Por ser el petróleo un asunto de seguridad nacional, el presidente  Felipe Calderón ordenó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) investigar el robo de combustible en Petróleos Mexicanos; los vínculos de algunos funcionarios de esta empresa petrolera con bandas del narcotráfico, principalmente el grupo conocido como los Zetas; las transferencias de cientos de millones de dólares a cuentas bancarias abiertas por servidores públicos en Francia y Estados Unidos, y el problema mayor que es la corrupción petrolera.

Apenas la semana pasada comentábamos en este espacio la pugna que hay entre el PAN y el PRI por el control de esa empresa paraestatal, lo que ha llevado a un enfrentamiento entre su director general Jesús Reyes Heroles con el director corporativo de administración Rosendo Villareal, el primero calificado como priista y el segundo máximo representante del PAN en la principal empresa del Estado. 

Las acciones judiciales emprendidas hace unos días por la Procuraduría General de la República y las secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública en instalaciones de la torre de Pemex, en el Distrito Federal, en donde aseguraron varias oficinas para resguardar equipo de cómputo y documentos de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física, la cual es responsable de la vigilancia de las instalaciones petroleras, sobre todo evitar la ordeña de combustibles en los ductos.

Pero esa gerencia bajo el control de Rosendo Villareal no vigila sólo los ductos, en donde al parecer varios funcionarios estaría involucrados con el robo de combustibles y de supuestos vínculos con el crimen organizado, también realiza labores de espionaje a la misma oficina del director general de Pemex, entre otros directivos, bajo el argumento de que Reyes Heroles es priista y traiciona a la administración de Felipe Calderón. Obviamente estas versiones salen de las mismas oficinas del partido en el poder y de un grupo de panistas trasnochados y reaccionarios que quieren apoderarse de la principal empresa del Estado para ver qué negocios realizan.

Pocas veces la paraestatal petrolera emite comunicados de prensa relevantes y esta vez lo ha hecho para informar sobre estos operativos policiales que han sido ordenados desde la misma Presidencia de la República. Habrá que esperar a ver los resultados, pues no sería la primera vez que inician investigaciones y cuando descubren a los responsables de cometer actos ilícitos, dan marcha atrás por tratarse de funcionarios de alto nivel o destacados miembros del PAN.

El robo de combustibles

Hace un  año esribí en este espacio como a finales del gobierno de Vicente Fox se había agudizado en Petróleos Mexicanos el robo de combustibles a gran escala y en todos los casos la comisión del delito apuntaba a altos funcionarios de esa empresa petrolera coludidos con bandas delincuenciales. Era tal el problema, comentaba en aquella ocasión, que en las investigaciones participaban los órganos de seguridad nacional del Estado: el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad Pública y la Segunda Sección de la Secretaría de la Defensa Nacional (Inteligencia Militar).

Sin embargo, nada se logró en aquella ocasión, por lo cual el entonces presidente de la República ordenó crear una unidad de inteligencia al interior de la paraestatal y responsabilizó para ello a la Dirección Corporativa de Administración de Pemex, a cuyo encargo estaba Octavio Aguilar Valenzuela, quien era hermano de aquel polémico vocero presidencial Rubén Aguilar, lo que permitía a Vicente Fox mantenerse informado directamente, pues el presidente desconfiaba de los órganos de inteligencia del Ejército y de Gobernación.

Antes de dejar el puesto, Octavio Aguilar y su pequeña unidad de investigación lograron integrar varios archivos muy bien documentados, con nombres y apellidos de servidores públicos involucrados en el robo de combustibles, sus nexos con el crimen organizado y las regiones en todo el país en donde operaban las bandas delincuenciales. Ahora, en el gobierno de Calderón, quien ocupa el cargo que antes era de Octavio Aguilar es Rosendo Villareal, quien ha creado su propio mini Cisen al interior de la empresa para espiar a sus contrincantes políticos.

Pero extrañamente aquellos expedientes muy bien integrados y que fueron entregados a Los Pinos, a la PGR y a la Secretaría de la Función Pública desaparecieron misteriosamente, sin que nadie haya sido sancionado, procesado judicialmente o amonestado por ese grave delito.

Ahora nos enteramos que en esos archivos aparecían como presuntos involucrados los nombres de algunos funcionarios de la empresa petrolera, así como varios militares retirados del Ejército Mexicano, quienes eran los responsables de vigilar instalaciones petroleras, ductos, refinerías y centros de operación de la paraestatal petrolera.

Al iniciar hace más de dos años el gobierno de Felipe Calderón y ante la crisis de credibilidad que enfrentaba por los dudosos resultados electorales, el presidente se atrincheró con las fuerzas armadas y las responsabilizó de la seguridad pública, con la consigna de combatir al crimen organizado, aunque en el fondo lo que hacía era protegerse de cualquier protesta social generalizada. Esto haría imposible que este nuevo gobierno intentara siquiera darle seguimiento a cualquier expediente que involucrara a algún miembro del Ejército Mexicano en el delito de robo de combustibles a Pemex.

Según cálculos del ex director general de Pemex Refinación y actual senador panista, Juan Bueno Torio, ese delito del desvío de gasolinas causa daños patrimoniales anuales por 12 mil millones de pesos; aunque según especialistas y otros funcionarios de la paraestatal petrolera aseguran que el dato que da Bueno Torio es muy conservador, pues se estima el robo de combustibles en unos 50 mil millones de pesos cada año.

El doble discurso de EU

El gobierno de Estados Unidos mantiene un doble discurso respecto a México. Mientras Hillary Clinton simula escuchar y hacer eco de las demandas de organizaciones internacionales de derechos humanos, los encargados en su país de la lucha contra el narcotráfico guardan silencio y parecen complacidos con la decisión del gobierno mexicano de impulsar la participación de las fuerzas castrenses. 

La organización Human Rigths Watch para las Américas envió el pasado 14 de julio una carta a Hillary Clinton, secretaria del Departamento de Estado del gobierno estadounidense, para solicitarle que no certifique a México en la lucha contra el narcotráfico y que no se liberen los recursos del Plan Mérida si se mantiene la violación de los derechos humanos entre la población civil por parte de las fuerzas armadas. No obstante, el mensaje que envió el zar antidrogas de Estados Unidos, Gil Kerlokowske, resultó contundente: al gobierno de Barack Obama parece no importarle el tema mientras México siga persiguiendo a los capos de la droga. Al menos así lo observan analistas en temas de seguridad nacional como la cosultora Stratfor, Global Intelligence. 

Para los analistas de la firma, reconocida por su influencia en temas de geopolítica internacional, Kerlokowske mantuvo un revelador silencio sobre el tema. Si bien durante la visita del director de la Oficina de Políticas Antidrogas del gobierno estadounidense, se analizaron y reconocieron los esfuerzos conjuntos contra los cárteles de narcotraficantes, la militarización nunca se analizó, al menos no públicamente.

En un amplio reporte enviado a sus clientes este 29 de julio, los analistas de la firma estadounidense reconocen que si bien Kerlokowske exhaltó los esfuerzos de México contra el narcotráfico, nunca mencionó la participación de fuerzas militares a pesar de que organizaciones de derechos humanos y algunos grupos políticos han cuestionado este hecho.   

La organización Human Rights Watch obtuvo información a través de la Comisión del Consejo de Derechos Humanos en la ONU sobre nueve sentencias en contra de miembros del Ejército Mexicano, información guardada celosamente por tratarse de resoluciones de tribunales castrenses, otro hecho que mantiene preocupados a los vigilantes, dentro y fuera del país, del cumplimiento del respeto  de los derechos fundamentales de los mexicanos.

El tema cobra mayor relevancia al tomarse en cuenta que se trata de grupos vulnerables, los que se ven afectados por los abusos de miembros del Ejército. Hablamos de mujeres, indígenas y niños. Si para ellos la justicia civil tarda en llegar o nunca lo hace, ¿qué se puede esperar, entonces, de tribunales militares que, prácticamente, se autogobiernan?

Se trata, pues, de temas fundamentales para el país. En México, los representantes de Human Rights Watch han solicitado a la Secretaría de Gobernación información detallada sobre estos casos. ¿Cómo se integraron los expedientes? ¿Si se trata de sentencias definitivas o apelables? ¿Cuántos militares están detenidos? ¿Se trata de violaciones a los derechos humanos?    

Tanto México como Estados Unidos están obligados a respetar las disposiciones de los tratados internacionales que ambos gobiernos han firmado ante la ONU. Por ello preocupa el doble discurso de EU. ¿Cuál será la posición de México?

Para Stratfor resultará mucho más relevante que el embargo de los fondos del Plan Mérida, la posición que tome el gobierno de Felipe Calderón, quien ha asegurado que la militarización de los esfuerzos contra el narcotráfico responde a una estrategia temporal, mientras que se aprueban reformas legislativas hacia el 2012, como la que se prevé para la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Mientras tanto, en el Senado el tema promete convertirse en una papa caliente, por lo que legisladores del PRI y del PRD parecen adelantarse al debate, al asegurar que resulta urgente sacar de las calles al Ejército.

El senador Manlio Fabio Beltrones advirtió, a través de un punto de acuerdo respaldado por los perredistas en voz de Graco Ramírez, que los militares deben volver a los cuarteles y que se tienen que acelerar las reformas para la operación de una policía civil honesta y sin infiltraciones del crimen organizado.

Hoy Calderón tiene el reto de demostrar que su gobierno no se enfrenta a un Estado fallido y que puede desprenderse de la carga política y social de emplear indiscriminadamente al Ejército para combatir al crimen organizado, aún a costa de la población civil. El riesgo, por lo tanto, es muy alto. 

Pero el doble discurso se sostiene también a nivel interno y en los hechos, Graco Ramírez reveló a la prensa que se reunió con el comandante en jefe de la región militar de Michoacán, quien habría revelado que no recibió instrucciones de sus superiores para coordinarse con el gobierno michoacano de Leonel Godoy.

El debate está sobre la mesa y si bien no es un tema nuevo, la consultora Stratfor asegura que las decisiones que tome Calderón y el análisis de la situación tendrá que llevarlo forzosamente a una transformación en su lucha contra el narcotráfico.

Con la aplicación de más de 35 mil efectivos militares hacia finales de 2008, Stratfor califica como «víctima de su propio éxito» al Ejército. La posibilidad de que ampliaran su participación ocupó y preocupó a la opinión pública. Después, tras el deterioro de las condiciones de seguridad y calidad de vida de los ciudadanos, el Ejército se encuentra en el ojo del huracán.

Pero mientras el Congreso y a Suprema Corte de Justicia mantiene el debate sobre la participación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico, Stratfor asegura que los militares mexicanos lo han hecho bien y que por ahora el gobierno mexicano sólo cuenta con esta herramienta para contrarrestar a la delincuencia organizada en tanto no se resuelva la reforma al sistema judicial.

Sin embargo, igual que a los gobiernos de México y Estados Unidos, a Stratfor tampoco le preocupan mucho los derechos humanos.