• Las amenazas de Carlos Salinas de Gortari
• Persigue la PGR a un médico defraudador
• Más irregularidades de Constructora Plata
• Acusan al Cisen en Tribunal Militar cubano

El expediente que integra el experto procurador mexiquense, Alfonso Navarrete Prida, tiene evidencias de que la ex esposa de Enrique Salinas, Patricia Lagarde, fiel compañera de viaje en las operaciones financieras que por cientos de millones de dólares realizó Raúl Salinas en países europeos y cuyas pruebas tiene la Procuraduría de Suiza, fue quien hizo la última llamada que llevó a su ex esposo al encuentro con expertos golpeadores que pretendían presionarlo y obligarlo a confesar ciertos movimientos financieros que permitirían seguir chantajeándolo.

Según los investigadores del homicidio, los torturadores de Enrique Salinas pueden ser policías o hasta expertos militares en golpear a personas sin dejarles huellas externas, pues el cadáver del hermano del ex presidente estaba destrozado por dentro y esa tortura brutal le causó la muerte.

Por ello el ex presidente Carlos Salinas habría advertido en reunión familiar que caiga quien caiga pagarán por el crimen de su hermano Enrique. Alguno de los asistentes al velorio recuerda como esa noche el ex mandatario se plantó frente al cuerpo y con la palma de la mano dio dos golpes al féretro y con el índice apuntándole lanzó la amenaza: pagarán por el crimen.

Prófugo el doctor Castro Loaiza

En una operación encubierta, agentes de la AFI fracasaron en su intento de capturar al ex jefe de la Unidad de Trasplante Renal del Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza, Angel Mario Castro Loaiza, acusado de fraude dentro del expediente 179/2004 por vender a sus pacientes medicamentos que el IMSS distribuye gratuitamente.

Con una orden de aprehensión girada por el juzgado 17 penal mediante el oficio 0934, el comandante de la AFI Francisco García Ramírez envió el 6 de enero a una agente encubierta que se hizo pasar como paciente para entrevistarse con el doctor Castro Loaiza cuando éste daba consulta en el hospital privado San Agustín, allá por avenida Ermita Iztapalapa. Después de la entrevista, la agente encubierta esperó fuera del nosocomio para en compañía de otros agentes capturar al doctor Castro, pero extrañamente la investigadora se equivocó cuando quiso identificar al doctor con el que se había entrevistado minutos antes y señaló a otra persona, lo que permitió que el doctor Castro huyera.

Después de esos errores policiales, el delegado de la PGR en el Distrito Federal, Rolando López Villaseñor se justificó al afirmar que la captura de este doctor prófugo de la justicia no es de su competencia, y acusó al delegado regional de la AFI, Francisco Echeverría, de fallar en su responsabilidad.

El expediente delictivo de este doctor Castro Loaiza es amplio y se ha integrado desde hace varios años, cuando fue acusado ante la Procuraduría General de la República de traficar con órganos humanos, pero ante las dificultades de reunir las pruebas suficientes, la PGR cerró el expediente y sólo lo persigue por un fraude de 30 mil pesos, cifra que de acuerdo con pruebas documentales extorsionaba a pacientes de escasos recursos que acudían al IMSS para transplantes renales.

La historia de esta denuncia se remonta al 2002, cuando Oscar Alonso y su madre Raquel Padilla presentaron una queja ante el director general del IMSS, Santiago Levy, por los delitos de fraude y tráfico de órganos, por lo que el funcionario ordenó a su Dirección Jurídica investigar el caso, lo que derivó en una denuncia penal que presentó el IMSS el 25 de noviembre de ese año ante el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha. Hasta ese momento los presuntos responsables eran el doctor Angel Mario Castro Loaiza y su secretaria Concepción Velásquez Vázquez, así como su asistente el doctor José Cruz Santiago.

Para investigar a fondo ese delicado caso de supuesto tráfico de órganos, el contralor interno del IMSS, Roberto Lara, intervino y ordenó una auditoría a los ejercicios 2000, 2001 y 2002 de la Unidad de Trasplante Renal del IMSS, además de suspender indefinidamente al doctor Castro Loaiza.

Después de 2 años de investigaciones y ante el desamparo de la familia Alonso Padilla que fue víctima del doctor Castro, la PGR sólo logró integrar un expediente por fraude y esto permitió que una juez librara la orden de aprehensión, pero la incapacidad de los agentes de la AFI evitó que el doctor fuera detenido.

Grupo Constructor Plata

A finales del año pasado informamos en este espacio sobre las irregularidades que ha cometido el Grupo Constructor Plata en la asignación de un contrato por 43.9 millones de pesos que le otorgó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (licitación pública número 00009044-001-04) por distintas obras en la autopista Zacatecas-San Luis Potosí, actualmente en construcción.

El fallo de dicha licitación se dio a conocer a principios del año pasado, el 14 de marzo de 2004, en donde resultó ganador el Grupo Constructor Plata, S.A. de C.V., propiedad de Humberto Godoy y José Guadalupe Bañuelos Robles. Pero los problemas para la constructora se iniciaron cuando adquirió una extensión de 30 hectáreas en la comunidad La Tesorera, en el municipio Pánfilo Natera, a unos 40 kilómetros del centro de Zacatecas.

En dicho terreno instalaron una planta constructora de concreto asfáltico, sin autorizaciones de la Secretaría del Medio Ambiente ni de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, como tampoco de la Secretaría de la Defensa Nacional, dado que para sacar la piedra de los cerros mediante detonaciones con dinamita necesitaban autorización de la Sedena, de acuerdo con la Ley Federal de Explosivos. Pero el principal problema, fue que la planta quedó a menos de 300 metros de las primeras viviendas de la comunidad Pánfilo Natera.

La reportera Ana Lilia Pérez se trasladó a la zona en conflicto y descubrió que el 16 de julio de 2004 el delegado de la Profepa en Zacatecas, Gilberto Zapata Frayre, integró un expediente en contra del Grupo Constructor Plata cuando confirmó que esa empresa no contaba con ninguno de los permisos requeridos para instalar una planta de asfalto.

Según el delegado Zapata la constructora cometió irregularidades, y aunque reconoce que también la SCT tuvo omisiones, la justifica cuando afirma que “la SCT sólo es normativa; concede los contratos, las licitaciones y ellos, Grupo Plata, son los ejecutores”.

Zapata Frayre acepta que hay retrasos en el proceso de resolución en la investigación que se sigue desde hace unos cinco meses en contra del Grupo Constructor Plata, pero también se queja de que fue el mismo gobernador de Zacatecas el que en su momento frenó las indagatorias: una vez que la Profepa confirmó que la constructora no contaba con los permisos de operación, se procedió a clausurar la obra, pero el entonces subsecretario de gobierno, Enrique Laviada, gestionó directamente ante la Profepa que no se clausurara la obra, por lo que la constructora laboró por lo menos cuatro meses de manera irregular. Así, con el aval de la Profepa, los lugareños padecieron no solo las detonaciones de la constructora, sino la emisión de contaminantes que causaron daños a su salud.

El funcionario justifica que los alegatos de la empresa han retrasado la resolución de la Profepa, y adelanta que ésta derivará en una multa de hasta 4 mil salarios mínimos para la constructora.

El delegado detalla las irregularidades asentadas en el acta de inspección: el banco de materiales se explotó sin tener la autorización, porque no estaba dentro de los bancos de materiales para la autopista, contemplados por la SCT.

Zapata Frayre habla de la gestión ordenada por Monreal a la Profepa, a través de su subsecretario Enrique Laviada: “el gobierno del estado aboga para que no se pare el abastecimiento de la carpeta asfáltica a la autopista, los funcionarios abogan, y bueno, mientras seguía corriendo la investigación, al no tener una resolución definitiva, siguieron trabajando, vamos a decir de manera irregular, porque estaba corriendo el proceso. Nosotros siempre estuvimos a punto de clausurar el banco, pero hubo convencimiento de que no era conveniente, pero en la resolución final vamos a establecer la multa, que puede ser desde 100 hasta 4 mil días de salario mínimo”.

Hasta el momento Grupo Plata continúa laborando en la obra de la misma carretera con un nuevo contrato asignado por la SCT, en tanto el delegado de Profepa revela que tienen por lo menos otras 4 investigaciones abiertas en contra de la misma constructora por irregularidades.

Ante tales anomalías, el Órgano Interno de Control de la SCT informó que iniciarán las investigaciones para determinar las irregularidades cometidas por esa empresa constructora que, de confirmarse, podría quedar inhabilitada para nuevas obras.

Puntos suspensivos….

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) fue acusado ante un Tribunal Militar en Cuba, causa 53/01, por un ex oficial de la contrainteligencia cubana, Pedro Aníbal Riera Escalante, quien a más de cuatro años de que fuera secuestrado en la ciudad de México, narró a los periodistas Jorge Torres y José Reyez cómo fue traicionado por el gobierno mexicano y por agentes del Cisen.

En una amplia entrevista que publica en su primera parte la revista Contralínea, los reporteros se trasladaron a La Habana para reunirse con Riera Escalante, quien en libertad condicional en su país les contó su historia personal relacionada desde hace 25 años con el espionaje internacional y los operativos encubiertos en donde participó en contra de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, y narra también cómo están involucrados funcionarios mexicanos de los órganos de inteligencia como el Cisen en actos y hechos irregulares.

En tres horas de grabación, el ex agente cubano relató a los reporteros cómo fue secuestrado aquel 3 de octubre de 2000 por parte de agentes del Cisen, cuando salía de un Sambor’s en la ciudad de México y las torturas a que fue sometido. También recuerda su ingreso a los servicios de inteligencia cubanos cuando apenas tenía 18 años de edad, ahora tiene 50.