La reforma judicial se negocia en México, pero se aprobará con la anuencia del gobierno de Estados Unidos, pues no es una novedad que los cambios al sistema de justicia se diseñen en Washington. Documentos del Congreso estadounidense, que ya hemos citado en este espacio (17 de diciembre de 2007, Reforma Judicial Made in USA) dan cuenta de ello. Más de una decena de gobiernos estatales han recibido asesoría directa del Congreso, del Departamento de Justicia y, por supuesto, del Ejecutivo de ese país. Ufanos, los estadounidenses documentan que han sido ellos, nadie más, quienes impulsan los juicios orales; la única opción, dicen, para erradicar la corrupción que mina a muchos jueces que deciden, reprochan los estadounidenses, casi de manera personal si se libera o no a un narcotraficante.

En Estados Unidos, sin embargo, las cifras y datos sobre el ritmo de las actividades ilícitas también ponen en tela de juicio la efectividad de su sistema judicial, pero sobre todo en la prevención de delitos. Con un gasto superior a los 65 mil millones de dólares en drogas, los estadounidenses exhiben una gran cantidad de delitos asociados al narcotráfico: corrupción gubernamental y corporativa, por ejemplo.

En la década de los cincuenta, la mafia siciliana (La Cosa Nostra) infiltró las estructuras corporativas y gubernamentales de Estados Unidos: compañías de carbón, sindicatos (los propios Teamsters que hoy se oponen al ingreso de los transportistas mexicanos por considerarlos peligrosos), las agencias de automóviles, la industria del juego, la de alimentos, el sector turístico y restaurantero, el inmobiliario y la construcción.

Una nueva mafia, sobre todo, vinculada con delitos de cuello blanco, amenaza a esta sociedad, más pendiente de los problemas de México que de los propios.

La Oficina de Decomisos de la Procuraduría de Justicia del Distrito Sur de Nueva York reportó recientemente haber incautado a organizaciones criminales más de mil 100 millones de dólares. Delitos vinculados con la corrupción en el sector público, corporativo; tráfico internacional de narcóticos; contrabando de arte y antigüedades y, por supuesto, ahora el juego por internet.

Entre los casos que atendió esta unidad de procuración de justicia del gobierno estadunidense se encuentra el del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, y el de su operadora financiera, la exejecutiva de la casa de bolsa Lehman Brothers, Consuelo Márquez.

Con una pena de 10 años, Márquez fue condenada por el delito de lavado de dinero, un caso que las autoridades de Estados Unidos utilizaron para demostrar que ese país no tolerará que el dinero sucio se filtre a sus circuitos financieros. Entre 2004 y 2007, la también exempleada de Serfin lavó más de 15 millones de dólares en recursos procedentes del narcotráfico y, por supuesto, del pago de favores. Las autoridades estadounidenses, sin embargo, recuperaron al final más de 18 millones de dólares, gracias a los intereses, algo similar a lo que sucedió con los recursos depositados en cientos de cuentas por Raúl Salinas de Gortari, los cuales pasaron de 105 a 130 millones.

Las cuentas que abrió Villanueva Madrid con recursos que obtuvo por permitir el tráfico y comercialización de estupefacientes en Quintana Roo, en el sureste del país, se depositaron en cuentas domiciliadas en Islas Vírgenes Británicas. El caso de Márquez y el exgobernador Villanueva sólo demuestra que nunca se investigó hasta qué punto autoridades de alto nivel de la capital financiera de Estados Unidos estuvieron involucradas.

Tampoco se documento cómo es que Banamex permitió que, de manera inicial, el dinero se depositara en sus cuentas y casi de manera anónima, sin que ello generara algún reporte de prevención al combate del banqueo de capitales. Para transferir los recursos de Mario Villanueva, Marquez utilizó un esquema contemplado por Lehman Brothers, clasificado como “clientes especiales”, que le permitió mantener en secreto el nombre del exgobernador y así evadir por varios años la acción de la justicia.

Delitos de cuello blanco

Pero más allá del narcotráfico, la sociedad y el gobierno estadounidense, al igual de lo que ocurre en México, está inmersa en una ola de corrupción y complicidad gubernamental. La crisis de las hipotecas subprimas (con alto nivel de riesgo) también ha tenido su origen en las prácticas ilícitas y en la decisión de muchos grupos sociales de defraudar a los generadores de hipotecas y a los bancos, más allá de los problemas estructurales de la economía.

El escándalo de la compañía Adelphia, en cuyos estados contables se descubrió en 2003 un alud de créditos personales por más de 2 mil 300 millones de dólares, se equiparó sin problema alguno al del corporativo Enron. El caso de esta compañía de cable, de hecho la más importante de Estados Unidos en ese momento, demostró que el nepotismo y el egocentrismo de los accionistas de una compañía que cotizaba en el mercado de valores pusieron en jaque a los inversionistas y ahorradores. John y Timothy Rigas, los accionistas de esta firma, fueron hallados culpables de fraude con una sentencia de 30 años.

Junto con otros casos como el de Refco, una empresa que se llegó a considerar una de las compañías de corredores de bolsa más grande del mundo, el caso de Adelphia ilustra porque la economía estadounidense está sumergida en una crisis de confianza.

Hace apenas unos días, el expresidente de Refco, Philip Benett, se declaró culpable de fraude y lavado de dinero en cortes de Nueva Cork, luego de que ocultó pérdidas en la operación de la firma por al menos 500 millones de dólares y que derivó en números rojos en los mercados de valores de Estados Unidos por 2 mil 400 millones de dólares. Ahora un fondo por 715 millones de dólares se constituyó para responder a los afectados, pero el caso de Refco simplemente se ubica entre las cuatro quiebras más grandes de la historia estadounidense, y muy poca difusión se le da.

El caso del fondo Bayou no es menos ilustrativo: un fraude bursátil por 450 millones de dólares que confirma porque ahora los mercados de Estados Unidos están inmersos en una debacle. El punto es que en Nueva York las autoridades judiciales recuperaron al menos mil millones de dólares que se restituirán a los afectados de estos fraudes.

Y a propósito ¿qué sucederá con los 130.7 millones de dólares que Raúl Salinas de Gortari podría recuperar ahora que el juez suizo Paul Perraudin está a punto de firmar la devolución de recursos al gobierno mexicano? Sería una buena idea que el dinero se reintegrara a las arcas públicas, pues si recordamos fueron millones de contribuyentes quienes pagaron sus impuestos en la época en que Raúl Salinas de Gortari cobraba comisiones a todo aquel que quería obtener contratos con el gobierno federal. Eso, por sugerir lo mínimo.

Corrupción gubernamental y política

El donador del Partido Demócrata de origen asiático, Norman Hsu, también forma parte del archivo negro de los políticos estadounidenses. Se trata de un inversionista en la industria del software y hardware que defraudó a inversionistas con más de 60 millones de dólares y que armó un fondo bajo el argumento de que el Partido Demócrata les exigía contribuciones para las campañas políticas.

Hasta ahora la policía neoyorquina sólo ha recuperado 4 millones de dólares, mientras los demócratas guardan silencio. Hsu, sin embargo, tenía un as bajo la manga cuando decidió depositar en la cuenta de Hillary Clinton, quien aún busca la candidatura demócrata rumbo a las elecciones del próximo año.

Ese escandaloso fraude que se anidó en el programa “humanitario” de Petróleo por Alimento, luego de la intervención de las fuerzas militares de Estados Unidos en Irak, también puso de manifiesto la corrupción que mina a las estrategias militares de ese país. Las compañías involucradas en el caso son IHC Services, Eurest Support Services y Compass Group. Sin embargo, se estima que son más de 4 mil 400 compañías las que participaron en la escalada de sobornos para obtener petróleo que al final benefició al régimen de Sadam Hussein. Ahora los estadounidenses culpan a la ONU de la escasa vigilancia a este programa.

Lo anterior sólo ilustra la corrupción a gran escala que se anida en Estados Unidos, así que nada tiene el gobierno de George Bush que criticar a México por la corrupción gubernamental y privada que aquí es un escándalo cuando su sociedad también está podrida.

Pemex, licitación amañada de buquetanques

Y ya que hablamos de la corrupción corporativa y gubernamental, una perla que ilustra como andan en México las cosas es lo que sucedió en Pemex Refinación, en donde en el mayor de los sigilos la subsidiaria de Petróleos Mexicanos incumplió con una convocatoria hecha hace un año para transparentar el proceso de renovación de su flota marina. Se trata de una omisión en las bases de la licitación pública internacional 18576018-022-07 para el arrendamiento con opción a compra de cinco buquetanques, circunstancia que impide la participación de empresas que pretendían construirlos.

El “error” en la licitación pública internacional para renovar la flota marina de Pemex Refinación, involucra nada más una cifra de dinero por 4 mil 675 millones de pesos, lo cual deja fuera de la competencia muchas empresas mexicanas que pretendían construir las embarcaciones. Los arrendamientos de buquetanques seminuevos se darán en detrimento de su propia vida útil, además de beneficiar a las compañías que los tienen armados desde 2005.

Se trata de la supresión del punto 13.1 que, sin embargo, sí se cita en la convocatoria publicada el 27 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación y en el portal Compranet. Dicho capítulo regía la ventana temporal para la entrega de las embarcaciones, acordada en las prebases y en el modelo de las bases en un año tres meses después de la firma del contrato.

Al eliminar este plazo, la competencia se dará únicamente entre las empresas que poseen buquetanques construidos desde 2005 y hasta agosto de 2008, aun en detrimento de su propia vida útil.

En estos términos, entre las compañías que se perfilan para ganar la licitación destacan las trasnacionales Daewoo y Mitsui. También las mexicanas Blue Marine y TMM (Grupo Transportación Marítima Mexicana).

La primera es presidida por Antonio Juan Marcos Issa, excoordinador de asesores de los los exdirectores generales de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy y Raúl Muñoz Leos; mientras que el director de TMM es Fernando Sánchez Ugarte, quien a principios de diciembre del año pasado renunció a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e inmediatamente se contrató con dicho grupo.

El “error” en las bases se da pese a que el director general de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles, se comprometió a garantizar la transparencia en este proceso, que concluirá el próximo 22 de abril. La licitación pública involucra alrededor de 4 mil 675 millones de pesos: el costo del arrendamiento por cada buquetanque se calcula en 85 millones de dólares.