El todavía auditor superior de la federación finalmente entendió que el clima en el Congreso le era adverso para intentar continuar en el cargo después de ocho años. Arturo González de Aragón había cabildeado entre políticos, periodistas, académicos y algunos burócratas calderonistas para permanecer al frente de la Auditoría, pero su pasado, que pocos conocen, lo traicionó y lo llevó a desistir de su perversión.

Como colofón de su fracaso, ha utilizado micrófonos y grabadoras de  medios de comunicación para lavar su imagen mediante acusaciones de corrupción en el gobierno federal que nunca combatió con la misma vehemencia con que intentó mantenerse al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

González de Aragón dijo en su carta de renuncia: “La Auditoría Superior de la Federación no debe ser una más de las instituciones que se deterioran, como ha sido el caso de muchas otras”, y advirtió que se “deberá tener especial cuidado en la elección del auditor que fungirá para el periodo 2010-2017, para lo cual deberá garantizarse que la persona que se elija no provenga de partido político alguno y no tenga conflictos de intereses, pues de otra manera será difícil garantizar la neutralidad en la actuación de la ASF, y por lo mismos perder la credibilidad y confianza que ha ganado de los ciudadanos”.

Entre sus logros el auditor asegura que desmanteló la red de corrupción que se tejió alrededor de la empresa privada ISOSA (Integradora de Servicios Operativos S.A.) y los fideicomisos creados por el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, para desviar miles de millones de dólares, lo cual es falso, pues esta investigación la hicieron en la Secretaría de la Función Pública y González de Aragón de montó al final en la operación para señalar irregularidades en las operaciones. También afirma que gracias a las gestiones de la ASF, el erario logró recuperar miles de millones de pesos relacionados con el rescate bancario. Falso esto último, porque siempre utilizó cifras de cuantiosas recuperaciones que nunca pudo probar.

Con esos argumentos, el auditor decía que su gestión de combatir la corrupción le había generado muchos enemigos en todos los frentes políticos: en el PAN, en los círculos de los poderes fácticos ligados al PRI y hasta en el PRD. El motivo es que fueron legisladores de esos tres partidos los que buscaron demostrar que González de Aragón incurrió en serios conflictos de interés, en omisiones dolosas y en complicidades con la administración de Vicente Fox, a quien el auditor siempre protegió junto con su familia política.

Pero ahora con su renuncia, González de Aragón no quiso someterse a la decisión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación sobre su reelección, porque seguramente sería negativa y saldría a la luz pública las operaciones irregulares y negligencias en las que incurrió el citado contador público, como fue el hecho de recibir millones de pesos de la llamada partida secreta que se operaba discrecionalmente desde Los Pinos o su relación con Marta Sahagún para proteger a los hermanos Bribiesca.

Por Ley, González de Aragón tendría derecho a someterse a un segundo periodo que expiraría en 2016, pero el Congreso le impidió que esto fuera de facto y debía someterse al escrutinio de los legisladores, lo cual rechazó por saber que allí no tendría posibilidades ante verdaderos expertos en la materia como son Juan Felipe Calderón Montelongo, Mónica Barrera y Enrique del Val, entre otros 40 más.

Al declararse vencido con la intención de pasar a la historia como un hombre perseguido por los poderes fácticos y políticos del país y no como un funcionario que no dejó pasar la oportunidad de hacer negocios – a través de sus hijos – al amparo del poder.  De haberse sometido a un proceso de reelección, además, es casi seguro que González de Aragón no habría salido victorioso, porque los legisladores hubieran revisado sus cuentas y labor de fiscalización. El auditor  hubiera tenido que presentar paso a paso un plan de trabajo que justificara su reelección.

Ahora que González de Aragón decidió desistir, la Comisión de Vigilancia de la ASF tendrá que revisar entre decenas y decenas de aspirantes al cargo promovidos por los partidos políticos que, en teoría, tendrían que mantener las manos fuera del proceso, porque la elección del titular de la ASF debe ser, eminentemente, un cargo ciudadano. Sin embargo, nos guste o no, el proceso de quien será el principal revisor de las cuentas públicas, se ha partidizado y cada vez se aleja más de su objetivo básico.

La ASF es una institución que fue diseñada para que el Poder Legislativo ejerciera sus facultades de fiscalización sobre el gasto público (la única que hay en el país) y  por ello está restringida al principio de la anualidad y de la posterioridad. Su responsabilidad primordial es evaluar si se cumplió el mandato de la Ley del Presupuesto. Por ello es tan importante que el titular de la ASF cumpla en tiempo y forma con su responsabilidad sin dejarse someter a presiones políticas o intereses privados.

Sin embargo, en los últimos ocho años se gestó una falsa idea de que la ASF era un órgano construido para perseguir o ejercer acciones punitivas contra funcionarios corruptos. En realidad, el responsable de la ASF hubiera cumplido con creces su función si se hubiera dedicado exclusivamente a evaluar si el Ejecutivo y otras entidades del Estado cumplen con lo establecido en el Presupuesto.

Sí  se confirmará que González de Aragón utilizó el despacho de sus hijos para cerrar contratos con la administración pública, entonces estaremos al frente de un hombre que quiso hacer creer a la opinión pública que se erigió como el persecutor de funcionarios corruptos pero que fue omiso en aquellos casos en los que escondía un claro interés.  Ahora, la pregunta es quién auditará al auditor saliente. Que González de Aragón decida no ir por la reelección es ahora, lo menos importante.

Algunas pistas para empezar con esa revisión. Entre las entidades que otorgaron contratos al despacho de los González de Aragón se encuentran los gobiernos de los estados de Chiapas, Colima, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, y secretarías de Estado y gobierno, organismos descentralizados, paraestatales y fideicomisos. Entre las entidades auditadas por esa firma de contadores están Petróleos Mexicanos, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Secretaría de Turismo, Secretaría de Desarrollo Social, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Comisión Federal de Electricidad y Servicio Postal Mexicano, de acuerdo con la cartera de clientes entre los años 1985-2003.

Resulta también sumamente sospechoso que los contratos al despacho de los González de Aragón se adjudicaran en varias ocasiones de forma directa. Otro ejemplo: en 2002 el despacho de sus hijos se adjudicó el contrato 024502 para la auditoría externa correspondiente al ejercicio 2002 en servicios aeroportuarios de la ciudad de México, controlado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares. El monto de ese contrato ascendió a 651 mil 840 pesos, pero eso no fue lo único, otra vez por adjudicación directa Servicios Aeroportuarios otorgó de manera directa un contrato más para realizar la auditoría externa para el ejercicio 2003, el cual tuvo un costo de 373 mil 829.5 pesos. Casualmente, ASA y las obras para las nuevas salas se convirtió en una entidad sumamente cuestionada.

Pero, dicen los optimistas, no todo fue malo durante los primeros ocho años de la operación de la ASF, porque más allá de su titular, hace una década el Poder Legislativo tomó una decisión trascendental: aprobar una ley que diera origen a una entidad responsable de vigilar el destino y correcta aplicación de los recursos de los contribuyentes.

Con un presupuesto que supera los mil millones de pesos, el nuevo titular de la ASF tendrá que superar en muchas cosas a González de Aragón. Para empezar, no sólo realizar auditorías cuantitativas a diestra y siniestra (más de mil, en un año, según el registro de González de Aragón, en donde se incluye una revisión de 9 por ciento a los gastos de estados y municipios), sino ocuparse de promover cambios sustanciales en los catálogos de cuentas diseñados por las dependencias para normar criterios cualitativos que permitan contar con una rendición de cuentas sobre los logros del gobierno federal al ejercer el gasto público.

El problema con González de Aragón, a quien perredistas como Antonio Ortega calificaron como visionario, es que enfocó su gestión predominantemente a su figura y no a lo que necesitaba la ASF. Así, por ejemplo, luego de realizar un foro en la UNAM al que asistieron académicos, políticos y analistas en el tema de la transparencia, el resultado fue una iniciativa, enviada por el propio González de Aragón al Congreso, que tuvo como objetivo dotar de autonomía a la ASF. Aquella acción perdió legitimidad, sin duda, cuando apareció como un intento de González de Aragón de mantenerse a toda costa en el cargo.

Bajo estas circunstancias, el pleno del Congreso requeriría de un gran consenso, formalizado en dos tercios de la Cámara de Diputados (poco más de 300 legisladores), para decidir la elección del sucesor de González de Aragón.

El proceso, sin duda, se partidizará porque estará contaminado y sometido a la carrera presidencial para el 2012. De hecho, no se descarta que los presidenciables operen para contar con un auditor a modo, que no les siga sus pasos y, mucho menos, que escudriñe sus cuentas públicas.

Aún más, tendrá que ser un hombre de Estado, con pleno conocimiento de la responsabilidad que asume, que exija autonomía y que no le tiemble la mano para aplaudir el uso correcto de los recursos públicos o para denunciar el dispendio y la opacidad.

La acusación contra González de Aragón

En los próximos días, el auditor podría ser sancionado o amonestado por incurrir en lo que él precisamente decía combatir, conflicto de intereses, casi tres años después de que la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados dictaminara que es responsable de ese delito, el cual le fue imputado en la LIX Legislatura por el diputado panista Ángel Pasta Muñuzuri.

La Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados –jefe directo del funcionario–, procederá después de que le fue notificado el desistimiento al juicio de amparo promovido por González de Aragón en 2007, ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

El auditor decidió desistirse del juicio de amparo –que lo protegía de la amonestación–, cuando presentó el resultado de la revisión de la cuenta pública correspondiente a 2006.

Y es que de acuerdo con el expediente UEC/DECGA/01/2006, que sigue la UEC, González de Aragón es “administrativamente responsable” de conflicto de intereses, pues no informó a la Cámara de Diputados que durante el periodo 2001-2003, él y sus hijos Gerardo, Javier y Arturo González de Aragón Rodríguez fiscalizaban las mismas dependencias gubernamentales: el primero desde sus oficinas de la ASF; sus herederos, desde el despacho familiar.

Según indica el documento, González de Aragón no cumplió con la “máxima diligencia” de informar por escrito a la Cámara de Diputados, que entre las dependencias objeto de revisión y fiscalización en los “Programas de auditorías vistas e inspecciones 2001, 2002 y 2003, habían sido seleccionadas aquéllas que de manera constante y común eran clientes de la firma González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, SC”.

La omisión del auditor, dice el expediente, causó “deficiencia” en el servicio encargado por la Cámara de Diputados y no cumplió con la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Además, provocó sospecha entre los legisladores, pues en las auditorías de 2001 a 2003, él máximo órgano fiscalizador no encontró irregularidades que ocasionaran daño al erario en la revisión de las cuentas de la Presidencia de la República, quienes también figuran como clientes del despacho familiar.

El negocio de los González de Aragón

En la cartera de clientes del despacho González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos –del que el auditor superior fue socio fundador por 16 años, y ahora dirigen sus hijos Gerardo, Javier y Arturo González de Aragón Rodríguez, junto con el contador Juan Rodríguez Flores–, la Presidencia de la República, es una de las entidades gubernamentales que durante todo el sexenio foxista solicitó los servicios de la firma familiar. Casualmente, durante el periodo 2001-2003, cuando Fox era el presidente, el auditor superior de la Federación no encontró irregularidades que ocasionaran daño al erario en la revisión de las cuentas de la Presidencia de la República.

Ante esta situación, el abogado Jesús González Schmal –presidente de la Comisión Especial que investigó las irregularidades en negocios de los hijos de Marta Sahagún, durante la LIX Legislatura–, señala que la Comisión de Vigilancia debería inhabilitar a González de Aragón en el cargo, pues quedó demostrado que sus “hijos utilizan el nombre de su despacho para hacer negocios con entidades del sector público, al mismo tiempo que él audita al mismo sector”.

González Schmal agrega que si el auditor no toma la decisión de renunciar, “lo menos que debería hacer la Comisión es inhabilitarlo por la incompatibilidad del cargo con sus actividades profesionales de carácter familiar”. A finales de 2007, el hijo menor del auditor, Gerardo González de Aragón Rodríguez defendió a su padre, pues, dijo, “él dejó la dirección de la empresa una vez que asumió la titularidad de la ASF”. Pero la verdad es que se hicieron muchos negocios al amparo de la Auditoría.