Lunes 06 de Diciembre de 2004

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• Televisa, Krauze y Cipsa ante tribunales
• Pierde Editorial Clío un juicio con Cipsa
• Intervienen Bátiz y Abascal por Krauze

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal lleva a cabo una investigación que relaciona al reconocido y prestigiado intelectual mexicano Enrique Krauze y su Editorial Clío con abogados de Televisa, como los autores de una supuesta simulación de una deuda documentada en pagarés que se ha utilizado para dar lugar a un juicio civil que resulta también una simulación de acuerdo con el nuevo Código Penal del Distrito Federal.

En el expediente FPC/547/04-07, el ministerio público y sus peritos han determinado con riguroso estudio de los documentos, que los escritos judiciales que supuestamente presentan las dos partes contrarias del juicio: Televisa y Editorial Clío, son en realidad hechas por la misma persona, lo que confirma que el crédito y el procedimiento judicial son actos simulados que las nuevas leyes penales de la ciudad de México consideran como un delito.

En respuesta a esa investigación, el historiador Enrique Krauze explicó que la Editorial Clío es socia de Televisa y ambas empresas realizaron un ajuste administrativo y de capitalización para la editorial por 20 millones de pesos.

“Estamos en vías de pago y capitalización. Clío ha tenido una cuenta corriente con Televisa y teníamos un adeudo, pero hemos llegado a un acuerdo de cómo vamos a pagar y a capitalizar. Estamos en proceso de capitalizar y en unos días vamos a retirar todas las demandas”, dijo el escritor.

Entrevistado vía telefónica, Krauze comentó que con parte de la capitalización de 20 millones de pesos se va a pagar el pasivo, de modo que “entre Televisa y Clío no hay ningún problema en absoluto”, reiteró.

La historia

Editorial Clío y Televisa -léase Enrique Krauze y Emilio Azcárraga- tienen relaciones empresariales que resultan benéficas no solamente en el mundo de los negocios, sino en las relaciones que tienen los intelectuales y los medios de comunicación con el poder político. Sobre todo si se trata de una figura destacada como la del historiador, quien tiene una presencia real en un sector de la cultura mexicana. Para algunos, la mezcla de negocios e historia resulta un producto sospechoso por híbrido y para otros algo que se puede vender en la televisión como documental o telenovela. En ambos casos se obtienen cuantiosas ganancias.

Editorial Clío perdió un juicio con una empresa que se llama Cipsa, y para evitar los riesgos de los embargos y los procedimientos para hacer efectivo lo que ganó su demandante, Enrique Krauze, sus representantes legales –entre otros Javier Florido Ruiz– y el abogado de Televisa, Luis Alejandro Bustos Olivares, ingeniaron la constitución de un adeudo millonario, el cual aparentemente no se pagó y dio lugar al procedimiento que se tramita en el juzgado Vigésimo de lo Civil (expediente 265/04).

En este juicio se volvió a embargar a Clío para que Cipsa no pudiera ejercer sus derechos de acreedor. Pero el hecho fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia e inmediatamente el ingeniero Enrique Krauze compareció ante algunos medios de comunicación para dar una primera explicación y señalar que el juicio solamente se había promovido para evitar que los pagarés se extinguieran por el paso del tiempo. Es decir, con esas manifestaciones confirmó que la demanda no se había presentado para cobrar sino simplemente para aparentar un propósito distinto.

En su defensa, Enrique Krauze afirma que no hay simulación alguna: “aquí nosotros hemos reconocido una deuda real que nosotros tenemos con Televisa y que Clío va a pagar. Eso se va a probar en tribunales.

“Nosotros le pagamos a Cipsa hace unos días 700 mil pesos, pero la tenemos demandada por fraude porque quiere extorsionarnos para sacarnos dinero.

“Con Cipsa, tanto Televisa como Clío estamos en litigio con los dueños de esa empresa, porque los tenemos demandados por administración fraudulenta de una persona que trabaja allí, pero esto se debe dirimir en tribunales y lo que éstos digan lo acataremos”.

Televisa y Krauze

En la seguridad de que el juicio civil no llamaría la atención, los abogados de Televisa agravaron la situación porque, para defenderse, aseguraron que Krauze firmó indebidamente los documentos porque no tenía facultades para ello. Dicho en otras palabras, quieren decir que si Televisa le entregó dinero a Clío es porque éste les mintió al firmar los pagarés sin tener facultades para hacerlo. Luego no tenía porque pagarles.

Ya con los pagarés en los juzgados, acudieron a este argumento para defenderse del supuesto embargo. Total, ingeniaron un galimatías legal que ahora opera en su contra y tiene a Krauze metido en el berenjenal de los asuntos penales que se tramitan en el bunker judicial de la colonia de los Doctores.

En este enredo judicial, uno de los hechos que más ha llamado la atención es que se han presentado como gestores de la defensa de Enrique Krauze en las oficinas del procurador Bátiz, los mismos abogados de Televisa que son supuestamente sus contrarios en el juicio civil.

Los antecedentes reales y que esta columna ha podido constatar porque cuenta con los documentos judiciales son los siguientes:

Editorial Clío fue embargada en otro procedimiento y condenada a pagar sumas de dinero a favor de la empresa Cipsa. Con el propósito deliberado de impedir que la sentencia que le ganó Cipsa a Editorial Clío tuviera repercusiones graves, Krauze aparece como el autor, aquí si intelectual de la elaboración de siete documentos de crédito que supuestamente Clío suscribe a favor de Televisa por una suma que rebasa a los 10 millones de pesos.

Ya con los pagarés elaborados, Televisa demanda a Editorial Clío en el juzgado vigésimo civil del Distrito Federal, expediente 265/2004, y le encomienda las acciones legales a Luis Alejandro Bustos Olivares. En un juicio enconado, Editorial Clío contestó la demanda asegurando que Krauze no tenía facultades para suscribir los títulos de crédito.

Cuando el historiador-empresario supo que se había impugnado la validez del juicio, declaró públicamente que los documentos se le habían presentado al juez “solamente para evitar su prescripción”, es decir, que no tenían el interés realmente en que el juicio fuera un procedimiento para cobrar, sino que dejó entrever claramente que su propuesta de ir a juicio era una situación irreal.

La simulación es evidente porque resulta que los escritos de las partes en litigio están hechos en la misma máquina, con la misma redacción y por la misma persona. Incluso, así lo determinaron con minuciosos estudios técnicos los peritos expertos en el estudio de documentos que pertenecen al staff directo del procurador Bátiz.

Una vez que se comprobó que las promociones de quienes son adversarios en un juicio que las hace la misma persona, el curso de la investigación se conduce al origen de los pagarés mercantiles que suscribió Enrique Krauze sin facultades para ello.

El asunto tiene además una novedad. Resulta que el Distrito Federal tiene un nuevo Código Penal que es considerado como muy riguroso y de una gran dureza en la imposición de las penas y de la descripción de aquello que han considerado delito. Entre estas figuras se puso especial empeño para evitar los abusos de los abogados litigantes, en castigar las simulaciones en los juicios y no se pueden presentar testigos falsos, documentos alterados o que no cumplan con la realidad.

Por esta razón, para evitar que la suscripción de la deuda millonaria pudiera ser sancionada por este nuevo Código Penal, los pagarés se fecharon con dos meses de anticipación a que el nuevo código iniciara su vigencia.

Sin embargo, el juicio sospechoso que involucra directamente a Krauze por ser el suscriptor de los documentos que dan lugar al procedimiento, se ha tramitado en el curso del año y de resultar que se integra debidamente el expediente, las partes del juicio y Editorial Clío quedarían sujetos a la nueva disposición que castiga la simulación procesal con una pena de tres a doce años de prisión porque la cuantía del crédito simulado y del juicio tipificado como fraude procesal es de 10 millones de pesos.

La historia de un historiador

Enrique Krauze es un “historiador sospechoso” porque falta a la verdad, dice la antropóloga Diana Roldán de Villamil, quien fue empleada de este prestigiado intelectual mexicano y despedida injustificadamente. Pero el caso ya rebasó los tribunales laborales y ahora se ventila en juzgados penales en medio de acusaciones cruzadas por fraude. Y levanta suspicacias, cuando menos para la autoridad penal que investiga a Krauze junto a su apoderado Javier Florido y a un grupo de abogados de Televisa, por la tramitación de un juicio mercantil que tiene todos los tintes de ser fraudulento por tratarse de una simulación.

Para la ex colaboradora de Krauze, una de las claves de su éxito en la llamada “fábrica de video historias” y que es hoy la manzana de la discordia en los conflictos legales en que se ve entrampada la figura del prominente intelectual mexicano, los líos litigiosos en que se ha visto envuelta, según ella, constituye una historia digna de ser contada en uno de los documentales de “México nuevo siglo”, la serie documental que produce Editorial Clío y difunde Televisa.

Amigos ayer y enemistados luego han dado lugar a un pleito muy enconado. Según Roldán de Villamil todo empezó con un simple problema laboral que pudo resolverse de dos maneras: despidiéndola legalmente o respetando las decisiones de las autoridades. Desde el principio del conflicto se propició un diálogo para negociar un arreglo. Como éste no se dio, de las palabras pasaron a las manos: la antropóloga demandó laboralmente a Clío y Krauze contestó con una demanda de carácter penal. La respuesta fue un juicio de carácter civil como pleito agregado en el que Cipsa –la empresa independiente que pertenece a Diana Roldán de Villamil y a su esposo Ney Villamil- reclama sumas de dinero que no le fueron pagadas por la Editorial Clío.

Abiertos los frentes entre las partes, los Villamil en las juntas de conciliación y arbitraje y en los juzgados civiles, Krauze se dio a la tarea de tratar de consignar la denuncia que presentó contra la profesional. Navegando las partes en esas aguas procelosas y cada vez más lejos del posible arreglo, Krauze buscó el auxilio del jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador para que su procurador Bernardo Bátiz consignara a Villamil. Fue muy curioso que por esas fechas, Krauze, el periodista, diera un giro para unirse al coro de las voces elogiosas de la figura del jefe de gobierno.

El maestro Bátiz amortiguó las cosas, y mientras aparecía como un amable negociador que quería componer el conflicto, daba instrucciones para consignar penalmente a Diana Roldán de Villamil. El expediente fue llevado a empellones a las cortes penales y resultó que los jueces de primera instancia y apelación negaron la orden de aprehensión porque consideraron que la denuncia de Krauze era un artificio y que no había elementos para proceder contra la inculpada.

Todo está bien. Pero parece que los Villamil y Krauze no se han percatado del alcance de las cosas que han hecho en los tribunales y se han publicado, como son las declaraciones contradictorias que el destacado historiador ha hecho del conocimiento de los medios. Un aspecto de la mayor gravedad que se presenta, sobre todo para Televisa, radica en el impacto de su vida bursátil, porque los códigos de ética que regulan su funcionamiento en el territorio de los Estados Unidos y en México rechazan categóricamente la elaboración de actos ilícitos o delictuosos porque, uno de sus efectos más graves se resiente inmediatamente en el mercado accionario. Así pues, es posible que pronto cesen las actividades. Sobre todo si Krauze no vuelve a dejar embarcado en este asunto al secretario del gabinete presidencial, Carlos Abascal, titular de la Secretaría del Trabajo, a quien pidió ayuda.

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