A unas semanas de que se elija gobernador en el estado de México y a poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2012, el PRI nacional revela su temor de que algunos de sus miembros, principalmente exgobernadores, puedan enfrentar a la justicia por vínculos con bandas del narcotráfico, proteger al crimen organizado y lavar dinero producto del tráfico de drogas.

Su líder nacional, Humberto Moreira, calificó la semana pasada de “terrorismo político” las indagatorias de los órganos de procuración de justicia y los constantes señalamientos en la prensa, salidos supuestamente de oficinas del gobierno federal, de que hay expedientes abiertos en la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de algunos exmandatarios estatales y políticos de menor rango.

Aunque de inmediato el vocero de la PGR respondió que hasta el momento no se ha citado a ningún exgobernador priista ni mandatario en funciones del mismo partido, lo cierto es que desde el año pasado se han integrado expedientes penales en contra de funcionarios y políticos priistas, así como también se han investigado sus movimientos financieros en instituciones bancarias, nacionales y extranjeras, en donde se ha encontrado sumas de depósitos y retiros que con mucho rebasan los ingresos comprobables por salarios devengados. Esto es en realidad lo que mantiene nerviosos a muchos priistas de primer nivel, pues saben que han utilizado dinero cuyo origen no pueden probar que sea lícito.

Sin duda el PRI sabe y conoce cómo se presiona a la oposición. Durante 70 años lo practicó en contra de políticos de derecha y de izquierda, ahora representados por PAN y PRD. Una de esas muchas formas de presión política es mediante la integración de expedientes penales bajo amenaza de enviar a prisión a los opositores. Ese riesgo de perder la libertad, como un bien tutelado en toda sociedad democrática, congela los ánimos de cualquier ciudadano y mucho más de aquellos con aspiraciones políticas.

En septiembre del año pasado, en esta columna señalamos que por lo menos tres gobernadores priistas que terminaban su mandato por esos días, eran sujetos a investigación en las oficinas de la PGR, por supuestos vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero procedente del tráfico de drogas.

Decíamos hace ocho meses que para integrar los respectivos expedientes judiciales, el Ministerio Público Federal contaba con el apoyo de una coalición político-judicial integrada por líderes nacionales del PAN, PRD, Convergencia y Grupo Día, los cuales buscaban ver en prisión a otros exmandatarios estatales priistas, después del encarcelamiento del exgobernador Mario Villanueva y del aspirante a la gubernatura de Quintana Roo, Gregorio Sánchez.

De la lista de exgobernadores priistas vigilados desde el año pasado, destacan dos exmandatarios del norte, uno del centro y otro del sur, a quienes testigos protegidos señalan de estar relacionados con cárteles de la droga y participar en el blanqueo de dinero sucio.

La responsable de integrar esos expedientes fue precisamente la entonces subprocuradora de Investigaciones en contra la Delincuencia Organizada, Marisela Morales, actual procuradora General de la República, quien contó con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las cuales le entregaron información de los movimientos financieros de políticos de todas las corrientes y colores, con especial énfasis en el PRI y PRD.

Calderón y el PAN al acecho

Con el poder que le da a cualquiera disponer de los órganos de inteligencia del Estado, desde Los Pinos se ordenó vigilar puntualmente a políticos de primer nivel: precandidatos presidenciales, gobernadores y exmandatarios, diputados y senadores, líderes sindicales, luchadores sociales, periodistas críticos y empresarios opositores al sistema.

Las áreas responsables de integrar expedientes políticos y financieros son el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de la Secretaría de Gobernación y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ambos órganos, en donde se concentra la documentación y los principales expedientes de políticos opositores, envían una copia a la residencia presidencial; otros son archivados y los menos son turnados a las procuradurías General de la República y Fiscal de la Federación, en donde se abren los procesos penales respectivos para darles curso en cuanto reciban la instrucción presidencial.

El trabajo del Cisen es ya conocido por la población y se sustenta en el espionaje a través de vías de comunicación, teléfono e Internet, así como la persecución y vigilancia directa sobre individuos previamente seleccionados. Algo verdaderamente burdo para una democracia. Además, los analistas de este órgano de seguridad nacional también revisan la información en publicaciones impresas y radio y televisión, de donde obtienen reportes que posteriormente el Cisen convierte en informes “confidenciales”.

Más sofisticado y sobre todo más profesional que el trabajo que realiza el Cisen, está la labor que desarrollan los técnicos de la UIF, este órgano de inteligencia financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y único enlace del gobierno mexicano con organismos internacionales responsables de combatir el blanqueo de capitales, lo que lo convierte en un instrumento sumamente útil para recabar informes del dinero sucio que muchos mexicanos sacan del país y los ocultan en instituciones financieras de otros países.

A diferencia del trabajo sucio que hace el Cisen con sus escuchas telefónicas, los análisis de la UIF responden a movimientos financieros que políticos realizan en instituciones bancarias, casas de bolsa y de cambio, instituciones de seguros, transferencias internacionales, depósitos en efectivo y, en general, compra y venta de bienes y servicios.

Con esa información recabada en bancos e intermediarios financieros, así como en la CNBV, esa Unidad de Inteligencia elabora expedientes con las cuentas de ingresos y egresos de los políticos, en donde confirma el uso de dinero que no proviene de salarios y que puede corresponder a fondos irregulares provenientes de la comisión de diversos delitos, tales como narcotráfico, tráfico de personas, prostitución, fraudes, tráfico de armas y robos.

Obviamente, con un gobierno federal panista, la lista de expedientes corresponde principalmente a políticos de oposición: PRI, PRD, PT, Convergencia y Panal, y cuando se integra alguno de un político panista con claras evidencias de vínculos con bandas del narcotráfico, de inmediato la Presidencia de la República extiende un manto protector. Como prueba de ello, hemos presentado en este espacio las evidencias de la acusación en contra del panista Patricio Patrón Laviada y su familia, la cual fue investigada por la UIF y descubrió dinero procedente de cárteles de la droga, y a pesar de ello la PGR ocultó la denuncia penal elaboarad por la Secretaría de Hacienda.

Es así como la UIF ha sido la encargada de integrar las acusaciones en contra de políticos priistas y perredistas. Los expedientes en poder de la UIF suman miles y sólo unos cuantos han sido turnados al Ministerio Público Federal para su indagatoria y posterior integración de una averiguación previa.

Hasta ahora lo que sabemos, es que el blanco principal de la persecución financiera son los equipos de los precandidatos presidenciables de Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrad, todos con posibilidades de alcanzar la Presidencia de la República. En la lista le siguen exgobernadores priistas y perredistas, líderes de fracciones en cámaras de Diputados y Senadores, congresos estatales, dirigentes de partidos políticos, empresarios, líderes sociales y dirigentes gremiales, dueños de medios de comunicación, periodistas y jefes de prensa.

Por eso tienen razón Moreira y otros priistas en estar preocupados y temerosos, pues saben muy bien que el gobierno tiene en su poder información que compromete a muchos políticos de su partido y eso, precisamente, es lo que buscan frenar arguyendo “terrorismo político”.

¿Terrorismo político?

Apenas este fin de semana el gobierno de Felipe Calderón dio una muestra de lo que está dispuesto a hacer para frenar al PRI y a su precandidato Peña Nieto en sus aspiraciones a Los Pinos.

Un polémico miembro del Grupo Atlacomulco, Jorge Hank Rhon, e hijo de una leyenda de la política priista, el profesor Carlos Hank, fue detenido por militares por el delito de acopio de armas de uso exclusivo del Ejército. Sin duda que eso es un delito grave, pero ante el clima de violencia que vive el país y con una familia tan numerosa y con tanto dinero acumulado al amparo del poder político, quien dudaría en tener un armamento para protegerse en momentos de tanta violencia.

Ese es el problema del gobierno federal, probar que tiene algo más que esa burda acumulación de armas que todos sabían que existía y que seguramente la mayoría de los políticos las tienen en sus ranchos o en sus casas donde viven con sus familias. Los mexicanos necesitamos algo más sobre este hombre que ha sido acusado de todo, incluido el homicidio, como cada semana lo recuerda el semanario político Zeta de Tijuana, el cual acusa a Jorge Hank de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Héctor “El Gato” Félix y de quien por cierto está preso uno de sus escoltas como responsable material del crimen.

También se le ha vinculado con el tráfico de drogas, fraudes, lavado de dinero, abuso de poder, tráfico de influencias y de especies de animales, y protección al crimen organizado. Por eso el gobierno federal panista tiene que darnos algo más para echar por tierra el argumento del líder del PRI nacional de que se trata de “terrorismo político” con miras a los procesos electorales.

Aunque el hijo del profesor Hank es una figura pública y polémica, no tiene el peso de un verdadero político priista como lo sería algún exgobernador. Sabemos de buena fuente que por eso Hacienda y la PGR están por revivir los expedientes de dos exmandatarios estatales del Estado de México, pues por ahora el objetivo panista es frenar “a como dé lugar” a los priistas en sus aspiraciones a mantener la gobernatura mexiquense y después en la presidencial.

De hacerlo, el gobierno de Calderón sabe que el impacto golpearía en la estructura mexiquense y disminuiría puntos al candidato Eruviel Ávila. El antecedente más reciente que se tiene de estas maniobras políticas panistas, es haber eliminado a un aspirante a la candidatura presidencial en cuanto le sacaron sus cuentas y deudas con el fisco. Esto lo saben muy bien en el Estado de México, fue en su momento un duro golpe a la credibilidad y a la imagen del PRI, aunque ahora los políticos de este partido parece que se sienten seguros de que sus aspirantes que encabezan las encuestas no tienen dudas en el manejo de dinero público.

Pero la fiesta del PAN apenas empieza y seguramente esta semana habrá nuevas acusaciones y señalamientos en contra de otros políticos priistas. Es solo cuestión de manejar bien los tiempos y darle al PRI algo de lo que siempre ha hecho.