Se ha confirmado que el gobierno federal que encabeza el Partido Acción Nacional es sumamente vulnerable al espionaje por parte de agencias policiales de Estados Unidos y, la mayoría de las veces, es cómplice en la filtración de información a los órgano de inteligencia de Washington. El gobierno de Felipe Calderón autoriza que agentes extranjeros porten armas en México, participen en operaciones policiales, intervengan en detenciones e interrogatorios a presos y testigos protegidos, realicen “persecuciones en caliente” por tierra, aire y mar, extradita a delincuentes mexicanos para ser procesados en aquel país y permite la instalación de centros de espionaje en contra de políticos, empresarios, activistas y periodistas.

De hecho, documentos del gobierno estadunidense –como los que revisa la Auditoría Superior de la Federación, dependiente del Congreso de la Unión y en donde se analiza el Plan Mérida– dan cuenta de la extrema desconfianza de Estados Unidos hacia las instituciones del gobierno federal mexicano cuando se trata de entregar información o recursos.

Por ello, en algunos ominosos episodios, representantes de agencias policiales del vecino país obtienen información por su cuenta y espían a los mexicanos. Ellos se justifican: no saben en quién confiar en el gobierno de Felipe Calderón. No sólo eso. En varias ocasiones el gobierno de Estados Unidos ha contado con el apoyo del gobierno mexicano en acciones que claramente violan la seguridad nacional y la soberanía, lo que daría elementos al Congreso de México para hacerle juicio político a Calderón por traición a la patria.

El pasado 11 de agosto, La Jornada dio a conocer que altos mandos del gobierno mexicano están desarrollando funciones de informantes al servicio de agencias de Estados Unidos. La información del diario asegura que en la lista de los enlaces se encuentran la procuradora general de la República, Marisela Morales, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigación (FBI) y el Departamento del Tesoro son algunas de las agencias estadunidenses que, al coordinar las acciones antinarco de gran impacto, se encuentran en contacto con los funcionarios mexicanos. Además, se cita la operación de un “centro de inteligencia estadunidense” ubicado en Paseo de la Reforma 225. Felipe Calderón y Barack Obama pactaron el complejo entramado técnico e institucional para el espionaje desde hace más de 18 meses.

De ser cierto esto, los titulares de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores deben ser citados por el Congreso para que aclaren quién ha permitido la operación ilegal de espionaje en nuestro país. La Jornada cita fuentes que pidieron no ser identificadas.

Sin embargo, no es la primera vez que el gobierno mexicano está involucrado en un caso de espionaje o intervencionismo por parte de las agencias estadunidenses. Ésta es una práctica constante con el consentimiento de las autoridades mexicanas. Se ha permitido, y aquí lo hemos documentado desde hace más de una década, la instalación de centros de espionaje en territorio mexicano en contra de políticos, luchadores sociales, partidos de oposición, empresarios, periodistas y delincuentes. También los agentes estadunidenses participan en interrogatorios a testigos protegidos, intervienen en operativos policiales, portan armas y violan los espacios aéreos y marítimos.

Un caso que recuerdo ocurrió en 2004, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) desactivó un operativo de espionaje telefónico dirigido a la casa del presidente de la República y a las secretarías de la Defensa Nacional y de Gobernación.

En aquella ocasión el único acusado visible fue Víctor Manuel Bernabé Castillo, quien aceptó haber trabajado en la intercepción de 50 números telefónicos, incluidos los de la residencia oficial de Los Pinos, la Secretaría de Gobernación y la PGR, así como de empresarios y periodistas.

A Bernabé Castillo, según lo que declaró ante el Ministerio Público, le pagaban 6 mil pesos mensuales por colocar y recoger las cintas de grabaciones clandestinas en los números telefónicos interceptados, para posteriormente entregarlos a una persona cuyo nombre nunca reveló pero que era de origen extranjero.

En su momento, la investigación dada a conocer en esta columna reportó que Bernabé Castillo fue liberado poco después con una fianza de sólo 30 mil pesos, porque el acto cometido, según las autoridades, no estuvo considerado como un delito grave. El gobierno federal nunca quiso aclarar lo ocurrido ni tampoco descubrió quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del centro de espionaje descubierto a principios de 2004, en las calles aledañas a la residencia oficial de Los Pinos.

A principios de ese mismo año, la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) descubrió una red de espionaje dedicada a intervenir líneas telefónicas de empresas privadas y también de secretarías de Estado y de la misma residencia oficial desde donde despacha el presidente de la República, en aquel entonces ocupada por Vicente Fox y familia. Aquel expediente ministerial da cuenta de cómo las pesquisas policiales y las revelaciones periodísticas obligaron a desmantelar la casa desde donde se realizaban intercepciones de llamadas de recintos oficiales.

Esa investigación estuvo a cargo de la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada, que dirigía el hoy finado José Luis Santiago Vasconcelos. Ese día los agentes federales aseguraron la vivienda de tres pisos ubicada en Florencio Miranda 22, colonia 16 de Septiembre, a un costado de la residencia de Los Pinos, y se detuvo a un radiotécnico de escasos recursos que había sido contratado para cambiar las cintas que contenían las intervenciones telefónicas.

Según las averiguaciones previas 179/D/2004 y 405(DDF72004, abiertas en la PGR por los delitos de “espionaje e intervención de comunicaciones privadas”, una llamada anónima a la Dirección General de Delitos Federales de la AFI alertó de que “altos funcionarios e instituciones del Gobierno Federal, entre los que se encuentran la Presidencia de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y algunas otras secretarías de Estado, así como empresarios importantes”, eran escuchados en sus conversaciones telefónicas.

De acuerdo con la tarjeta informativa 034/40 integrada al grueso expediente policiaco, los agentes de la AFI informaron al ministerio público federal José Carlos Villareal Rosillo que, según el informante anónimo, “desde ese domicilio un grupo de personas armadas y de apariencia extranjera intervenían 50 líneas telefónicas con sofisticados equipos de intercepción, grabadoras, identificadores de números, borra-casettes y papelería en donde hacían las anotaciones sobre las llamadas privadas”.

En la operación encubierta que montaron los agentes de la AFI para vigilar la vivienda desde donde se realizaba el espionaje telefónico, al momento del cateo descubrieron que entre las líneas telefónicas que en ese momento eran interceptadas estaba el número 52731643, perteneciente a la residencia oficial de Los Pinos y cuya línea había sido contratada por la Secretaría de Gobernación.

Estas son historias de un país con un gobierno débil y sumiso a los intereses de Estados Unidos y en donde domina la desconfianza, la corrupción, el miedo y la traición a la patria.

Ingerencia de EU en México

Hace unos meses explicábamos en este espacio algunas de las razones utilizadas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos para justificar el espionaje y sus políticas intervencionistas en contra de nuestro país. En el estudio Joint Operating Enviroment, que ubica a México junto con Pakistán, como dos de los grandes problemas de seguridad nacional a los que se enfrentará ese país durante los próximos años.

Este análisis, que provocó reacciones de varios países, incluido México, adelantaba el recrudecimiento de las amenazas para Estados Unidos a raíz de la guerra contra el narcotráfico. El mismo reporte provocó que el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, buscara una reunión con el general James Mattis del Join Forces Command.

El contenido de aquella reunión se mantuvo por cortesía, dijo Sarukhán, bajo la más estricta confidencialidad, pero trascendió la inconformidad de México respecto al contenido del reporte que colocaba a nuestro país muy cerca de la denominación de “Estado fallido”.

La única respuesta que tuvo el gobierno estadounidense fue que el estudio en cuestión no representaba una posición oficial del gobierno y que solamente se utilizaba como un documento de apoyo para alentar al debate. Las predicciones, aseguró Mattis como responsable del documento, siempre resultan riesgosas.

México, en cualquier caso, quedó muy mal frente a ese país, pero sobre todo ante la comunidad internacional que comenzó a cuestionarse si en realidad el gobierno mexicano estaba perdiendo la lucha contra el narcotráfico y si la seguridad interna de Estados Unidos se veía amenazada por su vecino del sur.

En el amplio estudio del Departamento de Defensa de EU no se menciona a Colombia, totalmente penetrado por las fuerzas militares estadunidenses, ni a otros países de la región como Venezuela, en donde su régimen socialista podría ofender a las “buenas conciencias” de la democracia de Estados Unidos.

Igual que Pakistán e Israel, México se vio afectado por los pronunciamientos del Departamento de Defensa de EU. A esos dos países se les ubicó y estigmatizó como poderes nucleares a la par de Rusia, China, India y Corea del Norte.

De México se aseguró que se ubicaba como uno de los dos países que podrían enfrentar un acelerado colapso interno, pero todo perfilado supuestamente por el crecimiento de las fuerzas del crimen organizado, cuando aquí habría que revisar otros factores principales que son omitidos por el estudio gringo, como son la extrema pobreza que mantiene al país con una enorme inconformidad social, los grupos guerrilleros que siguen preparándose para algún levantamiento armado, la enorme corrupción en los tres poderes de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y la complacencia y complicidad de los medios de comunicación hacia con el gobierno en turno.

Fue en ese momento que el gobierno de Felipe Calderón giro instrucciones a los responsables de la Embajada de México en Estados Unidos y al Consulado en ese país para iniciar una campaña mediática que mejorara la imagen de México entre la población del país vecino.

Pero no fue posible, David Gregory, secretario de la Defensa de Estados Unidos, aseguró en conferencia de prensa que si bien el presidente Calderón había emprendido por primera vez una batalla en contra de los carteles de narcotráfico, lo más importante era que, finalmente, el gobierno mexicano estaba superando algunos de los viejos prejuicios contra la cooperación de las fuerzas armadas de Estados Unidos en territorio nacional.

Esa fue una declaración que despertó muchas suspicacias. Pero fue más allá: “A los mexicanos les podemos dar entrenamiento, recursos, capacidades de reconocimiento y vigilancia; datos de inteligencia”. En fin, Estados Unidos comienza a lograr lo que buscaba, una clara intervención ya no sólo de las distintas corporaciones policiales y de espionaje de Estados Unidos, sino fuerzas militares que puedan ingresar a nuestro territorio para apoyar una supuesta lucha contra el crimen organizado y las mafias de la droga. Un pretexto con el cual ha colaborado el gobierno mexicano para evitar críticas de la población por el abierto y cínico intervencionismo gringo.

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