Lunes 22 de octubre de 2012

• Prepara Calderón su huida del país
• Las cuentas pendientes del gobierno
• Impune contrabando textil de China

Sólo falta un mes para que Felipe Calderón y su equipo se vayan del gobierno y, seguramente, del país. Se mencionan como posibles destinos Estados Unidos y España, esta última nación beneficiada hace unos días con contratos petroleros directos (sin licitación internacional de por medio, como lo exigen las leyes en la materia) de parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) por miles de millones de pesos.La huida del actual presidente panista y algunos de sus secretarios de Estado buscaría evitar represalias o reclamos por parte de millones de mexicanos afectados por su mal gobierno. Fue el mismo Calderón quien mencionó a la Universidad de Texas, en donde pretende un refugio académico y una nueva vida.

Sin embargo, hasta ese estado texano llegaron las protestas: decenas de estudiantes y maestros se pronunciaron en contra de que el mandatario mexicano pretenda arribar a esa institución para impartir cátedra, sin tener los méritos académicos e intelectuales para ello; además del rechazo natural que les produce una persona que fue causante de miles de muertos y desaparecidos por su pésima administración.

Mientras Calderón prepara la huida, en México deja muchos pendientes al nuevo gobierno priísta que encabezará Enrique Peña Nieto. Uno de tantos casos se archiva en un voluminoso expediente abierto en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, de la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo del maestro Irving Barrios Mójica.

Se trata de la averiguación previa UEIDFF/FISM08/185/2011, que involucra actos de presunta corrupción, contrabando y defraudación fiscal que durante casi 15 años habrían realizado grupos empresariales integrantes de la comunidad judía que adquirían supuestamente telas de China y Corea, y cuyos cargamentos llegaban primero a territorio estadunidense y después ingresaban a México, amparados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sin pagar los impuestos correspondientes.

Este importante caso, que le ha significado al fisco mexicano dejar de cobrar impuestos por miles de millones de pesos en más de una década, fue descubierto por el Inmigration and Customs Enforcement (servicio de inmigración y control de aduanas estadunidense) e investigado directamente por el Grupo de Fraude Comercial en Laredo, Texas. Los agentes especiales de dicha institución armaron un expediente completo, con pruebas y declaraciones suficientes, que entregaron a México por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría General de la República y la Administración General de Aduanas.

A pesar de ello, la PGR no ha concluido la averiguación previa y tampoco la ha consignado ante un juez federal que permita llevar ante la justicia a unas 15 empresas y sus dueños por los delitos de fraude, evasión fiscal, contrabando y lo que resulte.

Abogados de los empresarios involucrados aseguran que el caso está cerrado y que la PGR ya archivo la averiguación previa porque no había elementos para responsabilizarlos. Según los litigantes se trata de “empresarios textileros que actuaron de buena fe”, razón por la cual no se les puede acusar de delito alguno y mucho menos consignar el expediente ante un juez federal.

Sin embargo, en la Subprocuraduría que atienden el caso opinan distinto y aseguran que éste no ha sido cerrado como refieren los empresarios señalados. “Sólo esperamos que las autoridades de Estados Unidos cierren la instrucción para que acá, en México, se continúe con la averiguación previa y se cite a declarar a los presuntos responsables por el delito de contrabando por subvaluación de mercancías”.

El subprocurador responsable de la investigación en la PGR explicó que “el caso involucra a miembros de la comunidad judía y se inscribe en una modalidad que nosotros conocemos como contrabando por subvaluación. Sí es una investigación que llevamos aquí en la Subprocuraduría desde hace siete u ocho meses, y estamos colaborando con las autoridades de Estados Unidos, y con Aduanas”.

—¿Algunos involucrados dicen que es un caso que ya se cerró?

—No. Es una investigación que está viva. No se ha cerrado, al menos aquí en la PGR. En Estados Unidos no lo sé. Nosotros estamos armando el expediente a partir de información que nos proporcionan la Secretaría de Hacienda y las autoridades de Estados Unidos. Pero Estados Unidos no nos entrega toda la información con la que cuenta y no puedo saber exactamente en qué momento está su investigación. En este caso hay un colaborador allá, que es el que ayuda en todo lo de los pedimentos. Lo que sabemos es que cuando llegan a hacerle una auditoría le detectan información de las etapas legales y las ilegales, y que eso sí lo tienen muy bien documentado. Pero ellos, por política, no nos comparten esa información hasta que proceden en contra de los responsables; es entonces cuando nos mandan los datos. Y esto lo hacen así para evitar que desde México algunos abogados ya cuenten con información para usar en los juicios allá.

—¿Cuánto dinero se involucró en este caso de contrabando?

—Nosotros no lo hemos podido cuantificar y, hasta donde sé, tampoco las autoridades de Estados Unidos. Lo que sí sabemos es que es considerable, porque además estas operaciones las estuvieron haciendo durante mucho tiempo.

—¿Ustedes llamarán a declarar a los responsables en México?

—No. Hasta que se integra todo el expediente y se tiene claro de quiénes son responsables, es cuando se pueden generar las medidas cautelares de arraigo. Pero en este caso hay que ver quién es el responsable, porque el tema se dio en Estados Unidos. Entonces cuando allá se procese al responsable de estas operaciones, acá vamos a ver si podemos interrogarlo. Porque los empresarios judíos no son los que directamente operaron esto, eso lo hizo quien está en Estados Unidos.

—Le queda un mese a este gobierno. ¿Es tiempo suficiente para terminar la investigación?

—No. Es muy poco tiempo para terminar de integrar el expediente y empezar el proceso. Entonces, en el acta de entrega-recepción lo que se hace es destacar los casos más relevantes, a los que se considera necesario dar seguimiento.

El abuso del poder

Otro caso que por sus implicaciones debería ser investigado por el Congreso, es el relacionado con los contratos de financiamiento que hizo hasta por 380 millones de dólares la filial de Petróleos Mexicanos (Pemex), PMI Comercio Internacional, para la construcción de dos buques-hotel (floteles) en los astilleros españoles de Galicia.

El motivo es que los dos contratos firmados por el representante de PMI en España con los astilleros de la paraestatal Navantía y la privada Hijos de J Barreras, se realizó en la clandestinidad, sin licitación internacional como lo exigen las leyes mexicanas cuando se involucra dinero público, como es el caso, pues todo el capital que maneja la filial de Pemex es parte del presupuesto público.

Esta asignación directa de los contratos debería ser auditada e investigada por el próximo gobierno priista, sin embargo, hace unas semanas el presidente electo Enrique Peña Nieto declaró que su administración respalda los contratos firmados por el gobierno de Felipe Calderón, lo que le da impunidad a esta operación ilegal. Por eso el órgano de vigilancia y control del Congreso, la Auditoría Superior de la Federación, tendrá que ser la responsable de poner orden en este tipo de contrataciones directas que afectan las finanzas públicas, pues motivan la corrupción de funcionarios gubernamentales.

Esta operación ilegal se hace en la agonía del gobierno de Felipe Calderón, quien cumple así con los astilleros de Galicia una promesa hecha en España hace cinco años por su amigo y excolaborador Juan Camilo Mouriño, nacido en España el 1 de agosto de 1971 y muerto en México el 4 de noviembre de 2008, en un “accidente” aéreo.

Un año antes de su fallecimiento, en julio de 2007, el entonces jefe de la Oficina de la Presidencia de la República se comprometió ante empresarios gallegos a beneficiarlos con el otorgamiento de contratos del sector público, en específico de Pemex, para la construcción de buques.

Cinco años después y a un mes de concluir su administración, Calderón ordenó al director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, concretar la firma de dos contratos con los astilleros de Galicia para la construcción de un par de buques-hotel.

El objetivo de esta compra: hospedar a trabajadores de plataformas petroleras marítimas, uno con la empresa privada más importante de España en ese sector, Hijos de J Barreras, SA, con sede en la ciudad de Vigo, y otro con la naviera estatal Navantía Ferrol, ubicada en Santiago de Compostela.

Por el monto involucrado en la operación, 290 millones de euros (380 millones de dólares) por los dos buques, Pemex debió convocar a licitación pública internacional ambos contratos, como lo establecen las leyes mexicanas; sin embargo, para cumplir la orden que salió de la Presidencia de la República de beneficiar a los astilleros españoles, dichos contratos se asignaron directamente como lo prometió Mouriño.

Para evadir la ley que obliga a todos los servidores públicos a licitar la asignación de contratos, entre Los Pinos y Pemex fraguaron un montaje para que fuera su brazo comercial, PMI Comercio Internacional, el que los firmara. Así, la paraestatal quedaría exenta de responsabilidad.

La referencia de aquella promesa de Juan Camilo con sus paisanos quedó publicada el 18 de julio de 2007 en el diario La Voz de Galicia, en donde se informa que “durante una fugaz estancia en esa provincia española, Juan Camilo Mouriño, de origen gallego, ofreció a los dueños de varios astilleros un pedido masivo de buques pesqueros, petroleros y de todo tipo de embarcaciones, para renovar la flota marítima a cargo del gobierno federal”.

La monumental compra que una operación de esa naturaleza implicaba –declaró a la prensa española el entonces jefe de la Oficina de la Presidencia de México– se realizaría a cambio de transferencia de tecnología y de la inversión extranjera directa que, un año antes de la crisis global, simplemente se daban el lujo de escoger minuciosamente a sus clientes.

Es esa aportación tecnológica de los astilleros de Galicia la que ahora se plantearía con la promesa de adquirir otros 14 buquetanques para Pemex, siete construidos en los astilleros gallegos y los otros siete se armarían en astilleros mexicanos con tecnología de Galicia.

En 2007, el trabajo y los contratos en los astilleros gallegos sobraba y los precios de los buques se encontraban en una espiral alcista, que alcanzó su nivel máximo histórico en el primer semestre de 2008, cuando China infló el mercado marítimo mundial al comprar barcos para apuntalar su (hasta entonces) imparable crecimiento económico superior a dos dígitos.

Tras la debacle financiera desatada en Estados Unidos con la quiebra de Lehman Brothers, en 2009, los precios de los buques se desplomaron ante la escasa demanda de empresas petroleras. La desaceleración económica y la resaca crediticia habían llegado y con ello se hizo presente el riesgo sistémico que ronda desde entonces a economías frágiles como la española, la portuguesa, la griega y la irlandesa.

Fue entonces que comenzó la crisis para los astilleros españoles que, profundamente endeudados y sin órdenes de trabajo, tuvieron que demandar ante los tribunales el concurso mercantil de sus pasivos. Ello para garantizar su sobrevivencia y con ella la paz social, al poner en riesgo los sueldos de miles de trabajadores de la industria del metal, según los alegatos presentados ante los juzgados de España especializados en procesos de cesación de pagos.

Ahora, esa crisis española podría ser historia con la ayuda del dinero público de México.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

Published in: Archivo | on October 22nd, 2012 |

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