La Secretaría de la Función Pública a cargo del panista Germán Martínez tiene listo el expediente en contra del primer funcionario del gobierno foxista que enfrentará a la justicia federal y principal responsable de los programas sociales para combatir la pobreza en el sexenio anterior, el actuario Juan Antonio Fernández Ortiz, quien durante seis años se sirvió del erario público en beneficio propio sin importar que los recursos estuvieran etiquetados para las zonas de extrema pobreza en todo el país.

Artífice principal en la creación de Amigos de Fox, asociación privada panista responsable de recaudar fondos entre el sector empresarial para la campaña que dio el triunfo al ex presidente y que el IFE determinó que violó las leyes electorales al rebasar los topes de campaña establecidos para el uso de recursos económicos, Juan Antonio Fernández recibió del gobierno foxista como pago a sus servicios la coordinación de aquel programa para apoyo a campesinos denominado Procampo, que nunca sirvió para nada y por el contrario dichos fondos públicos fueron distribuidos bajo cuestionamientos de corrupción y desvío de recursos, y después a finales del sexenio Vicente Fox lo nombró coordinador de su programa estrella de salud denominado Seguro Popular, que hasta la fecha sigue sin funcionar y por el cual ahora es investigado por la SFP por supuestas malversaciones en los recursos destinados para la población más pobre del país.

De acuerdo con el expediente de la SFP las líneas de investigación apuntan a las anomalías descubiertas en el proceso de credencialización, que costó al erario más de 300 millones de pesos, así como a las acusaciones por adquisiciones indebidas, gastos excesivos en viáticos del ex funcionario, de su familia y de sus colaboradores, y también por el eterno delito del servicio público: nepotismo.

Desde principios de 2006 la reportera Erika Ramírez ha dado cuenta en la revista Contralínea de las diversas irregularidades cometidas por Juan Antonio Fernández al frente del Seguro Popular en la licitación pública12161001–004–05, que tenía como objetivo la producción de tarjetas que identificarían plenamente a los afiliados al Seguro Popular.

La convocatoria abierta el 10 de noviembre de 2005 por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) –entonces encabezaba por el también ex coordinador de campaña de los Amigos de Fox– otorgó a la empresa Image Technology un contrato por 324 millones de pesos. Las quejas no se hicieron esperar y el fallo de la licitación a favor  de Image Technology fue impugnado por otro de los concursantes. Las denuncias presentadas ante la Dirección General de Inconformidades de la SFP señalaban que se habían dado todas las ventajas a la empresa ganadora para dejar fuera a los demás interesados, por lo que se abrió el expediente 779/2005.

Sin embargo esa investigación no prosperó, pues el encargado provisional del despacho de la Dirección General de Inconformidades, Mario Alberto Massé Alemán, y la directora de Inconformidades, Martha Cristina Herrera Terrazas, resolvieron que la empresa quejosa carecía de “interés jurídico” y concluyeron en diciembre de 2005 que la inconformidad era “infundada”.

No obstante, las investigaciones revelan que meses antes de que se abriera el concurso para realizar la credencial inteligente Tu Salud, funcionarios del Seguro Popular se reunieron el 1 de diciembre de 2005 con representantes de la empresa que resultó posteriormente resultó ganadora, lo que presume que llegaron a algún acuerdo para otorgarle el fallo a cambio de sobornos.

El 13 de octubre de 2004, Manuel Martínez Olguín, coordinador general del Seguro Popular; Pedro Espinoza Ramos y Rosendo Páramo Ramos, director y subdirector de área, respectivamente, recibieron en las oficinas de la CNPSS a Víctor Hugo Calleja, gerente de desarrollo de la empresa Interlogic, que representaba a Image Technology; Gabriel Pérez, director comercial; Marcelo Damián, director de operaciones de Inbursa; José Samuel Leyva Pérez, líder del proyecto; Juan Meza Iturbide, director, y Arturo Castillo, gerente, para coordinar el plan piloto del Seguro Popular, que se echó a andar en Colima, lo que demuestra las ventajas que había previas a la convocatoria.

Fuentes del Órgano Interno de  Control (OIC) de la Secretaría de Salud confirman que la licitación sólo fue abierta para “formalizar” las negociaciones que se habían dado con antelación.

Investigación abierta

Luego de dar carpetazo a una primera investigación contra el ex amigo de Fox, seis funcionarios de la SFP reabrieron los expedientes del Seguro Popular para investigar a Juan Antonio Fernández Ortiz y a sus colaboradores más cercanos por supuestos actos de corrupción, prácticas de nepotismo, captación de votos y lavado de dinero, entre otras irregularidades.

Es a través del acuerdo 12/1.0.3.2.1 del OIC de la Secretaría Salud que los funcionarios inician la auditoría 15/06 CNPSS, al amparo de la orden 12/10321/051/06 emitida el 18 de abril de 2006.

El documento fechado el 27 de junio del año pasado señala que fueron solicitados todos los registros, informes, facturas, libros principales y auxiliares, reportes, documentos y correspondencia que se estimen necesarios, a todas las empresas que han otorgado servicios al Seguro Popular y a las que concursaron en la licitación.

Según la convocatoria 12161001–004–05, Image Technology presentó un costo unitario de 86.59 pesos por tarjeta, lo que derivó en un importe total sin IVA de 320 millones 399 mil 650 pesos, aunque versiones de algunos participantes aseguran que su costo real ascendía apenas a los 20 pesos, lo que significó un sobreprecio de más de 300 por ciento.

Pese a las claras especificaciones de la licitación, el contrato firmado por Juan Antonio Fernández Ortiz, titular del Seguro Popular; Manuel Martínez Olguín, asesor de procesos de credencialización, y Gilberto Pérez Ramírez, representante legal de Image Technology, de diciembre de 2005 a diciembre de 2006 se detalla que hubo erogaciones por 368 mil 460 millones de pesos y no los 320 millones que se tenían presupuestados.

Informantes atentos al proceso que lleva cabo la SFP desde el 2006 revelaron que entre las líneas de investigación se encuentra una por supuesto lavado de dinero en contra del director general de Gestión de Servicios, Ángel Giovanni de Luna Noyola, colaborador y amigo muy cercano de Fernández Ortiz desde que ambos trabajaron en una dirección general de la Secretaría de Agricultura.

En las indagaciones, los funcionarios de la Función Pública encontraron en el Registro Público de la Propiedad que De Luna Noyola es, además de funcionario de gobierno, rector y representante legal del Organismo Mundial de Investigación, Sociedad Civil, así como tesorero de la asociación civil Somos Amigos de México, organismo que impulsó hace seis años la candidatura de Vicente Fox.

Nepotismo en el Seguro Popular

Entre las acusaciones en contra de Juan Antonio Fernández, hay una que tiene que ver con el delito de nepotismo en la CNPSS, al incluir en la nómina de la institución a la hija de su pareja sentimental; mientras que con esta última realizaba viajes al extranjero con cargo al erario público.

Una carta enviada el 2 de marzo de 2006 al entonces secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, por uno de los asesores de la Comisión de Salud, Pedro Márquez García, se acusa al titular del Seguro Popular de abuso de autoridad y de desvío de recursos.

Márquez García destaca que la directora general adjunta de la Coordinación General del Proceso de Credencialización, Rocío Herrera Herrera, quien recibía un salario mensual de 108 mil 137 pesos, es hija de la pareja sentimental de Fernández Ortiz.

Además de que se había aprovechado la circunstancia de que ambas (madre e hija) llevan el mismo nombre, para que la compañera sentimental de Fernández Ortiz realizara viajes al extranjero en compañía del funcionario simulando que se trataba de la persona que laboraba en la institución.

De acuerdo con la documentación oficial, el 7 de septiembre del año pasado el coordinador general del Procesos de Credencialización, Manuel Martínez Olguín, informó por medio del oficio CGPC/258/05 a Rocío Herrera Herrera que había sido comisionada para trasladarse a Francia y a Alemania del 10 al 17 del mismo mes.

El traslado a Niza, Francia, del 12 al 14 de septiembre, dice el documento, tendría la finalidad de conocer el desarrollo tecnológico de las etiquetas de radiofrecuencia y del 14 al 17 conocer la infraestructura del Centro de Innovación Tecnológica en Rheingberg, Alemania.

Ambos viajes significaron un gasto al erario por más de 50 mil pesos, según consta en los comprobantes presentados. De los justificantes sólo 11 mil 204 pesos fueron presentados con facturas de hoteles y boletos de avión, mientras 39 mil 459 pesos no tuvieron comprobación fiscal y, según documentación firmada por la funcionaria, correspondieron a gastos de traslado, alimentación y servicios telefónicos.

Dos días después de haber terminado su recorrido por el viejo continente, la funcionaria del Seguro Popular fue notificada de que volvería a viajar, esta vez a la ciudad de San Francisco, Estados Unidos.

Con el número de oficio CG/262/05, Rocío Herrera fue comisionada para visitar del 22 al 25 de septiembre a los proveedores del chip para la tarjeta del Seguro Popular, con un gasto al erario público por 18 mil 935 pesos.

En la hoja de comprobación de viáticos a nombre de la funcionaria Rocío Herrera Herrera, aparecen documentos fiscales de tres diferentes hoteles: The Westing St. Francis, Sofitel y Argonaut. En este último se facturó a nombre del titular del Seguro Popular, Juan Antonio Fernández Ortiz, el 24 de septiembre del mismo año.

En menos de 15 días, la también asesora de la CNPSS fue notificada de que viajaría de nuevo a Europa, lo cual se llevaría a cabo del 12 al 20 de noviembre, esto con la finalidad de participar en las reuniones de trabajo para conocer el funcionamiento de los centros hospitalarios y atención primaria, y asistir al Congreso de Radiofrecuencia del Chip de Pfizer .

La misión encargada se realizó en Barcelona, en París y en Strasburgo, señala el documento CG/328/05 firmado por el coordinador del Proceso de Credencialización, Manuel Martínez Olguín, y tuvo un costo aproximado de 42 mil pesos, con cargo a las finanzas públicas.

Es ahora, en el gobierno de Felipe Calderón, que Juan Antonio Fernández Ortiz y sus colaboradores deberán rendir cuentas que no les fueron exigidas bajo el cobijo del gobierno de su amigo Vicente Fox.

Una historia de fracaso y simulación

En mayo de 2004 se inició el proyecto de credencialización inteligente “Tu Salud”, con el objetivo principal de controlar el abasto de medicamentos a derechohabientes beneficiados con el Seguro Popular. Actualmente los gobiernos estatales son los responsables de la compra masiva, almacenaje, administración y entrega de dichos medicamentos sin control alguno por parte de la federación. Como se sabe, los sectores salud y de educación son entidades descentralizadas, por lo que los estados de la República manejan los recursos que les entrega el gobierno federal y nombran a los responsables sin intervención del centro.

Este proyecto de credencialización que arrancó en mayo de 2004 suponía que se utilizaría una tarjeta de las llamadas “inteligente”, la cual incluye un chip y tecnología de punta, en donde se encripta un expediente clínico–médico electrónico del usuario, pero hasta ahora todo ha sido un verdadero fracaso.
Los responsables de este proyecto fueron el director general de Procesos de Credencialización, Manuel Martínez Olguín; el director general adjunto, químico Carlos Eduardo Cabrera Hidalgo, y el geólogo Ernesto Rocha Santoyo, quienes como antecedente fueron también responsables de las tarjetas para la entrega de combustibles como Diesel y gasolina en un programa de la Secretaría de Agricultura y, hasta donde se sabe, este proyecto fue un fracaso.

En el caso del Seguro Popular, después de dos años de iniciado el proyecto y de realizar programas pilotos en los estados de Aguascalientes, Colima, Chihuahua, Baja California y Distrito Federal, esos lugares no tienen resultados positivos. De igual forma en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) todo se ha ido en planes, reuniones y compromisos con los diversos estados, pero nada se ha podido concretar.