• Acusan penalmente a director general de Pemex
• Investigan contrato millonario asignado por PEP
• Negociaciones políticas del PRD con “El Chacho”

La empresa GMora Pagaza Corporación presentó una denuncia en la PGR por los delitos de fraude y de contaminación ambiental en contra del director general de Petróleos Mexicanos, Raúl Muñoz Leos; del director de Pemex Gas y Petroquímica Básica, Marcos Ramírez Silva; del gerente del Complejo Procesador de Gas Cactus en el municipio de Reforma, Chiapas, César Antonio Cruz Martínez; del gerente de plantas en Cactus, Ricardo Pacheco Herrera; del coordinador de proyecto, Fernando Juárez Martínez, y del gerente de Seguridad Industrial en el Centro Procesador de Gas Cactus, Aarón Rudy Chapiro, entre otros funcionarios petroleros.

El motivo de la acusación es que dicha empresa ganó en 2002 la licitación de la desincorporación de los activos de cinco plantas recuperadoras de azufre propiedad de Pemex, ubicadas en el Complejo Procesador de Gas Cactus, a un costo de 745 mil 614 pesos; sin embargo, al momento de entregarle dichos activos petroleros, éstos estaban saturados de azufre y de gas entrampado en las líneas, lo que convertía a las plantas vendidas por Pemex en un alto riesgo explosivo y de contaminación ambiental.

En las cinco plantas la tubería contenía gas entrampado, mientras que los equipos de recuperación de calor y condensadores de tubería flux estaban saturados de azufre sólido, igual que la cámara de combustión, las paredes de los reactores y el incinerador.

Por tal motivo, en enero de 2003 la empresa denunciante informó a funcionarios de Pemex Gas la imposibilidad de continuar con los trabajos debido a la saturación de materiales riesgosos y residuos altamente peligrosos, lo cual violentaba las reglas de seguridad y las normas ambientales, pero esta queja fue ignorada por los ingenieros Juárez Martínez, Aarón Rudy Chapiro y César Cruz Martínez.

La empresa GMora Pagaza Corporación afirma en su denuncia que “las plantas nunca debieron ser licitadas, ya que nadie puede comercializar bienes muebles o inmuebles contaminados con materiales riesgosos y residuos peligrosos, y que lo que debieron hacer era haber contratado a una empresa debidamente registrada ante la Secretaría del Medio Ambiente para el manejo de estos contaminantes, en lugar de tratar de obtener un lucro y ocultar estas irregularidades, ya que incurrieron en un delito de carácter ambiental, además de haber cometido un fraude con la venta realizada”.

En junio de 2003, la empresa denunciante presentó una queja ante varias dependencias federales: Pemex, Semarnat y Secretaría de la Función Pública, en donde explican todas las irregularidades y violaciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente por parte del director general de Pemex, del Consejo de Administración de la paraestatal y del director de Pemex Gas, quienes autorizaron la licitación, enajenación y desincorporación de los activos petroleros.

Con esas evidencias, a finales del año pasado se abrieron varias investigaciones en los órganos internos de control: EXP.URA.002/2003; QU/69/2003, radicada en el Órgano de Control de Pemex Gas; INV.ADMVA.DE/130/2003/NA/071, presentada ante el Órgano Interno de Control de Pemex; INV.ADMVA.DE/130/2003/NA/068; expediente D.Q119/03, denuncia presentada ante la delegación de la Profepa en Chiapas.

En respuesta a las denuncias de GMora Pagaza Corporación, el director de Residuos Peligrosos y Actividades Altamente Riesgosas de la Semarnat, Alfonso Flores Ramírez, envió el oficio DGGIMAR.710/DRPAAR/002389 en donde ordena la suspensión de las actividades de desmantelamiento de las 5 plantas de azufre hasta que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realice una visita de inspección. Además, la Semarnat informa que Pemex Gas “no solicitó permiso para modificar el manifiesto de impacto y riesgo ambiental”.

Irregularidades en contratos petroleros

Otro caso de corrupción en la principal paraestatal del país se presentó en Pemex Exploración y Producción (PEP), en donde se asignó un contrato por 5 millones de pesos a una empresa sin experiencia para el alquiler y monitoreo de la calidad del aire en la región marina.

En el Órgano Interno de Control de Pemex Exploración y Producción (PEP) se investiga dos denuncias presentadas en julio de este año en contra de la licitación pública internacional 18575021-006-04, por la renta de servicios de monitoreo ambiental para las plataformas marinas en la región noroeste durante un periodo de cinco meses. El contrato se asignó a la empresa Servicios Integrales Crugar, cuyo director general es Manuel Romero, a un costo de 4 millones 989 mil 152 pesos.

Una de las quejas fue presentada por el ingeniero Juan Luis Steimle, especialista en materia de instrumentación ambiental y ecología, sostiene que entre las múltiples irregularidades en dicha asignación está que el alquiler del equipo por sólo cinco meses le costará a Pemex 5 millones de pesos, cuando hubiera sido preferible comprarlo a un precio total inferior a esos 5 millones de pesos, y si se considera que esta es la segunda ocasión en que se contrata de dicho equipo, pues simplemente se trata de una maniobra de corrupción para desviar fondos públicos.

Además, señala la denuncia, la empresa Servicios Integrales Crugar es de reciente constitución y su director general Manuel Romero es también director de la empresa Eme Erre, la cual ha tenido problemas con el suministro de estaciones de monitoreo ambiental para el Patronato de León, en el estado de Guanajuato. Asimismo, Romero fue el fundador de la empresa Rimsa, que tuvo también problemas con el Instituto Nacional de Ecología, por lo cual tuvo fue vetada por el gobierno federal y tuvo que cerrar. Es decir, que Servicios Integrales Crugar se crea para seguir obteniendo contratos irregularidades en Pemex sin que nadie haga algo para evitar esta corrupción.

En el expediente abierto en la Contraloría de PEP se explica que cada estación nueva de monitoreo de la calidad del aire cuesta instalada 125 mil dólares y como se trata de tres estaciones el precio sería de 375 mil dólares y si se suma los costos de personal y el software le hubiera significado a Pemex un gasto de 450 mil dólares, es decir menos de lo que ahora ha pagado la paraestatal por el alquiler del equipo.

El ingeniero Juan Luis Steimle sostiene en su denuncia que Pemex tiene mucho presupuesto y que esa empresa decide cómo gastarlo, pero en este caso de la contratación del servicio de monitoreo se ha dañado el patrimonio de la paraestatal que al final de cuentas es el patrimonio de todos los mexicanos, y si a ello se agrega que se asignó el contrato a una empresa sin experiencia, recién constituida y cuyo director general tiene un negro historial, es evidente que aquí hay corrupción.

Otra denuncia fue presentada por la empresa Tecnología Ambiental Integral, la cual sostiene en su escrito que “no hay compañía alguna en el mundo que tenga la capacidad de suministrar la cantidad de equipos que se requieren para el desarrollo de este proyecto en tan poco tiempo, ya que de la fecha del fallo de la licitación a la fecha de inicio en campo sólo contamos con 6 días hábiles”, lo cual era imposible de cumplir en un concurso transparente, salvo que “esta licitación puede estar dirigida para que una empresa específica sea la que gane el concurso”.

Las negociaciones del PRD

Desde hace algunos días el polémico alcalde de Benito Juárez (Cancún), Juan Ignacio García Zalvidea, sostiene pláticas con la dirigencia nacional del PRD, para convertirse en candidato de ese partido que se dice de izquierda, a la gubernatura de Quintana Roo. Lo que sorprende de estas negociaciones políticas, es que los perredistas en su intento por asumir el poder en cualquier parte del país, aceptarían como candidato a García Zalvidea alias “El Chacho”, quien hace apenas unos meses contrató al despacho del senador panista Diego Fernández de Cevallos y del ex procurador Antonio Lozano Gracia, para defender a su hermano Fernando García Zalvidea de las acusaciones que por narcotráfico y “lavado” de dinero había en su contra.

Y efectivamente, gracias a las gestiones políticas y al tráfico de influencias del senador Fernández de Cevallos y del ex procurador Lozano Gracia, el alcalde de Cancún logró que liberaran a su hermano Fernando a pesar de las múltiples evidencias que había en su contra.

Pero lo peor del caso, es que los hermanos García Zalvidea tienen una estrecha relación con Fernández de Cevallos, principal enemigo político de Andrés Manuel López Obrador, quien también aspira a la candidatura presidencial para el 2006, y este hecho no importa a la dirigencia nacional del PRD y con tal de tener alguna posibilidad de ganar la gubernatura de Quintana Roo son capaces de aliarse hasta con el diablo. Es decir, el poder por el poder y sin importar de quién se trate.

En este espacio hemos documentado cómo el senador Fernández de Cevallos ha sido acusado de tráfico de influencias hasta por sus propios compañeros de partido y, en un paquete de 66 grabaciones en poder de este reportero se evidencian los mecanismos de persuasión que aún siguen vigentes en el sistema político mexicano y que buscan manipular los procesos de administración de justicia.

Así, en una parte de esas grabaciones telefónicas hechas a Diego y a su empleado Lozano Gracia se revela el tráfico de influencias que ejercen sobre diversas autoridades. Un ejemplo de ello es el juicio que se siguió entre 1999 y 2000 al empresario Fernando García Zalvidea por presuntos nexos con el cártel de Juárez, quien contrató a los abogados Fernández de Cevallos, Lozano Gracia y Arturo Germán Rancel, este último excoordinador de investigaciones del caso Colosio cuando Lozano Gracia fue procurador general de la República, y con este equipo de defensores logró su libertad.

Sin embargo, esto parece no importar a la dirigencia del PRD, pues en breve podría dar a conocer que Juan Ignacio García Zalvidea, “El Chacho”, es su candidato a la gubernatura por Quintana Roo.