• Raúl y Enrique Salinas sacaron del país 300 m/d
• Cesan al director de Informática del Politécnico
• Exonera Eduardo Romero a González de Aragón

La supuesta muerte de Enrique Salinas de Gortari ha vuelto una vez más a centrar la atención pública en los procesos legales que siguen abiertos en tribunales mexicanos y extranjeros en contra de los integrantes del clan Salinas, en donde casualmente el único que está a salvo de toda investigación judicial es Carlos Salinas de Gortari, aun en aquel caso del uso faccioso de la partida secreta que, discrecionalmente, manejaba el presidente desde Los Pinos para enriquecer a sus hermanos, a políticos, a funcionarios, a intelectuales y a dueños de medios de comunicación.

Ante esos acontecimientos, cómo olvidar aquella conversación telefónica entre los hermanos Adriana y Raúl Salinas de Gortari que dio a conocer en su noticiero televisivo el periodista Joaquín López Dóriga, en donde se escucha desesperado y amenazante al mayor de los Salinas cuando le dice a su hermana que ya está harto de que Carlos salinas no haga algo para frenar las presiones y le advierte a Adriana que está dispuesto a revelar el origen de los fondos que utilizaba su hermano el ex presidente, pues se queja del abandono de éste para apoyar a la familia.

Esa conversación que fue grabada ilegalmente por los órganos de seguridad nacional y que por ello no puede ser utilizada como prueba en juicio alguno, vuelve a cobrar relevancia periodística por la muerte del hermano menor, quien era la persona que más utilizaba Raúl Salinas (preso en un penal del estado de México acusado de ser el autor intelectual del homicidio de su cuñado José Francisco Ruiz Massieu) y que según las primeras investigaciones era extorsionado por personas con quienes mantenía relaciones personales y de negocios.

Un clara muestra de esa estrecha relación que mantenía Enrique con el primogénito de la familia, se desprende de las investigaciones que realizaron durante 10 años las autoridades de Suiza y que en ese tiempo lograron desenredar parte de la madeja financiera que tejió el preso de Almoloya en sólo seis años que su hermano Carlos ocupó la Presidencia de la República.

Por ejemplo, de las operaciones financieras por más de 300 millones de dólares que los fiscales suizos lograron probar que Raúl Salinas sacó de México a través de cuatro instituciones financieras mexicanas y del banco extranjero Citibank México, para transferirlos a cuentas bancarias de Estados Unidos, Francia, Suiza, Londres, Alemania y paraísos fiscales del Caribe, el hoy occiso Enrique Salinas de Gortari participó, junto con su entonces esposa Adriana Lagarde de Salinas, en las triangulaciones de dinero, lo que motiva investigar si esos millones de dólares que triangularon por cuentas abiertas a nombre de la ex esposa fueron el motivo del homicidio.

Es decir, Raúl utilizaba a sus hermanos Enrique y Adriana Salinas, así como amigos, prestanombres, abogados y prominentes empresarios para sacar del país cientos de millones de dólares que hasta ahora nadie ha podido explicar su origen real.

En el caso de Enrique Salinas y su ex esposa Adriana Lagarde, son múltiples las operaciones financieras que realizaron juntos para triangular los fondos y evitar que pudieran ser rastreados por las autoridades responsables de combatir el lavado de dinero en el mundo, lo que los hace presuntos cómplices de Raúl Salinas en el blanqueo de capitales.

La pista del dinero sucio

En un sólo ejemplo de las muchas rutas financieras trazadas por el entonces matrimonio Enrique Salinas y Adriana Lagarde demuestran la compleja red financiera que hasta ahora el gobierno mexicano se niega a investigar y que allí puede estar la clave del crimen del menor del clan salinas:

1. De la cuenta 50542-3 abierta en Banco Mercantil a nombre de Adriana Lagarde de Salinas, aparecen 18 depósitos por un millón 195 mil 828.9 dólares, realizados entre el 23 de junio de 1993 y el 14 de noviembre de 1994, último año de gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

2. De esa cuenta abierta en Banco Mercantil se realizaron transferencias por 1.2 millones de dólares a la cuenta 50965096 del Societe Generale París, a nombre de Adriana Salinas de Gortari.

3. De la cuenta de Adriana Salinas se realizaron dos movimientos financieros: uno por 2 millones 975 mil 956 dólares, el 11 de mayo de 1994, y el segundo por 568 mil 500 dólares, el 20 de mayo de 1994, a la cuenta GO-055.962 abierta por Enrique Salinas de Gortari y su esposa Adriana Lagarde en el Societe Banque Suisse Lausanne.

4. De esa cuenta abierta por el matrimonio Enrique-Adriana, se hicieron tres transferencias, dos a la cuenta GO-59.163 en Societe de Banque Suisse Lausanne, a nombre de Adriana Lagarde y Enrique Salinas, una por un monto de 4 millones 312 mil dólares el 13 de mayo de 1994 y otra por 1 millón de dólares el 17 de mayo de 1994. La tercera transferencia se hizo por un millón de dólares el 25 de mayo de 1994 a la cuenta 167.638EA de Union Bancaire Privee Geneve, a nombre de Adriana Lagarde y Enrique Salinas.

5. De la cuenta abierta en Societe de Banque Suisse Lausanne, se hicieron varias transferencias, una de ellas fue a la cuenta 80945 del Bank Julios Baer Zurcí a nombre de Enrique Salinas de Gortari, por 570 mil dólares, de donde se enviaron 100 mil dólares a la cuenta 50965096 abierta por Adriana Lagarde de Salinas en Societe General Paris.

La anterior es sólo una de las muchas rutas que siguió el dinero que ordenó Raúl Salinas mover por todo el mundo antes de que su hermano dejara la Presidencia de la República y pudiera ser rastreado en caso de alguna investigación financiera en su contra, por lo que llevó años a los expertos investigadores suizos desenmarañar las múltiples operaciones financieras de los Salinas y se presume que aún hay infinidad de cuentas que nunca fueron descubiertas en otros países.

Concluye investigación contra el IPN

Después de dos años y medio de una intensa persecución en contra de directivos del Instituto Politécnico Nacional por un presunto daño patrimonial de 74.6 millones de pesos en la compra de computadoras marca Alaska a la empresa Centro Integral de Sistemas de Información (CISI), la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, cuyo titular es Jesús María Robledo Sosa, resolvió que no hubo desvío de recursos públicos pero sí negligencias y omisiones de parte de tres funcionarios de esa casa de estudios, por lo que decidió inhabilitar por 10 años para trabajar en el servicio público al director de Informática del IPN, Gerardo Velásquez Martínez; al jefe de la División de Recursos Materiales de la Dirección Administrativa, Román Mata Becerril, y al jefe del Departamento de Compras, Nelson Humberto Camas Laguna.

Sin embargo, la resolución de la Secretaría de la Función Pública fue emitida el 13 de septiembre de 2004 y Gerardo Velásquez Martínez siguió formalmente en su cargo de director de Informática hasta el 1 de diciembre, es decir que a pesar de haber sido inhabilitado todavía pudo cobrar su salario de 54 mil pesos mensuales hasta el mes de diciembre. Es más, hasta el viernes de la semana pasada Gerardo Velásquez todavía despachaba en la Dirección de Informática bajo el argumento de que “está entregando la oficina”, aunque algunos politécnicos aseguran que el funcionario cesado espera cobrar su aguinaldo.

Al respecto el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del IPN, Alberto Guerrero Rojas, explicó así la permanencia en el cargo de este directivo del IPN: “propiamente ya no sigue en su puesto, pero hubo una mala interpretación por parte del abogado general del Politécnico sobre esa resolución, pero le fue aclarado e impuesto de la manera en que debía ejercer y ejecutar la sanción por el mismo director de Responsabilidades de la Secretaría de Función Pública. Así que ya está el oficio de complementación en el cual a partir del primero de diciembre dejó de ser director de Informática”

¿Pero por qué sigue cobrando cuando fue inhabilitado desde hace tres meses?, se le preguntó al director de Responsabilidades.

R. Hubo ahí un desfase, porque propiamente la ley o los reglamentos no precisan de manera puntual y clara de qué manera ejecutar las sanciones, pero esto fue materia de consulta y de unas interpretaciones que hizo el mismo abogado general y que fueron puntualizadas y obviamente exigidas por el director de Responsabilidades de la Secretaría de Función Pública para que se ejecutara y esto ya se llevó a cabo.

El oficio de Eduardo Romero

Un oficio firmado por el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, fechado el 30 de septiembre de 2004, da por concluida la investigación por el supuesto conflicto de intereses en contra del auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, quien a través de su despacho González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos S.C., da servicios de auditoría externa al gobierno federal desde 1985, incluida a la misma Secretaría de la Función Pública, lo que lo convertía en juez y parte de las investigaciones.

El oficio número SP/100/0760/2004 que fue enviado por Eduardo Romero al auditor Superior de la Federación señala lo siguiente:

“De conformidad con nuestra conversación telefónica, me permito reiterar las siguientes consideraciones:

“El despacho Externo denominado González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, S.C., es proveedor de servicios de auditoría externa del sector paraestatal del gobierno federal desde el año de 1985.

“En los expedientes que obran en esta Secretaría se confirma la existencia de constancias y certificaciones notariales que dan cuenta que desde su nombramiento como Auditor Superior de la Federación, usted dejó de ser socio del despacho mencionado.

“Con base en lo anterior, se estima que la citada firma de auditores externos se ha mantenido con capacidad legal para ser proveedora de servicios de auditoría para el Gobierno Federal, tal y como se constata con las asignaciones determinadas en los ejercicios fiscales de 2002 y 2003.

“Al día de hoy, esta Secretaría de la Función Pública no tiene conocimiento de conflicto de intereses o circunstancia alguna que la lleve a desincorporar de su padrón de proveedores de servicios de auditoría externa a la firma González de Aragón y Asociados, por lo que con su contratación no se viola la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o la Ley federal de responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”.

En otro oficio del 1º de noviembre de 2002, la titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Contraloría, doctora Olga Hernández Espíndola, explicó al director general adjunto de Auditorías Externas y Específicas, Jairo Perilla Caramelo, que el contrato de donación de la parte social que pertenecía a Enrique Arturo González de Aragón Ortiz en el despacho González de Aragón y Asociados Contadores Públicos, a favor de sus hijos Javier y Gerardo González de Aragón Rodríguez, quienes a su vez son socios del mismo despacho, hace constar que González de Aragón dejó de ser socio, por lo que no se violó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Como si se trata de un acuerdo cupular para evitar que los órganos de control y vigilancia de los poderes Ejecutivo y Legislativo se hagan daño entre sí, la exculpación del auditor Superior de la Federación provino del mismo secretario de la Función Pública, para evitar cualquier reclamo posterior, con lo cual parece invalidarse aquel concepto 2.3 del Código de Ética Profesional de la Auditoría Superior de la Federación que precisa: “los auditores están éticamente obligados a no intervenir en ningún asunto en el cual tengan algún interés personal, o de cualquier otra índole, que constituya un impedimento para desempeñar sus funciones con la debida imparcialidad y objetividad”.

Cómo podrá evitar González de Aragón el conflicto de intereses cuando secretarías de Estado o empresas paraestatales contraten al despacho que dice el auditor manejan ahora sus hijos, sobre todo cuando la Auditoría Superior de la Federación es la entidad responsable de investigar la transparencia y el buen manejo de fondos públicos en el gobierno federal.

¿Qué pasará cuando el auditor Superior de la Federación tenga que investigar a un secretario de Estado que haya desviado recursos y, al mismo tiempo, tenga contratado al despacho de auditores que manejan sus hijos? ¿Podrá realmente Arturo González de Aragón ser imparcial en esos casos y enfilar sus baterías en contra de los funcionarios corruptos del gobierno foxista que ahora le dan empleo al despacho de contadores que heredó a su familia?

En la denuncia en contra de González de Aragón presentada en junio pasado ante el Congreso y la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación por José Luis Moyá, se indica que “sería ilógico creer que el auditor superior no tuviese contacto con sus hijos y compartiera información confidencial, aunado a que el prestigio y nombre del auditor superior es la razón de la contratación de la empresa por parte de Función Pública”.

El objetivo del secretario de la Función Pública, dice la queja, es justificar los contratos de servicios otorgados al despacho González de Aragón por un monto total de 17 millones de pesos.