La semana pasada el diario La Jornada dedicó su editorial del último día del año 2007, a la impunidad que el gobierno de Felipe Calderón concede a la familia Bribiesca Sahagún y a sus cómplices, bajo el titulo “Caso Bribiesca: justicia cosmética”. Ese mismo día, con aviso en primera plana, también destacó una nota del reportero Alfredo Jiménez, en donde da cuenta de que “la Procuraduría General de la República prepara un pliego de consignación para pedir a un juez federal la aprehensión de Amado Omar Yáñez Osuna, presunto socio de los hermanos Bribiesca Sahagún, quien está relacionado con la empresa Oceanografía –que obtuvo contratos millonarios de Petróleos Mexicanos–, debido a un presunto fraude fiscal que alcanzaría 8 millones de pesos, revelaron fuentes gubernamentales”.

La información de La Jornada sobre ese empresario vinculado a los hermanos Bribiesca y a su tío Guillermo, hermano de Marta Sahagún de Fox –relación estrecha y de la cual hemos dado cuenta en este espacio, tal y como lo reconoció en dos entrevistas el mismo Manuel Bribiesca–, precisa que el caso penal en contra de Amado Yáñez consta en la averiguación previa UEIDFF/FISM06/237/2007, derivado de una querella que presentó el director general de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal de la Federación, Víctor Manuel Martínez Contreras, la cual fue turnada al área de delitos fiscales de la PGR el 4 de julio de 2007. Junto con el empresario Amado Yáñez también es acusado uno de sus empleados, Hermilio Escobedo Obrador.

Caso parecido al de Amado Yáñez Osuna, acusado por delitos fiscales, es el de aquel temido mafioso italiano, Alfonso Capone, nacido en Nápoles y que mediante negocios sucios acumuló en Estados Unidos una enorme fortuna en las décadas de los 20 y 30, a pesar de lo cual el FBI nunca pudo demostrar su participación en algún hecho delictivo, hasta que en 1931 fue detenido bajo la acusación de evadir el pago de impuestos, lo cual lo llevó a prisión.

Al empresario Amado Yánez le sucede lo mismo que a Capone, pues hasta ahora mantiene abiertas diversas investigaciones administrativas, fiscales y penales y ha logrado evadir a la justicia a pesar de los señalamientos en su contra por múltiples irregularidades en negocios en los que se ha visto beneficiado con fondos públicos mediante la asignación de contratos millonarios en Petróleos Mexicanos, en donde según el mismo Manuel Bribiesca Sahagún utilizó a su hermano Jorge y a su tío Guillermo para presionar a funcionarios y directivos petroleros, en un claro delito de tráfico de influencias.

Pero ahora Yáñez Osuna parece que correrá la misma suerte que Capone si es que la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Procuraduría General de la República hacen bien su trabajo y terminan por consignarlo por evadir el pago de impuestos.

Sin embargo ese delito fiscal no es todo, pues el dueño de la empresa Oceanografía también es investigado por la Secretaría de la Función Público, en donde tienen varios expedientes abiertos; por una comisión de la Cámara de Diputados que lo vincula con los hermanos Bribiesca Sahún y el delito de tráfico de influencias; por la Auditoría Superior de la Federación en contratos irregulares otorgados por Peme Exploración; por el Órgano Interno de Control de Pemex, y hasta por el Senado de la República, según lo declaró el mismo legislador Manlio Fabio Beltrones.

En su editorial del 31 de diciembre de 2007, La Jornada analiza que “según información revelada a este diario por fuentes gubernamentales, la PGR está por solicitar a un juez federal la aprehensión de Amado Omar Yáñez Osuna, quien está relacionado con la empresa Oceanografía, S.A. –propiedad de los hermanos Bribiesca y beneficiaria de múltiples contratos con Petróleos Mexicanos durante el gobierno de Vicente Fox–, y a quien se le acusa de defraudación fiscal por alrededor de 8 millones de pesos.

“Sin poner en tela de juicio la necesidad de investigar los presuntos negocios ilegales de Yáñez Osuna, hay que advertir que esta acción de la PGR tiene trazas de ser una medida cosmética más del actual gobierno, en el contexto del escándalo derivado de las actividades ilícitas de los hijos de Marta Sahagún.

“A más de un año de gobierno de Felipe Calderón se ha hecho cada vez más evidente la falta de voluntad para emprender una investigación seria y de fondo contra los Bribiesca. Como botón de muestra, baste recordar la desafortunada gestión del actual dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, cuando estuvo al frente de la Secretaría de la Función Pública y manifestó reiteradamente su compromiso con las indagatorias del caso, pero cuya imparcialidad y credibilidad habían quedado en entredicho meses antes, cuando afirmó públicamente que él ‘metería las manos al fuego’ por Vicente Fox”.

Así que habrá que esperar los resultados de esta nueva indagatoria que llevan a cabo Hacienda, la Procuraduría Fiscal y la Procuraduría General de la República en contra de Amado Yáñez por el delito de evasión fiscal y, si se animan las otras entidades públicas, también podría haber más acusaciones sobre uno de los casos de mayor corrupción en la principal empresa del Estado: Petróleos Mexicanos.

Plataforma de Solución Integral

Y ya que hablamos de una buena acción de la Secretaría de Hacienda en contra de un supuesto defraudador fiscal, también hay puntos negros en la actuación del fisco, tal es el caso de una auditoría externa –ordenada por el SAT a KPMG y pagada por la compañía “privada” ISOSA (esa que tantos dolores de cabeza le ocasionó a Francisco Gil Díaz)– en donde se revela que la operación de la Plataforma de Solución Integral, desarrollada por Oracle, es inviable; pese a esto, en 2007 el órgano encabezado por Zubiría Maqueo adjudica a la empresa tres contratos que superan los 50 millones de pesos

En una amplia investigación de la reportera Nancy Flores, de la revista Contralínea, en donde se da cuenta de que en el primer año de la administración de Felipe Calderón, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) adjudicó directamente tres contratos a Oracle, empresa vinculada con Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo, cuñado del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

El primero es el CS309ADM10006–309, otorgado el 5 de enero de 2007. Éste tuvo por objeto el “servicio de administración de aplicaciones Oracle para AGS” y costó 21 millones 466 mil 255 pesos. Su vigencia, de acuerdo con el portal de transparencia del SAT, concluyó el 5 de marzo del mismo año.

Por el mantenimiento del servicio y actualización por soporte de licencias de Oracle, el SAT pagó 9 millones 999 mil 117 pesos, según consta en el contrato CS309ADA00507–309, signado el 14 de marzo pasado.

El tercer contrato, CS309ADA02607–309, fue adjudicado el 28 de mayo de 2007 y compromete recursos por 19 millones 691 mil 999 pesos. Sin especificarlo, el objetivo se identifica sólo como “Oracle (on the man)”.

Estos nuevos convenios se dan a pesar de los retrasos registrados desde fines de 2006 en el Proyecto de Desarrollo Institucional para la Administración Tributaria, también conocido como Plataforma de Solución Integral.

En febrero de 2007 el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda documentó, a través de una auditoría externa, graves irregularidades en dicha plataforma tecnológica, desarrollada por Oracle, empresa de la que es “socia” Hildebrando, SA de CV, como lo reconoció el propio hermano de Margarita Zavala en una entrevista con el diario La Jornada, el 10 de junio de 2006.

La auditoría practicada por la firma española KPMG a la Plataforma de Solución Integral determina que la operación de ésta es inviable. Entre las “acciones definitivas”, la consultora recomienda al SAT el “rediseño y construcción de componentes diferenciados, para reducir el consumo de recursos”.

Para el financiamiento parcial de la Plataforma –que tiene por objeto aumentar la recaudación con menores costos de operación, mejorar la atención a los contribuyentes y tener mayor control de éstos– la Secretaría de Hacienda obtuvo un crédito del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, dependiente del Banco Mundial, por 52 millones de dólares.

Aunque el costo total se presupuestó en 82 millones, funcionarios del SAT aseguran que ya es superior a 450 millones de dólares (Contralínea, 83). No obstante la inversión, las fallas en que incurrió Oracle, y antes la empresa Peoplesoft, han impedido el cumplimiento de los tres objetivos.

Y es que según la auditoría, Oracle nunca contó con planes de contingencia, capacidad, desempeño ni mantenimiento. “La revisión abarcó la búsqueda de elementos que evidenciaran su existencia, la cual no fue posible establecer. El bajo desempeño e inestabilidad de los aplicativos hace evidente la carencia de éstos”, detalla el informe.

Además, establece que “su rendimiento y desempeño son extremadamente pobres, al consumir gran cantidad de recursos de cómputo, presentar tiempos de respuesta excesivos, inestabilidad en su operación, baja confiabilidad en el manejo de las transacciones y de la información procesada”.

KPMG resuelve que “en las circunstancias presentes se hace inviable su operación y escalabilidad, para atender las necesidades actuales proyectadas del SAT”. La consultora trasnacional indica que la mayoría de las fallas se registran en el componente central del modelo CRM, de Peoplesoft.

De acuerdo con la página electrónica de la Presidencia de la República, el 9 de agosto de 2004, el SAT firmó un contrato por 52 millones de dólares con dicha empresa, relacionado con el proyecto Modernización e Integración de los Sistemas Informáticos.

No obstante, José María Zubiría Maqueo explica que “el contrato firmado con Oracle es por 63 millones de dólares; de ésos, 38.5 se financiaron con el préstamo del Banco Mundial”.

En conferencia de prensa, ocurrida el pasado 17 de septiembre, indica que el proyecto Plataforma es sólo una parte de la transformación del SAT; incluso, sin haber iniciado este proyecto Plataforma, el órgano tenía la obligación de realizar otra serie de mejoras para la administración tributaria: el proyecto Plataforma, la Solución Integral y la Transformación del SAT.

La información de la Presidencia detalla que la Plataforma “pretende unificar las 66 bases de datos en las que actualmente está disperso el sistema del SAT, que permita identificar de forma más eficiente a los contribuyentes y así abatir la evasión de impuestos”.

En el boletín de prensa 4269, el órgano tributario detalla que dicho convenio tiene por objeto la adquisición y ejecución de una plataforma informática que le permita operar sus principales procesos de manera eficiente e integrada.

Agrega que el proceso de selección concluyó el 22 de julio de 2004 y fue dictaminado por un comité de evaluación constituido por personal del propio SAT y miembros externos del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Instituto Politécnico Nacional y Laboratorio Nacional de Informática Avanzada.

Cuatro meses después, el 13 de diciembre, Oracle adquiere el ciento por ciento de las acciones de Peoplesoft, por 7 mil 775 millones de euros. La primera oferta hecha por el tercer fabricante de software en el mundo data de junio de 2003.

De acuerdo con los resultados de la auditoría, desde que fue concebida la arquitectura de referencia, el SAT ya sabía que algunos elementos de la funcionalidad no serían satisfechos por Peoplesoft–Oracle, “por lo que se aprovecharon productos de terceros que complementaron solidamente a la Solución Integral”.

En su informe ejecutivo, el gerente de KPMG, Juan Manuel Rangel Palacios, asegura que, durante la configuración, desarrollos, interfases y ejecución de los aplicativos, Oracle omitió varios aspectos técnicos y arquitectónicos: volumen y tipificación de operadores; tamaño de los componentes; consumo por transacción.

En el apartado Antecedentes, el resumen ejecutivo revela que la operación de los servicios de identificación del contribuyente, ocurrida el 30 de octubre de 2006, congestionó la Plataforma.

Veinte días después de arrancar el proceso de estabilización, “y sin haber alcanzado los resultados esperados, el SAT solicitó a KPMG Cárdenas Dosal hacer una auditoría”. No obstante, la empresa privada Integradora de Servicios Operativos, SA (ISOSA), es la que contrató a la consultora y no el Servicio de Administración Tributaria.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el Fideicomiso Aduanas I, la compañía ISOSA y el SAT quebrantaron el patrimonio público por 10 mil 183 millones de pesos, al omitir enterar el Derecho de Trámite Aduanero durante los ejercicios fiscales de 2001 a 2004.

La cláusula primera del contrato SL–406/05, signado el 16 de noviembre de 2006 y obtenido a través de la Ley de Transparencia, indica que “KPMG e ISOSA acuerdan establecer las condiciones en las que se llevará la relación jurídica existente entre ambas partes, a fin de que KPMG le otorgue a ISOSA los servicios profesionales para la revisión de la Solución Integral, basada en la suite de productos Peoplesoft”.

Por estos servicios, la empresa privada –constituida en 1993 por el entonces subsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y por el actual senador panista Santiago Creel Miranda– pagó 173 mil dólares, descubre la cláusula tercera.