El escándalo desatado por Juan Camilo Mouriño con los seis contratos que firmó con Petróleos Mexicanos por casi 100 millones de pesos al mismo momento que se desempeñaba primero como legislador y después como servidor público en la Secretaría de Energía, lo menos que revela es un claro conflicto de intereses y quizás hasta un posible tráfico de influencias para beneficiar a su empresa familiar.

El punto ahora es qué hará Felipe Calderón al quedar al descubierto los contratos que sin licitación de por medio obtuvo su cercanísimo colaborador Juan Camilo y que firmó como representante de su empresa Ivancar con Petróleos Mexicanos, porque si el presidente decide mantenerlo al frente de la Secretaría de Gobernación y correr el riesgo por su amigo a pesar de las pruebas en su contra, sin duda aumentará el descrédito gubernamental y dará más argumentos a la oposición para demostrar que este gobierno panista además de corrupto lo único que busca es enriquecerse con dinero público, pues al final el PRD podrá demostrar con la ley en la mano que Juan Camilo cometió faltas administrativas y seguramente hasta delitos penales por su dualidad de funcionario público y empresario.

Pero vamos a revisar los hechos ocurridos en las últimas semanas antes de que la reportera Ana Lilia Pérez diera a conocer por primera vez en la revista Contralínea los contratos que Mouriño firmó con la subsidiaria Pemex Refinación para la transportación de productos petrolíferos: dos meses antes de dicha publicación, ocurrida el pasado 15 de febrero, la reportera solicitó a través del área de comunicación social de la Secretaría de Gobernación una entrevista con Juan Camilo para que explicara su proceder y la respuesta fue que no había sido autorizada por el secretario, aún cuando éste fue advertido de los contratos petroleros en poder de la periodista y cuya información se haría pública. En Gobernación decidieron que era mejor guardar silencio y esperar que el asunto se olvidara, pero contrario a lo que apostaron los asesores del secretario, el caso empieza a subir de tono y los legisladores del PRD presentarán una denuncia penal por diversos delitos en contra de Juan Camilo.

Por eso ahora extraña la respuesta que Mouriño dio apenas la semana pasada, casi 15 días después de la primera publicación de Contralínea y en respuesta a las declaraciones que hizo en su contra Andrés Manuel López Obrador, cuando Juan Camilo dice que “resulta inmoral y doloso afirmar que las operaciones de dicho negocio son producto de las responsabilidades públicas que yo he ocupado en el pasado reciente”, y agrega en su defensa que “resulta mezquino que se me acuse de beneficiarme económicamente de la política, cuando fue justamente la política la que me motivó a renunciar a un patrimonio legítimo, producto del esfuerzo personal y familiar”. Bienvenido a la política, Juan Camilo.

Sin aceptar preguntas de la prensa y para evitar alguna confrontación con quienes el secretario llama sus “detractores”, Mouriño sentencia que “no perderé el tiempo debatiendo públicamente con mis detractores. Hoy tengo a mi cargo responsabilidades muy importantes para el país que no merecen distracción alguna”.

Es decir Juan Camilo no está dispuesto a discutir por qué firmó dichos contratos cuando se desempeñaba como funcionario de la Secretaría de Energía y la simple razón es que no tiene argumentos de defensa por más tiempo que se tome para asimilar lo que ocurre o, inclusive, ni sus múltiples asesores le han podido dar argumentos legales para salir del problema.

La información obtenida por la reportera Ana Lilia Pérez, tal y como lo explica en su investigación publicada en Contralínea, guardado en una caja abandonada que tenía en su poder la comisión del Congreso que investiga el tráfico de influencias de la familia Bribiesca y que le fue entregado a finales del sexenio pasado por funcionarios de Petróleos Mexicanos cuando el grupo de legisladores le solicitó toda la información en torno a la empresa Oceanografía, para determinar los vínculos que ésta tuvo con los hermanos Bribiesca Sahagún, tal y como lo reveló en su oportunidad el mismo Manuel Bribiesca y el exdirector general de Pemex, Luis Ramírez Corzo.

Evidentemente que en aquellos años nadie más allá de su familia hubiera apostado por Felipe Calderón para ocupar la silla presidencial, así que la información solicitada por la comisión del Congreso a Pemex fue de inmediato atendida y nadie reparó en aquel momento que en los archivos entregados aparecía uno que contenía los 9 contratos sin concursar que había asignado Pemex Refinación a una empresa privada llamada Ivancar y mucho menos que seis de esos contratos habían sido firmados por el mismo Juan Camilo Mouriño Terrazo, quien en aquel momento ni aparecía en la escena política aun cuando ya se había desempeñado como diputado federal por el PAN y coordinador de asesores del secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa.

Pero esos archivos cobrarían relevancia años después, cuando Mouriño se convirtió en el número dos de Los Pinos y después en el responsable de la política interna del país al ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobernación. Al menos así lo entendió el equipo que trabaja con Andrés Manuel López Obrador, quien el mismo día que salió la investigación periodística de Ana Lilia Pérez en Contralínea, un asesor de “El Peje” se comunicó con la reportera para pedirle si podía mostrarle alguno de los contratos que la revista traía publicados en su portada, a lo cual accedió porque una vez publicada la información ya es del dominio público y cualquiera que solicite alguna información a Contralínea se le proporciona.

Las gestiones de Mouriño en Pemex

Bajo este título, Ana Lilia Pérez publicó el mes pasado su investigación en donde revela que los contratos asignados por Pemex Refinación a la empresa Transportes Especializados Ivancar SA de CV (TEISA), propiedad de la familia Mouriño, fueron firmados por Juan Camilo en el periodo en que se desempeñaba como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y después con coordinador de asesores de Felipe Calderón, lo que supone conflicto de intereses en Pemex del hoy secretario de Gobernación.

En 2003, cuando se integró como asesor del entonces titular de la Secretaría de Energía (Sener), Felipe Calderón Hinojosa, los montos que obtuvo Ivancar en Pemex se incrementaron en un ciento por ciento. En el periodo en que Calderón lo nombró su vicecoordinador de la campaña presidencial, su compañía obtuvo, por primera vez, un contrato multianual de carácter transexenal por casi 40 millones de pesos, que concluirá hasta el próximo 31 de diciembre. Ni uno sólo de los contratos que Refinación ha otorgado a Ivancar ha sido sometido a licitación pública.

Un nuevo reportaje de Ana Lilia Pérez y que empezará a circular este lunes en la portada de la revista Contralínea, da cuenta de cómo el mismo presidente de la República, Felipe Calderón, y sus amigos y colaboradores Juan Camilo Mouriño y César Nava, este último su secretario particular, atendieron peticiones petroleras del empresario Amado Yánez Osuna, principal accionista de la empresa Oceanografía, cuando los tres trabajaron en la Secretaría de Energía durante el sexenio donde Vicente Fox ocupó la silla presidencial.

El reportaje en cuestión revela que en 2004, Amado Yáñez Osuna cabildeó con el entonces secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, y con Juan Camilo Mouriño y César Nava millonarios contratos petroleros, según revela un expediente que Pemex entregó a una comisión especial de legisladores.

Documentos remitidos en 2004 por directivos de Oceanografía a Juan Camilo Mouriño Terrazo –actual secretario de Gobernación y entonces asesor del secretario de Energía, Felipe Calderón– revelan reuniones privadas y envío de documentos entre directivos de Oceanografía con funcionarios gubernamentales por el arrendamiento de un barco grúa en Pemex Exploración y Producción (PEP).

Tras declarar desierta la convocatoria, la filial de Petróleos Mexicanos (Pemex) adjudicó directamente el contrato 418235843 a la naviera. El asunto no es menor: con dicho contrato como única garantía, Oceanografía obtuvo un sospechoso crédito del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), en donde los directivos de la empresa obtuvieron más de 60 millones de pesos del banco mediante cuatro facturas supuestamente apócrifas, presentadas por Amado Yáñez Osuna, accionista principal de la naviera.

Los vínculos de Mouriño con Amado Yáñez

La relación de amistad entre Amado Yáñez con Juan Camilo Mouriño se inició hace muchos años en Campeche, cuando Leonardo Olavarrieta, amigo de Juan Camilo desde la infancia y actual director general adjunto de Oceanografía, los presentó y ha sido el responsable de estrechar aún más esa relación desde que su amigo arribó a Los Pinos junto con el presidente Felipe Calderón.

En el expediente entregado por Petróleos Mexicanos (Pemex) a una comisión de legisladores de la Cámara de Diputados, figura junto con otros expedientes que contienen actas de licitaciones públicas y oficios firmados por directivos de la compañía Oceanografía, un oficio remitido desde Ciudad del Carmen (sede de la naviera) por el director general adjunto de Oceanografía, Leonardo Olavarrieta, a Juan Camilo Mouriño en la Secretaría de Energía (Sener), el 5 de marzo de 2004, enviado vía fax a los números telefónicos privados de la oficina del secretario (015550006087 y 015550006096).

Cita el documento:

“Anexo acta de fallo de la licitación 18575035–025–03 (que) fue declarada desierta y en este momento se encuentra en inconformidad por la compañía Construcciones Integrales del Carmen SA de CV. Saludos”.

La licitación referida, emitida en 2003 por la Subdirección de la Coordinación de Servicios Marinos de PEP para la “rehabilitación y mantenimiento de plataformas marinas con apoyo de una embarcación con posicionamiento dinámico”, se declaró desierta el 6 de febrero de 2004 porque ninguna de las propuestas era viable. En ese proceso licitatorio participaron la misma Oceanografía, Construcciones Integrales del Carmen (CICSA), Representaciones y Distribuciones Evya, y Servicios Marítimos de Campeche (SMC).

Las actas del fallo de la licitación fueron enviadas por Olavarrieta a Mouriño junto con los oficios de PEP (fechados el 27 de enero de 2004), en los que la paraestatal petrolera notifica a Oceanografía porqué su propuesta fue desechada. Enterado Mouriño del caso, semanas después PEP le otorgó el contrato a la naviera en forma directa.

Hacia julio de 2004, PEP nuevamente concursó la licitación No. 18575108–030–04. Participaron otra vez Oceanografía, CICSA, SMC, Cotemar, Condux, Naviera Armamex, Instalaciones Electromecánicas Civiles y Eléctricas, Berry Contracting, Construcciones y Trituraciones, Constructora y Arrendadora México, Constructora Subacuática Diavaz y Consultoría y Servicios Petroleros. Una vez más la licitación se declaró desierta.

Tras el fallo, Condux se inconformó ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), la cual determinó vicios en la licitación como la cuantificaron de forma errónea de las propuestas económicas para declararla desierta, en contravención a la ley. Cuando el concurso aún estaba bajo indagatoria, el 16 de octubre de 2004 funcionarios de la paraestatal iniciaron el proceso de adjudicación directa DOCSM–095–04.

El 13 de mayo de 2005 el subdirector de PEP, Héctor Leyva Torres; el gerente de Mantenimiento Integral, José Guadalupe de la Garza Saldívar, y el gerente de Administración y Finanzas, Flaviano Rodríguez Marcial, formalizaron con Oceanografía el contrato 418235843, por 676 millones de pesos y 27 millones de dólares, para el arrendamiento del barco Caballo de Trabajo, del 15 de mayo de 2005 al 31 de diciembre de 2007.