Oficio de Papel

*El hijo desobediente no puede con el narco
*EU detrás de la aprobación de juicios orales
*Critica la GAO lucha contra el narcotráfico

Un domingo estando herrando/Se encontraron dos mancebos/haciendo mano a sus fierros/Como queriendo pelear/ Cuando se estaban peleando/Pues llego el padre de cada uno. Hijo de mi corazón/Ya no pelees/Con ninguno/Quítese de aquí mi padre/Que estoy más bravo que un león/No valla a sacar la espada/Y le traspase el corazón

Así comienza la letra del corrido favorito del presidente Felipe Calderón: “El hijo desobediente”, y le gusta tanto que también es el título del libro que contiene las memorias del hasta entonces candidato del PAN a la Presidencia de la República. Con esto, el presidente Calderón quiso hacer del popular corrido un himno en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que inició al asumir el Poder Ejecutivo y para lo cual echó mano de todas las fuerzas armadas del país, en un intento, hasta ahora fallido, por legitimarse.
–Hijo de mi corazón/Por lo que acabas de hablar/Antes de que raye el sol/La vida te han de quitar
Con el Ejército Mexicano al frente, el presidente Calderón ha dado algunas evidencias de haber iniciado una guerra contra el crimen organizado que domina el mapa del narcotráfico en el país.
Sin embargo, a un año de que la declaratoria de guerra contra el narcotráfico se hizo presente, las cifras sobre el tráfico de estupefacientes entre México y Estados Unidos revelan que el parte militar aún favorece a las organizaciones delictivas.
Como preámbulo al anuncio del llamado “Plan Mérida”, el reporte que dio a conocer el máximo órgano fiscalizador del Congreso de Estados Unidos, General Accounting Office (GAO), estima que el monto promedio de cargamentos de cocaína que ingresa a Estados Unidos proveniente de México suma más de 36 toneladas métricas; el monto de heroína y mariguana asciende a 19 toneladas y 9 mil 400 toneladas, respectivamente.
Mientras tanto, el aseguramiento de heroína no suma ni siquiera una tonelada; de mariguana las autoridades apenas han logrado descubrir y destruir 2 mil 900 toneladas métricas por año. En la incautación de metafetamina las cifras no son mejores: en México la manufactura de este químico pasó de 500 kilogramos en 2000 a niveles histórico de 2 mil 800 kilogramos en 2005 y a más de 2 mil 700 kilogramos en 2006.
En el reporte liberado en agosto pasado y presentando con nuevos comentarios al Congreso de Estados Unidos el 25 de octubre pasado, funcionarios fronterizos del gobierno estadounidense reportan un dramático incremento en el abastecimiento de metanfetaminas. Al parecer el aparatoso “golpe” contra la organización del pseudo empresario Zhenli Ye Gon no hizo mella en los canales instituidos por las bandas dedicadas al tráfico de esta droga. Es más, en México se cree que el chino fue entregado por el mismo crimen organizado para saldar deudas con el nuevo gobierno, distraer la atención y hacer parecer que las autoridades hacen su trabajo.
En cuanto a la corrupción en las estructuras oficiales –espetó la GAO al gobierno mexicano en un amplio informe– es considerada por Estados Unidos como la causa de que no se detenga el ingreso de estupefacientes a Estados Unidos, y de que la curva de producción y comercio siga en ascenso. Aún más, aseguran los investigadores de la GAO que las organizaciones de narcotraficantes operan con relativa impunidad entre la frontera de México y Estados Unidos; además han expandido su área de influencia de negocios ilícitos en otras regiones en el centro del país vecino.
Dicen los auditores del gobierno estadounidense que desde 2000 la asistencia económica (más de 397 millones de dólares) a México ha contribuido a incrementar la capacidad para combatir la producción y tráfico de estupefacientes. Estados Unidos se atribuye en gran parte el incremento de extradiciones: “Hemos capacitado al personal”, dice sin empacho. Las extradiciones suman 68 procesos en contra de narcotraficantes.
Pero para EU no es suficiente. La cooperación se tiene que incrementar, asegura. No se cuenta con autorización para que personal de EU sobrevuele el territorio mexicano o recorra las costas mexicanas. Por eso, refiere, ha fallado el programa de helicópteros (de la era de Vietnam) entregados a las fuerzas policiales mexicanas; ha resultado costoso el mantenimiento y poco efectivo. Sólo se han entregado 12 de 28 unidades que se tenían previstas. El Plan Mérida ha sido la respuesta y sin información precisa que informe sobre los alcances de este nuevo acuerdo para la soberanía del país, el gobierno de Calderón amplia la cooperación con EU.
El testimonio de Jess T. Ford, director de Asuntos Comerciales e Internacionales de la GAO ante el Subcomité de Asuntos Externos de la Cámara de Representantes, asegura que el reporte sobre los resultados de la guerra contra el narcotráfico desde 2000, fue resultado, entre otras actividades, de una visita a México y de reuniones con funcionarios mexicanos, a quienes ha sido encomendada la operación de los programas de colaboración de México y EU para combatir el narcotráfico. El análisis de la GAO incluye las acciones dirigidas por el gobierno de Felipe Calderón, pues se realizó entre mayo de 2006 y julio de 2007.
Para EU las conclusiones son contundentes. La disponibilidad de cocaína para que millones de estadounidenses sigan drogándose es culpa de México. De acuerdo con el Reporte Interagencias sobre el Movimiento de Cocaína (IACM, por sus siglas en inglés), México aportó en 2000 el 66 por ciento de la cocaína que se consumió en EU; el 77 por ciento que se consumió en 2003 y el 90 por ciento en 2006. Entre 2000 y 2002, la cocaína que llegó a México aumentó 23 por ciento –de 220 a 270 toneladas métricas–. En 2003 cayó cerca de 60 toneladas métricas. El reporte de las agencias antinarcóticos no ofrece información sobre los puntos de ingreso ni sobre la corresponsabilidad de las autoridades estadounidenses del otro lado de la frontera.
A pesar de la constitución y operación de la Agencia Federal de Investigación (AFI), creada por un decreto del Ejecutivo en 2001, la corrupción –dice la GAO– permanece como un factor que complica los esfuerzos contra el crimen organizado y la lucha contra el narcotráfico. De hecho, funcionarios estadounidenses reportaron que algunas regiones con alta exposición a estos problemas no tienen contrapartes mexicanas para acelerar el combate. Los miembros de la AFI sólo representan la tercera parte de los 24 mil agentes federales destinados a la lucha contra el narcotráfico. La mayoría –17 mil agentes– pertenece a la Policía Federal Preventiva, personal que no está sujeto al mismo nivel de requerimientos y capacitación que exige la AFI.

La impunidad transfronteriza
La GAO asegura que las bandas de narcotraficantes mexicanos ya extendieron su influencia a Estados Unidos. La “federación”, como llama la GAO a la organización delictiva que opera en Sinaloa, es una alianza entre traficantes que ya extendió su influencia geográfica.
El cartel de Tijuana, organización de los Arellano Félix, registra una creciente influencia en las fuerzas policiales locales de Baja California. La misma situación se presenta con el cartel de Juárez en el estado de Chihuahua. El cartel del Golfo, en tanto, ha infiltrado a algunas autoridades de Tamaulipas, incluyendo la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, considerado el principal punto de tránsito hacia EU. El cartel del Golfo, reconoce la GAO, utiliza a grupos armados y sicarios conocidos como los Zeta.
Ahora, a diferencia de lo que sucedió en las décadas de los ochenta y noventa, las organizaciones mexicanas han tomado el control del transporte desde Colombia y ampliado su presencia a EU para evitar intermediarios. Ahora se mueven en la región del río Mississipi, que hasta hace unos años era dominado por organizaciones colombianas
En EU los narcotraficantes mexicanos no han estructurado células como lo hacen en México, pero cuentan con “administradores regionales” a través de las regiones de influencia y que dependen de mexicanos armados para la distribución de drogas ilícitas. Por ello, su nivel de sofisticación y violencia ha aumentado. Sus métodos para evitar la detección por parte de la marina estadounidense han mejorado al tomar ventaja gracias a los avances en materia de telefonía celular y comunicaciones satelitales, lo que les ha permitido cambiar rutas casi de manera inmediata. La construcción de túneles en la frontera de México y EU también ha aumentado de manera significativa. Entre 2000 y 2005, las autoridades fronterizas de EU encontraron más de 45 túneles, cada vez más largos y profundos.
Así, las muertes asociadas con el narcotráfico suman más de mil 100 hasta junio de 2007. Además, el gobierno de EU asegura estar documentando un número cada vez mayor de casos de funcionarios mexicanos corrompidos por el poder y dinero del narcotráfico. También señala el asesinato de funcionarios designados para luchar contra el avance de organizaciones criminales, así como el de periodistas que investigan este flagelo. México ya se ubica, sólo después de Irak, como el país más peligroso para los informadores.
Por ello, la GAO considera de gran importancia la reforma al sistema judicial mexicano. “Actualmente, el sistema de procedimientos judiciales y criminales en México se basa en un modelo napoleónico inquisitorial con jueces que actúan de manera independiente, utilizando evidencias escritas por los defensores y acusadores. Este sistema se encuentra sujeto a grandes problemas de corrupción y a poderosos intereses, particularmente de las organizaciones criminales.
Reforma Judicial, made in EU
La reforma judicial en México, asegura la GAO, se ha promovido desde EU: “Se han apoyado iniciativas para introducir verdaderos juicios a través de presentaciones de pruebas, disertaciones orales, así como la investigación pericial y argumentos de la defensa antes de juzgar un caso y emitir sentencia. Al estar sujetos al escrutinio público, los procesos judiciales disminuyen su vulnerabilidad a la corrupción. Por ello el gobierno de EU ha aportado asistencia técnica a los 14 estados mexicanos en los que se pondrán en marcha los juicios orales.
Las autoridades de EU también han participado e impulsado las reformas vinculadas con la detección de precursores químicos que se utilizan en la producción de metanfetaminas.
Como sucede con la presencia de embarcaciones estadounidense en las costas mexicanas –que se presenta sin acuerdos formales de cooperación–, la asesoría para la reforma judicial busca, como se observa ya, equiparar el sistema judicial mexicano con el estadounidense, pero el problema son los recursos. Sobre este punto, por supuesto, no se ocupan los auditores de la GAO.
“La armada de México –reporta la GAO– ha permitido a los funcionarios estadounidenses (de la Guardia Costera) participar en actividades de búsqueda en las zonas portuarias y análisis posteriores a las incautaciones”.

Sin embargo, asegura que trabajar de esta forma, sin acuerdos formales, genera retrasos y pérdida de evidencias. En pocas palabras, para los estadounidenses la soberanía territorial y de costas estorba.
Las preguntas hacia Estados Unidos son: ¿Qué hacen en su territorio para reducir el nivel de consumo? ¿Qué hacen para frenar a las bandas criminales enquistadas en sus estructuras sociales, financieras y empresariales? De eso, por supuesto, no se habla nada en el reporte de la GAO ante el Congreso estadounidense.

La SCJN: involuntariamente popular
Enfundados en sus togas, como si nada los pudiera tocar, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desprecian a la prensa que los ha criticado por su resolución en el caso Marín–Cacho. En cambio, invitan y se reúnen con la oligarquía periodística, con dueños de medios que no les resultan incómodos. Su sonrisa ante las cámaras de fotógrafos no tiene razón de ser. Un gesto adusto debería cubrir sus rostros: están aplicando la ley, no la justicia. Es cierto, entonces que no busquen el reconocimiento social ante cualquier decisión que tome su pleno. El Semanario, una publicación especializada en Negocios y Finanzas, asumió el desafío de nombrar El Personaje del Año 2007, y la decisión recayó en los ministros de la Corte. Por lo que se lee en ese atrabajo periodístico, no se trata de un premio o un reconocimiento, por el contrario, El Semanario destaca cómo en 2007 los ministros de la Corte demostraron “de qué estaban hechos” con la Ley de Medios, pero también de qué están hechos sus intereses políticos con el caso de la periodista Lydia Cacho. Este año, así lo establece El Semanario, quedará marcado como el periodo en el que los ministros se autojuzgaron –al pedir que se les evaluara por separado–, pero también su temor mostrado ante su propio fallo.

* Confesiones de Muñoz Leos y Ramírez Corzo
* Demandan náufragos a empresa Oceanografía
* Informe de Cisen sobre los Bribiesca Sahagún

Acosados por el gobierno de Felipe Calderón y bajo la sospecha de ser cómplices en actos de corrupción y tráfico de influencias, los exdirectores generales de Petróleos Mexicanos, Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo, son víctimas de las presiones que cada sexenio provienen de la Presidencia de la República para otorgar contratos de bienes y servicios a consorcios privados a cambio del pago de comisiones.
Ahora, bajo la lupa de auditores y ministerios públicos, Muñoz Leos y Ramírez Corzo confían en que las indagaciones de la Secretaría de la Función Pública y de la Procuraduría General de la República serán frenadas cuando éstas se acerquen peligrosamente a la casa presidencial, pues fue desde allí de donde salían en el sexenio pasado las órdenes para que ambos exfuncionarios de Pemex cedieran contratos a la empresa Oceanografía, propiedad de Amado Yáñez Osuna.
Muñoz Leos aceptaba sin protestar las sugerencias que le hacía Marta Sahagún, y presionaba a Ramírez Corzo para que desde la Dirección General de Pemex Exploración otorgara contratos a la empresa Oceanografía, de la cual la familia Bribiesca Sahagún obtenía beneficios económicos. Según Ramírez Corzo, era convocado a la Dirección General en donde Muñoz Leos le ordenaba asignarle contratos a Oceanografía, pero el director de Pemex Exploración dice que tuvo varios desencuentros con su exjefe porque esa empresa recomendada de los Bribiesca no cumplía con los requisitos y nunca representaba la mejor opción para la paraestatal.
Pero Muñoz Leos niega la acusación en su contra y afirma que nunca solicitó a Ramírez Corzo beneficiar a los hermanos Bribiesca, a su madre Marta Sahagún o a la empresa Oceanografía, pero no niega que sí hablaba del tema con su director de Pemex Exploración: “sólo le pedí que toda licitación que se realizara fuera apegada a la ley y a los reglamentos en la materia. Que se licitara y que la mejor opción fuera la más conveniente para Pemex”.
Muños Leos recuerda que había quejas del empresario Amado Yánez de que se les quería dejar fuera de algunas licitaciones por órdenes de Ramírez Corzo, por lo que acepta haberle pedido a su director de Pemex Exploración, en una reunión que sostuvieron en la Dirección General de Pemex, que se respetara el proceso, que se aceptara la propuesta de Oceanografía y que todo fuera derecho, apegado a la ley.
-¿Ramírez Corzo asegura que usted y su secretario particular lo presionaron para que Pemex Exploración le asignara un contrato por 160 millones de dólares a Oceanografía para la contratación de un buque?
-Es falso, nunca lo presioné ni tampoco pedí que se le asignara un contrato a Oceanografía. Además, no me imagino cómo podríamos hacerle para manipular la licitación internacional, pues es un proceso abierto en donde no se puede hacer asignaciones fuera de la ley.
-¿Dice Ramírez Corzo que usted le comentó en la reunión que sostuvieron en la Dirección General de Pemex, que era una petición de Marta Sahagún y de sus hijos?
-Nunca me pidieron que le asignara un contrato a Oceanografía.
-¿En los 4 años que estuvo al frente de la Dirección General de Pemex, nunca recibió presiones, peticiones o recomendaciones de Los Pinos?
-Eso sí, en esos años he de haber recibido unas 200 recomendaciones, las cuales atendí, escuché las propuestas y siempre los remití a los concursos apegados a lo que marca la ley. Nunca resolví personalmente uno solo de esos casos, siempre fue por el conducto adecuado, como lo estipulan las leyes.
-¿Aunque las recomendaciones o sugerencias vinieran de Marta Sahagún y de sus hijos?
-Sí. También recibí recomendaciones desde lo más alto del gobierno. Desde la Presidencia (de la República), pero siempre actué igual, porque eran procesos licitatorios, en donde intervienen muchas personas y los órganos de control, no es algo que se resuelva en la Dirección General, pero siempre escuché las propuestas y observé que todo fuera dentro de la legalidad.
-¿Por qué entonces Ramírez Corzo lo acusa de haberlo presionado?
-No, no tengo porqué pensar eso. Yo apoyé siempre a Ramírez Corzo, yo lo nombré director general de PEP, así que era parte de mi equipo. Si ahora dice que yo lo presioné, no se porqué lo diga.
Sin embargo para Ramírez Corzo su exjefe Muñoz Leos cedió fácilmente a las presiones que provenían de Marta Sahagún y de sus hijos, por eso los hermanos Bribiesca, Jorge y Manuel, y su tío Guillermo, cabildeaban a favor de Oceanografía para que le otorgaran contratos petroleros sin tener la capacidad para cumplirlos, pues además tenía un negro historial de incumplimientos y deficiencias en los trabajos asignados por Pemex.

Nueva demanda contra Oceanografía
Una investigación periodística de la reportera Analilia Pérez, de la revista Contralínea, revela que 130 trabajadores de la empresa Apoyo Logístico Marino, subsidiaria de la empresa Cotemar, contratista de Petróleos Mexicanos, que viajaban en la embarcación Seba’an cuando ésta naufragó en aguas de la Sonda Marina de Campeche, el 11 de octubre pasado, demandarán penalmente a las empresas Oceanografía y Petróleos Mexicanos por los delitos de homicidio culposo, negligencia y violación a las normas de seguridad, lo que ocasionó que la embarcación se incendiaria y muriera el trabajador Guadalberto Márquez.
A la ola de denuncias contra Oceanografía se suman ahora las denuncias que ante tribunales presentarán los sobrevivientes del hundimiento de la lancha Seba’an, en donde podrían estar implicados funcionarios de PEP y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que autorizaron la salida de la embarcación sin que ésta cumpliera con las normas de seguridad.
El capitán de Puerto de Ciudad del Carmen, Víctor Manuel García Enríquez, aseguró que aquel 11 de octubre él mismo autorizó a Oceanografía la salida de puerto de la lancha Seba’an, pues “estaba en condiciones óptimas de seguridad”; sin embargo, de acuerdo con los testimonios de los trabajadores de la Sonda de Campeche que aquel día viajaron en la embarcación, la lancha estaba en condiciones tan deficientes, que “de ninguna manera podría cumplir con el Chek List, pues, ni siquiera la alarma contra incendios funcionaba”.
En su demanda, los sobrevivientes del naufragio señalan que la Seba’an era prácticamente un barco chatarra, que no estaba en condiciones de navegar y que, por tanto, Oceanografía y Pemex son cómplices de haber puesto en riesgo la vida de pasajeros y tripulación.
A unos días de que presenten la denuncia ante la Procuraduría General de la República y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, los pasajeros del Seba’an sostienen que en el accidente hubo negligencia de la naviera y del personal de Pemex, pues desde la torre de control marino debieron percatarse del accidente en el mismo momento en que éste ocurrió, pero el rescate demoró hasta pasadas las 10 de la noche, cuando el trabajador Gualberto Márquez ya había muerto.
En la relatoría de hechos de la denuncia se enumeran los actos que harían a la naviera responsable del accidente. Todos se refieren a las normas de seguridad que debe tener una embarcación:
Al abordar no se recibieron instrucciones de dónde se ubicaban los chalecos salvavidas, las salidas de emergencia, las balsas salvavidas, extintores, ni alarmas; los cinco extinguidores no pudieron ser usados; no había agua corriente en las mangueras contraincendio; la tripulación no coordinó el desalojo del área de pasajeros ni el abandono de la embarcación.
Además, los chalecos salvavidas con sistema de sujeción de amarre se encontraban guardados con amarres en las mismas cintas, lo que dificultó su apertura para la colocación en el usuario. Las balsas salvavidas no abrieron; el capitán nunca coordinó el abandono del barco; el personal de Oceanografía desconocía dónde se encontraba el equipo de seguridad.

Al respecto, el abogado Isaías Lara, representante de los trabajadores dice que el naufragio se derivó de la omisión e inseguridad de Oceanografía, porque “no cumplía con las normas mexicanas y existen violaciones a la Ley de Navegación”.

Investiga el Cisen a los Bribiesca
Aunque el diputado Elías Cárdenas, presidente de la Comisión del Congreso que investiga por tráfico de influencias y corrupción a los hermanos Bribiesca Sahagún, sostiene ante medios de comunicación que “manos anónimas” le hicieron llegar documentos que inculpan a los hijos de Marta Sahagún en sociedad con el Grupo Miguel, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional sospecha que fue el exdiputado Jesús González Schmall quien proporcionó parte de esa información, pero también sostiene que la mayor parte de estos datos “han sido filtrados por funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Gobernación, debido al interés que existe en los altos mandos del gobierno federal por tener un instrumento para tratar de frenar el activismo descontrolado de Fox y su esposa”.
Pero la comisión legislativa que se ocupa del caso no sólo espera la información que se filtre desde el gobierno federal, sino también solicitó hace algunas semanas al IPAB, según el Cisen, la información relativa a las operaciones realizadas con la administradora de servicios y cartera Fénix, así como sobre el llamado “Paquete H” que el instituto de protección bancaria subastó a Construcciones Prácticas y en el que se incluyó el fideicomiso con los hermanos Miguel Afif.
Pero las relaciones de negocios no se limitan a Construcciones Prácticas. Además de este caso, agrega un reporte de inteligencia del Cisen, se ha validado plenamente que entre Manuel Bibriesca Sahagún y Alfredo Miguel Afif se estableció una buena relación personal que los llevó a realizar otros negocios. De hecho, cuando la empresa SACSA, también propiedad de Alfredo Miguel, fue desalojada de sus instalaciones en el Aeropuerto de Toluca en el 2004, uno de sus gestores fue precisamente Manuel Bibriesca, quien a pesar de todo no logró revertir la situación de persecución fiscal, debido a la presión de Francisco Gil Díaz, quien dedicó parte de su tiempo a integrar un expediente en contra de Marta Sahagún y sus hijos, los Bribiesca.

Gamboa, Labastida y otros “amigos”
Los expedientes personales de los priistas Emilio Gamboa Patrón y Francisco Labastida Ochoa también han sido actualizados, asegura el Cisen, sobre todo en lo que se refiere a los negocios que éstos han desarrollado. Una vez más, el interés de obtener mayor información sobre sus actividades “es contar con un instrumento de negociación en caso de que la relación con Gamboa llegara a dificultarse, sobre todo por los acuerdos de alto nivel que se vienen instrumentando para las reformas impulsadas por el gobierno federal”.
Agrega el informe de inteligencia: “aunque de momento no se ha presentado esta eventualidad, las distintas instancias del gobierno federal están llevando a cabo una actualización de los expedientes de Emilio Gamboa y del senador Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores priistas”.
La sorpresa en esta encomienda fue que existen antecedentes con los hermanos Miguel Afif desde hace muchos años. “Se tiene documentado que a través de Gamboa estos empresarios han podido realizar importantes negocios, sobre todo cuando fue titular de la SCT (Secretaría de Comunicacione y Transportes) y de Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo)”.
No sólo legisladores y exdiputados del PRI mantienen vínculos con los Miguel Afif. En el expediente elaborado por el Cisen se establece que “recientemente el nombre de los hermanos Miguel Afif apareció nuevamente y con mucha insistencia en una actualización de la base de datos del expediente del exsenador panista Diego Fernández de Cevallos”.
En dichos documentos se consigna que Fernández de Cevallos conoce perfectamente el lugar donde reside actualmente Alfredo Miguel Afif, con quien mantiene una comunicación constante, así como con uno de sus hijos que se encuentra actualmente viviendo en la ciudad de México.

* El negocio familiar de los González de Aragón
* Los conflictos de intereses del auditor superior
* En próximos días fallo del Tribunal Colegiado

La semana pasada comentamos algunos de los conflictos de interés en los que incurre Francisco Gil Díaz al asesorar y dirigir empresas privadas que fueron beneficiadas cuando él se desempeñó como secretario de Hacienda (circunstancia que volveremos a abordar en otra columna). Tal vez, como él lo asegura, no haya implicaciones penales, porque el conflicto de intereses más que un problema jurídico es un conflicto ético, moral, y por ello ante la dificultad de la ley para sancionarlo es la sociedad la que lo juzga y contra su veredicto no hay amparo ni razones de abogado que lo impidan, por eso la prensa debe ser puntual en informar de estos casos que parecen no tener sentido pero que van directo al corazón del sistema.
Hoy platicaremos sobre otro expediente igual de delicado que el de Gil Díaz, referente al conflicto que atraviesa el auditor superior de la federación, Arturo González de Aragón, a quien el Congreso le ha confiado la fiscalización de las finanzas públicas y que él ha convertido en un verdadero negocio familiar.
Por una extraña razón, el trabajo de auditoría que durante el sexenio pasado realizó Arturo González de Aragón y su equipo de trabajo sobre la administración de la Presidencia de la República, nunca descubrió irregularidad alguna y bajo el poder de su firma avaló la actuación de Vicente Fox y los gastos con dinero público de Marta Sahagún y sus hijitos los hermanos Bribiesca, como si se hubiera tratado de una especie de alianza entre la Auditoría Superior de la Federación y Los Pinos, representantes de dos poderes distintos, El Legislativo y el Ejecutivo, para impedir que la familia Fox resultara involucrada en casos de corrupción.
Pero una vez concluido el sexenio foxista, ahora nos enteramos por una investigación de nuestra compañera reportera Erika Ramírez, que las razones del auditor para avalar las cuentas sobre la gestión de Vicente Fox se cruzan con otros intereses económicos de un despacho privado de contadores públicos denominado González de Aragón y Asociados, el cual fue fundado por el mismo Arturo González de Aragón y que actualmente es propiedad de sus tres hijos, a quienes la Presidencia de la República en la época foxista les dio jugosos contratos para auditar externamente las cuentas de Los Pinos, y que después su padre Arturo avalara los informes que sus hijos habían elaborado y todos resultaran felices y contentos.
Pero parece que este caso de evidente conflicto de intereses no se va a quedar así, y aunque la justicia a veces llega tarde pero a veces llega. En los próximos días, un Tribunal Colegiado determinará si procede el amparo que el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, interpuso contra la Cámara de Diputados, la cual lo acusa como probable responsable de incurrir en el delito de conflicto de intereses.
En la administración de Vicente Fox, el despacho de contadores públicos González de Aragón y Asociados, fundado por el auditor superior y ahora operado por sus hijos, auditó a la Presidencia de la República, contrato que ha vuelto a renovar el actual gobierno encabezado por Felipe Calderón, sin importar que hay una investigación en su contra por dicho delito y en espera de que también cuando la Auditoría Superior de la Federación revise las cuentas de Los Pinos del gobierno calderonista todo lo encuentre en perfecto orden.
Y es que según consta en el expediente UEC/DECGA/01/2006, en poder de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Arturo González de Aragón, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), es “administrativamente responsable” de la acusación en su contra, promovida en la LIX Legislatura por el diputado panista Ángel Pasta Muñuzuri.
En ese expediente se considera que el encargado de vigilar el buen uso del patrimonio público “omitió” informar a la Cámara de Diputados que entre las dependencias inspeccionadas en 2001, 2002 y 2003, había algunas previamente revisadas por el despacho González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, del que el auditor superior fue socio fundador y ahora dirigen sus hijos Gerardo, Javier y Arturo González de Aragón Rodríguez, junto con el contador Juan Rodríguez Flores.
Pero la Presidencia de la República no es la única beneficiada con las “cuentas claras” de ese despacho privado de contadores públicos, también fueron beneficiados con sus inspecciones la desprestigiada Suprema Corte de Justicia de la Nación (si alguien duda de esto basta escuchar a los seis ministros, incluido su presidente y las dos mujeres ministras, en la resolución sobre el caso de violaciones a la periodista Lydia Cacho), los gobiernos de los estados de Chiapas, Colima, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz; así como secretarías de Estado, federales y estatales, organismos descentralizados, paraestatales y fideicomisos, todos con manejos de recursos públicos y fiscalizados de manera privada y pública por los González de Aragón, lo cual les garantizaba impunidad en el manejo de financiero y administrativo.
Entre las entidades auditadas por el despacho González de Aragón están Petróleos Mexicanos, Suprema Corte, Secretaría de Turismo, Secretaría de Desarrollo Social, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Comisión Federal de Electricidad y Servicio Postal Mexicano, de acuerdo con la cartera de clientes entre los años 1985-2003.
Curiosamente, durante el mismo periodo 2001-2003, el auditor superior de la Federación no encontró irregularidades que ocasionaran daño al erario en la revisión de las cuentas de la Presidencia de la República. Sin embargo, el órgano legislativo hizo recomendaciones para que se realizara una fiscalización a fondo en esos años, por presumir malos manejos administrativos.
Para el exlegislador Jesús González Schmal –presidente de la Comisión Especial que investigó las irregularidades en negocios de los hijos de Marta Sahún durante la LIX Legislatura–, un ejemplo de que González de Aragón no actuó con transparencia en el gobierno de Vicente Fox es la omisión de las irregularidades en las cuentas de la Lotería Nacional, de donde se transfirieron recursos a la Fundación Vamos México, que preside Marta Sahagún de Fox.
Ahora el presidente de la comisión en la Cámara de Diputados que investiga a los hermanos Bribiesca Sahagún e integrante de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Elías Cárdenas Márquez, coincide con González Schmal y confirma que Arturo González de Aragón enfrenta otra investigación por presuntas irregularidades.

Protección a  los Bribiesca Sahagún
Antes de finalizar 2007, dice el diputado Cárdenas Márquez, la Unidad de Evaluación y Control determinará si González de Aragón incurrió en responsabilidad al declarar “no observable” el cheque firmado por Jorge Alberto Bribiesca Sahagún para la compra de un predio conocido como Los Pirules, en Celaya, Guanajuato.
Aunque se trató de una subasta pública, los legisladores descubrieron que el “depósito en garantía” –hecho con el cheque por 1 millón 303 mil 686 pesos de Alberto Bribiesca– se hizo antes del proceso oficial a favor de Construcciones Prácticas, en contravención de las normas. Según Cárdenas Márquez, diputado del Partido Convergencia, el auditor no analizó las causas de fondo en la compra del terreno.
Entrevistado por la reportera Erika Ramírez, Gerardo González de Aragón Rodríguez, socio administrador del la firma González de Aragón y Asociados e hijo del auditor superior de la Federación, le dijo reconocer el proceso en que se encuentra el juicio de amparo interpuesto por su padre.
“Es evidente que no es benéfico para el país que a la persona que escogieron los 500 diputados, ahora le impongan trabas para cumplir con su labor”, defendió el hijo y añadió que “a nosotros obviamente nos pega. El caso es propaganda mala, y yo tengo que enseñar a cada rato las escrituras de donación (que le hizo su padre Arturo González de Aragón) y el cruce de las declaraciones patrimoniales para deslindar a mi padre de aquí”.

Los hechos
El 22 de junio de 2006, la Unidad de Evaluación y Control, encabezada por Roberto Michel Padilla, determinó que el titular de la ASF no cumplió con la “máxima diligencia” de informar por escrito a la Cámara de Diputados que, entre las dependencias objeto de revisión y fiscalización en los “Programas de auditorías vistas e inspecciones 2001, 2002 y 2003, habían sido seleccionadas aquellas que de manera constante y común eran clientes de la firma González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, S.C.”.
La negligencia, indica el documento UEC/DECGA/01/2006, causó “deficiencia” en el servicio encargado por la Cámara de Diputados y no cumplió con la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que en el artículo 8 ordena al funcionario informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos en los que tenga interés personal o pueda resultar algún beneficio a sus familiares o a terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o a socios o sociedades de las que el servidor público forme o haya formado parte.
En un primer intento, González de Aragón demandó un juicio de amparo ante el juez décimo de distrito para evitar cualquier tipo de sanción, y argumentó que había inconstitucionalidad en el proceso que promovió el Legislativo.
Sin embargo, el 23 de julio pasado, el juez de distrito José Antonio Montoya García resolvió que la petición era improcedente, y negó la protección de la justicia federal al máximo fiscalizador del país, según el expediente 1073/2006.
El abogado González Schmal concuerda con la resolución emitida por el juez, pues “es evidente que hay un conflicto de intereses, aunque González de Aragón pueda argumentar que ya no pertenece a ese despacho, éste lleva su nombre, y en todo caso es un aprovechamiento, un abuso de su cargo para conseguir contratos y de esto no hay duda.
Urgió a la Comisión de Vigilancia a que llame a cuentas y finque responsabilidades de orden penal y administrativo y, “sin lugar a dudas”, solicitarle la renuncia inmediata. Dice que “en ese puesto debe de estar quien tenga capacidad e independencia de ejercerlo por el beneficio de México y no por sus intereses familiares”.
González de Aragón se defiende
El encargado de controlar el erario argumentó ante el juez Montoya García que las denuncias en su contra no proceden, toda vez que él nunca tramitó o resolvió un asunto relacionado con el despacho privado González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos y, por lo tanto, “no tenía la obligación de informar a su superior jerárquico, que incluso no consta en autos en una sola prueba que demuestre lo contrario”.
En su defensa, Arturo González de Aragón añade que es ilegal la consideración de la Unidad de Evaluación y Control, la cual señala que la intervención en la aprobación de los programas de revisión de la Cuenta Pública implicó conflicto de intereses, pues se tenía conocimiento de las entidades que habían sido revisadas por la firma familiar, y el órgano de control de la Comisión de Vigilancia aceptó su aprobación “con total imparcialidad”.
El auditor se deslinda de la firma familiar y afirma que fue socio hasta el 21 de octubre de 2002, para renunciar a su cargo de comité directivo dos meses después y donar las acciones del despacho a sus tres hijos el 30 de diciembre de ese año.
En espera del fallo de la justicia, Arturo González de Aragón puede estar tranquilo, pues ésta podría favorecerle, pero en el fallo de su conciencia debe haber un grave conflicto de interés por las violaciones éticas y morales de su conducta, y si no lo piensa está sociedad para reclamárselo.