El miedo se ha apoderado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en donde sus siete medrosos magistrados ordenaron blindar sus instalaciones ante cualquier contingencia postelectoral.Convencidos de que cualquier resultado electoral del próximo domingo, en donde está en juego la Presidencia de la República y una vez más la alternancia en el poder, generará reacciones violentas en el país, los magistrados ordenaron que las puertas de ingreso al Tribunal Electoral fueran blindadas, en especial la correspondiente a la Sala Superior (en donde sesionan), que tiene acceso por la avenida Carlota Armero, en el Distrito Federal.

Con la omnipotencia que ejercen estos siete servidores públicos, no tienen por qué dar explicaciones de sus decisiones y mucho menos del ejercicio que hacen del dinero público; sin embargo, para justificar el cuantioso gasto del blindaje argumentaron que estaban preocupados y asustados por su seguridad personal. El área encargada del blindaje fue Protección Institucional y el gasto ascendió a unos 300 mil pesos, más otros 38 mil de una “puerta acorazada” con capacidad de resistir disparos de bazucas y hasta bombas.

Pero el temor de los magistrados no quedó allí, también se autorizaron camionetas blindadas marca Gran Cherokee, con valor aproximado al 1.5 millones de pesos por cada vehículo.

Pero el abuso del dinero público en este órgano de impartición de justicia, que después del 1 de julio resolverá las controversias en materia electoral y las impugnaciones que presenten los actores políticos por la elección de presidente, de gobernadores, de jefe de gobierno, de diputados federales y de senadores, va más allá.

Los siete magistrados, cuyo presidente es el doctor José Alejandro Luna Ramos, tienen asignado para su servicio otros dos automóviles con su respectivo gasto de gasolina; su ingreso mensual neto fluctúa entre los 230 mil y 250 mil pesos, el mismo salario que gana el presidente de la República; cuentan con un seguro de separación individualizado contratado con la empresa MetLife, consistente en que el magistrado aporta 10 por ciento de sus ingresos y el Tribunal otro 10 por ciento con dinero público, y el total lo recibirá cada magistrado cuando termine su gestión.

Además, dicho órgano de “justicia” le otorga a los magistrados un seguro de vida y un seguro de gastos médicos mayores, con cero coaseguro, es decir, que cualquier gasto que genere su internamiento en algún hospital de cinco estrellas, el magistrado no desembolsará un solo centavo de sus ingresos, pues todo estará cubierto por el seguro pagado con dinero público de los mexicanos.

Como estos siete magistrados son los responsables del cómputo final de la elección presidencial y de calificar su legalidad para declarar quién es presidente electo, necesitan más estímulos económicos que los aleje de tentaciones de corrupción o de componendas políticas; por ello, votaron a su favor para asignarse este misma semana, antes del próximo domingo 1 de julio, un “bono de riesgo” por 500 mil pesos para cada uno de estos impartidores de justicia electoral, lo que representa para ellos “apenas” dos meses de salario.

Seguro que con tanta protección, blindaje y bonos económicos extras para su “protección”, los magistrados del Tribunal Electoral deben saber algo que los más de 100 millones de mexicanos ignoramos, y que puede ocurrir en la próximas elecciones. No encuentro otra justificación para tal despilfarro, abuso de poder y tráfico de influencias en beneficio de ellos mismos.

Más bonos para los “humildes” magistrados: el dispendio continúa y todos los trabajadores de ese órgano de justicia electoral recibieron hace unos días un “bono de apoyo al proceso electoral”, correspondiente a uno o dos meses de salario, dependiendo del cargo del funcionario; otro bono de la misma dimensión les será entregado después del 1 de julio, nuevamente por “apoyo a las elecciones presidenciales” y, por si lo anterior fuera poco, los magistrados han dispuesto que cada cuatro meses se les pague un bono económico equivalente a un mes de salario. Son tantos bonos que prácticamente trabajar en dicho órgano del Poder Judicial les permite duplicar su ya de por sí oneroso salario.

El TEPJF ha dispuesto también que sus siete magistrados no gasten su salario en el consumo de alimentos, por lo cual les otorga 15 mil pesos mensuales, dinero equivalente al salario mínimo que recibirían mensualmente ocho trabajadores mexicanos. Si los 15 mil pesos no son suficientes para sus costosas comidas, tienen derecho a presentar facturas que el Tribunal pagará como “atención a magistrados”.

Entre los gastos “menores” en beneficio de sus magistrados está la disposición de más de 100 mil pesos para comprarle a cada uno su iPad; también una moderna cafetera a un “mínimo” costo de 20 mil pesos; o la lujosa camioneta para el presidente Luna Ramos, una Toyota Sequoia, que tiene un precio de alrededor de 800 mil pesos.

Pero los siete magistrados no sólo están interesados en su bienestar económico, su seguridad y alimenticio, también participar en la recomendación de su personal y de amistades y compadres en cargos de mandos superiores y medios del Tribunal. Por ejemplo, Rolando de Lasse Cañas, coordinador de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública del Tribunal, despidió al director de Proyectos, René Alvarado, y en su lugar entró Valentín Rosas García, quien entre pasillos presume su amistad con uno de los hijos del doctor Luna Ramos.

Lo más grave de esa remoción del ingeniero Alvarado y que por lo menos debería preocupar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que se dio porque el funcionario se negó a firmar y aceptar las nuevas estimaciones económicas para una obra de remodelación y ampliación de la Sala Regional del Tribunal en Monterrey, Nuevo León, que tuvo un desembolso del erario de entre 55 y 60 millones de pesos, con deficiencias de tiempo y costo. Dicha obra estaba planeada para concluirse en marzo, pero demoró cuatro meses más y tuvo un sobrecosto de 15 millones. El encargado de vigilar el buen uso de los recursos es Rolando de Lasse Cañas.

Otro despido injustificado fue el del ingeniero Roberto Healty, quien tuvo que dejar la Jefatura de Unidad de Control de Obras y Conservación del Tribunal para que a su lugar llegara Ricardo Zetina, también recomendado de De Lasse Cañas, quien procura siempre estar atento a las peticiones del presidente Luna Ramos y de los magistrados Manuel González Oropeza, Constancio Carrasco Daza y Salvador Olimpo Nava Gomar.

Nuevamente queda pendiente seguir con el tema de las presiones a la primera mujer procuradora general de la República.

La perversión de Calderón

Estamos a unos días de que millones de mexicanos vayan a las urnas para elegir el domingo 1 de julio a quien será el próximo presidente de la República, y dos noticias llamaron la atención la semana pasada, porque resumen la perversión y las oficias que han marcado los últimos seis años al gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, y que seguramente serán tomadas en cuenta por los electores: un donativo de 10 mil millones de dólares de México para el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el anuncio estruendoso de la supuesta captura del hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo.

De la primera información, se trató de un donativo con dinero público de los mexicanos para fondear a uno de los órganos financieros mundiales más perversos que durante décadas se ha encargado de exprimir a países en extrema pobreza, como es el caso de México, mediante créditos en condiciones especulativas y que ahora parte de esos fondos donados por México, serán destinados para países de Europa como España y Grecia, que atraviesan también una profunda crisis económica.

Lo extraordinario del caso, es que un país pobre como México, con más de 50 millones (el 50 por ciento de su población) de habitantes en condiciones de miseria extrema y con problemas de alimentación, salud, educación, vivienda y seguridad, el gobierno de ultraderecha (PAN) pretenda quedar bien con los países más ricos que integran el Grupo de los 20 y disponga de 10 mil millones de dólares de las reservas para financiar al FMI.

Por supuesto que entre esos 50 millones de mexicanos pobres no está la familia del presidente de la República ni la de los miembros de su gabinete, quienes reciben onerosos salarios que rondan los 200 mil pesos mensuales, más prestaciones que prácticamente duplican su ingreso. Sin contar los negocios que algunos de funcionarios realizan de manera ilícita.

Del nuevo ridículo que hizo el gobierno de Calderón cuando convocó a los medios de comunicación para presentar a un supuesto hijo de El Chapo Guzmán y que después tuvo que desdecirse porque se “equivocó”, es sólo un ejemplo de la farsa que ha significado la “guerra” del gobierno calderonista en contra del crimen organizado.

Durante los últimos años hemos visto como las distintas corporaciones militares y policiales del país exhiben ante los medios a supuestos delincuentes y los presentan como “jefes” u “operadores importantes” de los cárteles de la droga, cuando en realidad se trata, en el mejor de los casos, de vulgares y comunes miembros del crimen organizado. En realidad los jefes de la mafias de la droga siguen intocables y hasta han sido liberados en los gobiernos panistas, como es el caso de El Chapo, a quien se le permitió huir de un penal de máxima seguridad durante el gobierno del todavía panista Vicente Fox. Otros líderes de las organizaciones criminales no han sido molestados ni perseguidos, como son Juan José Esparragoza Moreno, alias El Azul, e Ismael Zambada García, alias El Mayo, ambos socios de Guzmán Loera. Por eso se acusa al gobierno de Calderón de proteger las actividades ilícitas del cártel del Pacífico y perseguir sólo a los jefes de otras bandas.

Apenas la semana pasada la Secretaría de Marina anunciaba la captura de un supuesto hijo de El Chapo Guzmán, y su vocero destacaba que esta acción contra el cártel de Sinaloa o del Pacífico, se había logrado por una operación conjunta de “inteligencia” entre esa corporación armada y la agencia antidrogas estadunidense DEA.

Primero, ni con toda su “inteligencia” e informantes, ambas corporaciones evitaron hacer el ridículo de presentar a un joven inocente como uno de los principales operadores y financieros del crimen organizado. El vocero de la Marina resaltó, en conferencia de prensa, que el supuesto hijo de El Chapo, a pesar de su juventud veinteañera, era el principal operador del cártel de Sinaloa y también la persona encargada de las finanzas de esa importante banda criminal.

Para cualquiera medianamente informado del tema del narcotráfico, es ilógico pensar o creer que un joven apenas mayor de 20 años sea el principal responsable del cártel más poderoso y peligroso de Larinoamérica, como pretendió hacernos creer el vocero de la Marina enviado quién sabe por quién. Lo que sucede es que el gobierno de Felipe Calderón está urgido de golpes mediáticos para que la población crea que en su gobierno se ha hecho un buen trabajo en el combate en contra del narcotráfico y con eso apuntalar a su fallida candidata a la Presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, quien hasta en las mismas encuestas maiceadas por el gobierno aparece muy lejos en la tercera posición y, como diría el nefasto Vicente Fox del mismo partido, sin posibilidad alguna para aspirar a dirigir este país.

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