Las finanzas públicas enfrentan un problema crónico que se posterga sexenio tras sexenio: el déficit en el sistema de pensiones. Millones de trabajadores de entidades del sector público – a niveles federal, estatal y municipal – podrían llegar a la edad de retiro sin un ingreso suficiente para enfrentar la vejez. Esa es una amenaza que conocen en la Secretaría de Hacienda y no saben qué hacer más allá de heredar e incrementar el grave problema sexenio tras sexenio.Sin embargo, las inercias en el dispendio del gasto público no se detienen: privilegios, corruptelas, abusos de poder, tráfico de influencias, desvío de recursos públicos, pago de comisiones ilegales, contratados amañados. La alta burocracia sigue disfrutando de grandes privilegios. Ninguna secretaría de Estado, empresa paraestatal, órgano descentralizado o entidades educativas se salvan de la corrupción. Es en este último sector, el educativo, de los que más preocupan a la sociedad por la asimetría con la que se trata a exdirectores frente a investigadores y académicos que dan sustento y legitimidad a instituciones como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el cual se suma a las escandalosas pensiones que el gobierno federal está acostumbrado a otorgar de forma vitalicia a quienes han ocupado los máximos cargos académicos.

Este dispendio de recursos preocupa aún más, porque mientras exdirectores generales del IPN reciben cientos de miles de pesos por año sin hacer nada para el país, millones de mexicanos se debate en la miseria, 40 millones en situación extrema porque ya no tienen qué comer, dónde estudiar ni centros de salud y medicinas para atender padecimientos.

Una consulta al IPN que tuvo que ser resuelta gracias a la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información, establece que nueve exdirectores del Politécnico cobran más de 10 millones de pesos al año de fondos públicos, ante la anuencia y complicidad del gobierno federal. Se trata de dinero del erario que sale de los recursos naturales de la nación y de los impuestos que el fisco arranca cada mes a millones de mexicanos que trabajan todos los días.

Documentos entregados a Contralínea por los responsables de Recursos Humanos del IPN confirman que directores generales ya retirados de su cargo reciben del IPN un “sueldo” (sin trabajar) mensual de 95 mil 354 pesos. Éste supera en 380 por ciento el sueldo de los catedráticos mejor pagados del Instituto, cuya pensión estará sujeta a las condiciones generales de retiro de la población de trabajadores incorporados al ISSSTE.

De acuerdo con los convenios firmados con el IPN, los trabajadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Politécnico recibirán al retirarse y luego de haber cotizado 29 años, tan sólo 23 mil 750 pesos. Para los trabajadores que se retiren definitivamente del servicio, después de los 60 años, y que tengan como mínimo 10 años de servicio y el mismo tiempo de cotización en el ISSSTE, se les pagará hasta 12 mil 500 pesos. No más. No son parte de la élite privilegiada de la Dirección, aún cuando hayan dado su vida a la ciencia, a la academia y a la investigación. Una injusticia más de este país en donde la corrupción se ha arraigado y crece más con este gobierno federal del PAN.

La nueva directora del Politécnico, Yoloxóchitl Bustamante Diez, puede estar tranquilidad por su futuro, pues cuando deje la Dirección General tendrá asegurada también su pensión vitalicia que la apartará del resto de los millones de mexicanos que tienen que trabajar hasta el final de sus días para poder sobrevivir. Solo dos exdirectores decidieron no cobrar esa pensión millonaria y seguir trabajando para devengar un salario justo, lo que confirma el abuso de los actuales nueve exdirectores generales que desde hace varios decenios cobran cientos de miles de pesos anuales sin aportar nada a la educación del país.

En contraste, los exdirectores, sin hablar directamente de pensiones, reciben una contraprestación adicional. En conjunto, la partida destinada a los exdirectores supera en 58 por ciento el total de los recursos del Programa de Estímulos al Desempeño de los Investigadores, que en 2010 fue de menos de 6 millones de pesos. Ante la información obtenida por Contralínea mediante la Ley federal de transparencia, las autoridades de una de las más importantes casas de estudio del país decidieron guardar silencio, tal vez porque cobrar dinero público sin trabajar sólo tiene un problema ético y moral: el abuso.

La incongruencia total es que los 10.2 millones de pesos que destina el IPN a exdirectores generales, aún después de retirados de su cargo, representan el 172 por ciento de los apoyos otorgados a las instituciones por el desempeño de los investigadores de nivel medio superior y superior, dados a través del Programa de Estímulos al Desempeño de los Investigadores, que en 2010 sumaron apenas 5 millones 963 mil 986 pesos.

Al menos nueve exdirectores generales –de los 11 que todavía viven– son los beneficiarios, informa el IPN a Contralínea en respuesta a la solicitud de información 1117100048911 presentada por este semanario mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Según la respuesta, los exdirectores que cobran de manera individual 95 mil 354 pesos cada mes son: Miguel Ángel Correa Jasso, Óscar Javier Joffre Velázquez, Manuel Garza Caballero, José Gerstl Valenzuela, Raúl Eric Talán Ramírez, Eugenio Manuel Méndez Docurro, José Antonio Padilla Segura, Héctor Mayagoitia Domínguez y Sergio Viñals Padilla.

El monto que perciben los exfuncionarios politécnicos es el mismo que cobran el secretario particular de la directora general, los coordinadores y los directores de área en función. Se trata de la quinta remuneración más alta en el IPN, según el Apartado IV Remuneración Mensual del Portal de Obligaciones y Transparencia de la Administración Pública Federal.

Además, ese pago mensual a los exdirectores generales, supera en 380 por ciento el sueldo de los catedráticos mejor pagados de la institución: los profesores titulares de educación superior y media superior, foráneos, de tiempo completo y con estudios de doctorado, quienes reciben al mes 25 mil 138 pesos. Y esto se agrava si sabemos que algunos de esos nombramientos fueron decisiones políticas para beneficiar a amigos y comparsas.

En entrevista con Contralínea, José Enrique Villa Rivera –quien por designación del presidente de la república se desempeñó como director general del IPN de 2003 a 2009– se niega a hablar de la razón de ser de dicha compensación. No obstante, asegura que él no recibe “ningún sueldo, ni un sólo quinto pagado por el Politécnico por ser exdirector general”. Se trata de uno de los dos exdirectores que se niegan a cobrar dinero público sin devengarlo. Esta actitud del doctor Villa deja en entredicho a sus compañeros exdirectores que si reciben un pago del erario sin trabajar.

—¿El “sueldo” que reciben los exdirectores generales es por su desempeño en el Consejo de Exdirectores Generales del IPN?, se le preguntó a Villa Rivera.

—Eso no le puedo contestar yo. Es un asunto administrativo. Pregúnteselo a la directora. Yo no sé si hay un salario para éstos –responde el doctor Villa, actual director del Consejo Nacional Ciencia y Tecnología.

De acuerdo con los Lineamientos para el Funcionamiento y la Operación del Consejo de Exdirectores Generales del IPN –uno de los cuatro órganos de asesoría del Politécnico, cuyo acuerdo de creación data de 1980– “la condición de miembro del Consejo se adquiere automáticamente al concluir el cargo de director general del Instituto, lo mismo que el derecho a desempeñar las actividades previstas en estos lineamientos, con la remuneración que para tal efecto haya sido determinada”.

Villa Rivera indica que la normatividad establece que “el cargo de consejero será vitalicio e indelegable”; por eso, y por el “interés y el amor que tenemos a la institución”, ningún exdirector general ha declinado de participar “de manera genuina” en este órgano, que por reglamento se reúne a solicitud del director general en turno.

A decir del doctor en ingeniería en ciencias petroleras, actualmente son 11 los exdirectores generales que integran este órgano.

Sin embargo, la actual administración politécnica lo contradice: sólo son 9. En la respuesta a la solicitud de información pública 1117100048911 presentada por Contralínea, no figuran Diódoro Guerra Rodríguez ni Villa Rivera. El encargado de formular la respuesta fue Hugo Castillo Fernández, director de Recursos Humanos. Será porque ambos exdirectores se niegan a cobrar un salario mensual de casi 100 mil pesos sin trabajar.

Investigadores en materia de transparencia como Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, consideran que las “onerosas pensiones vitalicias” que, a expensas del pueblo mexicano, cobran quienes han ejercido altos cargos en la administración pública del país, como los expresidentes de la República, los exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los exrectores y exdirectores de las instituciones públicas de educación superior, deben “ser completamente abolidas”.
Además, porque la mayoría de los beneficiarios “han saltado de cargo en cargo”, por lo que perciben “bastantes y generosos ingresos”, en contraste con los “disminuidos” salarios de la clase trabajadora y de los pensionados en general, explica la especialista en corrupción, transparencia y rendición de cuentas.

Sandoval Ballesteros califica de “desafortunada” la tradición mexicana de “separar” los sueldos de los altos funcionarios de los ingresos del resto de los trabajadores y profesores de las instituciones de educación superior, en particular del IPN y de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Se ha generado una “burocracia” que pone entredicho el “espíritu” de las universidades, cuya vocación debería ser la “búsqueda de un país más justo y más sano en términos sociales”.

Lo que sucede en el IPN, en donde el “sueldo” mensual de un exdirector general es 1 mil 642 veces mayor que un salario mínimo, es un reflejo de lo que ocurre a nivel gubernamental, pero también una expresión de la debacle de los movimientos sindicales universitarios.

Abolir las onerosas pensiones, fiscalizar desde la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto a las instituciones de educación superior y aplicar la Ley de Salarios Mínimos, que a la fecha es letra muerta, son algunas de las alternativas, a decir de la doctora en Ciencia Política.

Siguen incendios en refinerías

El pasado fin de semana la población mexicana asumió el décimo incremento a las gasolinas decretado por el gobierno de Felipe Calderón. Como consuelo, el gobierno panista asegura que la gasolina no se vende al precio real y que simplemente está subsidiada respecto al costo al que el gobierno federal la importa a través de Pemex. Se sigue postergando, sin embargo, la inversión en una nueva refinería que le proporcione a la economía mexicana las gasolinas que necesita. Mientras tanto, Pemex invierte mil millones de euros en Repsol de España. Simplemente no tiene sentido. Lo más grave, sin embargo, es el deterioro que sufre la infraestructura petrolera en el país. También el pasado fin de semana se presentó otro incendio en refinerías. Ésta vez ocurrió en la refinería Miguel Hidalgo en Atitalaquia. Trabajadores de estas refinerías han denunciado la falta de mantenimiento en las instalaciones pero Pemex-Refinación insiste en culpar a los trabajadores. Otro sin sentido.
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