• La onerosa industria del narcotráfico
• Llegan bandas colombianas a México
• Difiere la PGR sobre lavado de dinero

Como una gran industria que genera cuantiosos recursos para todos los que se dedican a ella, el narcotráfico lejos de verse disminuido por la lucha que libran en su contra el Ejército Mexicano y los cuerpos policiales y de seguridad nacional, en lo que va del sexenio ha incrementado el consumo de drogas en el país, han mejorado los canales de distribución y con ello ha aumentado la violencia que genera la operación de las mafias de las drogas en el territorio mexicano, mientras que las ganancias que produce esa actividad ilícita rondan los 30 mil millones de dólares, según estimaciones de especialistas financieros quienes, por cierto, nunca saben decir en dónde se “lavan” esos cuantiosos recursos que por sus montos sólo pueden blanquearse en dos sectores: el empresarial y el bancario.

Así las cosas, nos preguntamos entonces de qué sirven tantas aprehensiones de jefes de la mafia que los generales Clemente Vega, secretario de la Defensa, y Rafael Macedo de la Concha, procurador general de la República, reportan a la sociedad cada semana a través de todos los medios de comunicación que, ávidos de noticias, presentan las capturas como si con ello se diera un golpe de muerte a esa actividad criminal.

Por supuesto que más tardan los órganos de seguridad del Estado en capturar a uno de esos jefes de los cárteles que éstos en sustituirlo. Y no se trata más que simplemente de cubrir las necesidades de un mercado cada día más demandante y también más peligroso, en donde la oferta laboral es tan amplia que muchos “ejecutivos” están dispuestos a arriesgar la vida a cambio de asumir el mando de estas organizaciones criminales.

Pero para conocer más de esta peligrosa industria, un experto en la materia es el titular de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Salud, perteneciente a la PGR, Jorge Rosas García, quien identifica 6 grandes organizaciones de narcotraficantes que operan en todo el país: el cártel del Golfo, los hermanos Arellano Félix, la familia Valencia, los Carrillo Fuentes, Nacho Coronel y el Chapo Guzmán con el Mayo Zambada y El Azul. La banda de los Días Parada, que tienen su sede en Oaxaca, es parte del grupo Arellano Félix de Tijuana.

Sobre el cártel del Golfo, del que fue jefe el legendario Juan García Abrego, actualmente preso en una cárcel de Estados Unidos, Rosas García explica que durante muchos años la PGR ha combatido a este grupo del que también fue comandado por Osiel Cárdenas y sus hermanos, además de operadores con capacidad de liderazgo como Víctor Manuel Vázquez.

A ese grupo, dice el jefe policiaco, se le han dado fuertes golpes en su estructura, pero eso no ha impedido que siga operando, porque cuenta con áreas de trabajo muy específicas, en donde un grupo se dedica al cultivo, otro a la siembra, uno más a la distribución, otro a la internación de droga a estados Unidos, uno al lavado de dinero, otro para protección y así se crea una organización horizontal para protegerse de cualquier captura que no pueda incidir en otra áreas.

Por ejemplo, hace unos meses se capturó en el estado de México a unos delincuentes pertenecientes al cártel del Golfo y que transportaban 155 kilogramos de cocaína y más de 2 millones de dólares en efectivo, lo que significa que el grupo sigue operando aunque sus líderes sean capturados.

“Haga de cuenta que es como un director de una empresa, que se gana la confianza de otros grupos e, inclusive, esa confianza les da a ambos la posibilidad de vender droga y por el liderazgo que tiene la posibilidad de cumplir compromisos con cualquier otra organización extranjera dedicada también al tráfico de estupefacientes, de tal manera que cuando se captura a un líder de alguna organización, la PGR rompe la cadena de contactos con bandas de otros países que son las que surten las drogas”, Rosas García explica así que ni con la captura de importantes jefes de la mafia se frena la distribución de drogas.

De las ejecuciones que en los últimos días han ocurrido en varios estados de la República como es el caso de Tamaulipas, el responsable de la PGR para combatir al narcotráfico dice que se trata de enfrentamientos entre bandas por el control de la plaza, porque en el caso de Tamaulipas resulta muy atractiva porque es la más cercana entre las poblaciones de México y Estados Unidos.

Amenazan cárteles colombianos

Hablar del narcotráfico colombiano es hablar ya de literatura, pues muchos libros se han escrito sobre el tema por ser ese país sudamericano el principal productor y procesador de cocaína en el mundo. Ese primer lugar que tantos dolores de cabeza le ha dado a la sociedad colombiana hasta convertirla en perseguida por todo el mundo, al grado de que cuando alguna persona intenta cruzar la aduana de cualquier país, lo primero que hacen las autoridades es revisarla con todo y maletas, como si se tratara de un narcotraficante confeso, lo que resulta no sólo molesto sino denigrante y violatorio de los derechos humanos.

Pues de acuerdo con informes de los órganos de inteligencia mexicanos, hay una importante presencia de dos grupos colombianos en territorio nacional y a diferencia de otros tiempos cuando organizaciones de narcotraficantes de Colombia sólo venían a México a entregar la droga a bandas mexicanas y se regresaban a su país, ahora se ha descubierto la presencia de por lo menos dos grupos distintos de narcotraficantes colombianos que se han asentado en territorio nacional.

Sobre ello, el titular de la Unidad Especializada en Delitos contra la Salud de la PGR explica que ya están investigando a esas organizaciones de colombianos que surten la droga a las bandas mexicanas, pero advierte lo peligrosas que son, pues es conocida la forma violenta de operar de esos narcotraficantes sudamericanos.

El difícil delito de “lavado” de dinero

El delito de “lavado” de dinero es sumamente difícil de probar, al menos eso han demostrado las autoridades responsables, pues en la historia mexicana los casos en donde se ha sentenciado a personas que cometen ese ilícito son mínimos. Por eso llama la atención la disputa judicial que libran los ministerios públicos federal y local para inculpar por blanqueo de capitales al perredista René Bejarano, quien más se parece a un botín político-judicial con miras al 2006 entre el gobierno federal panista y el gobierno local perredista., que un reo que “lavó” dinero para beneficio propio.

Una experta en esta materia es sin duda Luz María Núñez Camacho, profesora universitaria y responsable de la unidad de lavado de dinero en la Procuraduría General de la República, quien desde los gobiernos priístas se especializó en perseguir por todo el mundo a delincuentes mexicanos de cuello blanco y quien en conferencias ha sostenido que para poder configurar el delito de “lavado”, el dinero tiene forzosamente que entrar a los circuitos financieros, es decir a los bancos, a la bolsa, adquirir acciones, comprar dólares, realizar transferencias electrónicas o simplemente adquirir bienes.

Por ello sorprendió la respuesta que el subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos, dio a los reporteros que cubren la fuente policial, cuando uno de ellos le preguntó con agudeza reporteril: ¿cómo se configura el delito de lavado de dinero? y ¿qué operaciones (financieras) hizo Bejarano para lavar el dinero?

La respuesta del también experimentado investigador y experto en delincuencia organizada reveló otros intereses distintos a los de procuración de justicia: “recuerden que el tipo penal habla desde distintas conductas: una de las conductas es adquirir. Nosotros creemos que también, independientemente de adquirir, está el custodiar, eso también lo vamos a pelear, para que también la conducta de custodia esté incluida en el auto de plazo constitucional”.

Es decir, la PGR no ha podido probar, porque no tiene evidencias de ello, que el dinero que Bejarano recibió haya sido introducido en los circuitos financieros mexicanos ni tampoco en cuentas personales o de familiares, y para poder inculparlo por el delito de “lavado” de dinero se considera que por el sólo hecho de haberlo recibido y quedarse con él, el perredista incurrió en ese ilícito tipificado en el artículo 400 Bis del Código Penal.

Pues vaya dilema, porque el ministerio público consignó dicho expediente a un juez federal bajo ese débil argumento, pero lo más grave es la irresponsabilidad del juez federal para librar una orden de aprehensión con las pruebas aportadas por la PGR, ya que es claro que lo único que se busca es evitar a cualquier precio que Bejarano quede libre, sin importar la fragilidad de los argumentos legales, así que este personaje de triste figura podrá ser todo lo malo, perverso y corrupto que quieran las autoridades federales y locales, pero lo que si es un hecho es que nunca “lavó” dinero porque no adquirió bienes ni tampoco introdujo los recursos en los circuitos financieros.

Complejo como es entender cuándo hay “lavado” de dinero, baste decir que primero tiene que probarse la comisión de un delito previo, como narcotráfico, fraude, cohecho, extorsión o algún otro, y que de éste se obtenga algún beneficio económico, para que posteriormente ese dinero ingrese a los circuitos financieros, de tal manera que el blanqueo de capitales es un delito subsecuente y por ello algunos jueces consideran que no puede haber “lavado” de dinero mientras no se tenga la sentencia del delito previo, pero el juez que dictó el auto de formal prisión a Bejarano lo consideró presunto responsable de ese ilícito aún cuando no se haya probado el primer delito que es extorsión. Procesos legales torcidas por la política.

Diputados corruptos

Un oficio firmado por el secretario técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos en la Cámara de Diputados, Javier Bermúdez, fue enviado a siete diputados de tres partidos políticos: PRI, PAN y PRD, para informarles que les sería descontado de su salario el monto de los viáticos que les habían entregado para viajar en comisión al interior de la República y que, sin justificación alguna, decidieron no acudir para atender el problema y en cambio se apropiaron de esos recursos públicos.

Así el caso, parecería un delito de peculado cometido por diputados, que si bien tienen fuero, éste no les permite desviar fondos públicos, y si a esto se agrega que los legisladores reciben mensualmente boletos de avión para realizar viajes de trabajo al interior de la República y la mayoría de las veces no los utilizan porque prefieren cambiar los cupones de vuelo por dinero en efectivo en las agencias de viaje que están dentro de las instalaciones de la Cámara, pues tenemos otro “pequeño” acto de corrupción.

Y aunque parezca insignificante este “pequeño” desvío de recursos públicos, al interior de la Cámara se sabe que un grupo numeroso de los 500 diputados realiza estas prácticas ilegales constantemente, por lo que algún órgano de vigilancia y control debería investigar y sancionar a los legisladores corruptos.

Pero las irregularidades no paran ahí. En comisiones de la Cámara de Diputados se ha descubierto que muchos legisladores tienen aviadores con sueldos de asesor, otros tienen en varias nóminas a sus incondicionales, unos más les quitan la mitad del salario a los trabajadores que ellos mismos contrataron y, el colmo, es que algunas secretarias y asistentes de comisión realizan el trabajo duro que le corresponde a su jefe.