• De 50 mil millones el subsidio a tarifas eléctricas
• Pemex aportará al fisco más de 500 mil millones
• Paco Gil Díaz en la mira de la Auditoría Superior

En el presupuesto federal para el 2005, la Comisión Federal de Electricidad tuvo una reducción de 30 mil millones de pesos en su operación, por lo que su director general Alfredo Elías Ayub negocia con el Congreso un incremento en los recursos asignados que, aunque parecen cuantiosos, la gran mayoría se va directo al pago de combustible para Pemex, otra parte al pago de la deuda, una cantidad adicional para salarios de los trabajadores y una parte mínima sólo para inversión.

Aunado a lo anterior, la Secretaría de Hacienda ha solicitado a la CFE la devolución de 10 mil millones de pesos como un proceso de recuperación financiera del gobierno federal, a fin de canalizarlos a otras prioridades, pero si lo que se solicita al Congreso es incrementar el presupuesto para la paraestatal, es imposible devolver 10 mil millones a Hacienda.

Al respecto, Elías Ayub acepta que se deben cumplir las obligaciones de operación de la CFE y por ello es tan difícil poner en los mismos términos el presupuesto de empresas operativas como Pemex y CFE que los de una Secretaría de Estado que tiene funciones de regulación o de promoción. Es decir, una empresa que opera y produce como la CFE las 24 horas de los 365 días del año, no puede decir que por falta de presupuesto baja el switch.

En medio de los problemas financieros que enfrenta la CFE, algunos legisladores han sugerido su fusión con la Compañía de Luz y fuerza del Centro, pero el director general de la CFE explica que esta propuesta del Congreso es inviable porque hay dos contratos colectivos de trabajo con sindicatos diferentes y obviamente en el momento que dos empresas se unen el objetivo es buscar el contrato colectivo más productivo y habría aquí un sector muy grande para producir.

En una entrevista en sus oficinas de la CFE, Elías Ayub habla también del sensible tema del subsidio a las tarifas eléctricas, del cual dice asciende a más de 50 mil millones de pesos, por lo que “es muy importante transmitir que a pesar del incremento en los insumos, que ha sido enorme en lo que va del año pasado y éste, ese incremento no se ha visto reflejado en las tarifas del consumo bajo y el consumo medio, que siguen altamente subsidiadas, por lo que no habrá ningún cambio en la política de tarifas”.

Sobre los problemas de la deuda de CFE, su director general sostiene que están restituyendo deuda que tradicionalmente tenían en monedas extranjeras (dólares, yenes, euros) por pesos, en un programa gradual que incluye extender los plazos de pago. “Pero esa deuda no tiene relación con los Pidiregas, los cuales son obligaciones contractuales, sobre todo las de plantas de generación, que ya de por sí son de largo plazo y que tienen una moneda sobre la que está obligada”. De la deuda corriente de CFE se busca extender los plazos en coordinación con la Secretaría de Hacienda, pues esto no requiere autorización del Congreso.

En cuanto al financiamiento de proyectos con Pidiregas, Elías Ayub afirma que todos tienen como condición generar ingresos para poderse pagar. Así, el 99 por ciento de los proyectos de CFE han dado resultado, pero hay un pequeño proyecto en Baja California, en un campo geotérmico muy chico, de apenas 10 megas, y para dimensionarlo la última planta que se inauguró en Altamira es de mil megas y ésta de Baja California apenas es de 10 megas, en donde el vapor que salió del campo geotérmico no ha sido suficiente para generar esa cantidad de electricidad, por lo que trabajan en perforar otro pozo y contruyen más líneas para llevar electricidad a las comunidades pesqueras y generar una demanda para esa electricidad. Entonces ese proyecto pequeño financiado con Pidiregas no generó el vapor suficiente.

La rentabilidad de 12 por ciento de los Pidiregas ha permitido que en lo que va de la administración foxista los ingresos se hayan aumentado entre 104 mil millones a 150 mil millones de pesos, es decir que con los Pidiregas se genera más electricidad y por lo tanto mayores recursos en cuanto esta se vende.

Sobre el motivo por el cual no se reconoce a los Pidiregas como deuda pública, Elías Ayub sostiene que se debe a una serie de reglas que estableció el Congreso; sin embargo, en los estados financieros que publicó la CFE y que envió a la Bolsa Mexicana de Valores ya están reconocidos dentro de las cuentas de orden, y también se incluye una manifestación completa de las obligaciones que representan los Pidiregas, pues es importante reconocerlo así.

Se reúne el Consejo de Pemex

Con la salida de Raúl Muñoz Leos de la Dirección General de Petróleos Mexicanos (Pemex), nuevamente los secretarios con mayor influencia dentro del gabinete han vuelto los ojos a esa paraestatal por ser ésta la principal generadora de recursos. Así, a la reunión del Consejo de Administración que se llevó a cabo la semana pasada, asistieron los secretarios de Hacienda, Francisco Gil Díaz; de Energía, Fernando Elizondo; de Comunicaciones, Pedro Cerisola, y de Economía, Fernando Canales, así como el director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub, y los líderes sindicales Carlos Romero Deschamps, el senador Ricardo Aldana y el diputado federal Pablo Pavón.

En la reunión, el presidente del Consejo de Administración, Fernando Elizondo, dio la bienvenida al ingeniero Luis Ramírez Corzo como nuevo director general de Pemex, quien presentó un informe acerca de las metas y proyectos para Pemex, el cual fue aprobado por unanimidad por los miembros del Consejo. En éste se destaca que las ventas probables de la empresa petrolera para este año se estima estarán por arriba de los 800 mil millones de pesos, pero que las aportaciones a la hacienda pública serán de más de 500 mil millones de pesos.

Al respecto, Gil Díaz dijo en esa reunión que está haciendo las gestiones necesarias a fin de promover un régimen fiscal diferente para Pemex, aunque no aclaró si es para exprimir más a la empresa petrolera o para reducirle los impuestos, pero según el comunicado de la paraestatal se busca dotarla de mayor autonomía de gestión, a fin de impulsar un gobierno corporativo en la empresa.

Por lo pronto, si para este año se esperan ingresos por la venta de productos petroleros por más de 800 mil millones de pesos y las aportaciones fiscales rebasarán los 500 mil millones, pues simplemente la Secretaría de Hacienda le quita a Pemex el 60 por ciento de sus recursos, lo que le impide invertir en exploración y producción de crudo y gas, así como en la construcción de nuevas refinerías y muchos menos pensar en la producción de petroquímicos.

Pero la nota en la reunión del Consejo la dio sin duda el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, aquel que le cargaba la maleta a La Quina antes de que Salinas de Gortari lo metiera a la cárcel por delitos que no cometió, cuando en su turno calificó de positiva la designación de Ramírez Corzo y aseguró que “su experiencia en el sector es fundamental, porque esto ayudará a que se privilegie el diálogo, la comprensión bilateral, el bienestar de los trabajadores y, a través de ello, se logre fortalecer a Pemex”. Por supuesto que nadie de los ahí presentes le creyó al líder petrolero, quien apenas hace unos meses empinó al ahora exdirector Raúl Muñoz Leos en la firma de un convenio que le permite manejar a su antojo casi 8 mil millones de pesos del presupuesto público que maneja la paraestatal.

Lo más sensato para el nuevo director Ramírez Corzo será revisar con lupa cada documento que le pasen a firma porque puede ser una petición millonaria del sindicato petrolero o sugerencias de los familiares de Marta Sahagún para beneficiar a alguna empresa privada o simplemente alguna corruptela de algún funcionario petrolero para asignar contratos de obras y servicios sin licitar apegado a las leyes y reglamentos.

Otra intervención que causó extrañeza, por decir lo menos, fue la que hizo el secretario de Energía, Fernando Elizondo, quien propuso la eliminación de regulaciones innecesarias y la reducción del número de comités internos que, según dijo, entorpecen la operación de la empresa. Aquí sólo esperamos que no se refiera a disminuir los controles de vigilancia en las obras y servicios que contrata la paraestatal, pues si ahora la corrupción ha carcomido a esa empresa paraestatal a pesar de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación, con menos regulaciones habrá que esperar un asalto mayor a las arcas de la empresa petrolera.

Y como último dato arrojado en esa reunión, es que el próximo jueves se volverá a convocar al Consejo de Administración para tratar el tema de la renegociación que llevan a cabo las secretarías de Gobernación y de Energía con los líderes del sindicato petrolero, Carlos Romero y Ricardo Aldana, en busca de reducir las prestaciones que Raúl Muñoz Leos les concedió. Una de las alternativas planteadas sobre este problema es crear un fideicomiso de vivienda a donde se ingresarían los 4 mil 200 millones de pesos destinados para ese rubro y que Muñoz Leos había aceptado fueran a parar a cuentas de fondos bancarios propiedad de los líderes sindicales, de tal manera que con esta nueva medida por lo menos se garantizaría la transparencia del manejo de esos recursos y se evitarían posibles desvíos.

Gil Díaz en la mira de la ASF

Inmersa en los escándalos de desafueros, la prensa capitalina apenas le dio un pequeño espacio a una importante iniciativa aprobada la semana pasada, casi por unanimidad en el pleno de la Cámara de Diputados, mediante la cual se obliga a todos los fideicomisos públicos y privados que manejen recursos provenientes del erario federal a permitir ser auditados y fiscalizados por el órgano de vigilancia y control del Congreso: la Auditoría Superior de la Federación (ASF), presidida por Arturo González de Aragón.

El dictamen que modifica la Ley de Fiscalización Superior elimina la secrecía en que se amparaban los fideicomisos para evitar ser auditados, y obliga a la Secretaría de Hacienda a abrir los expedientes para que la ASF revise la administración y el uso de recursos públicos manejados a través de esa figura financiera que durante muchos años dio protección a las irregularidades cometidas por servidores públicos y empresarios que desviaron recursos federales.

Por ello la importancia de este dictamen que asumieron los diputados de todos los partidos con responsabilidad y, sobre todo, con la conciencia de que no debemos permitir más impunidad en el manejo del dinero de todos los mexicanos.

Así también uno de los funcionarios más preocupados por esta nueva disposición del Congreso, es sin duda el secretario Francisco Gil Díaz, quien como lo hemos reiterado en esta columna, durante muchos años utilizó fondos públicos a través de fideicomisos clasificados como privados para no rendirle cuentas a nadie.

El ejemplo más claro son los miles de millones de pesos recabados por la Secretaría de Hacienda por el cobro del Derecho de Trámite Aduanero (DTA) y que, por lo menos en el sexenio foxista, se gastaron sin licitación alguna y sin el control ni la supervisión de la Secretaría de la Función Pública ni de la Auditoría Superior de la Federación. A esta dependencia sistemáticamente la Secretaría de Hacienda le negó el acceso a la información sobre el uso de fondos públicos que manejaron los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, en donde el mismo secretario Gil Díaz disponía y ordenaba hacia donde canalizar los recursos sin los molestos trámites de los concursos públicos a que obligan las leyes Federal de Responsabilidades y de Obra Pública.

Sólo como referencia, ambos fideicomisos aduaneros constituidos en Nacional Financiera en 1992 por el entonces subsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, aún guardan en sus arcas cerca de 8 mil millones de pesos, dinero que se pretende ocultar por tratarse supuestamente de fideicomisos privados, aunque éstos se nutran de dinero público.

Será importante seguirle la huella al auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, para saber si ahora que le fue allanado el camino para investigar los fideicomisos públicos y privados que manejan recursos federales, incrementa las auditorías y se mete por completo a esclarecer el desvío de recursos públicos y procede contra los funcionarios responsables por el delito de peculado.

De no ser así, el esfuerzo de la Cámara Baja quedará en el aire y la impunidad y la corrupción habrán ganado una batalla más.