La Fuerza de Trabajo de las Acciones Financieras (FATF) se ha convertido, según algunos analistas, en una nueva influencia multilateral que viola los derechos humanos y que impone a la sociedad civil regulaciones excesivas al amparo de los acuerdos para combatir el lavado de dinero y los recursos que se dirigen al terrorismo.A diferencia de otros países que sí pueden argumentar una excesiva injerencia por parte del FATF, México no ha cumplido siquiera con las medidas mínimas impuestas por la entidad. Los reportes conjuntos entre el FATF y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) siguen sin actualizarse, a pesar de que México está a cargo de la presidencia del organismo, mientras que la Ley contra el Lavado de Dinero no se aprueba y el debate legislativo dejó a un lado la discusión para proveer de recursos el combate contra el dinero sucio.

Hace unos días escuchamos a la candidata panista Josefina Vázquez Mota referirse al tema del blanqueo de capitales y, en medio de su intensa preparación sobre problemas nacionales que nunca habia escuchado, dijo que incrementaría el lavado de dinero, cuando de lo que se trata es de combatirlo, frenarlo, prevenirlo y procesar a los responsables. El error de la panista le costó duras criticas en las redes sociales, pero más allá de eso, se trata de uno de los problemas centrales si en realidad se quiere combatir al crimen organizado, por lo tanto alguien debería explicarle a todos los aspirantes presidenciales la importancia se establecer una estrategia que corte el financiamiento a la banda delincuenciales, sobre todo a aquellas realcionadas con el narcotráfico.

En un reporte de las actividades realizadas en esta materia junto con la SHCP, el FATF reportaba que en 2008 México enfrentaba ya una amenaza sin precedentes a su seguridad y estabilidad nacional, debido principalmente al tráfico de drogas y al crimen organizado. Los cárteles poderosos del narcotráfico, que recurren a la violencia extrema, extendieron sus actividades en diferentes partes del país, y esto representa retos importantes para el próximo gobierno, sea del origen que sea. Esta situación, aseguraba el informe del FATF, refleja la magnitud de los recursos financieros y económicos y el poder que se encuentra a disposición de los cárteles de las drogas y del crimen organizado.

El poder económico de las organizaciones criminales les permite seguir con el negocio y a pesar de las bajas o detenciones de sus líderes, siempre habrá alguien dispuesto a continuar debido a las cuantiosas utilidades que genera. Además, ese dinero sucio permite a los delincuentes la compra de armamento a Estados Unidos, mejor que el utilizado por las fuerzas armadas mexicanas. Otra parte de dichos recursos ilícitos es utilizada para sobornar y corromper a policías, militares, legisladores, políticos y servidores públicos, sin descontar que el flujo de recursos alcanza para la siembra, procesamiento, distribución, comercialización y protección.

La duda ahora es cuánto de ese dinero sucio del crimen organizado entrará a las campañas políticas, y qué candidato o candidata será el que utilice esos recursos malhabidos.

Ante ello, el gobierno mexicano ha instituido tardíamente medidas para sustentar las actividades de la aplicación de la ley contra el crimen organizado y el tráfico de drogas. Las autoridades mexicanas, se congratulaba el FATF, aplicaron varias medidas para realizar un conteo de los riesgos significativos del lavado de activos que se relacionan con el tráfico de drogas, el crimen organizado y las actividades relacionadas. Las autoridades, además, permanecen alertas en caso de que se presente alguna indicación de terrorismo o del financiamiento del terrorismo, se congratula el FATF.

En México, la SHCP, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación perciben que la amenaza del financiamiento al terrorismo surge principalmente de los métodos que tienen sustento en el crimen organizado, y de la proximidad y de la relación cercana con otros países que enfrenta serias amenazas de terrorismo, como es el caso de Estados Unidos.

En general, dice el FATF, México presenta un progreso en el desarrollo de su sistema para combatir el lavado de dinero; sin embargo, se requiere más trabajo: primero, las leyes relacionadas con los delitos son extensas y no cumplen por completo con los estándares internacionales. En particular, las leyes y los procedimientos no proporcionan de manera adecuada el congelamiento de bienes y recursos, sin que se presenten retrasos en lo que se refiere a los fondos terroristas o a otros activos de las personas designadas de acuerdo con las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Sin embargo, debido a la creciente actividad en el trafico de drogas y otras actividades criminales, los delitos de lavado de activos no se habían investigado de manera adecuada; las autoridades mexicanas sólo habían logrado 25 condenas por blanqueo de capitales desde la penalización del delito de lavado de activos en 1989.

Durante el período de 2004–2007, las partes del proceso lograron 149 acusaciones para el lavado de activos, pero solo dos se relacionaron con los informes de inteligencia financiera desarrollados por la Unidad del mismo nombre, que operaba en ese momento como parte de la SHCP.

Es decir, se deploraban ya los recursos insuficientes asignados a las unidades de investigación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), lo que impidió el desarrollo eficaz de las investigaciones y de los procesamientos de los delitos del lavado de activos en México.

La estructura y los procesos para el manejo de los casos por parte de la SIEDO también tenían que mejorarse, las partes acusadoras y los jueces podrían beneficiarse de la capacitación adicional en los temas relacionados con delitos vinculados con el blanqueo de capitales.

En su momento, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó un progreso en el desarrollo de su infraestructura y de su personal, y mejoró notablemente su relación de trabajo con las autoridades penales en la Procuraduría General de la República. Sin embargo, esto no se ha traducido en un verdadero y real avance para frenar el dinero sucio que fluye a todo el sistema económico y financiero del país.

Se advirtió, sin embargo, que el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera necesitaban trabajar de manera conjunta para asegurar el acceso total, oportuno y seguro de los centros de intercambio, de los servicios de activos y de otros negocios. Pero la UIF no tenía acceso directo a los registros penales debido a las limitaciones legales, excepto cuando los individuos reciben información por parte de la misma dependencia y directamente para la PGR.

La UIF, que depende de la SHCP, consideró algunas medidas con las entidades que emiten reportes para reducir la elaboración excesiva de los mismos, y adoptó un sistema automatizado “basado en los riesgos”, para filtrar los casos que no ameritaban un análisis más profundo. Al final, es la PGR la que se hace cargo de las operaciones de dicha Unidad, sin que los resultados sean mejores mientras las entidades del sector financiero tampoco avanzan.

Por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó en marzo pasado que está por concluir el proceso de sanciones en contra de cuatro intermediarios financieros, entre los que se incluyen bancos, casas de bolsa y de cambio, por incumplir las disposiciones para prevenir el lavado de dinero.

En noviembre pasado, la CNBV multó a la casa de bolsa Vanguardia con 10 millones 254 mil 518 pesos. La dependencia halló que el sistema automatizado carecía de la funcionalidad para detectar y dar seguimiento a las operaciones de sus clientes, incluso, a los que se clasificó como de alto riesgo. Del mismo modo ocurrió con los cambios en su perfil transaccional. Se observó también ausencia de procedimientos para el análisis de posibles operaciones inusuales, y los reportes de operaciones relevantes e inusuales que deben ser remitidos a la autoridad no cumplían con las condiciones de calidad.

Aunque se trata de un reporte generado en 2008, el FATF – a pesar de que opera todavía bajo la presidencia de México – no ha actualizado la evaluación sobre los avances en materia de combate al lavado de dinero. Hasta ahora no se ha aprobado la Ley contra el Lavado de Dinero, una mala señal, sin duda, para el organismo multilateral.

En el Senado de la República se postergó el dictamen y hasta el momento deberá resolverse el presupuesto que se destinará a esta actividad, a la vigilancia de las entidades que pueden estar en riesgo de ser utilizadas para lavar dinero.

El FATF considera que para México un reto clave es la falta de capacidad de recursos y de personal del SAT para aplicar los requerimientos de registro y para realizar la supervisión actual de las acciones contra el lavado de activos.

Un obstáculo es el incremento del número de Sofomes no reguladas (instituciones de préstamos / financieras multi propósito), producto de desregulación de las entidades financieras de propósito limitado (Sofoles) que participan en préstamos, arrendamientos, y factorizaciones. Existe, en opinión del FATF, un vacío en el régimen legal para combatir el lavado de dinero en el territorio mexicano.

De los avances más significativos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos destaca que ante la falta de legislaciones para combatir el lavado de activos, en septiembre de 2010 el gobierno mexicano limitó el monto de los depósitos y el cambio de dólares en bancos y otros intermediarios financieros, en un intento por mitigar el riesgo del lavado de dinero proveniente del crimen organizado.

Revela también que ha trabajado con el gobierno mexicano para identificar los métodos que los cárteles de la droga están utilizando para integrar sus recursos a los sistemas financieros legítimos. Fue, de esta forma, que en marzo de 2011 el Fincen, organismo estadounidense encargo del combate al lavado de dinero, envío al gobierno mexicano un aviso en el que describe los posibles métodos para eludir las restricciones de efectivo; además documentó cambios significativos en el manejo de dinero en la frontera entre México y Estados Unidos.

Violencia en la ruta Acayucan-Houston

Tradicional ruta migratoria, en la ciudad de Acayucan, Veracruz, se registra un creciente nivel de violencia como ejecuciones, secuestros y extorsiones. En esa localidad se inicia una de las rutas más directas y cortas para llegar a Houston, y es en ese punto en donde confluyen migrantes que llegan de Centroamérica, pero también de mexicanos que buscan llegar a Estados Unidos. Es una de las plazas que disputan organizaciones criminales, de acuerdo con la prensa local.

Acayucan forma parte del corredor petrolero que comienza en Coatzacoalcos, y su actividad es básicamente agrícola. En un estudio presentado por el Departamento del Tesoro del gobierno estadounidense sobre la nueva estrategia para la infraestructura de ese país que encabeza Barack Obama, asegura que una de las rutas que deberían desarrollarse con ciudades fronterizas vecinas es la de Acayucan. Más caminos, dice el reporte, mejoraría no sólo las rutas de acceso para el comercio, sino también la plusvalía de las viviendas y la posibilidad de desarrollar más propietarios de bienes inmuebles.

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