• Inminente renuncia de Muñoz Leos a Pemex
• Gobernación renegocia convenio con STPRM
• Operaciones de Pemex en las Islas Caimán

La semana pasada comenté la “disputa a muerte” que había en Petróleos Mexicanos por la obtención de un contrato de más de 150 millones de dólares (mil 800 millones de pesos) para el alquiler de un barco grúa que dará servicio a plataformas petroleras del Proyecto Cantarell, en la sonda marina de Campeche, y tal como informamos el contrato número DOCSM/080/04 fue asignado la semana pasada a la empresa Servicios Marítimos, perteneciente al Grupo Río San Juan, propiedad del tamaulipeco Ramiro Garza Cantú, y la razón de esta decisión es simple: la empresa ganadora presentó la mejor oferta técnica y económica.

El problema en Pemex es que cuando se habla de obras y servicios contratados, pocas decisiones se apegan a la legalidad y en muchas ocasiones las asignaciones se hacen en medio de actos de corrupción, en donde las prebendas económicas como comisiones son las que marcan la pauta de los contratos, por eso hay que reconocer la honradez y valentía de funcionarios petroleros que resistieron presiones y amenazas y se negaron a entregar este contrato millonario a la empresa Oceanografía S.A. (la compañía naviera fundada en 1968 y dirigida por Amado Yáñez Ozuna y su hijo Amado Yáñez Correa, con capital de la empresa estadounidense Otto Candy), la cual había sido recomendada por el mismo director general de la paraestatal, Raúl Muñoz Leos, y por su secretario particular Eduardo Rosas Monroy, quienes presionaron a funcionarios de Pemex Exploración y Producción (PEP) con la intención de que manipularan la licitación y se beneficiara ilícitamente a Oceanografía.

Pero lo más grave es que en medio de esta disputa aparecieron los nombres de familiares de la primera dama Marta Sahagún, su hijo Jorge Bribiesca y su hermano Guillermo Sahagún, quienes supuestamente presionaron a Muñoz Leos para que contratara al barco de Oceanografía, y como el director general de Pemex está metido en otro grave problema por otorgar concesiones fuera de la ley al sindicato petrolero, pues cedió a las presiones de Los Pinos y trató de manipular el concurso para torcer la decisión a favor de la empresa recomendado por familiares de Marta Sahagún.

Estas presiones se hicieron sentir con mayor fuerza la semana pasada en la propia oficina del director general de Pemex, en donde el mismo Muñoz Leos planteó la urgencia de asignar el contrato de casi 2 mil millones de pesos a Oceanografía porque, según se dijo, era una decisión de la esposa del presidente de la República, lo que generó una fuerte discusión entre funcionarios petroleros encargados de la licitación.

Para entonces, la información sobre las presiones que había en Pemex para desviar la licitación a favor de Oceanografía eran ya conocidas en varias secretarías de Estado, como la poderosa Secretaría de Hacienda, en donde Francisco Gil Díaz se opuso a las presiones de Marta Sahagún y exigió que se respetara el fallo de la licitación, mientras que en la Secretaría de la Función Pública, entidad responsable de velar por la honestidad, transparencia y rendición de cuentas en el gobierno federal, su titular Eduardo Romero ordenó vigilar el proceso de contratación y exigió que éste se apegara a la legalidad, lo que permitió dar como ganadora a la empresa Servicios Marítimos, y hasta la Secretaría de Gobernación, en donde su titular Santiago Creel ha dado muestras de incapacidad para manejar la política interna del país, en esta ocasión sí se fajó los pantalones y protestó por la ingerencia de la primera dama en la licitación petrolera.

Sin embargo, no todo está dicho en Pemex y, por el contrario, hay incertidumbre y nerviosismo entre los trabajadores de la torre petrolera, pues se espera un ajuste de cuentas por la negativa a cumplir las órdenes salidas de la presidencia de la República para torcer una licitación y favorecer a una empresa en donde hay intereses de los familiares de Marta Sahún, así que habrá que esperar si estos días se dan algunas renuncias de funcionarios de nivel superior de la paraestatal petrolera.

Las pifias de Muñoz Leos

También habíamos informado en semanas anteriores que la Secretaría de Gobernación había entrado al apoyo de Pemex para tratar de renegociar el convenio salarial en donde Raúl Muñoz Leos aceptó, sin tener facultades para ello, otorgar alrededor de 8 mil millones de pesos en prestaciones al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

Pues las negociaciones las lleva a cabo el subsecretario Jurídico de Gobernación, de apellido Cabeza de Vaca, quien no ha podido convencer a lo líderes petroleros Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana de aceptar reducir en un 50 por ciento las prestaciones acordadas con el director general de Pemex, por lo que se espera que para esta semana las negociaciones las asuma el secretario de Energía, Fernando Elizondo, un hombre que se ha caracterizado por ser un buen negociador y el gobierno foxista confía en él para librar este escollo sin mayores problemas.

Pero otro problema para el presidente Vicente Fox es qué va a hacer con Raúl Muñoz Leos, a quien lo menos que le puede ocurrir es salir deshonrosamente de la dirección de Pemex, aunque hay varios secretarios de Estado que consideran que se debe procesar administrativa y penalmente al funcionario por los delitos que cometió, como violar la Constitución al firmar convenios que no le correspondían, así como abuso de confianza, colusión para defraudar a Pemex y mala administración, entre otros.

Y lo que sí es seguro es que Muñoz Leos será removido del cargo hasta que concluyan la renegociación con el sindicato petrolero, en donde se corrijan en lo posible las pifias cometidas por el funcionario, pues de salir antes sería una señal más de debilidad del gobierno del cambio ante uno de los gremios más poderosos del país.

El otro problema es qué hacer con la familia feliz de Los Pinos, en donde igual como ocurrió en los gobiernos priístas, principalmente cuando Carlos Salinas de Gortari fue presidente, en donde los hermanos abusaban del poder de negociación que les daba su parentesco y negociaban cualquier cantidad de contratos de obras y servicios públicos a favor de empresas privadas, a cambio de jugosas comisiones, sin que algún aparato de vigilancia y control gubernamental hiciera algo al respecto.

Pero en esta ocasión el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero, ha dicho basta de la intromisión de hermanos e hijos de Marta Sahagún que afanosos buscan mediar en contratos petroleros y de otras empresas paraestatales a favor de empresas privadas. Otro ejemplo de lo anterior es algunas obras y servicios asignados en Pemex Petroquímica, en donde aseguran hay voluntad en aceptar recomendaciones a favor de algunas empresas privadas.

Sin embargo, el trabajo apenas empieza para la Secretaría de la Función Pública y para la Auditoría Superior de la Federación, pues aún faltan dos años de la actual administración y por lo que se ve hay desesperación por llenarse las bolsas de dinero antes de que el PAN pierda las elecciones del 2006.

Otra historia de fideicomisos

El 18 de noviembre de 1998 se constituyó en el paraíso fiscal de Islas Caimán la empresa Pemex Finanace Ltd., una compañía de responsabilidad limitada cuyo único accionista es el fideicomiso de beneficencia “Pemex Finance Trust”, el cual no está registrado en la lista de fideicomisos en la Secretaría de Hacienda ni en Petróleos Mexicanos, lo que la da una gran autonomía para operar fuera de los márgenes de la leyes mexicanas, aunque se nutra de recursos públicos de los mexicanos.

Desde su constitución y hasta el 2000, esta empresa obtuvo a través de las emisiones de alta calificación, financiamiento de proyectos Pidiregas, con lo cual Pemex Finance está facultada para emitir deuda y los recursos que obtiene son utilizados para el pago del servicio de la deuda contraída y para compra de cartera nueva.

Y aunque Pemex no aparece como accionista de esta empresa que se rige bajo las leyes de Islas Caimán, la paraestatal petrolera mexicana le ha otorgado diversos préstamos que ascienden en su totalidad a 714 millones 750 mil pesos, a pesar de que la Ley Orgánica de Pemex ni su reglamento interno la faculta para efectuar préstamos.

Dichos créditos se utilizaron para la capitalización inicial de la empresa y para mantener una proporción pasivo-capital de 7 a 1. Pero a la fecha, la paraestatal no ha recuperado este dinero y se prevé que lo haga hasta que la deuda emitida por Pemex Finance Ltd. haya sido amortizada en su totalidad.

Sería sano para las finanzas de Pemex que el Congreso interviniera para regular todas estas operaciones y triangulaciones de recursos que realiza la paraestatal con empresas constituidas en el exterior y que, sólo por ese motivo, están exentas de supervisión de las autoridades mexicanas, lo que les da un amplio margen de maniobra sin control alguno de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública y, mucho menos, de la Auditoría Superior de la Federación, por lo que podría haber desvío de recursos públicos sin que nadie se entere.