El diputado panista Francisco Barrio Terrazas sorprendió hace unos días a quienes no lo conocen, cuando se declaró en “rebeldía” porque su ex jefe el presidente Vicente Fox apoya abiertamente a Santiago Creel como precandidato panista a la Presidencia de la República. En cualquier otra circunstancia esa actitud hubiera sido un acto de honestidad y compromiso con el país, pero en este momento sólo se trata de un acto oportunista, porque por primera vez Barrio manifiesta públicamente un desacuerdo con la actitud presidencial por el solo hecho de que él es directamente perjudicado por los afectos de Fox hacia su secretario de Gobernación, mientras que en otros muchos casos de omisiones, negligencias y corruptelas presidenciales nunca alzó la voz.

Ante tal actitud de “rebeldía” porque no le favorece el dedo presidencial, lo más importante que declaró Francisco Barrio es el “hartazgo” que reconoce por primera ante las “injusticias y corrupción” que envuelven al gobierno del cambio y que, según le dijo al reportero Diego Osorno de Milenio, “estoy muy harto de ver cómo situaciones de corrupción, de injusticia, acaban en un manejo totalmente gelatinoso, totalmente viscoso, ambiguo”, situaciones que para los mexicanos son más que evidentes pero que el legislador panista acaba de descubrir.

Y como ejemplo de esa corrupción e injusticia que el gobierno del cambio no ha podido combatir, el diputado citó el caso Pemexgate, expediente que el mismo Barrio entregó en mano al presidente Vicente Fox y que fue aprovechado para negociar políticamente con el PRI a fin de evitar hacerse daño mutuo por el también llamado expediente “Amigos de Fox”.

Esta desmemoria y negligencia de Francisco Barrio Terrazas que ahora se dice molesto y hasta sorprendido de tanta corrupción “gelatinosa, viscosa y ambigua”, ha sido documentada periodísticamente de cómo este legislador cuando se desempeñó como secretario de la Contraloría –durante los primeros tres años del gobierno foxista– manipuló expedientes y archivó procedimientos administrativos que había en contra de panistas involucrados en actos de corrupción, con lo cual no sólo torció la ley a favor de funcionarios foxistas, sino también protegió y encubrió a sus amigos y a los del presidente de la República. Por ello Barrio debería primero rendir cuentas como encubridor de la corrupción y después pretender aspirar a la candidatura por la presidencia de su partido.

Un par de ejemplos de esa omisión y negligencia de Francisco Barrio cuando fue contralor, son aquellas investigaciones que ocultó y que involucraban al secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, y al subsecretario Antonio Ruiz García en desvíos de más de 11 millones de pesos de fondos públicos. El otro caso que omitió investigar el ahora “panista rebelde” fue la adquisición de cientos de vehículos sin licitar para la Secretaría de Hacienda y en donde se utilizaron fondos del Fideicomiso Aduanas y de la empresa privada ISOSA, cuyo expediente sigue guardado por instrucciones presidenciales y de lo cual Barrio no recuerda nada.

En el primer caso del desvío de fondos públicos en la Sagarpa, fue el mismo Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Contraloría el que realizó investigaciones en contra de funcionarios de la Dirección General de Responsabilidades que, por negligencia, impidieron que se sancionara al también subsecretario de Desarrollo Rural, Antonio Ruiz García, por los delitos de peculado, al desviar 11.3 millones de pesos del erario federal, y conflicto de intereses, además de haber dispuesto de dichos fondos producto de un subejercicio cuando debió haberlos enterado a la Secretaría de Hacienda.

La protección foxista a Javier Usabiaga era tan evidente, que la corrupción descubierta en la Sagarpa fue simplemente ocultada por Barrio Terrazas. Según aquella historia, un 13 de febrero del 2002 el entonces secretario de la Contraloría, Francisco Barrio, actual coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, envió un oficio (SP/100/0204/2002) a la Dirección General de Responsabilidades para que se hiciera cargo de la investigación en contra del subsecretario Ruiz García, cuyo expediente DAGV/DV/073/2003 era llevado hasta ese momento en el Órgano Interno de Control de la Sagarpa por el presunto desvío de 11 millones 298 mil 492 pesos, al adjudicar directamente un contrato de servicios a la Fundación Mexicana de Desarrollo Rural, organismo privado en donde el subsecretario había sido director general hasta octubre del 2000, lo que representaba un claro conflicto de intereses y un delito de peculado, así como utilizar dinero de un subejercicio.

El caso era tan delicado para el gobierno foxista porque implicaba a un secretario de Estado, Javier Usabiaga; al subsecretario Antonio Ruiz García, y al oficial mayor Xavier Ponce de León, que el mismo contralor Barrio advertía en un documento oficial que tiene su firma: «Considerando el nivel jerárquico de los servidores públicos presuntos responsables y el monto de los recursos aplicados indebidamente, los hechos mencionados podrían constituir infracciones graves o responsabilidades mayores respecto de las cuales debe conocer directamente esta Secretaría». Después de este comunicado nada ocurrió y, por el contrario, Barrio guardo el expediente para evitar que fueran sancionados administrativa y penalmente.

La denuncia en aquellos años la había hecho el ex presidente del Consejo Mexicano del Café, Javier Mora Salas, quien presentó ante la Contraloría la denuncia respectiva en contra de dichos funcionarios públicos, pero un 25 de septiembre la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Secretaría de la Función Pública le respondió así mediante el oficio DG/DGAV/DV/311/0187/2003: «Se determinó archivar el asunto como totalmente concluido, toda vez que las facultades sancionadoras de esta Secretaría prescribieron, ordenándose dar vista a la Contraloría Interna de esta Secretaría».

Es decir, que ni la propia Contraloría pudo en aquel entonces ocultar las evidencias de corrupción cometida por el todavía subsecretario de Desarrollo Rural, Antonio Ruiz García, por lo que recurrió a dejar el expediente abierto para que transcurriera el tiempo que de acuerdo con la Ley de Responsabilidades tiene un límite para castigar a algún funcionario corrupto y así evitar sancionar administrativa y penalmente a todos los involucrados por el desvío de recursos públicos.

Desaparecen Consejo Mexicano del Café

Finalmente la corrupción hundió al Consejo Mexicano del Café (CMC), órgano privado que recibe subsidios gubernamentales y que es responsable de regular dicha actividad en el país, pero la Secretaría de Agricultura se niega a aceptar que hay responsables de los desfalcos descubiertos por la Auditoría Superior de la Federación. El propósito de esta decisión de desaparecer a dicho Consejo es ocultar la enorme corrupción que allí se comete en el manejo de fondos públicos por 4 mil 500 millones de pesos.

Hace un mes, la reportera Lourdes Rudiño publicó en El Financiero una investigación sobre la profunda crisis que envuelve a los productores de café en todo el país, motivada por la mala administración, abuso de poder y desvíos de fondos públicos del Consejo Mexicano del Café, así como la intención del secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, para desaparecerlo y proteger a los directivos que él impuso.

En su crónica la reportera informaba que las oficinas del Consejo habían sido intervenidas por Lorena Septiem, funcionaria de la Sagarpa, quien en su primera acción exigió cuentas al titular Roberto Guisaman, a quien los órganos del control del Congreso y de la Función Pública investigan por malos manejos y desvíos de recursos públicos en los últimos tres años, tiempo en el que han sido afectadas más de 450 mil familias campesinas en 12 estados de la República.

Hace tres semanas publicamos aquí la entrevista que hicimos en Nueva York al ex presidente del Consejo Mexicano del Café, Javier Mora, quien fue despedido en 2001 por el secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, por denunciar actos de corrupción del subsecretario de Desarrollo Rural, Antonio Ruiz García, y de cómo Javier Mora había sido sustituido por Guisaman.

Después de esa publicación, Roberto Guisaman se comunicó telefónicamente hace dos semanas para quejarse de las acusaciones en su contra y hasta advirtió que los señalamientos de corrupción que le hacía su antecesor Javier Mora, se enmarcaban en el delito de difamación, por lo que analizaba las cosas para actuar en consecuencia, pero también se comprometió a que daría una entrevista para dar su versión sobre los resultados de la auditoría en donde se afirma hay desvíos de fondos públicos en el CMC; sin embargo, Guisaman salió de viaje y cuando regresó había sido ya destituido de su cargo y en consecuencia consideró que la entrevista periodística ya no era necesaria.

Javier Mora dice de Guisaman que ha cometido graves actos de corrupción y, según las auditorías practicadas a su administración en el Consejo Mexicanos del Café, hay importantes desvíos en el manejo de 4 mil 500 millones de pesos correspondientes al presupuesto de los últimos tres años.

El CMC es una asociación civil que trabaja con la Secretaría de Agricultura y Ganadería bajo un contrato directo, y su objetivo es instrumentar las políticas sobre el sector cafetalero de México, por lo cual los presupuestos que asigna el Congreso para este sector, son adjudicados al CMC por esa Secretaría mediante un contrato de aplicación para programas específicos, diseñados supuestamente en coordinación con productores y con los beneficiadores del café.

A partir de la salida de Javier Mora del Consejo, la Sagarpa aplicó un programa de préstamos a productores que ahora alcanzan los 4 mil 500 millones de pesos, cifra que corresponde a los presupuestos de los últimos tres años y que fueron adjudicados al Consejo bajo ciertos lineamientos.

Mora recuerda así ese episodio: “antes de salir del Consejo me opuse a que se otorgaran estos créditos al campo, pues si eran subsidios se les debían entregar como tales y no diseñar una política crediticia absurda, elaborada por el subsecretario Ruiz García y que ya reventó, pues se hicieron préstamos minúsculos a cerca de 450 mil productores en razón sólo de que eran titulares de la tierra, sin alguna viabilidad financiera, de tal manera que ahora que el mercado ha dado la vuelta y ha repuntado, la Sagarpa quiere recuperar esos préstamos sin éxito alguno, lo que ya es un problema grave, pues obviamente va a ser imposible la recuperación de esos 4 mil 500 millones de pesos que los productores no pueden pagar por la crisis que atraviesa el sector”.

Para el ex presidente del CMC esto sólo se explica por los desvíos de recursos públicos en complicidad entre el presidente del Consejo y el subsecretario de Desarrollo Rural, Antonio Ruiz García, y recuerda que “a mí me quitaron porque me había opuesto a este tipo de políticas de manejos de dinero muy a la ligera, entonces ahora se encuentran en un grave problema el presidente Roberto Guissaman, quien carece de experiencia administrativa y realizó gastos absurdos como comprar camionetas nuevas, computadoras, gastos de viajes y excedente de personal, entre otras irregularidades, mientras que la Sagarpa se hacía de la vista gorda”.

Así, después del tercer año de la administración de Guisaman, las auditorías han arrojado una serie de observaciones graves que no se han corregido, como por ejemplo, dice Javier Mora, préstamos al personal, excesos en gastos de viaje y tarjetas de crédito, adquisición de automóviles último modelo, extravío de cheques que después fueron cobrados y esto ha causado que el Consejo, que es una institución vital del sector, vaya a ser cancelado.

El fracaso de la Sagarpa y el CMC

“El Consejo va directo al fracaso, porque como está sujeto a una condición de mercado, éste ya cambió, subió, y ahora está por encima de un dólar la libra del café y la reglamentación señala que cuando el precio se eleve por arriba de los 85 centavos de dólar la libra, los productores deberán pagar al fisco y se deben reintegrar los préstamos que les habían dado, y obviamente los 450 mil productores de café tienen muy bajos ingresos y nunca van a poder regresar ese dinero, lo que significa el fracaso rotundo de las políticas instrumentadas por el secretario Javier Usabiaga, por el subsecretario Antonio Ruiz García y el presidente del Consejo, Roberto Guisaman”, según comenta Javier Mora.

Contraria la propuesta oficial, cuando Mora presidía el Consejo propuso comprar la producción de café a los campesinos, comercializarla, fijarle un precio de garantía alto para motivar la producción y que los campesinos tuvieran un ingreso satisfactorio, de tal manera que así se reactivaría el sector, y no caer en la crisis del café en que los metió el gobierno de Vicente Fox.

Pero en el gobierno del cambio consideraron que era mejor entregar el dinero directo a los productores y, tres años después de esta propuesta, ahora tomaron la determinación de cerrar el Consejo Mexicano del Café como una manera de ocultar los errores y las corruptelas de su presidente en complicidad con el subsecretario de Desarrollo Rural.

La desaparición del CMC es muy preocupante porque este organismo privado que se sostiene con subsidio gubernamental, es un interlocutor con los mercados internacionales, con las cadenas productivas en México y con las cadenas de autoservicio en todo el país; además, es el vocero que maneja la política cafetalera en los 12 estados productores de café y cada consejo estatal es controlado por los gobiernos locales.

El órgano de gobierno del CMC son las organizaciones productoras y campesinas, en donde están también productores privados y exportadores, pero como estas organizaciones no tienen presupuesto, se forma un consejo del café que lo contrata la Secretaría de Agricultura para que ejecute y aplique la política oficial y el subsidio, dinero que provoca disputas y diferencias en su asignación, lo que termina en cuantiosos fraudes.

La posición de la Secretaría de Agricultura es ya no renovarle un contrato de aplicación de programas al Consejo y para ello creó, obviamente inventado por el subsecretario Ruiz García, un sistema nuevo que se llama Sistema Producto Café, que hasta ahora nadie sabe qué será, pero para evadir su responsabilidad, el subsecretario de Desarrollo Rural trasfirió el nuevo programa al subsecretario de Agricultura, Francisco López Tostado, quien desconoce el manejo de este sector y que ignora lo que está ocurriendo.

Es tan precario el nuevo programa que aún no está organizado, no hay comités, no se sabe qué programas se van a manejar, se desconoce también cómo se va a aplicar; es decir, la Sagarpa se pretende sacar de la manga una nueva política para el sector sin planeación alguna y sin prever los resultados, lo único que buscan es terminar el sexenio sin responsabilidades penales por los desvíos de fondos públicos, la mala administración y la crisis en que han metido a 450 mil familias cafetaleras.

Cerca de la cárcel Castro Loaiza

El ex jefe de la Unidad de Trasplante Renal del Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza, doctor Angel Mario Castro Loaiza, busca el amparo de la justicia federal para evitar ser capturado por la Procuraduría General de la República por el delito de fraude dentro del expediente 179/2004, acusado de vender a sus pacientes medicamentos que el IMSS distribuye gratuitamente.

La orden de aprehensión fue girada por el juzgado 17 penal mediante el oficio 0934; sin embargo la operación encubierta realizada por judiciales adscritos a la Agencia Federal de Investigaciones, bajo las órdenes del comandante Francisco García Ramírez, fallaron en su intento el día 6 de enero cuando una agente encubierta se hizo pasar como paciente y se entrevistó con el doctor Castro Loaiza en el hospital privado San Agustín, allá por avenida Ermita Iztapalapa, pero cuando debieron capturar al doctor prófugo los agentes federales se “equivocaron” de persona y Castro Loaiza logró escapar.

Después de esos errores policiales, el delegado de la PGR en el Distrito Federal, Rolando López Villaseñor se justificó al afirmar que la captura de este doctor prófugo de la justicia no es de su competencia y acusó al delegado regional de la AFI, Francisco Echeverría, de fallar en su responsabilidad.

El expediente delictivo de este doctor Castro Loaiza es amplio y se ha integrado desde hace varios años, cuando fue acusado ante la Procuraduría General de la República de traficar con órganos humanos, pero ante las dificultades de reunir las pruebas suficientes, la PGR cerró el expediente y sólo lo persigue por un fraude de 30 mil pesos, cifra que se pudo comprobar con documentos que extorsionaba a pacientes de escasos recursos que acudían al IMSS para transplantes renales.

La historia de esta denuncia se remonta al 2002, cuando Oscar Alonso y su madre Raquel Padilla presentaron una queja ante el director general del IMSS, Santiago Levy, por los delitos de fraude y tráfico de órganos, por lo que el funcionario ordenó a su Dirección Jurídica investigar el caso, lo que derivó en una denuncia penal que presentó el IMSS el 25 de noviembre de ese año ante el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha. Hasta ese momento los presuntos responsables eran el doctor Angel Mario Castro Loaiza y su secretaria Concepción Velásquez Vázquez, así como su asistente el doctor José Cruz Santiago.

Para investigar a fondo ese delicado caso de supuesto tráfico de órganos, el contralor interno del IMSS, Roberto Lara, intervino y ordenó una auditoría a los ejercicios 2000, 2001 y 2002 de la Unidad de Trasplante Renal del IMSS, además de suspender indefinidamente al doctor Castro Loaiza.

Después de 2 años de investigaciones y ante el desamparo de la familia Alonso Padilla que fue víctima del doctor Castro, la PGR sólo logró integrar un expediente por fraude y esto permitió que una juez librara la orden de aprehensión, pero la incapacidad de los agentes de la AFI evitó que el doctor fuera detenido.

En este momento el doctor Castro Amparado con una suspensión provisional de la orden de aprehensión, el doctor Castro se presentó a declarar

El 18 de enero pasado el doctor Castro se presentó aparado con una suspensión provisional de la orden de aprehensión ante la jueza 17 de lo penal, Isabel Cristina Porras, ante quien dijo que se reservaba su derecho a declarar, pero como pruebas de descargo de la acusación en su contra presentó a dos testigos: Silvia Vargas Orozco y Arturo Chaparro Rivera, quienes aseguran que a los denunciantes Raquel Padilla y su hija Carolina Alonso Padilla les fueron devueltos los 30 mil pesos en billetes de 500.

Pero los supuestos testigos equivocaron el lugar en donde supuestamente el doctor Castro Loaiza habría devuelto el dinero defraudado, pues declararon que había sido en su consultorio privado del Hospital San Agustín ubicado en Avenida Ermita Iztapalapa 272, pero cuando sucedieron los hechos el doctor Castro no trabajaba en el Hospital San Agustín, sino que su consultorio privado estaba ubicado en Avenida Ermita Iztapalapa 278, lo que demostraría a la juez Isabel Cristina Porras que Silvia Vargas Orozco y Arturo Chaparro Rivera han mentido a una autoridad judicial, lo que podría ocasionar un procedimiento penal en contra de ambos.

Otro dato que confirma las contradicciones en que ha caído el doctor Castro para evitar ser encarcelado por el delito de fraude es que en una declaración que hizo ante la PGR dijo que no tenía consultorio privado.

El caso parece más una bola de nieve en picada que cada día se enreda más y la justicia federal podría negarle la suspensión definitiva para que el doctor Castro Loaiza enfrente su delito en prisión.