• La pelea : Francisco Gil Díaz vs Carlos Slim
• Persecución fiscal en contra del Grupo Carso
• Investiga el Congreso fideicomisos aduaneros

¿Qué motivó a Carlos Slim a ser un crítico del modelo económico en marcha? Si recordamos, el empresario mantuvo un bajo perfil durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y apenas dos sexenios después se convierte en el régimen panista de Vicente Fox en un activo líder de opinión.

La primera explicación que encontraron los analistas a esta metamorfosis, fue un repentino interés del empresario modelo por la política y una supuesta ambición por convertirse en jefe del Ejecutivo, lo que también desató un inusitado interés de los partidos por relacionarse con él, sobre todo del PRI, el PAN y el PRD.

Pero la nueva posición del hombre más rico de América Latina coincidía más con un político de izquierda al estilo del magnate italiano de los medios de comunicación, Silvio Berlusconi. Después de todo, decían los analistas, si Slim era dueño de gran parte del país, lo único que le faltaba en su cartera era la presidencia de la República.

Pero el estancamiento de la economía, la ausencia de inversiones en sectores productivos, el exacerbado y obsesivo control de la inflación, aún a costa de la pérdida de empleos, y la proliferación de gobiernos populistas, así como la obsolescencia de los compromisos con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), son algunos de los temas sobre los que se ha manifestado el presidente fundador del ya legendario Grupo Carso.

Hasta ahora Vicente Fox y recientemente Andrés Manuel López Obrador han sido, aparentemente, los destinatarios de algunas críticas del magnate mexicano; sin embargo, para desilusión de los analistas de la política, no se trata de mensajes encriptados, pues ha quedado claro que a Slim no le interesa convertirse en el candidato de algún partido político con miras a las elecciones del 2006, en cambio sus críticas sí tienen un claro destinatario: el principal promotor de las políticas de libre mercado y la apertura al capital extranjero de sectores estratégicos como la telefonía.

Así, esta es la historia de una pelea anunciada entre el empresario modelo Carlos Slim y el secretario más duro del gabinete foxista, Francisco Gil Díaz.

Primer Round

Fue durante su gestión como subsecretario de Ingresos cuando Gil Díaz se decidió a terminar con los privilegios que mantenía la industria cigarrera a través de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y, en especial, con la tasa cero para la exportación de cigarros.

En 1991, Gil Díaz impulsó las modificaciones a la legislación para impedir que la Secretaría de Hacienda siguiera devolviendo los impuestos correspondientes a exportadores de cigarros. En ese momento, Carlos Slim a través del Grupo Carso era el principal accionista de Cigarrera Tabacalera Mexicana (Cigatam), mientras que Alfonso Romo del Grupo Pulsar controlaba Cigarrera La Moderna.

Ambos empresarios decidieron en esa década abandonar el negocio cigarrero, mientras algunas compañías importadoras mantienen hasta ahora una batalla legal en contra de la decisión de Gil Díaz.

Ese fue el primer round de una pelea callejera que su único limitante es hasta que uno de los dos pesos pesados caiga derrotado y no se levante más.

Segundo round

Enemigo de las apreciaciones intempestivas del tipo de cambio, Gil Díaz se auto desterró a la iniciativa privada después de la devaluación de 1994 y ante la imposibilidad de llegar al Banco de México. Pero su transición de la burocracia oficial al sector privado la hizo a través de una de las empresas controladas por dos de los neo banqueros beneficiados por la privatización del sector crediticio: Alfredo Harp y Roberto Hernández.

Y aunque Gil Díaz no llegó a Banamex porque se lo impedía la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos dada la información confidencial que manejaba, su empleo como director general de la telefónica Avantel le permitió salvar los obstáculos legales y convertirse en asesor de cabecera de Hernández y Harp Helú.

Antes de abandonar la Subsecretaría de Ingresos bajo el mando del entonces secretario Pedro Aspe Armella, aquel funcionario que clasificó a los millones de mexicanos pobres como un mito genial, Gil Díaz inició una investigación tributaria en contra de Slim y del Grupo Carso que disfrazó como una campaña en contra de la evasión fiscal.

Así, el Grupo Carso (conglomerado de 142 empresas integradas fiscalmente), propiedad de Carlos Slim y de sus hijos Marco Antonio y Carlos Slim Domit, estuvo sometido durante 10 años a una intensa investigación por parte de la Secretaría de Hacienda, al asegurar ésta que habían cometido un cuantioso fraude fiscal por cerca de 300 millones de pesos.

De acuerdo con documentos oficiales de la Secretaría de Hacienda y en poder de Oficio de Papel, se explica que sólo las auditorías enviadas al Grupo Carso duraron 4 años y 8 meses, tiempo en el que se revisaron los ejercicios correspondientes a 1995 y el periodo del 1 de enero al 1 de agosto de 1996.

De las 142 empresas del Grupo Carso, la Secretaría de Hacienda concluyó con base en papeles de trabajo oficiales, que hubo cruces de información, por lo que a 2 empresas les hicieron observaciones.

Expediente fiscal RIM/940031/96

Así, en los últimos 10 años la familia Slim enfrentó la más dura investigación fiscal que haya vivido el Grupo Carso y cuyo expediente RIM/940031/96 fue consignado a la Procuraduría Fiscal Federal bajo acusaciones por delito de defraudación fiscal, al considerar Gil Díaz que la familia Slim habían simulado a través de sus empresas uno o más actos o contratos, obteniendo un beneficio en perjuicio del fisco federal.

Clasificado con el giro “compra-venta de acciones”, el Grupo Carso (RFC: GCA9005241G1) mantuvo créditos fiscales por 291.7 millones de pesos, correspondiente al pago del Impuesto Sobre la Renta más recargos y actualizaciones, así como por 6.1 millones de pesos por el Impuesto Histórico.

De acuerdo con el informe de Resultados de Evaluación para Detección de Casos que Caen en los Supuestos de Delitos Fiscales, la investigación estuvo a cargo de los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT): Alejandro Vázquez Téllez, administrador central; Laura C. Rodríguez y Sánchez, subadministradora; Felipe Orlando Solís Ramos, jefe de departamento; María Rosa Velásquez Moya, coordinadora, y Ana Berta Jiménez Lovera, subadministradora, y la resolución fue firmada por el administrador general de Auditoría Fiscal Federal, Roberto Alvarez Argüelles, según la circular número 47 del 23 de enero de 2001, en donde establecía que el monto mínimo del perjuicio al fisco federal era por un millón 600 mil pesos.

Sin embargo, en dicha investigación realizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y consignada ante la Procuraduría Fiscal Federal, entidad que integró el expediente y lo envió a la Procuraduría General de la República, intervino directamente el procurador Rafael Macedo de la Concha, quien se negó a proceder en contra del Grupo Carso, al considerar que el expediente no tenía la documentación suficiente que acreditara la promoción del asunto como defraudación fiscal, por lo que el caso fue prescrito el 30 de marzo del 2004 y la familia Slim quedó a salvo.

En el expediente fiscal abierto contra el Grupo Carso, elaborado por la Administración de Revisión de Impuestos de la Secretaría de Hacienda, se explican las causas de la investigación que a continuación reproducimos: “con relación al Impuesto Sobre la Renta , la contribuyente disminuyó del resultado fiscal consolidando pérdidas fiscales del ejercicio 1995 de las empresas controladas, por la cantidad de mil 231 millones 284 mil 991 pesos, importe que tiene integrada una actualización indebida por 132 millones 315 mil 879 pesos; así como también realizó en exceso deducción por la participación de los trabajadores en las utilidades de Cigarros La Tabacalera Mexicana (empresa controlada por Grupo Carso), por 13 millones 713 mil 639 pesos, el cual se determinó a través de la revisión de gabinete por el ejercicio 1995 y que se le dio a conocer a través de la Ultima Carta Parcial del 12/02/2001 y Acta Final del 10/04/2001 a Grupo Carso, arrojando un impuesto a cargo de 49 millones 650 mil 36 pesos”.

Este expediente integrado en la Administración General de Evaluación para Grandes Contribuyentes, explica que Grupo Carso presentó declaración anual normal el 30 de abril de 1996, una complementaria por dictamen el 30 de septiembre del mismo año y tres complementarias más por el 29 de abril de 1997, 30 de noviembre de 1998 y 30 de marzo de 1999, todo correspondiente al ejercicio de 1995.

Respecto al Activo, Hacienda sostenía que el Grupo Carso no había declarado un valor del activo consolidado por 57 millones 919 mil 980 pesos, derivado de la adquisición de inventarios y activos fijos de negocios en marcha, por la empresa controlada Promotora Musical, determinándose un impuesto a cargo del Grupo Carso por 1 millón 42 mil 560 pesos.

Respecto al dictamen entre el resultado contable y fiscal para efectos del Impuesto Sobre la Renta, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 1996, las pérdidas fiscales de cada una de sus controladas por un importe total de 1 mil 98 millones 969 mil 112 pesos, sin que se integre el monto que refleja la declaración anual del Grupo Carso en declaración complementaria por dictamen por la cantidad de 1 mil 231 millones 413 mil 544 pesos sin emitir opinión al respecto.

Tercer Round

El nuevo objetivo de los golpes de Gil Díaz contra el Grupo Carso es Teléfonos de México, la empresa privatizada durante la administración de Carlos Salinas de Gortari y que a pesar de la apertura en el mercado de larga distancia, acumula millonarias utilidades, por lo que el secretario de Hacienda se dio a la tarea de demostrar que Telmex cobraba sobreprecios a los usuarios mexicanos y que su éxito en el mercado de valores de Nueva York era resultado de los jugosos dividendos que otorgaba a costa de depredar los bolsillos de las clases populares en México y de impedir la competencia de las telefónicas extranjeras –entre ellas MCI dueña en parte de Avantel- que buscaban competir en el mercado nacional de larga distancia.

Por ello la guerra de las telefónicas enarbolada por Gil Díaz lo llevó incluso a que a través de resoluciones judiciales se realizaran escandalosas diligencias en las oficinas del propio Telmex, para tener acceso a información contable de la telefónica.

Así, según los jueces, el segundo round lo ganó Carlos Slim después de que el secretario de Hacienda no logró que se condenara a las empresas del Grupo Carso por evasión fiscal, pero ahora desde su trinchera como secretario de Hacienda, Gil Díaz ha iniciado una nueva estrategia en el ataque del tercer round en contra del empresario modelo. ¡Hagan sus apuestas!

Piden investigar a fideicomisos aduaneros

En el Poder Legislativo senadores y diputados no se olvidan de los fideicomisos que durante el régimen panista han sido utilizados para triangular fondos, desviar recursos y aprovecharse del erario público en beneficio personal.

Así, en esta semana que termina el diputado priístas Manlio Fabio Beltrones, presidente de la mesa directiva de la actual legislatura, presentó un punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) retome las investigaciones de los fideicomisos Aduanas I y II que controlan la operación de la empresa privada Integradora de Servicios Operativos S.A. (ISOSA) y que en los últimos cuatro años sirvió al secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, para gastar recursos públicos sin control alguno.

También en el Senado la legisladora Noemí Guzmán junto con la senadora Dulce María Sauri encabezaron una larga lista de senadores que pidieron al pleno retomar el caso del Fideicomiso Transforma México, de la Lotería Nacional, a fin de que la ASF recupere su investigación por considerar que está lleno de irregularidades y desvíos de fondos públicos.

A quien también le pidieron explicar la operación de fideicomisos que administran concesiones carreteras fue al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, quien se reunió con legisladores para llevar a cabo la Glosa del IV Informe de Gobierno.

Pero entre los fideicomisos que más preocupan a la administración foxista por las múltiples irregularidades que guardan, son los correspondientes a la captación de recursos por el Derecho de Trámite Aduanero que se cobró durante muchos años a los importadores y exportadores: Aduanas I y Aduanas II, los cuales serán desaparecidos para evitar que un nuevo gobierno federal pueda investigarlos a fondo y descubrir cómo fueron utilizados para desviar fondos públicos.

Habrá que esperar las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación para que se empiecen a deslindar responsabilidades y quienes hayan desviado recursos del erario federal que lo aclaren.