Candidato elegido por Vicente Fox para sucederlo en la Presidencia de la República, Santiago Creel Miranda ha sido un simulador y un constante perdedor: primero en su relación con Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda, se vio involucrado en corruptelas para constituir fideicomisos aduaneros y empresas privadas para desviar recursos públicos (cómo olvidar ISOSA en este espacio); después como secretario de Gobernación jamás fue un interlocutor confiable para las distintas fuerzas políticas ni tampoco logró tener control de la política interna, y al buscar la Presidencia de la República con el apoyo de Los Pinos no pudo vencer a Felipe Calderón en el proceso interno del PAN para definir a su candidato.

Con esos antecedentes, Creel Miranda busca reconvertirse a destiempo y con ello cambiar la imagen de perdedor y sumiso que lo acompaña desde que empezó a militar en el PAN. Es este neodemócrata quien impugna ahora la llamada “Ley Televisa” y hace un lado su pasado fraudulento para dejar al descubierto las negociaciones que precedieron la aprobación de esta legislación cuyo principal pecado –a juicio de sus detractores– es amurallar los intereses de los poderosos concesionarios de la radio y la televisión abierta.

Hoy, protegido con el fuero que le otorga ser integrante de la LX Legislatura y lejos, muy lejos, de la silla presidencial, Santiago Creel revela los entretelones de la negociación mediática que habría permitido a Felipe Calderón contrarrestar la fuerza política real de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, hay quien considera que más vale tarde que nunca y aprueba estas declaraciones a destiempo de quien busca los reflectores y traiciona aquel pacto foxista con los medios de beneficiarlos a cambio de evitar a cualquier precio la llegada de López a la Presidencia de la República. Pero la información dada a conocer por Creel, sin duda, abona el terreno para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tome la mejor decisión para rechazar o aceptar el recurso de inconstitucionalidad en contra de las reformas a las leyes de Radio, Televisión y Telecomunicaciones.

Otros se preguntan si el ex secretario de Gobernación tiene la autoridad moral para criticar las “oscuras” prácticas del partido gobernante que, a toda costa y como en los mejores años de corrupción del PRI buscó allanarle el camino a su candidato. Parece que no, pues acaso no fue Creel quien como secretario de Gobernación impulsó y negoció el famoso “decretazo” del 10 de octubre de 2002 que no sólo eliminaba el pago del l2.5 por ciento de tiempo–aire por parte de las televisoras, sino que refrendó con impunidad un gran paquete de concesiones en beneficio de los empresarios que controlan los medios electrónicos.

¿De qué se queja ahora Santiago Creel si él junto con Vicente Fox planearon mediante decretos una estrategia de avanzada sobre lo que sería la “Ley Televisa”, que sólo se ocupó de poner en una legislación las prácticas frecuentes del poder político con los medios?

De hecho, el considerando séptimo del predictamen del ministro Salvador Aguirre Anguiano critica esas prácticas y lo aprobado en la Ley Federal de Radio y Televisión. Considera que sí, en efecto, “existe un régimen discriminatorio para el otorgamiento de permisos y concesiones en materia de radiodifusión, si es que los requisitos para obtener los primeros suponen una discriminación para los sujetos que quieren obtener uno frente a aquellos que desean obtener una concesión”.

Este, precisamente, es el caso de los medios e inversionistas extranjeros interesados en obtener la concesión de una tercera cadena de televisión. Por eso, el mayor pecado de esta reforma no sólo es la negociación política que la precedió sino que dejó a un lado los intereses de los consumidores, además de olvidarse de ofrecerles nuevas opciones capaces de competir frente a los grandes poderes fácticos de los medios electrónicos.

Es decir, se manipuló y se negocio el derecho de terceros. No hay más.

El Diccionario de Política de Norberto Bobbio y otros autores más establecen que la manipulación se refiere a las relaciones sociales o políticas que vinculan individuos o grupos; a la intervención del hombre sobre la naturaleza de las cosas; acciones siempre dirigidas a transformar la conducta del manipulado y el carácter pasivo o inconsciente. Así, de todas las formas de poder es la que merece una condenación moral más fuerte. Constituye, dice el politólogo,  “el rostro más torpe del poder”.

Como si Bobbio conociera los entretelones y la puesta en escena de la “Ley Televisa”, el filósofo agrega al referirse a la manipulación de la información que al suprimirla a través de prácticas de control secreto y censura política de los medios masivos de comunicación, e incluso de las comunicaciones privadas, su principal objetivo tiene que ver con inhibir la oposición potencial.

Esos precisamente son los pecados del gobierno de Vicente Fox al que perteneció y sirvió Santiago Creel, sin objeciones ni miramientos para oponerse a la enorme corrupción y abuso de poder que marcó la llegada del PAN al poder presidencial.

Pero los medios también tienen sus pecados. Más allá del caso de las televisoras, que ya comienzan a preparar las campañas de descrédito en contra de Santiago Creel, están los grandes periódicos cuyos propietarios ya se frotaban las manos para cobrar la factura por el apoyo político que dieron al gobierno panista de Calderón. No se trata de cualquier cosa, sino de la entrega de una treintena de concesiones para operar estaciones de radio y, ¿por qué no?, hasta para controlar las operaciones de lo que se llama la Tercera Cadena o la Tercera Opción.

Impensable en países verdaderamente democráticos que propietarios de periódicos o de estaciones de radio deambulen, sin restricción alguna, entre un medio y otro. Por ejemplo en Estados Unidos las leyes registren las propiedades cruzadas para evitar, precisamente, concentración de poder y conflictos de interés que afecten a los consumidores.

Pero en las reflexiones del ministro Aguirre Anguiano, con excepción de las referencias hecha al acceso de los pueblos y comunidades indígenas a los medios de comunicación, no se menciona a los otros mexicanos, a los que viven en las grandes ciudades o en los pequeños pueblos y cuyo principal vínculo con los medios de comunicación son las ofertas que presentan los grandes corporativos. Para ellos por decreto no hay otra opción.

El ministro sí se pronuncia en cambio porque el derecho a la información no entre en conflicto con otro tipo de derechos. Cualquier limitación al acceso a la información, reconoce, puede generar daños al interés público que no tendrá garantizado la libertad de recepción.

El Estado, por lo tanto, debe garantizar que los servicios de radiodifusión respeten la función pública que les está encomendada como medios de comunicación de gran influencia social, garantizando el acceso a diversas corrientes de opinión, capaces de fomentar la cultura nacional, la integración de los grupos indígenas al desarrollo nacional, la imparcialidad, generalidad y veracidad de la información que es transmitida en señal abierta a prácticamente toda la población, dice la Suprema Corte de Justicia.

Pero la “Ley Televisa” no dice nada al respeto. Por ello, se declare o no inconstitucional tras un año de estar impugnada pero en vigor, el Poder Legislativo tiene un nuevo reto: pensar en el usuario y legislar para el. Es decir una nueva generación de reformas que vigilen el papel social de los medios de comunicación, sus propiedades cruzadas y los conflictos de interés, lo cual contribuiría, sin duda, al ejercicio democrático del poder de los medios. Los legisladores, sin embargo, temen el peso y la furia de los medios de comunicación en su contra porque, hasta ahora, dependen de su “popularidad” frente al electorado y no de sus resultados.

Por lo anterior algunos analistas aseguran acertadamente que con el debate a la “Ley Televisa” apenas comienza un problema cuya solución ya no se limita a la regulación de los grandes poderes mediáticos, sino a la responsabilidad social de legisladores y autoridades, un tema que sólo cabe en una verdadera Reforma del Estado.

Empresas en paraísos fiscales 

Y ya que hablamos de la llamada “Ley Televisa” sería interesante que las unidades de investigación contra el “lavado” de dinero y de inteligencia financiera de México, Estados Unidos y Europa hiciera alguna revisión a algunas empresas constituidas en paraísos fiscales por familiares de directivos del Grupo Televisa para triangular importantes recursos económicos, pues tal vez encuentren allí elementos que puedan ser constitutivos de algún delito. Pero de esas empresas hablaremos con más amplitud en las próximas columnas.

El gobierno federal no paga el agua 

Mientras los mexicanos vemos cómo se incrementan los cobros en nuestros recibos por el consumo de agua potable, bajo el discurso de que el vital líquido se está acabando y hay que evitar su despilfarro y el abuso, en contrasentido el gobierno federal, varias secretarías de Estado, algunas paraestatales y organismos descentralizados, así como un selecto grupo de empresas en manos de personas estrechamente relacionadas con Los Pinos, omiten el pago de consumo de agua. 

Por ejemplo la Secretaría de la Defensa Nacional no paga el consumo en sus instalaciones del vital líquido. Lo mismo sucede con la Secretaría de Gobernación y con la Secretaría de Hacienda, por lo que en el caso del Distrito Federal el gobierno que encabeza el priísta–perredista Marcelo Ebrad debería poner mayor atención a estas anomalías que le cuestan a los mexicanos millones de pesos.

La semana pasada la titular de la Secretaría del Medio Ambiente en el DF, Martha Delgado Peralta, informó que ya se revisa la estructura tarifaria para el cobro del consumo de agua en la ciudad, a fin de garantizar que los subsidios lleguen a quienes realmente los necesitan, según reportó Angel Bolaños en el diario La Jornada, pero la funcionaria debería considerar antes de aumentarles las tarifas a quienes ya pagan, que investigue a esos empresarios vinculados con funcionarios de Los Pinos y con el PAN, así como obligar a las secretarías de Estado y paraestatales como Pemex a pagar las cuotas obligatorias por el enorme consumo que allí se hace y que por lo mismo es en donde el despilfarro del líquido es constante. Sin lugar a dudas que con esta medida se incrementará considerablemente la generación de recursos por este servicio para el gobierno capitalino.

La resolución emitida el viernes pasado por el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) en el “caso Creel”, escribió un nuevo capítulo en la historia de corrupción y de impunidad de los “Amigos de Fox”, así como la farsa de legalidad que, presuntamente, impera en México desde el desafuero de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con un escueto comunicado del TEDF, el candidato oficial de Los Pinos a la Presidencia de la República y todavía secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, fue salvado junto con su partido Acción Nacional de ser enjuiciado por el delito grave de rebasar el tope de campaña por 2.1 millones de pesos, cometido cuando contendió en el año 2000 a la jefatura de gobierno del Distrito Federal y perdió.

Así, con una votación dividida de tres contra dos, los magistrados del TEDF sirvieron al inquilino de Bucareli para que duerma tranquilo y siga soñando con alcanzar la Presidencia de la República, aunque para ello tengan que pasar sobre las leyes al sobreseer el recurso de apelación que presentó el PRD en contra del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), el cual también se opuso a sancionar al PAN por rebasar los topes de gastos de campaña, a pesar de las sobradas evidencias de las irregularidades cometidas por su candidato Creel Miranda.

Pero el espaldarazo que dividió a los magistrados y que se tradujo en el sobreseimiento del expediente, no resuelve la situación jurídica del secretario, pues desde hace ocho meses el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) aprobó el dictamen que evidencia el delito imputable al secretario de Gobernación, cuya pena puede ser de tres a seis años de prisión.

Las Pruebas del Delito

Eduardo Huchim May, presidente de la Comisión de Fiscalización, explica así este complejo caso en donde el aparato de Estado, igual como lo hacía el PRI en sus mejores tiempos de corrupción y abuso de poder, se echa a andar en beneficio propio: “rebasar los topes de campaña en el Distrito Federal es un delito electoral que se puede castigar con cárcel. Esto es importante porque el acuerdo aprobado por el Consejo General del IEDF el 30 de agosto pasado, dice que una vez que el dictamen de la comisión cause estado se dará vista al ministerio público”, para los efectos a los que haya lugar.

El consejero aclara que esto todavía no ocurre porque el asunto aún está en manos de los tribunales, donde se dará la última palabra. Y es que, como ya lo han expresado varios líderes del PRD, entre ellos su líder capitalino Martí Batres, el caso llegará hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues la autoridad local no fue al fondo del asunto y se limitó a decir que el PRD no tenía interés jurídico en el caso. Lo que podría demorar otros tres meses.

Huchim May advierte que en términos del Código Penal del Distrito Federal, sólo dos personas pueden ser responsables por la comisión de este delito electoral: el candidato (Santiago Creel) o un dirigente partidario; pero en todo caso, especifica, esto le corresponde determinarlo al ministerio público.

Hasta ahora, todas las complicidades que se han desplegado en torno a esta vieja historia no han podido borrar del expediente lo más importante, que es la comprobación del delito. El 30 de agosto de 2004, el Consejo General del IEDF falló el dictamen, cuatro votos a tres, en donde establece que durante su candidatura por el gobierno del Distrito Federal, Santiago Creel Miranda sí rebasó los topes de campaña por más de 2 millones de pesos, y esta determinación jamás fue revocada. Es decir, el delito grave está comprobado, pero hasta ahora ninguna autoridad quiere cumplir con la ley porque se trata del candidato de Vicente Fox para sucederlo en la silla presidencial.

Con ello, el dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización y aprobado por mayoría en su Consejo, demuestra que el Partido Acción Nacional no registró como gastos de campaña 5 millones de pesos aportados por el Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia en México, presidido por el militante panista Carlos Antonio Rojas Magnon, uno de los cabecillas de la pandilla “Amigos de Fox” que tanto daño han hecho al país.

Estos recursos económicos, según la investigación del IEDF, fueron pagados a la empresa Visión Films S.A de C.V. por servicios de producción y pautas en radio y televisión de la campaña de Santiago Creel a jefe de gobierno, por la llamada Alianza por el Cambio.

El Primo Incómodo de Santiago Creel

Y por si le suena raro que parientes de funcionarios estén involucrados en actos de corrupción, sepa que la pieza clave en la triangulación de los 5 millones de pesos fue Ignacio Creel Cobián, quien fuera responsable de las finanzas de la campaña de su primo Santiago Creel Miranda y también presunto dueño de Visión Films, según lo publicado el miércoles pasado por la periodista Marcela Gómez Zalce.

Pues la Comisión de Fiscalización del IEDF está convencida de que los 5 millones de pesos que aportó el fideicomiso fueron para la campaña de Santiago Creel y por eso, al aplicarlos, rebasa el tope de campaña, lo que confirma el delito grave que nadie quiere asumir.

Pero el “caso Creel” es muy complejo, pues a diferencia de lo que ocurre en el Instituto Federal Electoral, en donde el dictamen se presenta junto con las sanciones, en el Distrito Federal hay dos etapas: la presentación del dictamen y el proceso de sanción. Por eso el presidente de la Comisión de Fiscalización explica que el proceso de sanción se inicia sólo si el Consejo aprueba el dictamen.

En el caso que nos ocupa, las dos fechas fatales para el IEDF ocurrieron el 30 de agosto y el 15 de diciembre de 2004, respectivamente. En la primera, el Consejo General aprobó cuatro votos a favor (Rosa María Mirón Lince, Rubén Lara León, Javier Santiago Castillo, Eduardo Huchim May) y tres en contra (María Elena Homs Tirado, Leonardo Valdés Zurita y Francisco Reyes del Campillo Lona) el dictamen que establece el rebase de los topes de campaña.

Pero en la segunda fecha, la consejera Rosa María Mirón Lince cambió el sentido de su voto y con ello abrió la posibilidad de que el PAN y los responsables directos permanezcan en la impunidad. “La segunda fase, que es la fijación de la sanción, ocurre el 15 de diciembre. Ese día, la Comisión de Fiscalización propone al Consejo General fijarle al PAN una sanción equivalente a 4.5 millones de pesos.

“Pero este proyecto de resolución fue rechazado por el Consejo General, cuatro votos a tres. Esto se debió a que una integrante, Rosa María Mirón Lince, cambió erróneamente, a mi juicio, el sentido de su voto, ahora en contra de la fijación de la sanción. Pero hay que quedar claros, el 15 de diciembre lo que se votó fue la sanción, no el dictamen, porque éste ya estaba aprobado desde el 30 de agosto”, explica Eduardo Huchim.

Para el consejero, cuando los cuatro integrantes del Consejo General del IEDF votan en contra de la determinación de la sanción al PAN, el procedimiento sancionatorio queda inconcluso. “Esta es una irregularidad, y queda inconcluso porque la sanción nunca se fijó, pero el dictamen está vigente, no ha sido desvirtuado. Ahí está, vivo, vigente, aprobado por el consejo el 30 de agosto y nunca desvirtuado por el PAN”.

El funcionario electoral comenta que “después de que se determinó el rebase de los topes de campaña con la aprobación del dictamen, el partido tuvo un periodo de 10 días hábiles en el que presentó la argumentación que estimó pertinente para intentar desvirtuar lo que se le atribuía. La Comisión de Fiscalización valoró los documentos y llegó a la conclusión de que no desvirtuaban nada”.

Por el contrario, “cuando el partido presenta el alegato final no presenta nada nuevo excepto una cosa: el padrón de militantes de 2000, en un intento de probar que el señor Ignacio Creel, que es el eje de la triangulación, no era militante del PAN, lo cual es irrelevante porque la comisión nunca dijo que fuera miembro del partido, sino que había sido una pieza clave en el pago de 5 millones de pesos del fideicomiso a Visión Films.

“Sin embargo, en el padrón sí aparece Carlos Antonio Rojas Magnon, lo que nosotros no teníamos acreditado antes. De esto se desprende que el presidente del Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia en México era militante panista, entonces lo único nuevo que presenta el partido obra en su contra, porque queda probado que era un miembro del PAN el que estaba presidiendo el comité que aportó los 5 millones de pesos”, señala.

Para Eduardo Huchim, al rechazar imponerle la sanción al PAN por el rebase de tope de campaña de Santiago Creel, el Consejo General del IEDF protegió la impunidad de un partido político, “porque no hay ninguna duda de que los 5 millones de pesos extraídos del fideicomiso para pagar los servicios de Visión Films fueron para producir spots para la campaña del actual secretario.

“Eso es una irregularidad administrativa que le corresponderá sancionar al propio IEDF, que eventualmente podría ser un delito electoral, pero esto lo tendría que determinar el ministerio público. Cuando el instituto rechaza imponerle la sanción cobija la impunidad de un partido político”, expresa el funcionario.

Aunque el procedimiento haya quedado inconcluso por la falta de sanción, Eduardo Huchim advierte que “para nosotros, el asunto llegó hasta cuando el Consejo General rechazó el proyecto de fijación de la sanción, y solamente intervendríamos de nuevo si lo ordena el Tribunal”, en este caso el del Poder Judicial de la Federación.

El Coqueteo de Panistas y Magistrados

Así, después de que a lo largo de casi tres meses los magistrados del TEDF calentaron el asunto, resolvieron sobreseer el caso sin entrar al fondo de la evidente irregularidad en que incurrió Santiago Creel al rebasar los topes de campaña en el año 2000, tal y como lo había demostrado la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral del DF, instancia que por votación mayoritaria de su consejo general dejó indeterminada la sanción correspondiente.

El TEDF recurrió al mayoriteo porque el magistrado encargado del “caso Creel”, Raciel Garrido Maldonado, había propuesto que el consejo general del Instituto Electoral capitalino asumiera su responsabilidad y sancionara al PAN del Distrito Federal por haberse excedido con 2.1 millones de pesos en el tope establecido para los gastos de campaña en los comicios capitalinos del 2000.

Ante el análisis jurídico de Garrido Maldonado, los complacientes magistrados Rodolfo Terrazas, Mario Estuardo Bermúdez y Juan Martínez Veloz en evidente mayoría rechazaron la propuesta porque, a su juicio, el PRD no tenía “interés jurídico”, pues argumentaron que quien inició la querella fue el extinto Partido Alianza Social y no el PRD.

Sin embargo, ante las diatribas de los tres magistrados, baste informarles que en otras ocasiones ese mismo Tribunal Electoral se ha pronunciado a favor de que otro partido, diferente al que inició el juicio, tuviera la facultad para continuar con la inconformidad, en virtud del interés público y jurídico de los asuntos electorales que corresponde a todos los institutos políticos y organismos que participan en una contienda comicial.

A principios de marzo Oficio de Papel reveló algunos coqueteos que legisladores y funcionarios panistas tuvieron con magistrados electorales del Distrito federal, a quienes buscaban para comprometerlos con la causa de Creel. Pues en aquéllos momentos, cuando la perversión del desafuero del jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador aún no se concretaba, los personeros del secretario de Gobernación, tal y como ahora se hace mediante campañas publicitarias gubernamentales, se jactaban de la legalidad y del Estado de Derecho que supuestamente salvaguardan celosamente los panistas y el gobierno federal.

Pero ahora, con los penosos hechos acontecidos en el Tribunal Electoral capitalino, otra vez queda en entredicho la legalidad y el Estado de Derecho que tanto pregonan. Y para muestra basta un botón: antes de que se diera la votación en tan singular Tribunal, los panistas Carlos Gelista y Alberto Lara ya tenían en sus manos un comunicado en el que se vanagloriaban de la exoneración de Creel, curiosamente sin que el hecho estuviera consumado.

Así, el papelazo de este numerito correspondió al magistrado Juan Martínez Veloz, quien en contradicción con otros casos de gran similitud, propuso con alegatos confusos y tendenciosos sobreseer la querella perredista y poner en oferta su posición, como en aquella ocasión en que favoreció al Partido del Trabajo al disminuirle una sanción económica de alrededor de 3 millones de pesos a tan solo 300 mil pesos, sin importarle que las faltas que el IEDF le acreditó a ese partido habían quedado plenamente probadas, incluso con reportajes periodísticos que demostraron la inexistencia de domicilios fiscales plasmados en los documentos con los que supuestamente se había acreditado el pago para la erogación de un gasto correspondiente a sus actividades partidistas.

Para el PRD no hay más remedio que remar contra corriente y todavía queda una oportunidad para que se haga justicia si ese partido político logra fundamentar jurídicamente su interés en este caso y aporta nuevos argumentos legales, incluidos los que ya dio a conocer desde agosto del año pasado el IEDF, para presentar este asunto ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde los magistrados de esa instancia federal podrán decidir si aceptan entrar al fondo del caso y determinar de una vez por todas las responsabilidades que corresponden a esa falta establecida en el Código Electoral capitalino como un delito grave y que a los ojos de muchos mexicanos ya es culpable el actual secretario de Gobernación.

Tercera parte. En el último año de gobierno del panista Vicente Fox, 2006, el Fideicomiso Aduanas I –constituido en Nacional Financiera por Francisco Gil Díaz y el panista Santiago Creel Miranda– acumulaba en su cuenta 20 mil millones de pesos recaudados por el cobro del Derecho de Trámite Aduanal (DTA), un impuesto que importadores y exportadores de mercancías tienen que pagar, pero cuyos fondos jamás ingresaron a la Tesorería de la Federación, porque los entonces presidente y secretario de Hacienda lo manejaban como dinero propio, lo administraban como su “caja chica”.

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Resguardados bajo el secreto fiduciario, los fideicomisos mantenidos con recursos públicos han sido históricamente un instrumento financiero impune para manipular y desviar dinero del erario, sin que la población se entere por la falta de transparencia en su operación. Los mexicanos no sabíamos cuánto dinero público allí se guardaba, cómo y quién operaba esos fideicomisos y mucho menos en qué se gastaban dichos recursos.

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Padre, hijo y sobrinos han sido marcados por la corrupción, el abuso y procesos penales. La familia Gil Díaz puede describir así su propia historia: hacer negocios sucios con y desde el poder. Éste es sólo un buen ejemplo de burócratas y privados que se han servido del poder y se han enriquecido ilícitamente –por lo menos en los últimos 30 años de administraciones priístas y panistas–, además de heredar ese vicio de corrupción a la familia para apoderarse de dinero público.

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Para aquellos que creían que nadie le ganaba a gobernar con malas mañas a los priístas (siempre para beneficio económico), aparecieron los panistas al frente del gobierno federal durante 2 sexenios y con toda su moral y honestidad resultaron igual o más corruptos que los del partido oficial. (más…)

Después del fracaso de los órganos de seguridad nacional en la vigilancia de los procesos electorales, lo que se ha traducido en la infiltración del crimen organizado con candidatos a puestos de elección popular y el financiamiento de campañas políticas con dinero sucio producto del tráfico de drogas, para las próximas elecciones intermedias del 7 de junio de este año, el Centro de Investigación de Seguridad Nacional (Cisen) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) están muy pendientes en abrir expedientes de todos los aspirantes a cargos electorales.

De esos archivos se desprende información política que en el caso del Partido Acción Nacional (PAN) se afirma que su dirigencia está segura de que en medio de la crisis social que vive el país la ultraderecha saldrá fortalecida en las próxima elecciones para renovar gubernaturas, alcaldías y congresos, y que sólo buscarán alianzas con los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo en algunas de las 9 candidaturas a gobernador, pero en las candidaturas para el Congreso irá solo.

La razón es aprovechar el descrédito del gobierno federal priista y del presidente Enrique Peña Nieto por los sonados casos de corrupción, de desestabilización económica (caída del petróleo), de violencia e inseguridad, de desempleo y de aumento de la pobreza, lo cual será tema principal en las campañas políticas, para posicionarse mejor entre el electorado y ganar más gubernaturas y aumentar su porcentaje de legisladores en el Congreso.

Según las últimas encuestas y prospectivas panistas, hay optimismo en esa fuerza política para recuperar el terreno perdido después del fracaso gubernamental de Felipe Calderón Hinojosa al frente de Los Pinos, que mando al PAN al sótano de las preferencias electorales.

Actualmente este partido político es el más beneficiado por la crisis política, económica y de seguridad que atraviesa el país, dicen en el PAN, lo que se ha traducido en una disminución en las preferencias electorales del PRI y del PRD. De este último partido que alguna vez fue de izquierda es evidente su descomposición política, corrupción y abuso de poder, por lo que se prevé que caerá estrepitosamete por abajo del nuevo grupo político de Morena, al frente de Andrés Manuel López Obrador y única fuerza política que representa a la izquierda mexicana.

Confiados en estos datos, la comisión permanente del CEN del PAN determinó participar solo en la elección para diputados federales y por lo que respecta a las alianzas para las nueve gubernaturas que estarán en disputa en este año, se acordó que sólo buscarán alianza en los estados donde haya mayor estabilidad social, lo cual no ocurre en estados como Guerrero o Michoacán.

Por ejemplo, en Baja California Sur el PAN participará solo en las candidaturas para la gubernatura, alcaldías y diputaciones locales. Existe confianza en que retendrán el ejecutivo estatal y el prospecto para dicha candidatura es hasta ahora el senador Carlos Mendoza Davis, quien es el mejor posicionado no solo entre los simpatizantes del PAN, sino entre la población en general, según sus encuestas, y sostienen que un plus a su favor es sin duda el “alto nivel de aprobación que tiene el gobernador panista Marcos Covarrubias Villaseñor, quien es también el principal impulsor de la candidatura de Carlos Mendoza Davis”.

En Campeche aún no hay definición para la candidatura a la gubernatura de ese partido de derecha, ya que encuestas recientes panistas arrojaron un empate técnico entre los dos punteros, el senador Jorge Lavalle Maury y el diputado federal Jorge Rosiñol Abreu, exalcalde de Ciudad del Carmen. Hasta el momento las dirigencias estatales del PAN y del PRD siguen negociando una probable alianza para la gubernatura, pero todavía no han logrado concretarla.

En Colima, el PAN negocia una alianza con las dirigencias estatales del PRD y del PT, pero hasta el momento existen dos circunstancias que no han permitido su consolidación: la primera es que los dirigentes perredistas y petistas condicionan esta alianza a que el candidato del PAN sea el actual alcalde de Manzanillo, Virgilio Mendoza Amezcua, a quien consideran como el único candidato de la oposición con posibilidades reales de ganar la gubernatura.

Sin embargo, aunque el alcalde de Manzanillo no es mal visto en el CEN del PAN, hasta el momento no hay una definición, ya que Gustavo Madero sigue impulsando a Jorge Luis Preciado, coordinador de los senadores panistas, quien se encuentra ubicado en segundo lugar de las preferencias entre los panistas de esa entidad. La segunda circunstancia es la aprobación de las dirigencias nacionales del PRD y del PT, ya que hasta el momento no existe una definición al respecto.

En Guerrero los panistas descartan una coalición con el PRD, aunque se analiza la posibilidad de una alianza con la figura de candidatura común, lo que permitiría al PAN respaldar al candidato que postule el PRD, ya que en Guerrero la presencia del PAN es marginal. Aunque algunos panistas se oponen a establecer una alianza en esa entidad debido a los hechos de violencia ocurridos en Iguala.

En Michoacán también está descartada la posibilidad de una alianza entre el PAN y el PRD, ya que este último partido pretende que el candidato sea el diputado federal Silvano Aureoles Conejo, mientras que los panistas consideran que tienen posibilidades reales de triunfo con cualquiera de sus prospectos mejor posicionados, como la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, hermano del expresidentes de la República, y el exsenador Marko Antonio Cortés Mendoza.

En Nuevo León no fue posible consolidar una coalición con el PRD y el PT, ya que la mayoría de los integrantes del Consejo Estatal del PAN de Nuevo León se opusieron, bajo el argumento de que eran demasiado altas las exigencias de ambos partidos y que finalmente sería contraproducente para el PAN una alianza con el PRD debido a los hechos de violencia de Iguala que han incidido notoriamente en la disminución de las preferencias electorales para este partido no solo en esa entidad sino a nivel nacional.

La principal impulsora de la alianza con el PRD y el PT era la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, quien a través de Gregorio Hurtado y otros miembros de su grupo político habían presentado la propuesta de alianza con ambos partidos.

Por el contrario, los principales opositores a esta alianza fueron los panistas tradicionales y los líderes de algunos grupos internos de ese partido en Nuevo León, encabezados por el senador Raúl Gracia Guzmán; el consejero emérito Hiram de León; Mauricio Fernández Garza, dos veces alcalde de San Pedro Garza García; Zeferino Salgado, exalcalde de San Nicolás de los Garza; Felipe de Jesús Cantú, exalcalde de Monterrey y aspirante a la candidatura a la gubernatura, y el alcalde de San Pedro Garza García, Roberto Ugo Ruiz Cortés, entre otros.

A pesar de no haber podido consolidar esta alianza con el PRD y el PT, en la dirigencia nacional existe optimismo en que ganarán la gubernatura de Nuevo León, debido al fuerte posicionamiento que tienen en la entidad y al desplome del PRI a consecuencia de los hechos de violencia recientes y a la situación económica prevaleciente a nivel nacional.

En Querétaro se da como un hecho que el candidato del PAN a la gubernatura será el senador Francisco Domínguez Servién, exalcalde de Querétaro, quien es el mejor posicionado entre la población en general. En esta entidad se sigue negociando con el PRD una probable alianza, pero hasta el momento no se ha podido concretar.

En San Luis Potosí los panistas consideran difícil una alianza con el PRD, debido a que este partido prácticamente ha decidido postular a Ricardo Gallardo Cardona, alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, como candidato a la gubernatura.

La candidatura del PAN al gobierno de Querétaro no ha sido definida, pero se considera que los finalistas son la senadora Sonia Mendoza Díaz, apoyada por el grupo político que encabeza el también senador Ernesto Cordero, y el exsenador Alejandro Zapata Perogordo, quien es el favorito del grupo político de Gustavo Madero.

El actual delegado del CEN del PAN en San Luis Potosí es Santiago Creel Miranda, quien tiene la consigna de Gustavo Madero de apoyar a Alejandro Zapata Perogordo, con quien además mantiene desde hace tiempo una estrecha relación política y personal. Aunque el panista mejor posicionado es el también senador Octavio Pedroza Gaitán, quien decidió retirarse de la disputa por esta candidatura debido a diferencias con las dirigencias estatal y nacional del PAN.

El CEN del PAN estima que San Luis Potosí es una de las entidades donde tienen mayor probabilidad de triunfo, debido no solo al posicionamiento en las preferencias electorales, sino también a las divisiones internas existentes en el PRI, aunado a la deteriorada imagen y mala aprobación del gobernador Fernando Toranzo.

En Sonora el PAN logró amarrar una alianza con la dirigencia estatal del PRD, la cual sin embargo seguramente será anulada debido a que la dirigencia nacional del PRD no la aprobó, autorizando por el contrario una alianza con el PT. La alianza que fue registrada por las dirigencias estatales del PAN y del PRD ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora se denomina “Alianza por el Sonora que Queremos”, pero se da como un hecho que no será aprobada por no contar con la autorización de la dirigencia nacional perredista.

Los perredistas sonorenses que se oponen a esta alianza y que registraron otra distinta con el PT están encabezados por Carlos Navarro López, Petra Santos Ortiz y René Noriega Gómez.

En el caso de Sonora existe preocupación por las dificultades que avizoran para retener la gubernatura y consideran que la única posibilidad real que tienen es que los priistas se dividan, debido a la cerrada disputa que mantienen por la candidatura de ese partido los senadores Ernesto Gándara Camou “El Borrego” y Claudia Pavlovich Arellano, esta última apoyada por el diputado Manlio Fabio Beltrones.

En ese estado el PAN postulará a Javier Gándara Magaña, exalcalde de Hermosillo, quien es el puntero en las preferencias entre los simpatizantes de ese partido y quien puede dar la sorpresa.

En los informes elaborados por el Cisen y la UIF se afirma que el grupo político que encabeza Gustavo Madero, el cual mantiene el control del CEN del PAN, ha determinado no concederle a Margarita Zavala, esposa de Calderón Hinojosa, la candidatura para una diputación federal plurinominal, por lo que ya le han hecho saber, de manera directa y a través de terceros, que si quiere ser legisladora tendría que ser postulada como candidata de mayoría en cualquiera de los distritos electorales del Distrito Federal, donde la contienda luce cerrada debido al posicionamiento del PAN que actualmente se encuentra ubicado en el tercer lugar de las preferencias electorales, seguido muy de cerca por Morena y cuya fuerza política cada día crece más.

Hasta el momento Margarita Zavala no ha tomado una definición sobre esta propuesta, pero se sabe que el grupo político de Felipe Calderón, cuyo principal operador es actualmente el sumiso senador Ernesto Cordero, ejercerá presión para tratar de ubicar a Zavala en uno de los primeros lugares de la lista de candidatos a diputados federales por la vía plurinominal.

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Para nadie es un secreto que a México se le conoce en el extranjero como el país del pago de comisiones por la asignación de contratos gubernamentales. Cualquier nacional o extranjero que pretenda obtener algún contrato del gobierno, sabe de antemano que deberá pagar una comisión por ello.

Muchos antes de que los panistas arribaran al poder con Vicente Fox al frente (2000), los gobiernos priistas habían instaurado que toda empresa privada que recibiera algún contrato gubernamental debía pagar una comisión por ello. Estas podrían variar entre el 5 y 10 por ciento del monto total del contrato, según el tipo de licitación y el costo en que se cerrara la operación; aunque en algunos casos el abuso del cobro de comisiones llega hasta un 20 o 30 por ciento, dinero que sale del mismo presupuesto público, lo que lo convierte en un robo a la nación.

Por supuesto que con estas acciones hablamos de actos de corrupción, de sobornos, de chantajes, de tráfico de influencias, de abuso de poder de quienes han gobernado este país. No se entiende de otra manera la enorme riqueza que servidores públicos han acumulado a su paso por la administración pública federal y que eso le permite a familias enteras vivir el resto de sus días sin preocupaciones ni agobios económicos en un país caracterizado por su pobreza extrema y la injusticia.

Cuando Vicente Fox ganó la Presidencia de la República, hace unos 15 años, lo cual logró con su discurso «ranchero» de combate a la corrupción, como no recordar aquellas frases de que iba a acabar con las víboras prietas, las tepocatas, los alacranes y con todos aquellos animales priistas ponzoñosos que tanto daño hacían al país.

Pero fiel al panismo todo fue un montaje foxista, un vil producto propagandístico, un discurso que le permitió a Fox alcanzar la máxima investidura del país, fue sólo eso, pues su gobierno y el que lo siguió, el de Felipe Calderón Hinojosa, fueron tan corruptos como los son los priistas y perredistas, con el ingrediente panista de también más torpes.

Fue tan descarada la corrupción panista, que la prensa hizo público cómo miembros del gabinete hicieron negocios económicos ilícitos al amparo del poder y hasta los hijos de Marta Sahagún traficaban con pasaporte de Los Pinos para obtener contratos de Pemex en beneficio de empresas privadas, como el caso de Oceanografía que muchos años después les reventó en el cara. Y éste sólo por mencionar un caso emblemático de corrupción en la asignación de contratos gubernamentales.

Y como no hay grupo político que se quede atrás en el tráfico de influencias para obtener beneficios económicos, hace unos meses se tuvo que paralizar una línea del Metro por las irregularidades en su construcción y esto corresponde a la administración perredista cuando Marcelo Ebrad era jefe de gobierno en la capital del país. En este caso hay exfuncionarios ya procesados, aunque es casi seguro que este juicio penal no alcance a mandos superiores.

En las últimas semanas el gobierno priista de Enrique Peña Nieto se metió en el terreno de las sospechas cuando canceló sin justificación clara la asignación de un contrato multimillonario para la construcción del tren rápido México-Querétaro, decisión que causó malestar al gobierno de China, pues una de sus empresas estatales había ganado junto con el mexicano Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, la licitación y ello causó tensión diplomática entre ambas naciones.

Con ello vino el descubrimiento del caso que se conocería como la Casa Blanca, propiedad de la esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, quien había hecho negociaciones para su adquisición con uno de los amigos y constructores privados beneficiados con contratos por el político mexiquense cuando gobernó aquella entidad, el mismo que también había resultado ganador junto con los chinos en la licitación del tren rápido. Aunque se han dado explicaciones al respecto, la realidad es que debería investigarse por lo menos el posible conflicto de interés.

Así vemos que priistas, perredistas y panistas no se salvan de actos de corrupción cuando se trata de licitaciones públicas, en donde se presentan delitos como conflictos de interés, tráfico de influencias y abuso de poder, entre otros. Pero hoy voy a contar otra historia que no ha sido pública y también refleja esa vieja costumbre de hacer negocios al amparo del poder.

Fue hace más de 18 años que en una fotografía publicada en un diario capitalino aparecía José Córdoba Montoya con un directivo de la empresa francesa Alstom mientras desayunaban en un restaurante del hotel Camino Real, lo que alertó a la opinión pública sobre el tráfico de influencias que el exasesor de Carlos Salinas de Gortari realizaba a favor de la firma francesa para ganar una licitación internacional convocada entonces por el Sistema de Transporte Colectivo Metro para adquirir 28 trenes.

Las sospechas en torno a la “amistad” del francés Córdoba Montoya con los empresarios galos aumentaron cuando el consorcio que competía contra Alstom por el jugoso contrato era descalificado por la administración del Metro, a cargo en ese momento de Alfonso Caso. Habían sido la española CAF, la japonesa Mitsubishi y la mexicana ICA la que impugnaron esa decisión ante el entonces secretario de la Contraloría, Arsenio Farell Cubillas, quien ordenó la suspensión del fallo y así estuvo hasta 2002, cuando bajo la administración perredista se otorgó el contrato a CAF por más de 428 millones de dólares para construir no 28 sino 45 trenes.

En 2003, la Unidad Especial contra la Delincuencia Organizada de la PGR revelaría que contaba con pruebas de los cheques por 800 mil dólares que Alstom depositó en bancos suizos a favor de Alfonso Caso, luego de que las gestiones de Córboba Montoya habían sido insuficientes para lograr el contrato del Metro. Luego vino una época en la que el Metro no convocó a nuevas licitaciones; sin embargo, fue la obra de la Línea 12 del Metro la que terminó con esa época de sequía en materia de contratos.

Mientras tanto, Alstom, a través de su filial Alstom T&D, fue inhabilitada en 2005 para participar en futuras licitaciones y contratos debido a diversas irregularidades. Esa fue la época de Óscar Espinosa Villarreal en el gobierno capitalino y fue la época en la que el abogado Enrique Fernández Castello era asesor jurídico de la francesa que en ese entonces buscaba contratos con el Sistema de Transporte Colectivo Metro mediante un consorcio conformado con Bombardier (GEC Alstom-Bombardier).

Una investigación de esta columna –Oficio de Papel – que se realizó en México y Francia confirmó el tráfico de influencias que años más tarde se transformó en un expediente criminal binacional para indagar si los fondos depositados en el extranjero por Fernández Castello fueron resultado de malas prácticas para obtener contratos.

Después, otros medios replicaron la relación y amistad que habían construido los entonces directivos de Alstom encabezados por Bernard Prieur, José Córdoba Montoya – asesor de la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari – y, por supuesto, el abogado Fernández Castelló. Alfonso Caso, entonces director del Metro, también sostenía encuentros privados con Córdoba Montoya, el pequeño hombre todo poderoso del gobierno salinista.

Egresado de la UNAM, el licenciado en Derecho y amigo del extitular de la Secretaría de Gobernación en el sexenio panista de Vicente Fox, Fernández Castelló firmó con la francesa Alstom un interesante contrato como comisionista que establecía el pago de entre 5 y 10 por ciento de cada obra contratada por la francesa. Castelló, como asesor de Alstom, estuvo directamente involucrado en los tratos que la colocaron bajo los reflectores y que hicieron que la firma francesa se replanteara su presencia en México.

La plana mayor de ejecutivos de la firma fue remplazada por completo; salieron los directivos franceses, quienes por cierto también tuvieron que declarar ante la PGR por las gestiones impulsadas por Fernández Castelló.

La suerte, sin embargo, favoreció al abogado-comisionista-coyote porque a la llegada de los panistas y en medio de la investigación sobre los sobornos a Caso, logró que se le aceptara como una especie de testigo “protegido” para entregar toda la información de los corruptos funcionarios priistas.

Fue, sin embargo, una compañía constituida y que encabezaba Enrique Fernández Castelló la que fue investigada por las transferencias entre bancos de Panamá y Suiza.

Desde las cuentas de la compañía Inamex no sólo se hicieron transferencias por 800 mil dólares a Caso, exdirector del Metro, sino también al entonces funcionario de Luz y Fuerza del Centro, Antonio García Rojas, subdirector de Abastecimiento y Transporte de Luz y Fuerza, quien benefició a Alstom con contratos para la adquisición de transformadores de corriente. Esta es la vieja práctica corrupta que Peña Nieto debería combatir para evitar que se siga ultrajando al presupuesto público y mandar un claro mensaje en contra de los funcionarios que acostumbran a pedir comisiones por la asignación de contratos.

Después de esta crisis, Alstom eliminó a los “gestores” de contratos; a los “comisionistas”; a los despachos de cabildeo. Sin embargo, no sólo la estela de corrupción persigue a esta empresa que regresó a la búsqueda de contratos con el gobierno federal. A Alstom, aunque parezca increíble, todavía la persigue el abogado Enrique Fernández Castelló, quien reclama que la francesa cumpla con el pago de comisiones por un contrato millonario que gestionó. México el país de los gestores, comisionistas y coyotes promovidos desde el gobierno.

El asunto que forma parte de un juicio en Francia también se sigue en tribunales mexicanos y en él aparece otra vez el exsecretario de Gobernación, el panista Santiago Creel, en una historia que involucra conflictos de interés, omisiones por parte de la autoridad y, por supuesto, la guerra política entre el PRI y el PAN para develar sus prácticas de corrupción y capitalizar sus causas partidistas.

En otras palabras, Fernández Castelló entregó a los panistas información relevante para demostrar las prácticas de corrupción en las que participó con los priistas pero logró que, como testigo, los funcionarios foxistas lo protegieran. Santiago Creel, además, ha sido testigo de Fernández Castelló para recuperar sus comisiones con Alstom.

Sin embargo, ahora busca recuperar sus comisiones de contratos que, en apariencia, no estuvieron relacionados con esos negros expedientes. Son 20 millones los que reclama Fernández Castelló, quien –asegura ante autoridades de México y Francia – gestionó para Alstom contratos ante Transportación Marítima Mexicana (TMM), de José Serrano Segovia, por 100 millones de dólares para el mantenimiento de sus vías férreas. Esta historia continuará…

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Antes de que en México se autorizaran permisos para la operación de casinos –la mayoría de los permisos para su operación fueron promovidos por las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón—, la experta en materia de lavado de dinero María de la Luz Núñez Camacho se opuso mientras estuvo a la frente de la unidad contra el blanqueo de capitales, a la proliferación de casinos y alertó a todas las autoridades de cómo estos centros de apuestas servían en todo el mundo para las operaciones del crimen organizado, por lo que advirtió que si se autorizaban en el país, serían la guarida perfecta para delinquir.

La exfuncionaria no sólo no se equivocó en su análisis que hizo hace más de una década, sino que logró que el Congreso no aprobara ley alguna para su instalación en toda la República. Pero llegaron los panistas y las cosas cambiaron, con su doble moral rápidamente convirtieron la entrega de permisos de casinos en un jugoso negocio para los funcionarios de la Secretaría de Gobernación, adscritos a la Dirección General de Juegos y Sorteos, quienes fueron corrompidos por los zares de casinos.

En esas empresas que controlan los casinos y que en su mayoría son controladas por mafias, cohabitan el crimen organizado, el lavado de dinero, la evasión fiscal, la competencia desleal y problemas de salud como drogas y ludopatía (adicción al juego). Sin embargo, estas amenazas sociales son insuficientes para evitar que siga en aumento la proliferación de los casinos, pues las utilidades económicas que generan son cuantiosas y con ellas lo mismo se corrompe a autoridades municipales, estatales y federales, y se permite a la delincuencia transparentar su dinero sucio y hacerse de más recursos para sus actividades ilícitas.

En una investigación periodística de Fabiola Martínez en La Jornada, publicada la semana pasada, se revela que en México hay más casinos que universidades e instituciones de educación superior, circunstancia que debería preocupar no sólo a la Secretaría de Educación Pública y a su titular el mexiquense Emilio Chuayffet, sino también al propio secretario Miguel Ángel Osorio Chong, pues es la Secretaría de Gobernación la que ha permitido la entrega de permisos a cualquier empresa sin importar que estas se manejen de manera ilícita.

La nota en cuestión señala que actualmente hay 341 casinos registrados ante la Secretaría de Gobernación, de los cuales el 76 por ciento (260) está en operación en 112 municipios del país y siete delegaciones de la capital de la República. Es decir, también en el Distrito Federal han proliferado estos centros de apuestas que son utilizados para actividades ilícitas, sin importar esto a las autoridades locales que coordina Miguel Ángel Mancera.

Por diversas irregularidades en los casinos, en los últimos meses ha sido clausurados por autoridades locales 20 establecimientos, otros 17 por autoridades federales y 44 más fueron cerrados por sus propios permisionarios al considerar que el negocio no era rentable en las zonas donde se ubicaron.

En su investigación la reportera Martínez explica que la expansión de estos establecimientos no tiene un patrón definido, toda vez que el número de casinos aumenta en las principales áreas turísticas del país, pero también en zonas fronterizas, en ayuntamientos ricos o pobres e incluso en regiones notablemente afectadas por le crimen organizado. Esto último se explica porque es precisamente la delincuencia la más beneficiada por la instalación de casinos, pues los utiliza para sus fines económicos.

El problema es de tal dimensión, que ha rebasado el control de las autoridades de los tres niveles de gobierno, por lo que ya generó preocupación en Los Pinos, en donde se prevé enviar al Congreso una nueva iniciativa de Ley Federal de Juegos y Sorteos a fin de tener más elementos para intentar ordenar ese sector y regularlo mejor.

En el mundo son contadas las regiones en donde los casinos son realmente un éxito económico como centros de apuestas. Ahí están Las Vegas, en Estados Unidos; Baden Baden, en Alemania; Monte-Carlo, en Mónaco; The Ventian Macao, en China; Sun City, en Sudáfrica, y Atlantis Paradise, en Bahamas. Pero en otras regiones como en México y Latinoamérica, estos centros de apuestas buscan lavar dinero proveniente de actividades delictivas y no para operarlos como negocios lícitos.

Este negocio de los casinos en México ya ha traído inversionistas extranjeros, como la española Codere, que desde hace varios años adquirió establecimientos del Grupo Caliente, perteneciente a la familia Hank Rhon, pero desde que llegó dicha empresa extranjera mostró preocupación por la anarquía y las casi nulas regulaciones que caracterizan a este negocio en el país.

La comparación es inevitable desde la perspectiva de una multinacional del juego. Codere logró la titularidad de las licencias de operación de 35 salas de bingo y apuestas deportivas de Grupo Caliente, tras la aprobación de la Comisión Federal de Competencia.

Otro problema mayor para la autoridad son los casinos ilegales, pues no sólo reciben en la mayoría de los casos dinero proveniente de fuentes ilícitas, sino que omiten ofrecer garantías laborales a sus empleados, quienes también participan en actividades prohibidas por la Secretaría de Gobernación. Lo cierto es que mucho del dinero que ingresa a esos centros de apuestas proviene de fuentes ilegales, pero esto parece no importarle a los dueños de casinos, legales o ilegales: mientras la gente siga dejando millones de pesos en las maquinas nadie revisará la procedencia del dinero.

En México, aparentemente, el juego de azar en vivo tampoco está permitido –naipes y ruleta, por ejemplo– y supuestamente se persigue el lavado de dinero en este actividad. Pero lo cierto es que el dinero sucio está presente en todos los casinos que, como en el caso de Nuevo León y Jalisco, operan con la complacencia y complicidad de autoridades municipales. En Monterrey fue un escándalo el caso del hermano de un alcalde que extorsionaba a los dueños de los casinos.

El cambio al reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos que promovió hace varios años el panista y exsecretario de Gobernación, Santiago Creel, no funcionó y, por el contrario, sólo permitió concentrar en muy pocas manos los permisos para la operación de centros de juego en donde se instalan máquinas tragamonedas, los famosos bingos o libros de apuestas.

La ley Creel no sólo aumentó el número de establecimientos irregulares, sino que la Secretaría de Gobernación simplemente se declaró vencida ante la falta de recursos y personal calificado y honesto para enfrentar el reto. Muchos de sus empleados fueron sobornados por la mafia de los casinos y nadie hizo algo para aplicar la justicia.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha reportado que si bien Gobernación inspeccionó en 2010 un total de 212 casas de juego, pertenecientes a 19 permisionarios, omitió la verificación de 59 establecimientos, por ejemplo.

La ASF también encontró que la Secretaría de Gobernación no cuenta con las herramientas y mecanismos para verificar que los operadores de este tipo de establecimientos cumplan con las medidas regulatorias y operativas mínimas que garanticen la seguridad de sus clientes y la legalidad de sus transacciones.

El trabajo aleatorio de la ASF en 12 de los 21 permisionarios con establecimientos en operación confirmó que “en cinco casos no se encontró la evidencia documental para acreditar la existencia de los seguros de responsabilidad civil por daños a terceros, por accidentes y otros siniestros en las instalaciones”.

Tampoco se encontraron los soportes documentales de las pólizas para cubrir los riesgos por incendio, explosión, destrucción, inundación y otros eventuales siniestros en los bienes muebles e inmuebles.

Según la ASF, se tenían registrados 320 establecimientos en operación, correspondientes a 21 de los 27 permisos vigentes, de los cuales 18 se otorgaron antes de la publicación del Reglamento de La ley Federal de Juegos y Sorteos el 17 de septiembre de 2004, y nueve se expidieron con posterioridad a la entrada en vigor de dicha norma.

Cabildeo por una nueva ley

Se confirma entonces que los casinos en México transitan entre la ilegalidad y una ley nebulosa, anquilosada, con un reglamento que sólo benefició a unos cuantos y que ahora no sólo perjudica al erario sino que, como ya quedó demostrado, amenaza la seguridad social, así como es un riesgo para los clientes asiduos a estas actividades y hasta a los propios trabajadores de estos centros de apuestas que se ven en la necesidad de laborar en negocios poco transparentes.

En Argentina, por ejemplo, la aplicación de leyes municipales ha permitido que estos niveles de gobierno no sólo sean los que recauden directamente los impuestos que generan los juegos, los sorteos y las apuestas, sino que sean los responsables directos de vigilar la operación transparente de estas actividades, incluyendo la prevención al lavado de dinero.

En México, si bien hay leyes municipales que permiten o prohíben las casas de juegos y apuestas, es el gobierno federal –a través de las secretarías de Hacienda y de Gobernación– el que se encarga de la tributación en este sector y de regresar a estados y municipios las partidas correspondientes en línea con lo dispuesto por el Pacto Fiscal Federal. Es decir, que el dinero a veces llega a los municipios, pero la mayoría de las veces no.

Con el actual reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos también se presentó otro fenómeno: se dejó intacto al juego clandestino y a las mafias que se han enquistado en él. Por ejemplo, la Secretaría de Gobernación tiene conocimiento –sin actuar en consecuencia– del negocio que se desarrolla lo mismo en estados fronterizos del norte que del centro y sur del país.

Un problema que la autoridad debe revisar son las máquinas tragamonedas que lo mismo se instalan ilegalmente en farmacias o tiendas de pueblo, en donde menores de edad juegan con libertad y pierden su poco dinero que poseen. Se trata de negocios que nadie fiscaliza y que generan ludopatía, sobre todo entre niños, mujeres y ancianos. Por ejemplo, la Segob tiene ubicado en Guadalajara a un grupo que controla más de 25 mil máquinas tragamonedas, actividad totalmente informal.

En Brasil se vive una situación parecida a la de México. A pesar de la definitiva historia de éxito que se escribe año con año en Brasil con su carnaval, los turistas que acuden a participar en él no podrán acudir a casinos legales porque simplemente la ley para regular su operación no se ha aprobado. Las mafias en Brasil que controlan los negocios como el juego del bicho, una lotería subrepticia, han impedido que en el Congreso de ese país se apruebe la ley en la materia.

México ha perdido, hasta ahora, la oportunidad de ligar las inversiones en el sector turístico con el juego. Es un hecho que los empresarios del sector turístico nacional y extranjero no observan la suficiente certidumbre jurídica para invertir en la instalación de casinos en zonas en donde ya participan negocios que compiten de manera desleal.

Es más, según expertos y estudiosos en lavado de dinero, el negocio de casinos y apuestas en México nunca será un gran negocio, porque los grandes apostadores viajan a las Vegas o a Mónaco, en donde la diversión es mayor, mientras que en los centros de apuestas de otros países como México, sólo van las personas de menores ingresos, pero son una oportunidad para el crimen organizado.

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Como cada sexenio ocurre, la llamada “alta burocracia” será renovada en su totalidad. Sobre todo ahora cuando el cambio de gobierno implica la alternancia con un partido distinto en el poder. De tal manera que los panistas no sólo quedarán desempleados, sino que por primera vez podrán serán sometidos a una verdadera rendición de cuentas ante órganos de control y justicia manejados por un partido opositor, es decir el del PRI.Despachos de abogados ya se frotan las manos por los jugosos contratos que cobrarán a exburócratas que serán llevados a juicio por sus pésimas administraciones y el consabido delito de peculado (desvío de recursos públicos). Despachos de contadores y administradores también son buscados para ordenar cuentas públicas mal hechas y corregir números que exhiben a servidores públicos en desgracia.

A esa “alta burocracia” del gobierno federal le llegó la hora de rendir cuentas y de separarse del cargo para permitir que el equipo priista de Enrique Peña Nieto asuma la responsabilidad. Los cambios de funcionarios iniciaron desde el primero de diciembre, con la llegada del nuevo mandatario, pero son tantos los nombramientos en la burocracia que éstos continuarán aún entre enero y junio del próximo año. Por lo pronto, miles de empleados federales también quedarán desempleados.

De acuerdo con la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, las causas de separación del servicio público sólo pueden ocurrir por renuncia, defunción, sentencia que implique privación de libertad, incumplimiento de las obligaciones que la Ley le asigna, por hacerse acreedor a sanciones establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que impliquen separación del servicio o reincidencia, por no aprobar en dos ocasiones la capacitación obligatoria o su segunda evaluación de desempeño y, finalmente, cuando el resultado de su evaluación del desempeño sea deficiente, por lo que no contempla la separación por cambios administrativos. Hasta aquí estarían amparados los trabajadores contratados por el servicio profesional de carrera.

Esto aplica desde directores generales, directores generales adjuntos, directores de área, subdirectores, jefes de departamento y enlaces, pero los que están fuera del Servicio Profesional de Carrera, los de la «alta burocracia», como son los jefes de unidad, subsecretarios, secretarios y personal de gabinete de apoyo y de libre designación, tendrán que salir.

Sin embargo, como parte de las reformas estructurales propuestas por Peña Nieto, hace varias semanas el Senado de la República aprobó en las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos una reforma que modifica dicho Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, mediante la cual el actual gobierno podrá despedir a poco más de 4 mil funcionarios que ocupan cargos de director general y director adjunto.

De acuerdo con esta Ley, se garantiza la estabilidad y permanencia de los servidores públicos en sus puestos y, en caso de ser despedidos injustificadamente, tendrían que se indemnizados en términos de ley, así como los aspirantes al servicio público federal deberán concursar las plazas vacantes para ingresar a la Administración Pública Federal, debiendo cubrir los perfiles y participar en los concursos, tal y como lo estipula la Ley.

Si los priistas pretenden solicitar renuncias “voluntarias”, deberán cubrir la indemnización respectiva, con su consecuentes demandas, lo que ocasionaría, por un lado, el congelamiento de plazas en proceso de demanda y, por el otro, una gran erogación de recursos por concepto de liquidaciones, lo cual seguramente no se ha contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.

En tanto no se modifique o elimine la Ley del Servicio Profesional de Carrera, su continuidad es permanente y el nuevo gobierno habría “recuperado” sólo 4 mil plazas de mandos medios, lo que implica una combinación de empleados militantes del Partido Acción Nacional, de la administración anterior, y los del “nuevo” PRI. Esto pronostica una guerra interna por el control de la información.

A pesar de estos inconvenientes, la “alta burocracia” espera no ver afectada la operación del nuevo gobierno federal, aunque seguramente esta transición será diferente y, por primera vez, se probará si funciona o no la Ley del Servicio Profesional de Carrera.

¿Cómo funciona el Servicio Profesional de Carrera?

Las plazas vacantes en el gobierno federal se convocan públicamente (se registran en promedio 300 aspirantes por plaza) y su evaluación consiste en aprobar entre 4 ó 6 exámenes; una revisión del currículum vitae y los méritos académicos y profesionales; después, un comité de selección realiza las entrevistas con los interesados en pertenecer a la burocracia y se determina al ganador de dicha plaza. Al resultar seleccionado, recibe un nombramiento de servidor público de carrera y, teóricamente, nunca más perderá la plaza, salvo las excepciones explicadas.

La impunidad

Aquel escándalo de fraudes fiscales y financieros que involucró a gobernadores priistas, hijos de presidentes y de secretarios de Estado, políticos y despachos de abogados y contadores públicos continúa. Fuentes que han seguido este proceso desde 2010, cuando se conocieron las primeras informaciones del caso, aseguran que hay más de 20 averiguaciones previas abiertas en contra de los exgobernadores Ulises Ruiz, de Oaxaca; Mario Marín, de Puebla, y Pablo Salazar, de Chiapas, quienes habrían contratado los servicios del contador oaxaqueño Sergio Castro López y sus socios del despacho Álvarez Puga y Asociados.

Lo interesante de este viejo asunto de corrupción, abuso de poder, desvío de recursos públicos y evasión fiscal, que por más que han tratado las autoridades hacendarias de México y de Estados Unidos de cuadrarlo sigue empantanado, debido a que entre los principales operadores se encuentran hijos de “notables” políticos y servidores públicos, como Santiago Creel, Ernesto Zedillo, Emilio Gamboa, Alejandro Murat, Fidel Herrera y hasta el extenista Oliver Fernández.

De acuerdo con las indagatorias abiertas en diversos procesos penales, se trata de excedentes de aportaciones federales que fueron desviadas de gobiernos estatales, es decir que no aparecen en los libros contables de gobierno, y fueron a parar a manos de prestanombres y empresas fantasmas y de outsorcing creadas por Sergio Castro y Álvarez Puga. De esta forma trataron de que dichas operaciones nunca serían rastreadas, pero el gobierno federal las descubrió y abrió procesos penales por los delitos de peculado, lavado de dinero, malversación de fondos públicos, evasión fiscal y fraude financiero.

El caso ha sido tan escandaloso y tan meticulosamente cuidado, que se ha descubierto que fue la Consultoría de Inteligencia en Dirección de Negocios, del contador Castro López, la que habría blanqueado fondos sustraídos, por ejemplo, del gobierno de Oaxaca cuando el cacique priista Ulises Ruiz ahí despachaba. Se asegura que los recursos sustraídos superan los 16 mil 500 millones de pesos, sólo en Oaxaca, pues otro tanto correspondería a Puebla, con Pablo Marín a la cabeza y Chiapas, en donde Pablo Salazar ya estuvo en prisión.

Las pesquisas han sido seguidas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributario y la Procuraduría General de la República, además de su contraparte de Estados Unidos. Las autoridades fiscales y judiciales de México realizaron operativos en siete estados de la República en donde se cree se utilizó la misma mecánica de fraude.

El trabajo de Sergio Castro y Álvarez Puga era borrar cualquier evidencia de del desvío de recursos públicos que terminaron en manos de particulares y sociedades financieras, quienes los invirtieron en la compra de bienes inmuebles en varios países y para lo cual utilizaron prestanombres.

Varias de las investigaciones echas en contra del contador Sergio Castro han revelado que las sociedades fantasmas utilizadas para el lavado de dinero y la instrumentación del esquema outsourcing conducen a la Casa de Bolsa Vector S.A., en donde por ejemplo el exgobernador Mario Marín tenia un asiento en el Consejo a través de su secretario de finanzas.

Incluso una de las agencias internacionales calificadoras que evaluaba la capacidad crediticia de Oaxaca, Standard and Poor´s, descubrió que Vector tenía elevados ingresos y que crecía de manera injustificada a pesar de que no aumentaba su cartera de clientes, según datos revelados por la prensa local.

Desde 2010, investigadores del SAT, PGR, IMSS, Infonavit y la Secretaría de Seguridad Pública realizaron cateos y revisiones en las oficinas del contador Castro en Oaxaca, Puebla, Chiapas, Nuevo León y Distrito Federal, en donde encontraron suficiente información que aún sigue en proceso de indagatoria.

En Oaxaca, los excendentes de aportaciones federales que desvío el extitular del Poder Ejecutivo local no aparecieron en la contabilidad gubernamental, y se determinó que los recursos fueron a parar a empresas fantasmas abiertas con prestanombres. El riesgo ahora es que con la llegada del PRI al poder, esta investigación que apunta a destacados priistas, exgobernadores y expresidentes, queden inconclusas y sin sanción alguna.

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Lavado de dinero, crimen organizado, competencia desleal y problemas de salud (ludopatía) son las principales preocupaciones de las empresas que participan en la industria del juego y los sorteos. Sin embargo, esas amenazas son insuficientes para evitar que siga en aumento la proliferación de los centros de apuestas, pues las utilidades económicas que generan son cuantiosas.

La española Codere, que recientemente adquirió del Grupo Caliente, perteneciente a la familia Hank Rohn, varios de sus establecimientos, comienza a mostrar preocupación por la anarquía y las casi nulas regulaciones que caracterizan en México a este negocio. La comparación es inevitable desde la perspectiva de una multinacional del juego. El año pasado, Codere logró la titularidad de las licencias de operación de 35 salas de bingo y apuestas deportivas de Grupo Caliente, tras la aprobación de la Comisión Federal de Competencia.

A Codere le tocará ahora lidiar con el sindicato que encabeza Mario Madrigal, de origen priista y afiliado a la CROC, que siempre mantuvo a raya a los más de 6 mil trabajadores de Grupo Caliente, a cargo del controversial Jorge Hank Rohn, y que dependían del Sindicato Nacional de Trabajadores Operadores de Libros y Establecimientos de Diversión, Hoteles, Restaurantes y Comunicaciones.

Madrigal deberá negociar ahora con los españoles propietarios de Codere lo que se refiere a prestaciones e incrementos salariales. Para todos los que integran este negocio de apuestas, se ha convertido en una preocupación la cuestión laboral, porque mientras Televisa con su concepto Play City y Codere con Caliente tendrán que cubrir todas las prestaciones de ley a sus empleados, los casinos ilegales no sólo reciben, en muchos casos, dinero proveniente de fuentes ilícitas, sino que omiten ofrecer garantías laborales a sus empleados, quienes también participan en actividades prohibidas por la Secretaría de Gobernación. Lo cierto es que mucho del dinero que ingresa a los centros de apuestas proviene de fuentes ilegales, pero esto parece no importarles a los dueños de casinos, legales o ilegales, mientras la gente siga dejando sus millones de pesos nadie revisará la procedencia del dinero.

En México, aparentemente, los casinos están prohibidos; el juego de azar en vivo tampoco está permitido – naipes y ruleta, por ejemplo – y supuestamente se persigue el lavado de dinero en este actividad. Pero lo cierto es que el dinero sucio está presente en todos los “casinos” que, como en el caso de Nuevo León, operan con la complacencia y complicidad de las autoridades municipales, en donde el hermano del alcalde extorsionaba a los dueños de los casinos.

En consecuencia el cambio al reglamento de la Ley de Juego y Sorteos que promovió el panista y exsecretario de Gobernación, Santiago Creel, no funcionó y, por el contrario, sólo permitió concentrar en muy pocas manos los permisos para la operación de centros de juego en donde se instalan máquinas tragamonedas, los famosos bingos o libros de apuestas.

La Ley Creel no sólo aumentó el número de establecimientos irregulares, sino que la Secretaría de Gobernación simplemente se declara vencida ante la falta de recursos y personal calificado y honesto para enfrentar el reto. Muchos de sus empleados han sido sobornados por la mafia de los casinos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que si bien Gobernación inspeccionó en 2010 un total de 212 casas de juego, pertenecientes a 19 permisionarios, omitió la verificación de 59 establecimientos, entre ellos el casino Royale de Monterrey, Nuevo León, incendiado por un grupo criminal en agosto de 2011.

La ASF también encontró que la Secretaría de Gobernación no cuenta con las herramientas y mecanismos para verificar que los operadores de éste tipo de establecimientos cumplan con las medidas regulatorias y operativas mínimas que garanticen la seguridad de sus clientes y la legalidad de sus transacciones.

El trabajo aleatorio de la ASF en 12 de los 21 permisionarios con establecimientos en operación, e confirmó que “en cinco casos no se encontró la evidencia documental para acreditar la existencia de los seguros de responsabilidad civil por daños a terceros, por accidentes y otros siniestros en las instalaciones”.

Tampoco se encontraron los soportes documentales de las pólizas para cubrir los riesgos por incendio, explosión, destrucción, inundación y otros eventuales siniestros en los bienes muebles e inmuebles.

Según la ASF, al cierre de 2010 se tenían registrados 320 establecimientos en operación, correspondientes a 21 de los 27 permisos vigentes, de los cuales 18 se otorgaron antes de la publicación del Reglamento de La ley Federal de Juegos y Sorteos el 17 de septiembre de 2004, y nueve se expidieron con posterioridad a la entrada en vigor de dicha norma.

Cabildeo por una nueva ley

Se confirma así que México transita entre la ilegalidad y una ley nebulosa, anquilosada con un reglamento que sólo benefició a unos cuantos y que ahora no sólo perjudica al erario sino que, como ya quedó demostrado, amenaza la seguridad de los clientes asiduos a estas actividades y a los trabajadores que se ven en la necesidad de laborar en negocios poco transparentes.

En Argentina, por ejemplo, la aplicación de leyes municipales ha permitido que estos niveles de gobierno no sólo sean los que recauden directamente los impuestos que generan los juegos, los sorteos y las apuestas, sino que sean los responsables directos de vigilar la operación transparente de estas actividades, incluyendo la prevención al lavado de dinero.

En México, en cambio, si bien hay leyes municipales que permiten o prohíben las casas de juegos y apuestas, es el gobierno federal, a través de las secretarías de Hacienda y de Gobernación, las que se encargan de la tributación en este sector y de regresar a estados y municipios las partidas correspondientes en línea con los dispuesto por el Pacto Fiscal Federal. Es decir, que el dinero a veces llega a los municipios y la mayoría de las veces no.

Con el actual reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos también se presentó otro fenómeno: se dejó intacto al juego clandestino y a las mafias que se han enquistado en él. Así, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación tiene conocimiento – sin actuar en consecuencia – del negocio que desarrolla un hombre en Jalisco a quien le apodan “El Maquinitas” y que controla el negocio de tragamonedas que se instalan en tiendas, farmacias y que están al alcance de millones de niños en todo el país.

Se trata de un negocio que no se fiscaliza, que genera ludopatia — sobre todo entre niños, mujeres y ancianos — y recursos por más de 750 millones de pesos al mes.

La Segob ubicó en Guadalajara a un grupo que controla más de 25 mil máquinas tragamonedas, actividad totalmente informal. Al zar de esos aparatos se le vincula con Abraham González, exfuncionario de Gobernación y quien fue investigado por supuestos hechos de corrupción.

En Brasil se vive una situación parecida a la de México. A pesar de la definitiva historia de éxito que se escribe año con año en Brasil con su carnaval, los turistas que acudan a participar en él no podrán acudir a casinos legales porque simplemente la ley para regular su operación no se ha aprobado.

Las mafias en Brasil que controlan los negocios como el del “juego del bicho”, una lotería subrepticia, han impedido que en el Congreso de ese país se apruebe la ley en la materia.

México ha perdido, hasta ahora, la oportunidad de ligar las inversiones en el sector turístico con el juego. Es un hecho que los empresarios del sector turístico nacional y extranjero no observa la suficiente certidumbre jurídica para invertir en la instalación de casinos en zonas en donde ya participan negocios que compiten de manera desleal.

Es más, según expertos y estudiosos en lavado de dinero, el negocio de casinos y apuestas en México nunca será un gran negocio, porque los grandes apostadores viajan a las Vegas o a Mónaco, en donde la diversión es mayor, mientras que en los centros de apuestas de otros países sólo van las personas de menores ingresos.

Los excesos de la burocracia de Sectur

Como es sabido, en el gobierno federal no hay límite para el gasto. Una prueba de ello es el despilfarro en viáticos y gastos de representación en que incurren los funcionarios de la Secretaría de Turismo, de acuerdo con un amplio reportaje de Isabel Arguello publicado en Contralínea.

Del 1 diciembre de 2006 al 31 agosto de 2011, el personal de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Turismo (Sectur) invirtió 1 millón 365 mil pesos en viáticos y 189 mil 998 en gastos de representación (alimentación de servidores públicos de mando). Del total, Víctor Hugo Castañeda Soto y Alberto Petrearse Villalpando, quienes han fungido como directores del área en periodos distintos, han gastado 544 mil 844 pesos.

Soto Castañeda fue titular de Comunicación Social del 16 de mayo de 2005 al 15 de abril de 2010; durante el calderonismo gastó 107 mil 965 pesos en viáticos y 83 mil 313 en comidas oficiales. Petrearse Villalpando, vocero actual, erogó en un periodo menor 239 mil 625 pesos en viajes y 113 mil 941 en reuniones de trabajo, de abril de 2010 a agosto de 2011.

El artículo 15 del Reglamento Interior de la Sectur establece las funciones de la Dirección General de Comunicación Social: instrumentar las políticas y estrategias de comunicación dictadas por el titular de la Secretaría y difundir la imagen institucional a través de diversos medios de comunicación.

En abril, iniciada su gestión, se reportaron dos viajes: a Guerrero y a Shanghái. En ambos acompañó a la secretaria Gloria Rebeca Guevara Manzo. Del 23 al 27 de ese mes erogó 12 mil 81 pesos por hospedaje en el Grand Hotel y Las Brisas, y 1 mil 563 en los restaurantes Cien por Ciento Aeropuerto, Alimentos Lepe, Pablo Alfredo de Angelis Diego (establecimiento de mariscos) y El Pinito. Del 27 de abril al 2 de mayo, en China gastó 12 mil 72 pesos por hospedaje y alimentos en el hotel Grand Hyatt, y 592 pesos por consumo de alimentos en una tienda de la cual no se precisan datos.

En junio realizó un viaje nacional y dos internacionales. Del 5 al 13 a la República de Suráfrica: 17 mil 699 pesos por hospedaje en Surgeon & Safari y Premier Hotel Pretoria, y 5 mil 75 pesos en alimentos y bebidas (papas fritas, panqués, chocolates, agua y chocolate caliente). Se detalla que “aún cuando en la factura se observa que el arribo se realizó el 7 de junio de 2010 y la salida el 12 de junio, únicamente se cobra sólo por una noche, en virtud de que el costo tan elevado de la habitación se tuvo la necesidad de cambiar a un hotel más económico y cercano a los lugares donde se desempeñó una comisión oficial”.

El 16 y 17 de junio, en su encargo a Michoacán, gastó 867 pesos en La Casa Encantada por hospedaje de una noche en la habitación El Ángel, y 377 pesos en Mistongo y La Taba (restaurantes argentinos). Del 28 de junio al 2 de julio, en Estados Unidos, gastó 18 mil 415 pesos en los hoteles de lujo Four Seasons, The Ritz-Carlton y Jumeirah Essex House; también 1 mil 830 pesos en Culina Restaurant y The Cheesecake Factory (en el primero comió huevos con carne, jugo de naranja y un café; en el segundo, refresco, queso vasco y un sándwich).

El 26 y 27 de julio, en Guanajuato, erogó 1 mil 3 pesos en el Holiday Inn. El 10 y 11 de agosto, en Dallas, Texas, 3 mil 60 pesos en el hotel Rosewood Mansion on Turtle Creek.

Correspondiente a 2011, la Secretaría entregó copia de los estados de cuenta de una tarjeta American Express. Del 16 al 22 de enero, durante su estancia en España y Francia, pagó 2 mil 60.69 dólares (26 mil 455 pesos) en The Westin Palace y en Park Hyatt Paris-Vendôme por alojamiento y servicios; 333.6 dólares (4 mil 283 pesos) en la Taberna de La Daniela (comida española), Casa Lucio (cocina castellana), Goumard (marisquería) y Cafetería Starbucks Palace; además de 38.45 euros (653 pesos) en la Cervecería Santa Ana y Malongo Café por el consumo de cuatro refrescos, dos pulgas mixtas (jamón cortado a mano), un pincho tortilla (platillo a base de huevos y papas), una ración de pan, ensalada y jugo de frutas; y 12.90 euros (219 pesos) en transporte.

Del 10 al 12 de febrero permaneció en Miami, Estados Unidos; costeó 790 pesos en el hotel Marriot, 49.30 dólares (633 pesos) en el servicio de taxis Crown Taxi y 92.27 dólares (1 mil 184 pesos) en Super Yellow Cab, Subway (comida rápida), Sandwich and Salads y en Latín Café 2000 por lechón asado, naranjada, una “orden de maduros”, refresco y flan, entre otros productos. El 25 de ese mes pagó 685 pesos en el hotel de lujo Puerta Campeche.

Del 9 al 13 de marzo, de viaje a Andorra y Berlín, gastó 2 mil 136.54 dólares (27 mil 420 pesos) en Art Hotel y Grand Hyatt Berlin; 162.80 euros (2 mil 763 pesos) en transporte; 191.54 dólares (2 mil 458 pesos) en el Rest Siete Puertas (restaurante de cocina internacional), McDonald’s (comida rápida) y en Leysieffer (lugar donde se vende chocolate y café); y 93.05 euros (1 mil 579 pesos) en Juventus, Leysieffer Airport München y en L’Orry. Del 27 al 30 de ese mes, en Guerrero, desembolsó 17 mil 486 pesos en el hotel Las Brisas y 3 mil 540 pesos en los restaurantes Pipo Acapulco de Juárez y Baikal (comida internacional).

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La presión sobre Felipe Calderón va en aumento. Su capacidad de maniobra política se agota sin importar que aún le reste un año como ocupante de Los Pinos. Sus contrapesos se hacen sentir en todos los terrenos: en el Congreso, la oposición lo obliga a modificar sus propuestas de reformas de ley y reprueba abiertamente su gestión; los partidos políticos lo critican y lo acusan de autoritario y generador de la violencia; en su partido, el PAN, los precandidatos no le hacen caso y se niegan a declinar a favor de su consentido Ernesto Cordero. Por si faltara algo, en el propio gabinete se gesta una rebelión en apoyo del líder nacional del PRI, para impedir que enfrente a la justicia por corrupción y desvío de recursos públicos en Coahuila.

En medio de esta crisis política en el gobierno, la credibilidad y la confianza en la presidencia de la República se ha perdido, y esto junto con la traición de algunos servidores públicos impide que prospere la acusación en contra del priista Humberto Moreira, a pesar de las pruebas sólidas que hay en su contra. Y es este escándalo de corrupción priista, calificado como el coahuilazo, el que marcará la contienda electoral presidencial de 2012.

La Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República cuentan con suficientes evidencias del monumental fraude que llevó a endeudar a Coahuila cuando Humberto Moreira se desempeñaba como gobernador, cuyo monto alcanza los 34 mil millones de pesos. Ante ello, el priismo nacional se ha volcado en apoyo a su líder y hasta el mismo precandidato Enrique Peña Nieto se ha pronunciado para impedir que el profesor Moreira enfrente a la justicia como cualquier ciudadano.

Hasta ahora suman cinco expedientes acumulados en el Ministerio Público Federal que involucran a Humberto Moreira en el cuantioso fraude, pero en la PGR, en Hacienda y en la Procuraduría Fiscal de la Federación hay funcionarios que operan a favor del dirigente priista para evitar que sea llevado a juicio. Algunos de esos burócratas corruptos esperan beneficios posteriores si Peña Nieto asume la Presidencia y otros, por temor a represalias futuras, tampoco están dispuestos a enfrentarse a la maquinaria priista en el siguiente sexenio.

El mismo Moreira considera que nadie atreverá a consignarlo ante un juez federal y mucho menos que algún impartidor de justicia se aventure a sentenciarlo y declararlo culpable. Nos cuentan que algunos funcionarios del gabinete de Felipe Calderón han enviado mensajes de apoyo al líder nacional del PRI, con la promesa de que ellos harán hasta lo imposible para evitar que enfrente a la justicia.

Presión, miedo y oportunismo de burócratas es lo que marca esta investigación de fraude y abuso de poder en contra del exgobernador coahuilense, quien confía en librar la cárcel y mantenerse al frente del PRI hasta pasadas las elecciones presidenciales.

En Los Pinos y en el PAN las cosas no son menos complicadas. Es el propio secretario particular del presidente, Roberto Gil Zuarth, quien por instrucciones de Calderón se ocupa personalmente del proceso que se sigue a Humberto Moreira en la PGR y, por todos los medios, busca sentar en el banquillo de los acusados al principal responsable del escandaloso desvío de recursos bancarios con cargo al erario público de Coahuila. Para lograrlo, tendrían que hacer a un lado a varios funcionarios del gabinete que se han dedicado a bloquear y entorpecer la investigación. Se trata de algunos priistas infiltrados en el gobierno y otros han sido coptados con la promesa de mantenerlos en la burocracia cuando el PRI vuelva a la Presidencia.

En el PAN también están hechos bolas. Por un lado el candidato oficial, Ernesto Cordero, se niega a declinar y ceder la candidatura a Josefina Vázquez Mota, quien encabeza las encuestas internas. Calderón, sin fuerza y un poder disminuido, ha tenido que hacerse a un lado para que el Consejo de ese partido político de derecha sea el responsable de nombrar al candidato, de tal manera que Josefina será designada. De Santiago Creel ni hablar, toda su vida ha sido un aspirante perdedor, por eso ni ahora ni nunca tendrá alguna posibilidad política. Pero sea una u otro el nominado, ya se prevé que el PAN pase a ser la tercera fuerza política del país, por abajo de la “izquierda” y del PRI.

Sobre el coahuilazo, el proceso dará un giro en los próximos días. De Los Pinos salió la instrucción de perseguir a los empresarios que supuestamente realizaron las obras públicas que costaron una millonada, según las facturas que ha presentado el gobierno de ese estado como justificante del gasto de la deuda contraída y que alcanza los 34 mil millones de pesos. Es ahí en donde Calderón planea apretar para obligar a esos empresarios a confesar cómo expidieron facturas abultadas para el desvío de recursos públicos, pues las obras echas en esa entidad en la gestión de Moreira no pueden justificar el enorme gasto. De lograrlo, el Ministerio Público Federal tendrá a una decena de empresarios dispuestos a declarar en contra de Moreira a cambio de inmunidad.

Lo que sí es seguro, es que este caso de corrupción y abuso de poder político enmarcará el proceso electoral presidencial de 2012, y enfrentará al PRI y el PAN en una de las batallas legales y políticas más cruentas de que se tenga memoria. Aunque, como lo han hecho en el pasado, podrían simplemente negociar y todos los involucrados quedar impunes, al fin de cuentas sólo se trata de miles de millones de dinero público y de la desgastada silla presidencial.

Impunidad de contratistas

La maquinaria de la corrupción gubernamental opera eficazmente. Los empresarios y funcionarios que apuestan hasta su libertad para defraudar al gobierno y robar dinero público, tienen muy calculado el costo que ello significa. Para que un empresario corrupto enfrente a la justicia, primero tienen que ser denunciado, lo cual es poco probable porque su red de complicidad incluye a los funcionarios responsables de otorgar los contratos; después, si por alguna razón alguien lo acusa penalmente, tienen la posibilidad de corromper con costosos despachos de abogados a las autoridades judiciales, y si acaso la justicia llega a funcionar, algo muy poco probable, aun en la cárcel los empresarios corruptos podrán disfrutar del dinero obtenido ilegalmente y, en pocos años, recuperar su libertad.

Un ejemplo de lo anterior se describe en el reportaje de la reportera Mayela Sánchez y publicado en la revista Contralínea, en donde se informa de cómo en el gobierno de Felipe Calderón el Servicio de Administración Tributaria ha recaudado menos del 7 por ciento de las multas impuestas a contratistas y proveedores del gobierno federal, que suman más de 369 millones de pesos.

Lo que sucede es que las lagunas en el marco legal y los artificios de las empresas infractoras para eludir el cumplimiento de las sanciones explican el bajo porcentaje de pago, aduce la Secretaría de la Función Pública, lo que se traduce en el peor problema de este país: la impunidad.

Explica la investigación periodística que en los primeros 51 meses de la administración calderonista el SAT recaudó menos de 7 centavos de cada peso impuesto como sanción a las empresas y proveedores que incumplieron contratos públicos. El riesgo entonces es mínimo y las ganancias cuantiosas.

De acuerdo con datos del órgano tributario, entre el 1 de diciembre de 2006 y febrero de 2011, las sanciones económicas a contratistas y proveedores del gobierno federal alcanzaron los 369 millones 788 mil 690 pesos. Pero de esa millonaria bolsa, hasta febrero pasado se habían solventado 24 millones 942 mil 581 pesos, es decir, el 6.7 por ciento. De este modo, la suma de las multas adeudadas en cuatro años alcanza los 344 millones 846 mil pesos. Situación similar se registra al incluir los datos del SAT disponibles desde 2000: de 731 millones 740 mil pesos en sanciones, hasta febrero pasado sólo se habían retribuido 68 millones 940 mil pesos (9.4 por ciento). ¿Por qué no defraudar entonces al gobierno?

Los casos concluidos por el SAT –en lo que va del sexenio– son apenas 319 de los cerca de 2 mil que registra. Y no todos ellos terminaron con el pago de la multa correspondiente: nueve se resolvieron por compensación y cuatro más por adjudicaciones a favor del fisco federal.

Entre éstos se encuentra el de la empresa Ingenieros Civiles Asociados, SA de CV, del empresario Bernardo Quintana Isaac. Su penalización de 911 mil 586 pesos fue solventada con una compensación, según se desprende de la información del historial de multas del SAT.

El listado actualizado hasta febrero de este año revela también que entre los contratistas del gobierno federal que más sanciones económicas han recibido se encuentra la empresa Continental Serv, SA de CV, contratista de Pemex Exploración y Producción, filial de la paraestatal Petróleos Mexicanos. Mientras la Secretaría de la Función Pública ha establecido siete penalizaciones contra esta compañía, todas consistentes en inhabilitaciones y sanciones económicas. Además de que no podrá participar en licitaciones gubernamentales hasta 2014, su deuda con el fisco alcanzaría los 7 millones 130 mil 556 pesos, de acuerdo con los datos del SAT. Este consorcio ya había sido sancionado previamente. En mayo de 2004, Pemex Exploración y Producción inició un procedimiento administrativo en su contra.

Este caso se resolvió hasta cuatro años después. La penalización impuesta consistió en una multa de 196 mil 794 pesos y la inhabilitación de la firma por nueve meses. Ésta promovió entonces un juicio de amparo contra tal resolución, el cual fue sobreseído en noviembre de 2008. Hasta febrero pasado, ninguno de los procedimientos sancionatorios de Continental Serv figuraba como terminado por pago en el registro del SAT.

Entrevistada por Mayela Sánchez, la diputada Esthela Damián Peralta,  explica que las empresas infractoras no pagan sus multas porque rechazan el procedimiento por el que fueron sancionadas y sostienen que no fue adecuado o que hay elementos que podrían permitirles ganar un litigio y no pagar. Los contratistas, dice, consideran que la retribución es irrelevante y que pueden encontrar la manera de continuar trabajando con el gobierno sin tener que remunerar.

Lo anterior no sólo es posible, sino bastante común, a decir del director general de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la SFP, Rogelio Aldaz Romero, quien sostienen que además de las sanciones económicas, en los casos de inhabilitación, ésta siempre va acompañada de una multa. Hasta hace unos años las empresas infractoras sólo cumplían con su suspensión y al cabo de un tiempo regresaban a participar en las contrataciones públicas sin haber saldado su deuda con el fisco.

Una modificación a la ley estableció que los proveedores infractores debían pagar las sanciones para poder participar en las licitaciones gubernamentales. Sin embargo, a la fecha se mantiene un resquicio en la normatividad, pues no hay una disposición similar en los casos en que sólo se castiga pecuniariamente a una empresa. Así, las multas por infracciones “menores” –como la no firma del contrato o la no exhibición de la garantía de cumplimiento– no impiden que las compañías penalizadas sigan siendo contratadas por el gobierno.

Al tiempo, los proveedores han encontrado la forma de darle la vuelta a las sanciones, ya sea a través de prolongados procesos jurídicos o mediante la creación de nuevas empresas, o una combinación de ambos artificios. Finalmente, el monto económico ganado vale el riesgo, aun hasta el de ir a prisión.

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Nunca antes como en los gobiernos panistas floreció la industria de juegos y sorteos, legales e ilegales. El Congreso de la Unión, el gobierno federal y el sector turístico, legisladores, funcionarios y empresarios analizaron durante muchos años las repercusiones de permitir esta actividad, y en gobiernos del PRI siempre concluyeron que esta actividad estaba ligada al crimen organizado, al tráfico de drogas, la prostitución y al lavado de dinero sucio.Sobre esto último se discutió su gran vulnerabilidad ante la participación del blanqueo de capitales, como la forma de financiamiento de todo tipo de crímenes. Se pidió que los centros de apuestas y sorteos se instalaran lejos de centros de trabajo; se advirtió sobre el riesgo de generar problemas sociales y sicológicos como la ludopatía y de otros problemas como prostitución, trafico de mujeres y consumo de estupefacientes.

En fin, sobre los juegos y sorteos, sobre la operación de casinos, se revisaron una y otra vez las amenazas relacionadas con la operación de una actividad económica que en otros países, incluido Estados Unidos, genera miles de millones de dólares en inversiones y utilidades, además de generar empleos lícitos e ilícitos bien remunerados, que ayudan a la economía mexicana.

Fue así, con argumentos a favor y en contra, cómo en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón se autorizaron y promovieron los “casinos” en México, sin importar que esta actividad está concentrada mundialmente en los casinos de Las Vegas y Mónaco, mientras que en México prácticamente no ha sido un negocio lícito redituable, pero para el crimen organizado ha sido una máscara que le permite lavar millones de dólares, ante la anuencia del gobierno del PAN. Por qué creerle entonces a Felipe Calderón de su “buena” intención de combatir al crimen organizado si promueve los casinos. Una prueba más de su falacia.

En realidad, se trata de centros de juegos y apuestas en donde el 90 por ciento de las actividades de entretenimiento se realizan a través de máquinas tragamonedas, en donde el gasto promedio de los visitantes a estos establecimientos es de 600 dólares, según la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos (APJSAC).

El problema ha sido, sin embargo, que el otorgamiento de permisos se convirtió en moneda de cambio y pago de favores políticos. De esto sabe muchos el precandidato presidencial panista Santiago Creel Miranda, quien como titular de Gobernación en el sexenio foxista otorgó el mayor nñumero de permisos de casas de apuestas.

Algo parecido a muchos contratos que se otorgan en Pemex a contratistas improvisados. Al final, estas historias se convierten en fracasos y problemas para los contribuyentes. En la Secretaría de Gobernación se otorgan los permisos, se recuerdan las obligaciones de la contraprestación (que genera impuestos por más de 400 millones de dólares) y, al final, se aplican las sanciones o revocaciones correspondientes.

El problema es que el proceso puede viciarse de origen y en muchos casos someterse a prácticas de corrupción. Después, en los tribunales se logran amparos en contra de las decisiones del Poder Ejecutivo y se refuerza, en muchas ocasiones, la corrupción que permite la operación de establecimientos que incumplen las disposiciones de la Secretaría de Gobernación. Los jueces no podían quedar fuera tan rentable negocio de corrupción.

Además de estos problemas de origen, los casinos en México también han registrado la metástasis en su operación generada por el crimen organizado, la presencia del dinero sucio y sobre todo la descomposición social. La APJSA advirtió desde el año pasado, en el marco del análisis legislativo para aprobar la Iniciativa de Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, que los casinos “ilegales” eran altamente vulnerables a todos los males que se les atribuía antes de autorizar su operación. Pero yo diría que no sólo los ilegales, también los legales.

La APJSA que representa intereses como los de la española Codere, CIE (Administradora Mexicana de Hipódromo), Televisa, Caliente de la familia Hank con más de ocho empresas permisionarias, entre otros como Promociones e Inversiones de Guerrero, dijo en voz alta que la industria del juego enfrentaba problemas derivados de la ilegalidad y de la informalidad. Denunció, de esta forma, el crecimiento del juego ilegal. Hay indicios, dijo, de la participación de recursos de procedencia ilícita en las salas de juego ilegal, que operan fundamentalmente en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, en donde operaba el Casino Royale, cuyo permiso se otorgó a Ramón Aguirre Velázquez, aquel viejo político priista que llegó a ocupar la regencia del gobierno capitalino y de quien se cuentan negras historias.

El año pasado, en la Procuraduría General de la República, empresarios de este sector a través de la APJSAC interpusieron al menos 30 denuncias contra los establecimientos ilegales que había identificado. Sin embargo, aunque la PGR ha logrado clausurar algunos de estos casinos, se confirmaba que en pocos días volvían a operar sin mayor trámite, ante la pasividad de la Segob, aseguraron representantes de dicha asociación. Ese círculo vicioso orilló a la APJSAC a presentar nuevas denuncias ante la Secretaría de la Función Pública contra los funcionarios que no estaban actuando diligentemente para frenar este problema.

Políticos y casinos

En la revista Contralínea, Zósimo Camacho escribió cómo panistas y priístas han sido los beneficiarios de la operación de negocios como Casino Royale, donde murieron más de 52 personas luego de que el inmueble fuera atacado e incendiado por un comando armado el pasado 25 de agosto. El centro de apuestas –que operaba en la ciudad de Monterrey sin los permisos del municipio, pero con la “autorización” de un juez del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo – era administrado por Cymsa Corporation y Atracciones y Emociones Vallarta, SA de CV.

Aunque Cymsa es la inversionista, las “concesiones” son de Atracciones y Emociones Vallarta, las cuales datan de 1992. Hasta la llegada del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República, la empresa era la que contaba con más autorizaciones (14) por parte de la Secretaría de Gobernación, sólo detrás del Grupo Caliente, de Jorge Hank Rhon.

Vicente Fox, en la Presidencia, y Santiago Creel, en la Secretaría de Gobernación, entregaron cientos de nuevos permisos en 2005 a debutantes inversionistas del ramo, entre los que se encuentra Televisa. Atracciones y Emociones Vallarta era propiedad de Ramón Aguirre Velázquez, quien fuera regente del Departamento del Distrito Federal de 1982 a 1988. Las concesiones para operar casas de apuestas fueron consideradas “premio de consolación”, luego de la primera “concertacesión” entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) en 1991: el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari habría negociado con Diego Fernández de Cevallos el reconocimiento del triunfo de Carlos Medina Plascencia en las elecciones estatales de Guanajuato y la derrota del propio Aguirre Velázquez. A cambio, el exregente de la ciudad de México se convirtió en próspero empresario del juego.

Ya en manos de Rodrigo Aguirre Vizzuet, hijo de Ramón Aguirre Velázquez, Atracciones y Emociones Vallarta se asoció con la familia Madero. Se trata de primos del exalcalde panista de Monterrey Adalberto Madero Quiroga. Según declaraciones de Aguirre Vizzuet al diario El Norte, la familia Madero terminó por quedarse con la administración y mayoría de acciones de Atracciones y Emociones Vallarta.

Además de las familias Madero y Aguirre Velázquez, las dinastías Hank, Riva Palacio y Guardia, así como el Corporativo CIE, son las beneficiarias de las concesiones para centros de apuestas y sorteos desde la época del priísmo. Los panistas no sólo han renovado sus permisos, sino que han entregado cientos de nuevas autorizaciones y con su doble moral promueven las apuestas y sorteos.

Vía libre para el lavado

En las salas de juegos y apuestas el movimiento de efectivo y la operación está muy alejado del escenario que predomina en el sector bancario. En la sala de juego, por ejemplo, no puede conocerse al cliente, porque en muchos casos sus visitas son esporádicas, mientras que en los bancos se persigue a trabajadores por ahorrar ahí sus ingresos.

Los empresarios de esta industria argumentan que un interrogatorio directo pondría en peligro la relación “a nadie le preguntan de donde ha sacado el dinero para pagar una cena”, dicen. Esta situación provocaría mayor migración a las salas ilegales y se agudizarían el ingreso de dinero sucio a esos centros de apuestas.

Aceptan, como si fuera una concesión, validar la información que les proporciona el cliente, pero reconocen que tienen muy pocas herramientas para conocerlo. Para ellos el lavado de dinero que se puede realizar en este negocio sólo podría presentarse si el dueño de la empresa está relacionando con actividades ilícitas.

La conclusión evidente es que resultaría muy caro para la sala, si ésta tiene que pagar el impuesto correspondiente, usar la actividad para lavar. Con esta afirmación, las empresas establecidas parecen lanzar una acusación directa sobre los establecimientos que en las zonas fronterizas están surgiendo como hongos. La alerta, sin embargo, debe encenderse en todas las áreas.

Aseguran que usar casinos legales como mecanismo de lavado es escaso y que hacerlo a través de terminales de juego, lo es aún más. El propio GAFI, a través del Grupo Pacífico, emitió un informe de tipología en el que sólo pueden encontrarse dos ejemplos relacionados con máquinas de azar: uno conllevaba la modificación y alteración del software de la máquina para otorgar premios de forma controlada. Esto se evita, dicen los empresarios de este sector, “certificando” los equipos.

En México el 90 por ciento de la actividad en las salas de juego se realiza en las terminales de juego. Un estudio conducido por el Grupo de Acción Pacifico en colaboración con GAFI demostró la total ausencia de casos relacionados directamente con máquinas de azar. Sin embargo, los expertos en este sector advierten la importancia de revisar y adecuar los “sujetos obligados” en materia de juegos y sorteos para incluir como sujetos obligados las múltiples casas de juego sin permiso de Gobernación que operan a través de “amparos”.

También se debe excluir múltiples tipos de juegos y sorteos distintos a las casas de juego que son de bajo nivel de riesgo, tales como: rifas y loterías organizadas por instituciones de asistencia privada y educativa, sorteos promocionales realizados por distintas empresas o concursos y sorteos realizados por radio y televisión u otros medios masivos de comunicación.
En el caso de juegos y sorteos operados por Lotería Nacional, Pronósticos para la Asistencia Pública, Multijuegos, Sorteo Tec y otros similares, únicamente deberían de quedar obligados a reportar los ganadores de premios mayores. En todos los demás casos el enfoque debería ser el recomendado por GAFI desde el año 2007, basado en riesgo, y no en reglas.

Puntos suspensivos…¿Estará al tanto Andrés Manuel López Obrador que funcionarios en delegaciones como Azcapotzalco están solicitando en su nombre “apoyos económicos” para la contienda presidencial del próximo año? Personajes como Plácido Humberto Morales Trujillo, director de Gobierno en esa demarcación política, así como Jorge Eduardo Trejo Herrera, del área de Manifestaciones y Licencias de Construcción, se han hecho presentes ante empresas que necesitan la autorización de la delegación para realizar obras relacionadas con servicios públicos. Ellos aseguran que el dinero que se les ha solicitado, como una especie de “donativo”, sería utilizado para financiar la campaña de Andrés Manuel López Obrador.
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La semana pasada el diario La Jornada dedicó su editorial del último día del año 2007, a la impunidad que el gobierno de Felipe Calderón concede a la familia Bribiesca Sahagún y a sus cómplices, bajo el titulo “Caso Bribiesca: justicia cosmética”. Ese mismo día, con aviso en primera plana, también destacó una nota del reportero Alfredo Jiménez, en donde da cuenta de que “la Procuraduría General de la República prepara un pliego de consignación para pedir a un juez federal la aprehensión de Amado Omar Yáñez Osuna, presunto socio de los hermanos Bribiesca Sahagún, quien está relacionado con la empresa Oceanografía –que obtuvo contratos millonarios de Petróleos Mexicanos–, debido a un presunto fraude fiscal que alcanzaría 8 millones de pesos, revelaron fuentes gubernamentales”.

La información de La Jornada sobre ese empresario vinculado a los hermanos Bribiesca y a su tío Guillermo, hermano de Marta Sahagún de Fox –relación estrecha y de la cual hemos dado cuenta en este espacio, tal y como lo reconoció en dos entrevistas el mismo Manuel Bribiesca–, precisa que el caso penal en contra de Amado Yáñez consta en la averiguación previa UEIDFF/FISM06/237/2007, derivado de una querella que presentó el director general de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal de la Federación, Víctor Manuel Martínez Contreras, la cual fue turnada al área de delitos fiscales de la PGR el 4 de julio de 2007. Junto con el empresario Amado Yáñez también es acusado uno de sus empleados, Hermilio Escobedo Obrador.

Caso parecido al de Amado Yáñez Osuna, acusado por delitos fiscales, es el de aquel temido mafioso italiano, Alfonso Capone, nacido en Nápoles y que mediante negocios sucios acumuló en Estados Unidos una enorme fortuna en las décadas de los 20 y 30, a pesar de lo cual el FBI nunca pudo demostrar su participación en algún hecho delictivo, hasta que en 1931 fue detenido bajo la acusación de evadir el pago de impuestos, lo cual lo llevó a prisión.

Al empresario Amado Yánez le sucede lo mismo que a Capone, pues hasta ahora mantiene abiertas diversas investigaciones administrativas, fiscales y penales y ha logrado evadir a la justicia a pesar de los señalamientos en su contra por múltiples irregularidades en negocios en los que se ha visto beneficiado con fondos públicos mediante la asignación de contratos millonarios en Petróleos Mexicanos, en donde según el mismo Manuel Bribiesca Sahagún utilizó a su hermano Jorge y a su tío Guillermo para presionar a funcionarios y directivos petroleros, en un claro delito de tráfico de influencias.

Pero ahora Yáñez Osuna parece que correrá la misma suerte que Capone si es que la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Procuraduría General de la República hacen bien su trabajo y terminan por consignarlo por evadir el pago de impuestos.

Sin embargo ese delito fiscal no es todo, pues el dueño de la empresa Oceanografía también es investigado por la Secretaría de la Función Público, en donde tienen varios expedientes abiertos; por una comisión de la Cámara de Diputados que lo vincula con los hermanos Bribiesca Sahún y el delito de tráfico de influencias; por la Auditoría Superior de la Federación en contratos irregulares otorgados por Peme Exploración; por el Órgano Interno de Control de Pemex, y hasta por el Senado de la República, según lo declaró el mismo legislador Manlio Fabio Beltrones.

En su editorial del 31 de diciembre de 2007, La Jornada analiza que “según información revelada a este diario por fuentes gubernamentales, la PGR está por solicitar a un juez federal la aprehensión de Amado Omar Yáñez Osuna, quien está relacionado con la empresa Oceanografía, S.A. –propiedad de los hermanos Bribiesca y beneficiaria de múltiples contratos con Petróleos Mexicanos durante el gobierno de Vicente Fox–, y a quien se le acusa de defraudación fiscal por alrededor de 8 millones de pesos.

“Sin poner en tela de juicio la necesidad de investigar los presuntos negocios ilegales de Yáñez Osuna, hay que advertir que esta acción de la PGR tiene trazas de ser una medida cosmética más del actual gobierno, en el contexto del escándalo derivado de las actividades ilícitas de los hijos de Marta Sahagún.

“A más de un año de gobierno de Felipe Calderón se ha hecho cada vez más evidente la falta de voluntad para emprender una investigación seria y de fondo contra los Bribiesca. Como botón de muestra, baste recordar la desafortunada gestión del actual dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, cuando estuvo al frente de la Secretaría de la Función Pública y manifestó reiteradamente su compromiso con las indagatorias del caso, pero cuya imparcialidad y credibilidad habían quedado en entredicho meses antes, cuando afirmó públicamente que él ‘metería las manos al fuego’ por Vicente Fox”.

Así que habrá que esperar los resultados de esta nueva indagatoria que llevan a cabo Hacienda, la Procuraduría Fiscal y la Procuraduría General de la República en contra de Amado Yáñez por el delito de evasión fiscal y, si se animan las otras entidades públicas, también podría haber más acusaciones sobre uno de los casos de mayor corrupción en la principal empresa del Estado: Petróleos Mexicanos.

Plataforma de Solución Integral

Y ya que hablamos de una buena acción de la Secretaría de Hacienda en contra de un supuesto defraudador fiscal, también hay puntos negros en la actuación del fisco, tal es el caso de una auditoría externa –ordenada por el SAT a KPMG y pagada por la compañía “privada” ISOSA (esa que tantos dolores de cabeza le ocasionó a Francisco Gil Díaz)– en donde se revela que la operación de la Plataforma de Solución Integral, desarrollada por Oracle, es inviable; pese a esto, en 2007 el órgano encabezado por Zubiría Maqueo adjudica a la empresa tres contratos que superan los 50 millones de pesos

En una amplia investigación de la reportera Nancy Flores, de la revista Contralínea, en donde se da cuenta de que en el primer año de la administración de Felipe Calderón, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) adjudicó directamente tres contratos a Oracle, empresa vinculada con Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo, cuñado del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

El primero es el CS309ADM10006–309, otorgado el 5 de enero de 2007. Éste tuvo por objeto el “servicio de administración de aplicaciones Oracle para AGS” y costó 21 millones 466 mil 255 pesos. Su vigencia, de acuerdo con el portal de transparencia del SAT, concluyó el 5 de marzo del mismo año.

Por el mantenimiento del servicio y actualización por soporte de licencias de Oracle, el SAT pagó 9 millones 999 mil 117 pesos, según consta en el contrato CS309ADA00507–309, signado el 14 de marzo pasado.

El tercer contrato, CS309ADA02607–309, fue adjudicado el 28 de mayo de 2007 y compromete recursos por 19 millones 691 mil 999 pesos. Sin especificarlo, el objetivo se identifica sólo como “Oracle (on the man)”.

Estos nuevos convenios se dan a pesar de los retrasos registrados desde fines de 2006 en el Proyecto de Desarrollo Institucional para la Administración Tributaria, también conocido como Plataforma de Solución Integral.

En febrero de 2007 el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda documentó, a través de una auditoría externa, graves irregularidades en dicha plataforma tecnológica, desarrollada por Oracle, empresa de la que es “socia” Hildebrando, SA de CV, como lo reconoció el propio hermano de Margarita Zavala en una entrevista con el diario La Jornada, el 10 de junio de 2006.

La auditoría practicada por la firma española KPMG a la Plataforma de Solución Integral determina que la operación de ésta es inviable. Entre las “acciones definitivas”, la consultora recomienda al SAT el “rediseño y construcción de componentes diferenciados, para reducir el consumo de recursos”.

Para el financiamiento parcial de la Plataforma –que tiene por objeto aumentar la recaudación con menores costos de operación, mejorar la atención a los contribuyentes y tener mayor control de éstos– la Secretaría de Hacienda obtuvo un crédito del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, dependiente del Banco Mundial, por 52 millones de dólares.

Aunque el costo total se presupuestó en 82 millones, funcionarios del SAT aseguran que ya es superior a 450 millones de dólares (Contralínea, 83). No obstante la inversión, las fallas en que incurrió Oracle, y antes la empresa Peoplesoft, han impedido el cumplimiento de los tres objetivos.

Y es que según la auditoría, Oracle nunca contó con planes de contingencia, capacidad, desempeño ni mantenimiento. “La revisión abarcó la búsqueda de elementos que evidenciaran su existencia, la cual no fue posible establecer. El bajo desempeño e inestabilidad de los aplicativos hace evidente la carencia de éstos”, detalla el informe.

Además, establece que “su rendimiento y desempeño son extremadamente pobres, al consumir gran cantidad de recursos de cómputo, presentar tiempos de respuesta excesivos, inestabilidad en su operación, baja confiabilidad en el manejo de las transacciones y de la información procesada”.

KPMG resuelve que “en las circunstancias presentes se hace inviable su operación y escalabilidad, para atender las necesidades actuales proyectadas del SAT”. La consultora trasnacional indica que la mayoría de las fallas se registran en el componente central del modelo CRM, de Peoplesoft.

De acuerdo con la página electrónica de la Presidencia de la República, el 9 de agosto de 2004, el SAT firmó un contrato por 52 millones de dólares con dicha empresa, relacionado con el proyecto Modernización e Integración de los Sistemas Informáticos.

No obstante, José María Zubiría Maqueo explica que “el contrato firmado con Oracle es por 63 millones de dólares; de ésos, 38.5 se financiaron con el préstamo del Banco Mundial”.

En conferencia de prensa, ocurrida el pasado 17 de septiembre, indica que el proyecto Plataforma es sólo una parte de la transformación del SAT; incluso, sin haber iniciado este proyecto Plataforma, el órgano tenía la obligación de realizar otra serie de mejoras para la administración tributaria: el proyecto Plataforma, la Solución Integral y la Transformación del SAT.

La información de la Presidencia detalla que la Plataforma “pretende unificar las 66 bases de datos en las que actualmente está disperso el sistema del SAT, que permita identificar de forma más eficiente a los contribuyentes y así abatir la evasión de impuestos”.

En el boletín de prensa 4269, el órgano tributario detalla que dicho convenio tiene por objeto la adquisición y ejecución de una plataforma informática que le permita operar sus principales procesos de manera eficiente e integrada.

Agrega que el proceso de selección concluyó el 22 de julio de 2004 y fue dictaminado por un comité de evaluación constituido por personal del propio SAT y miembros externos del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Instituto Politécnico Nacional y Laboratorio Nacional de Informática Avanzada.

Cuatro meses después, el 13 de diciembre, Oracle adquiere el ciento por ciento de las acciones de Peoplesoft, por 7 mil 775 millones de euros. La primera oferta hecha por el tercer fabricante de software en el mundo data de junio de 2003.

De acuerdo con los resultados de la auditoría, desde que fue concebida la arquitectura de referencia, el SAT ya sabía que algunos elementos de la funcionalidad no serían satisfechos por Peoplesoft–Oracle, “por lo que se aprovecharon productos de terceros que complementaron solidamente a la Solución Integral”.

En su informe ejecutivo, el gerente de KPMG, Juan Manuel Rangel Palacios, asegura que, durante la configuración, desarrollos, interfases y ejecución de los aplicativos, Oracle omitió varios aspectos técnicos y arquitectónicos: volumen y tipificación de operadores; tamaño de los componentes; consumo por transacción.

En el apartado Antecedentes, el resumen ejecutivo revela que la operación de los servicios de identificación del contribuyente, ocurrida el 30 de octubre de 2006, congestionó la Plataforma.

Veinte días después de arrancar el proceso de estabilización, “y sin haber alcanzado los resultados esperados, el SAT solicitó a KPMG Cárdenas Dosal hacer una auditoría”. No obstante, la empresa privada Integradora de Servicios Operativos, SA (ISOSA), es la que contrató a la consultora y no el Servicio de Administración Tributaria.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el Fideicomiso Aduanas I, la compañía ISOSA y el SAT quebrantaron el patrimonio público por 10 mil 183 millones de pesos, al omitir enterar el Derecho de Trámite Aduanero durante los ejercicios fiscales de 2001 a 2004.

La cláusula primera del contrato SL–406/05, signado el 16 de noviembre de 2006 y obtenido a través de la Ley de Transparencia, indica que “KPMG e ISOSA acuerdan establecer las condiciones en las que se llevará la relación jurídica existente entre ambas partes, a fin de que KPMG le otorgue a ISOSA los servicios profesionales para la revisión de la Solución Integral, basada en la suite de productos Peoplesoft”.

Por estos servicios, la empresa privada –constituida en 1993 por el entonces subsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y por el actual senador panista Santiago Creel Miranda– pagó 173 mil dólares, descubre la cláusula tercera.