Las omisiones y los excesos de los responsables de la procuración de justicia en México han sometido al gobierno federal al escrutinio público internacional y la administración de Felipe Calderón vuelve a ser exhibida por sus deficiencias, corruptelas y abusos.

Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que frena y expone públicamente cómo el supersecretario de Estado, Genaro García Luna, consentido del presidente y titular de la Secretaría de Seguridad Pública, cometió excesos y abusos en la detención y proceso judicial en contra de un grupo de delincuentes secuestradores, lo que podría concluir con la liberación de la francesa Florence Cassez Crepin, condenada por su participación con esa banda a 60 años de prisión y actualmente recluída en el centro de readaptación femenil Tepepan.

El problema fue que el secretario García Luna y sus “muchachos” recrearon la escena de la detención de los secuestradores para posar ante las cámaras de televisión, en lugar de presentar a los delincuentes ante las autoridades correspondientes, lo cual hicieron 24 horas después, y esto en México como en muchos otros países es faltar al debido proceso judicial, lo que le dio elementos a un ministro de la Corte a proponer la liberación inmediata de la ciudadana francesa que es quien presentó el amparo.

Algunas voces calificadas, sin embargo, se han pronunciado por impedir la liberación de Cassez, por considerar que esto vulneraría los derechos de las víctimas del grupo de secuestradores, quienes identificaron directamete la participación de la francesa en los operativos delincuenciales. Uno de los que exigen que no se libere a Cassez es el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien considera que por ser más importante el derecho de la víctimas de secuestro no se puede liberar a la francesa por las faltas de procedimiento cometidas por García Luna en su detención, ya que las evidencias la involucran directamente en la privación de la libertad de varias personas.

Será la primera sala de la Suprema Corte la que determine si Florence Cassez merece quedar en libertad porque se violaron sus derechos al momento de su captura, además de que el Ministerio Público Federal olvidó dar parte al consulado francés en México para que su ciudadana fuera asistida legalmente, como corresponde a su calidad de extranjera.

Mientras la justicia mexicana dabate en su máximo tribunal la liberación o no de la francesa delincuente, en Los Pinos el mandatario mexicano sigue sumido en una crisis de ingobernabilidad que cada día empora y ahora deberá decidir sobre el futuro de su supersecretario, quien en su gestión ha cometido graves errores y abusos, además de las dudas y señalamientos sobre su participación en la “guerra” en contra del crimen organizado y el narcotráfico. Si Calderón omite una vez más los excesos de García Luna a cambio de la lealtad que éste le ha jurado en todo momento, aún en la antesala de un complejo proceso electoral que se avecina, el presidente continuará con ese tufo de impunidad e injusticia que ha marcado su gobierno desde que se sentó en la silla presidencial.

Francia y México investigan a García Luna

La Procuraduría de Francia y la Unidad de Inteligencia Financiera en México, ésta dependiente de la Secretaría de Hacienda, investigan supuestas operaciones financieras que habría realizado el secretario de Seguridad Pública federal en países de Europa.

Una investigación de la reportera Erika Ramírez de la revista Contralínea, explica que de acuerdo con fuentes gubernamentales, el expediente en México en contra del funcionario federal ha sido integrado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Luis Urrutia Corral, e incluye un rastreo puntual de sus cuentas bancarias y sus operaciones financieras en México y en el extranjero.

La investigación en contra del alto funcionario del gabinete de Felipe Calderón habría iniciado luego de que esa Unidad, encargada de combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo, encontrara supuestamente diversas transferencias monetarias trianguladas a instituciones bancarias europeas. De éstas, la autoridad mexicana investiga si es lícito el origen del dinero.

La información –confirmada por diversas fuentes de inteligencia militar y civil, así como de carácter diplomático– indica que una segunda pesquisa la llevaría a cabo directamente el gobierno francés por instrucciones de su presidente Nicolás Sarkozy, quien la semana pasada se congratuló por la decisión de la Suprema Corte mexicana y espera capitalizar políticamere en Francia la liberación de Cassez.

Las pesquisas en el país galo serían realizadas por la Procuraduría de aquel país (Ministère de la Justice et des Libertés) y por la Oficina contra los Circuitos Financieros Clandestinos (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins), del Ministère des Finances.

La madre de la ciudadana francesa Florence Cassez Crepin, Charlotte Cassez, confirmó a la reportera que el gobierno galo mantiene un encono político con autoridades mexicanas, particularmente con el secretario García Luna, y aseguró que el presidente Sarkozy la ha recibido en varias ocasiones para tratar lo que consideran “un montaje” del secretario de Seguridad Pública mexicano contra su hija.

“Sentimos que aquí hay un poder que nos está rebasando completamente. Hay algo a nivel de la corrupción en la que está involucrado el narcotráfico.

No sé si con el gobierno, pero sí con algunas personas relacionadas. García Luna es una persona realmente importante. En Francia, o fuera de México, oímos decir que es, incluso, más importante que Calderón”, dice la madre desesperada, quien asegura que las autoridades de Francia realizan diversas investigaciones para lograr la libertad y la extradición de la joven.

Riqueza inexplicable

Las investigaciones en torno a las transferencias financieras de García Luna, llevadas a cabo por los gobiernos de México y de Francia, no son los únicos cuestionamientos respecto de la fortuna del secretario de Seguridad Pública.

El 24 de septiembre de 2010, legisladores de oposición demandaron a García Luna que transparente la fuente de financiamiento de sus propiedades, valuadas en un monto mayor al sueldo que percibe como servidor público.

De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia del gobierno federal, las percepciones brutas mensuales del titular de la SSP ascienden a 205 mil 122 pesos, integradas por su sueldo base de 32 mil 813 pesos y su compensación garantizada de 172 mil 308 pesos.

Mireille Roccatti Velázquez –investigadora del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México, y especialista en el estudio del lavado de dinero– critica que al interior del gabinete presidencial falta transparencia, sobre todo en la situación patrimonial de los altos funcionarios.

Durante la comparecencia de García Luna en la Cámara de Diputados, legisladores de oposición le exigieron publicar sus declaraciones patrimoniales. El petista Gerardo Fernández Noroña lo acusó, incluso, de “asesino” y “corrupto”.

Además, señaló que el funcionario federal está obligado a decir la procedencia de los recursos con los que actualmente sostiene el pago de una residencia de más de 20 millones de pesos.

El diputado le preguntó al secretario: “¿Cómo construye una casa de 20 millones de pesos cuando su sueldo no da para eso? Si su casa actual vale 7.5 millones de pesos, y decía, todavía el año pasado, debía 6, casi 7 millones de pesos, ¿de dónde sale ese dinero? ¿De los decomisos? ¿De dónde? ¿Del crimen organizado? ¿Del crimen desorganizado que encabeza? ¿De dónde sale todo esto?”.

Los cuestionamientos del legislador se fundaron en publicaciones hechas por la reportera Anabel Hernández, quien ha documentado la construcción de la casa de García Luna en un fraccionamiento de lujo al Sur de la Ciudad de México.

En esa misma comparecencia, el encargado de garantizar la seguridad pública del país se erigió como uno de los principales promotores del combate al uso de recursos de procedencia ilícita a través de unidades especiales de investigación en la SSP.

Ante la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, el encargado de operar la Policía Federal dijo que el “circuito financiero” ha tomado relevancia en materia de combate al crimen organizado.

Sin precisar cifras, García Luna aseguró que “la Policía Federal cuenta con facultades para participar en el trabajo específico de combate al delito de lavado de dinero”, por lo que la SSP prepara “nuevos” perfiles para atender y tener alcance en el combate a este delito.

La especialista Roccatti Velázquez analiza que, en México, no existe cooperación entre las unidades de inteligencia de la Procuraduría General de la República y las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública para combatir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La UIF

La investigación de las transferencias financieras del secretario de Seguridad Pública se sumaría a las indagatorias que la UIF lleva a cabo de manera automática cuando descubre que algún mexicano realiza transferencias al extranjero, por lo que suman más de 20 mil expedientes consolidados de “operaciones inusuales y preocupantes”, indican reportes oficiales.

De las “operaciones inusuales”, la Unidad de la SHCP encontró 34 mil 445, que se circunscriben en “actividades, conductas o comportamientos que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras y demás sujetos obligados”. En tanto, en los resultados de las operaciones fueron reportadas 66, con la misma fecha.

No obstante los números, Mireille Roccatti Velázquez dice que el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera no ha derivado en la captura de los verdaderos lavadores de dinero.

La profesora e investigadora de la maestría de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Políticas Públicas del Tecnológico de Monterrey, explica que la UIF investiga a quienes hacen depósitos en efectivo por más de 20 mil pesos y “eso finalmente es atacar a las personas de no muy altos ingresos. Los altos capitales no se manejan; existen otros mecanismos de lavado. No hay medidas para controlar efectivamente el blanqueo de capitales”.

El estudio El lavado de dinero en México, escenarios, marco legal y propuestas legislativas, elaborado por José de Jesús González Rodríguez, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, asegura que el blanqueo de capitales “es uno de los delitos más graves de la criminalidad organizada contemporánea. Su evolución en el derecho internacional y en los marcos legales de los estados demuestra con suficiencia que se trata de una práctica que ha marcado sus propias tendencias en la sociedad actual”.

Indica que las actividades ligadas al lavado de dinero representan diversos riesgos: “Además de las obvias lesiones al tejido social, puede afectar el sistema económico en la medida en que debilita la integridad de los mercados financieros, pudiendo generar el riesgo de disminuir el control de la política económica, contribuyendo a introducir distorsiones e inestabilidad en los mercados, propiciando la pérdida de ingresos fiscales y representando un riesgo para las instituciones financieras y la economía en su conjunto”.

Diagnóstico sobre lavado de dinero en México

Divulgado en 2008, el Mutual Evaluation Report –un estudio elaborado por la Financial Action Task Force y su filial para los países de América Latina, la Financial Action Task Force on Money Laundering in South America– desglosa 49 medidas emitidas para detectar el blanqueo de capitales.

El reporte internacional clasifica en seis grandes rubros la aplicación de medidas, comprendidas en el sistema legal e institucional; de prevención en instituciones financieras; asimismo, el ámbito no financiero y profesional; personas morales y organizaciones sin fines de lucro; cooperación nacional e internacional, así como recomendaciones especiales.

Plantea sólo como “parcialmente cumplido” el que los delitos en materia de lavado de dinero vigentes en México no contemplen aspectos como la “ocultación o el encubrimiento de la verdadera naturaleza o el origen, ubicación, disposición, movimiento, propiedad de recursos vinculados al lavado de dinero”.

Además, indica que la normatividad en la materia no se aplica efectivamente, ya que hay un “escaso número de condenas judiciales en este delito, en relación con el tamaño de la delincuencia organizada, el volumen de informes de inteligencia, el número de informes sobre transacciones sospechosas y la magnitud y la complejidad del sistema financiero en México.

Agrega que “la legislación mexicana no prevé la posibilidad de que los infractores les sean confiscados bienes de un valor similar a los obtenidos en las actividades ilícitas y que no hay leyes penales ni herramientas para la prevención o para la anulación de contratos ni acciones que permitan disminuir la capacidad de recuperar los bienes sujetos a decomiso”.