• Disputa a muerte en Pemex por un contrato de 154 m/d
• Raúl Muñoz Leos sometido a presión desde Los Pinos
• Cuestión de horas la caída de director general de Pemex

La muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla, coordinador de asesores del director corporativo de Administración de Petróleos Mexicanos, Octavio Aguilar Valenzuela, ocurrió en el peor momento de la crisis por la que atraviesa esta empresa petrolera. Su caída del piso12 de la torre A de Pemex fue, dicen los primeros reportes policiales, un suicidio; sin embargo, este crimen ocurre en medio de un grave conflicto que enfrenta al gobierno de Vicente Fox con el sindicato petrolero, motivado por la firma del convenio que compromete para los próximos dos años a esa paraestatal, a entregar cerca de 8 mil millones de pesos a los líderes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana.

Hasta el momento el único vínculo del “suicidio” con el convenio salarial, es el rechazo de Octavio Aguilar Valenzuela, hermano del jefe de prensa de Los Pinos y jefe del supuesto suicidado, a firmar y avalar los acuerdos pactados entre el director general Raúl Muñoz Leos y el líder sindical Carlos Romero Deschamps, a pesar de las presiones que ejerció en su contra el titular de Pemex.

Aunado a lo anterior hay otra “disputa a muerte” en esa empresa petrolera, por la asignación de un contrato por 154 millones de dólares (mil 800 millones de pesos) para el alquiler de un barco grúa que le dará servicio a las plataformas en la sonda marina de Campeche, concretamente al Proyecto Cantarell, de acuerdo con una investigación periodística que realice con mi compañera reportera Ana Lilia Pérez.

El problema se inició cuando el secretario particular del director general de Pemex, Eduardo Rosas Monroy, persona impuesta allí por Marta Sahagún, exigió a nombre de la esposa del presidente de la República que ese contrato de arrendamiento le fuera asignado a la empresa Oceanografía S.A., compañía naviera fundada en 1968 y dirigida por Amado Yáñez Ozuna y su hijo Amado Yáñez Correa, con capital de la empresa estadounidense Otto Candy.

Las evidencias que hay de las insistentes presiones del secretario particular de Muñoz Leos motivaron preocupación y malestar en Pemex Exploración y Producción, subsidiaria que controla casi el 80 por ciento del presupuesto petrolero, pero la sorpresa mayor fue cuando el propio Raúl Muñoz Leos ordenó directamente que se le asignara el contrato a Oceanografía, a pesar de que en el concurso de la licitación pública esta empresa no presentó la mejor oferta.

Para entonces las versiones de que familiares de la esposa del presidente de la República cabildeaban a favor de empresas privadas contratos de obras y servicios en Pemex, eran ya conocidas no sólo en la torre de Pemex, sino también de manera directa por los secretarios de Hacienda, Francisco Gil Díaz; de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, y de Gobernación, Santiago Creel, quienes se oponen a que Pemex ceda a las presiones de los familiares de Marta Sahagún para obtener beneficios económicos con la asignación de contratos de servicios y obras públicas pero, sobre todo, a que la primera dama pueda verse involucrada en este nuevo escándalo de corrupción que involucra directamente a Muñoz Leos y su secretario particular.

De acuerdo con información de funcionarios de la Secretaría de la Función Pública y de Pemex, quienes pidieron el anonimato ante posibles represalias, el secretario particular del director general de Pemex, Eduardo Rosas, presiona telefónicamente a nombre de Muñoz Leos y de Marta Sahagún a los directores generales de las empresas subsidiarias petroleras para exigir que se asignen contratos a empresas privadas que supuestamente son avaladas por el cuñado del presidente de la República, Guillermo Sahagún, y por el hijo de la primera dama, Jorge Bribiesca.

Pero esta red de corrupción que sale desde la Dirección General de la paraestatal, ya alcanzó a Raúl Muñoz Leos cuando este ingeniero que proviene del sector privado se sumó también a las presiones para que le asignaran el contrato por 154 millones de dólares a la empresa Oceanografía.

Sin embargo, la oportuna intervención de la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Eduardo Romero Ramos, impidió que el fallo favoreciera a Oceanografía, pues su oferta estaba un 6 por ciento por arriba de la propuesta ganadora, por lo que este lunes 11 de octubre se dará a conocer que el fallo del contrato número DOCSM/080/04 favorece a Servicios Marítimos, del Grupo Río San Juan, propiedad del rico tamaulipeco Ramiro Garza Cantú, hermano del actual candidato por el PRD al gobierno de Tamaulipas, Alvaro Garza cantú.

Pero en la Dirección General de Pemex y probablemente en Los Pinos consideran esta asignación del contrato como una “rebeldía” de Pemex Exploración y Producción (PEP), empresa que se ha negado sistemáticamente a aceptar participar en actos de corrupción y seguir las órdenes de Muñoz Leos y Rosas Monroy para favorecer a empresas privadas, por lo que en los próximos días podría haber algunos despidos de funcionarios petroleros, en donde se incluye al mismo director general de Pemex, a su secretario particular y a otros directivos de PEP.

La asignación del contrato del alquiler del barco petrolero por parte de un Comité en PEP, está avalada por los representantes de la Secretaría de la Función Pública, debido a que Oceanografía presentó una propuesta económica 6 por ciento mayor a la de Servicios Marítimos (por casi 165 millones de dólares), lo que significa que por esta ocasión se protegió los intereses de Pemex y se evitó un acto más de corrupción en la principal empresa del Estado.

Otro factor que determinó la no asignación del contrato a Oceanografía, fue el negro historial de esa empresa por quejas y denuncias por las deficiencias de su trabajo, que han ocasionado la rescisión de muchos contratos petroleros.

Y como si faltara complicar más este conflicto de corrupción petrolera, resulta que uno de los asesores legales de la empresa que han realizado gestiones a favor de Oceanografía es el ex procurador general de la República, el panista Antonio Lozano Gracia, socio del senador Diego Fernández de Cevallos.

Otro dato revelador en medio de esta crisis de corrupción petrolera, es el hecho de que el contrato DOCSM/080/04 ganado por Servicios Marítimos, correspondió a un segundo concurso, pues en el primero se le había asignado a la firma Construcciones Marítimas Mexicanas (CMM), filial del Grupo Protexta, propiedad de los hermanos Lobo, pero se le rescindió en junio pasado porque esta empresa nunca presentó el barco grúa para trabajos de montaje de estructuras en la Sonda de Campeche del Complejo Cantarell.

La empresa

Fundada en 1968 como compañía naviera, Oceanografía es dirigida por Amado Yáñez Ozuna y su hijo Amado Yáñez Correa, con capital de la empresa norteamericana Otto Candy.

Hasta hace unos meses Oceanografía mantenía oficinas en la ciudad de México, en la calle Insurgentes Sur 300, despacho 1406, colonia Roma. Actualmente todo su grupo directivo y de trabajo se concentra en Ciudad del Carmen, Campeche, en la Calle 26 “A”, López Mateos, Manzana D, Lote 2-A, Puerto Industrial Pesquero Laguna Azul.

Sin bien Oceanografía lleva más de dos décadas como prestadora de servicios de la paraestatal, con el transcurrir de los años también se ha hecho de un negro historial al interior de Pemex, sobre todo en la zona de plataformas, según reveló personal de la empresa en Campeche.

En medio de esta historia de corrupción, la administración de Raúl Muños Leos ha intentado “limpiar” la negra historia de Oceanografía, a pesar de que en Pemex altos funcionarios aseguran que es una empresa “recomendada” por Martha Sahún, pues en ella obtienen algunas comisiones su hermano Guillermo y su hijo Jorge Bribiesca Sahagún.

La participación de la familia presidencial en Oceanografia coincide también con el repunte de la empresa en México, ya que hasta hace algunos años la naviera estaba prácticamente vetada en Pemex por prácticas ilegales. Fue durante el primer año de Muños Leos al frente de la paraestatal, y de que la familia Fox arribara a Los Pinos, que la empresa recibió nuevos contratos de Pemex, la mayoría por adjudicación directa.

El primer contrato otorgado a Oceanografía en la administración de Muños Leos fue el número 24FNMD1951, vigente de 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2003, para el alquiler de un remolcador Atlantic Ash; la embarcación contra incendios “Havira Charisma” (contrato N. 24FNN01951) del 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2003; el contrato N.418812800, del 28 de enero de 2002 al 27 de septiembre del 2004, para el alquiler de la lancha rápida “Fernanda” para el traslado de personal a plataformas; para ese mismo rubro se otorgó el contrato N.412002869 para el alquiler de la lancha “Miss Gracie”, del 1 de diciembre de 2002 al 27 de septiembre de 2004; la lancha “Victoria”, contrato N. 412003808, del 21 de febrero de 2003 al 2 de agosto de 2004; la lancha “Ana Paula”, contrato N.411002805, del 16 de marzo de 2002 al 21 de diciembre de 2004; la lancha “Verónica”, contrato N. 411002806, del 16 de marzo de 2002 al 31 de diciembre de 2004; la lancha “Kristing Grace”, contrato N 411002819, del 1 de junio de 2002 al 31 de diciembre de 2004; la lancha “Paula Kay”, contrato N. 411002819, del 1 de junio de 2002 al 31 de diciembre de 2004.

Y la embarcación estable para pasajeros “Sebastián”, contrato N. 54FNN01701, del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2003. Entre otros muchos contratos.

El contrato más amplio que tiene la empresa actualmente es el de alquiler del remolcador “Caballo Apalosa”, contrato N. 412003810, del 21 de febrero de 2003 al 07 de enero del 2006.

Además del alquiler de embarcaciones, Oceanografía ha recibido de Pemex contratos para el monitoreo y control de obras en áreas de PEP, la mayoría pro adjudicación directa, lo que ha provocado la inconformidad de otras prestadoras de servicios.

Entre los contratos por adjudicación directa están el N. 3-G-DD-A-046-Y-0-3, por 367 mil 246.86 dólares, para la supervisión para el control de la obra de dragado en el canal de navegación de acceso en Puerto Madero, Chiapas, del 17 de octubre de 2003 al 13 de febrero de 2004.

Información interna de Pemex indica que los recursos para el pago de este contrato otorgado de manera directa a Oceanografía, están dentro del Fideicomiso de Infraestructura (FINFRA).

Otra adjudicación directa es la N. 3-5-DD-A-006-Y-0-3, por 77 mil 416. 99 dólares, para el levantamiento topohidrográfico de reconocimiento en el puerto de Celestún, en el estado de Yucatán, del 17 de marzo al 16 de abril de 2003.

Denuncias e inconformidades

Dentro de las prácticas ilegales más conocidas de esta empresa está desde la distribución de sobornos entre personal de Pemex para beneficiarse con licitaciones, hasta las irregularidades en sus sistemas de operación detectadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como denuncias laborales.

En abril pasado, Oceanografia fue sancionada por la Profepa en dos ocasiones y obligada a pagar dos montos, uno por 24 mil 700 dólares, y otro monto por 336 mil 281 dólares, por los daños ocasionados por la embarcación Paula Kay, propiedad de su empresa, a los arrecifes bajos y “bajos de en medio”, en Tuxpan, Veracruz.

Los distintos contratos otorgados de manera directa a Oceanografía han provocado malestar e inconformidad de otras navieras, sobre todo las de capital mexicano.

En los polémicos Contratos de Servicios Múltiples, el año pasado Pemex Exploración y Producción dio a conocer la licitación de 12 contratos para embarcaciones de nueva construcción, las beneficiadas fueron, además de Oceanografía, Náutica Saltamar, naviera de origen americano de la operadora de servicios Tide Water; la Compañía Marítima del Pacífico, dirigida por Raúl Téllez Villagra, socia de la compañía española Boluda.

En el proceso de selección las empresas mexicanas como Samm Remolques, la Compañía Naviera Minera del Golfo (Navimin), de Javier Villegas; la Compañía Marítima del Pacífico, y Marxmex, de Grupo TMM de José Serrano Segovia, fueron descalificadas.

La rivalidad de Oceanografia con otras navieras ha llevado también a pleitos en tribunales. En Ciudad del Carmen, Campeche, Oceanografía enfrente un juicio mercantil promovido por Marítima Mexicana desde 2001, que coincide también con los primeros meses de la supuesta participación de los Sahagún Bibriesca en la naviera. El juicio ordinario mercantil 97/00-2001es defendido por el apoderado legal de Oceanografía, Jorge A. Angulo García.

La asignación del contrato DOCSM/080/04 para la asignación del barco grúa por 154 millones de dólares, fue abierta hace unos meses por Pemex Exploración y Producción (PEP), en donde se invitó a participar a siete navieras que integran su lista de empresas que prestan el servicio. En una primera etapa, de las 7 empresas concursantes sólo cuatro calificaron y la empresa que ofreció el mejor precio fue Servicios Marítimos, por 154 millones de dólares, propiedad del Grupo Río San Juan, del tamaulipeco Ramiro Garza Cantú.