Servicios (UR414) y Dirección General de Programación y Presupuesto de Energía e Infraestructura (UR417), cuando éstas fueron extintas el 31 de julio de 2002, y por ende al no pertenecer a la estructura básica de la dependencia para ejercer la asignación presupuestal; en virtud de lo anterior y considerando que el primer expediente QU-0129/2002-T, tramitado en esta Área por hechos denunciados por Lilia Cortés García (exdirectora de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Egresos), ya se resolvió y se procedió a integrar la documentación soporte del hecho irregular en cuestión, mediante acuerdo de fecha primero de marzo de 2004, al expediente QU-74/2003-T-162, por tratarse de hechos presuntamente irregulares que están relacionados entre sí, para continuar con su investigación, seguimiento y resolución”.

Las pruebas de las irregularidades son tan contundente, que la comisión legislativa de la Auditoría Superior de la Federación, integrada por José Angel Ibáñez Montes, presidente, y los diputados de todos los partidos Roberto Campa Cifrián, Homero Díaz Rodríguez, Rafael Sánchez Pérez, Salvador Vega Casillas, Dolores Padierna, Manuel Velasco Coello, Joel Padilla Peña y Jesús Martínez Alvarez, solicitó al auditor superior de la federación, Arturo González de Aragón, realice una auditoría a la Subsecretaría de Egresos por crear dos direcciones generales fuera del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda para el manejo del Presupuesto Público Federal.

El mismo oficio del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda sostiene que “las direcciones generales de Programación y Presupuesto ‘A’ y ‘B’ no cuentan con el manual de organización específico autorizado por los periodos comprendidos del 1 de agosto de 2002 al 13 de enero de 2004, en el caso de la DGPyP ‘A’ y del 1 de agosto de 2002 al 16 de diciembre de 2003 en la DGPyP ‘B’”.

Complicidad de la Presidencia

En una investigación periodística de mi compañera reportera Ana Lilia Pérez se hace un recuento detallado de cómo se maquinaron estas irregularidades presupuestales desde la Presidencia de la República en complicidad con la Secretaría de Hacienda. Explica que mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de julio de 2002 el presidente Vicente Fox reformó el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con en el cual desaparecieron las cuatro direcciones generales de Programación y Presupuesto, y se sustituyeron por la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” y la Dirección General de Presupuesto “B”.

Como titular de la dirección “A”, el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, nombró a Cecilia Ibarra y Gómez Ortigoza, economista jubilada del Banco de México, y al frente de la Dirección General de Presupuesto “B” al también economista Pablo Reyes Pruneda; sin embargo, a Gil Díaz se le “olvidó” un pequeño detalle, que estas nuevas direcciones deben contar con normatividad, estructura y manuales de organización correspondientes para manejar el presupuesto federal, tal y como se establece en la leyes Orgánica de la Administración Pública Federal y Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, situación que no se ha cumplido y que eso invalida toda la operación presupuestal realizada en los últimos tres años. Otro grave problema para el experto financiero Gil Díaz.

El primer caos que lo anterior ocasionó en la Secretaría de Hacienda se remite a los primeros días de agosto de 2002, cuando 570 funcionarios públicos asignados a las desaparecidas direcciones no tenían conocimiento de sus atribuciones ni de sus obligaciones dentro de las dos nuevas direcciones generales de la Subsecretaría de Egresos. Esto ocasionó que ambas direcciones ejercieran el presupuesto federal sin contar con las atribuciones jurídicas, normativas y legales para ello.

Otra grave irregularidad normativa fue que los titulares de las dos nuevas direcciones generales emitieron oficios y dispusieron de los recursos federales a nombre de las cuatro direcciones extintas, según consta en la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2002, en la cual se convalida que en el informe de Gasto del Ramo 06, correspondiente a la SHCP, en el rubro relacionado con la unidad 414 “Dirección General de Programación y Presupuesto de Servicios”, aparece un gasto ejercido hasta diciembre de 2002 por las cuatro direcciones desaparecidas por decreto presidencial cinco meses atrás.

Por ello esas irregularidades cometidas por los titulares de las dos direcciones al ejercer el presupuesto a título de las direcciones inexistentes, fueron denunciadas por una funcionaria de la propia Secretaría de Hacienda, Lilia Cortés García, en ese entonces directora de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Egresos y quien como respuesta fue despedida injustificadamente después de 21 años de antigüedad en el servicio público federal.

En una denuncia penal presentada ante la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y en Contra de la Administración de Justicia de la PGR (A.P. 3745/DDF/2002, que el año pasado dicha averiguación previa fue enumerada y actualmente es la 42/UEIDCSPCAJ/04 radicada en la Mesa 28), Cortés García acusa a Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, directora general de Programación y Presupuesto “A”, de ejercicio indebido del servicio público, amenazas, usurpación de funciones, desvío de recursos federales, peculado, robo y lo que resulte, pero extrañamente esta denuncia está frenada en la PGR por instrucciones de algún funcionario menor.

Confirma Contraloría irregularidades

La acusación de ejercicio indebido del servicio público en contra de Cecilia Ibarra y Gómez Ortigoza quedó documentada y comprobada mediante oficios turnados entre el Órgano Interno de Control de la SHCP y la Secretaría de la Función Pública, en donde se confirma que la funcionaria de Hacienda “no tenía las atribuciones legales y normativas para desempeñar sus funciones”, lo que hace creer que fue una imposición de Gil Díaz para manejar a su antojo el presupuesto público.

El 19 de junio de 2003, el titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la SCHP, Luis Guillermo Pineda Bernal, mediante el oficio N. 06/113/397-VI-(LRO)-1110/2003 solicitó a la titular de la Dirección General de Presupuesto “A” informara si esa Dirección General contaba con un manual de organización específico que regulara su estructura orgánica y funcional, según se exige en disposiciones de ley.

En respuesta, Cecilia Barra y Gómez Ortigoza confirma las irregularidades cometidas por su área y acepta que carece de los requerimientos que marca la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; por tanto, la funcionaria no se encontraba en posibilidad de ejercer las facultades que le confiere el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y mucho menos firmar y autorizar el manejo total del presupuesto federal.

En el documento 315-A-05530, la misma Cecilia Barra y Gómez Ortigoza confirma las ilegalidades en que incurrió: “Esta Dirección General no cuenta con el Manual de Organización Específico de la Dirección General de Programación y Presupuesto ‘A’ de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Guía Técnica para la Elaboración, Autorización y Registro de Manuales de Organización Específicos…”.

Dentro de las indagatorias de la Secretaría de la Función Pública, el director de Quejas y Denuncias de la Contraloría Interna de dicha dependencia, Orlando García Biseca, solicitó al Órgano Interno de Control de la SHCP se informara, para fines de la investigación, determinar la existencia de irregularidades administrativas de índole presupuestal cometidas por los titulares de las Direcciones Generales de Presupuesto “A” y “B” en el ejercicio de sus funciones, sin tener atribuciones legales.

Como respuesta, el 10 de marzo de 2004, Dora Alicia Rodríguez López, titular del Área de Responsabilidades y Quejas del OIC de la SHCP, señaló que hasta ese momento los resultados de las auditorias indicaban que “por lo menos” los pagos girados de agosto a diciembre de 2002 al personal asignado a ambas direcciones, fue expedido a nombre de las cuatro direcciones extintas, “lo cual resulta improcedente en virtud de que el numeral 7 del Manual de Normas Presupuestarias publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 2001, así como el artículo 11 del mismo ordenamiento publicado el 3 de septiembre de 2002, señalan que el componente de la clave presupuestaria Unidad Responsable establece la Unidad Administrativa perteneciente a la estructura orgánica básica de una dependencia responsable de ejercer la asignación presupuestaria correspondiente”.

La misma auditoría del OIC reveló que tanto Cecilia Ibarra y Gómez Ortigoza como Pablo Reyes Pruneda incumplieron el artículo 13 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el cual señala que: “El Gasto Público Federal se basará en presupuestos que se formularán con apoyo de programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, debido a que al desaparecer las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto Sectoriales de la Estructura Básica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se justifica su inclusión en el componente Unidad responsable de la Clave Programática del Ramo 06 y por ende el pago de la nómina con cargo a las Unidades Responsables extintas a partir del primero de agosto de 2002”.

Estos hechos son también faltas constitucionales graves, de acuerdo con el artículo 126 que indica que “no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior”, y el artículo 127 constitucional que señala que los servidores públicos “recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empeño, cargo o comisión, que será determinada anual y equitativamente en los Presupuestos de Egresos de la Federación”.

En las oficinas del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda explicaron que las auditorías a las direcciones generales de Programación y Presupuesto continúan y que aún no hay fecha para la resolución, por lo que podría ser el próximo gobierno el que emita hasta 2007 la resolución respectiva.

Avanza investigación en Senado

Durante sesión ordinaria del Senado de la República el 25 de noviembre de 2004, la priista Yolanda González Hernández enumeró ante los legisladores las presuntas irregularidades registradas a partir del 1 de agosto de 2002 en las dos direcciones generales de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda.

De origen –indica el punto de acuerdo–, el Reglamento de la SHCP mediante el que se modifica la estructura interna presenta “diversas irregularidades normativas al ser omiso sobre el destino laboral de los aproximadamente 520 empleados adscritos a las cuatro direcciones que desaparecieron, sin señalar qué va a ocurrir con sus recursos materiales y financieros, ni establecer tampoco con qué recursos humanos, materiales y financieros crearon las dos nuevas direcciones”.

González Hernández destaca que ante la ausencia de la estructura debidamente autorizada “sin duda han operado al margen de la ley, conllevando a la nulidad de pleno derecho de todos y cada uno de los actos realizados por ambas direcciones”. La senadora priísta también responsabiliza a órganos de justicia como la PGR de omitir dar seguimiento normativo a la denuncia que sobre estos hechos presentó Lilia Cortés García.

Ante el acoso, amenazas físicas y verbales e intimidaciones que ha sufrido la ex funcionaria de Hacienda por denunciar estos actos de corrupción, el Senado de la República exhortó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos “para que en breve inicie una investigación formal de la violación a los derechos humanos, constitucionales, garantías individuales, derechos laborales, civiles y de género de Lilia Cortés”.

Desde hace tres meses, noviembre de 2004, el caso se analiza en el Senado de la República, en donde un grupo de legisladores estudian las irregularidades legales y la corrupción al interior de la Secretaría de Hacienda. Así que este asunto apenas empieza a esclarecerse y seguramente habrá más de un funcionario en Hacienda que tendrá que pagar las consecuencias por las irregularidades y omisiones cometidas.

México se colombianiza

Hace unos días el presidente de la República alertó a la sociedad de la confrontación de bandas del narcotráfico en contra del Estado mexicano. Y aunque después se desdijo, como es un hábito en él, por primera vez el gobierno federal en voz del jefe del Ejecutivo reconoce el riesgo que significa para el país la proliferación del tráfico y consumo de drogas en el país, así como la violencia y la delincuencia organizada que esto genera y que ha puesto en alerta máxima a todos los órganos de seguridad nacional del Estado mexicano.

Sin embargo, otros funcionarios del gabinete foxista se empeñan en minimizar el hecho para no crear mayor incertidumbre entre la población, la cual vive en medio de la violencia en las calles con asesinatos, secuestros y robos, además de un incremento en el consumo de drogas y la lucha por los territorios para cruzar la mercancía ilícita hacia el mercado mayor que significa los Estados Unidos, así como el incremento en el “lavado” de dinero producto del narcotráfico.

Esta alerta presidencial es el aviso más contundente de una colombianización del país, cuando las estructuras del narcotráfico logran penetrar y corromper los niveles de gobierno y la fuerza pública pierde el control del territorio nacional.

Más vale reconocer ahora el riesgo que significa para el país acercarnos cada vez más a lo que vivió el Estado colombiano hasta hace 20 años, que lamentar después cómo la sociedad mexicana se ve inmersa en una ola criminal desproporcionada y sin capacidad de respuesta por parte de un desorganizado sistema nacional de seguridad.

La alerta presidencial provino por la supuesta infiltración de un grupo del narcotráfico en la figura de un funcionario intermedio que trabaja directamente en la Presidencia de la República y que prendió los focos rojos del Centro de Investigación de Seguridad Nacional (Cisen), del área de Inteligencia Militar de la Secretaría de la Defensa y de la propia Procuraduría General de la República, órganos todos que han perdido su capacidad de prevención y vigilancia de las principales esferas gubernamentales al estar más ocupados en los difíciles tiempos políticos que vive el país con miras a la sucesión presidencial.

Nada de los espías de Los Pinos

Y a propósito del supuesto narcoespía Nahum Acosta Lugo, ex director de giras presidenciales, sería provechoso que también el gobierno federal aclarara quién o quiénes son los autores materiales e intelectuales del centro de espionaje descubierto a principios del año pasado en calles aledañas a la residencia oficial de Los Pinos y desde donde se intervenían llamadas telefónicas a secretarías de Estado, a empresarios y a la misma Presidencia de la República.

A principios de año la Agencia Federal de Investigaciones descubrió una red de espionaje dedicada a intervenir líneas telefónicas de empresas privadas y también de secretarías de Estado y hasta de la residencia oficial de Los Pinos. El expediente ministerial dado a conocer en esta columna, da cuenta de cómo las pesquisas policiales permitieron desmantelar la casa desde donde se realizaban intercepciones de llamadas de recintos oficiales como la Presidencia de la República, y las secretarías de Gobernación y hasta de la Defensa Nacional, aunque posteriormente esta última Secretaría aclaró que ninguna de sus líneas telefónicas había sido vulnerada, lo cual no puso decir lo mismo de la línea interceptada de Los Pinos.

A casi un año de la investigación que lleva a cabo la Subprocuraduría de Investigación contra la Delincuencia Organizada, que dirige José Luis Santiago Vasconcelos, aún no se puede aclarar quienes son los responsables materiales e intelectuales de ese delito de espionaje e intervención de comunicaciones privadas que involucró a la Presidencia de la República, a pesar de que el día en que los agentes federales aseguraron la vivienda de tres pisos ubicada con el número 22 de la calle Florencio Miranda, de la colonia 16 de Septiembre, a un costado de la residencia de Los Pinos, se detuvo a Víctor Manuel Bernabé Castillo, un radiotécnico de escasos recursos que había sido contratado para cambiar los casetes que contenían las intervenciones telefónicas.

Según las averiguaciones previas 179/D/2004 y 405(DDF72004, abiertas en la PGR por los delitos de “espionaje e intervención de comunicaciones privadas”, una llamada anónima a la Dirección General de Delitos Federales de la AFI alertó de que “altos funcionarios e instituciones del Gobierno Federal, entre los que se encuentran la Presidencia de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y algunas otras secretarías de Estado, así como empresarios importantes”, eran escuchados en sus conversaciones telefónicas.

De acuerdo con una tarjeta informativa 034/40 integrada al grueso expediente policiaco, los agentes de la AFI informaron al ministerio público federal José Carlos Villareal Rosillo que según el informante anónimo “desde ese domicilio un grupo de personas armadas y de apariencia extranjera intervenían 50 líneas telefónicas con sofisticados equipos de intercepción, grabadores, identificadores de números, borracesetes y papelería en donde hacían las anotaciones sobre las llamadas privadas”.

En la operación encubierta que montaron los agentes de la AFI para vigilar la vivienda desde donde se realizaba el espionaje telefónico, al momento del cateo descubrieron que entre las líneas telefónicas que en ese momento eran interceptadas estaba el número 52731643, perteneciente a la residencia oficial de Los Pinos y cuya línea había sido contratada por la Secretaría de Gobernación.

Las otras ocho líneas que eran intervenidas en ese momento corresponden a los empresarios Javier Moreno Valle, propietario de CNI Canal 40; Alberto Isaac Saba, socio de Moreno Valle, y el abogado Javier Quijano Baz, quien defiende los intereses de canal 40 en su litigio con TV Azteca.