Oficio de Papel

* Los conflictos de interés de Paco Gil Díaz
* Régimen fiscal de excepción a Telefónica
* Empleado de Grupo Telefónica de España

Cuando Pedro Aspe deja la Secretaría de Hacienda al terminar el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, decide dedicarse exclusivamente a actividades académicas. El ahora presidente del Grupo Protego considera que no puede aceptar las tentadoras invitaciones del sector privado para integrarse a sus filas, porque el conflicto de interés siempre estaría presente. Después de todo, a pesar de que no se tratara de bancos o instituciones financieras, el exsecretario de Hacienda reconoce que –sin importar el sector– su gestión como titular de las finanzas públicas y la administración de impuestos lo llevaba a incurrir en ese conflicto de intereses.

Pero otra historia es la que ha escrito Francisco Gil Díaz en cuanto a ética y responsabilidad se refiere. El también exsecretario de Hacienda considera que ese razonamiento ético no aplica para él ni afecta a sus principios, por eso, a pesar de haber anunciado que también se dedicaría a la vida académica como catedrático en una universidad del extranjero, decide aceptar la oferta del Grupo Telefónica de España para hacerse cargo de sus operaciones en América Latina y antes formar parte del Consejo de Administración de HSBC, un banco extranjero cuya expansión en México se genera, precisamente, durante la gestión de Gil Díaz como secretario de Hacienda en el gobierno de Vicente Fox.

Fue a partir de febrero de 2007 que el exsecretario Gil Díaz asume este cargo en la telefónica española. El exfuncionario del gobierno mexicano se justifica al considerar que por tratarse de una compañía del sector de telecomunicaciones, no enfrenta problemas éticos, según él. Al retomar su fugaz carrera en el sector privado –antes fue director de Avantel, propiedad de Roberto Hernández y Alfredo Harp–, Gil Díaz también recupera su vieja batalla en contra de Carlos Slim, lo que, incluso, lo ha llevado en estos días a demandar a Telmex, una vez más, por prácticas monopólicas y por considerarla una empresa beneficiada por el gobierno federal ante la incapacidad de los reguladores para frenar su poder frente a los competidores.

Gil Díaz un competidor desleal

En su espíritu competitivo para frenar a su opositor Carlos Slim, Gil Díaz nunca ha dudado en utilizar todos los medios a su alcance, incluidos los cargos públicos que ha ocupado en el gobierno federal, ya sea como subsecretario de Hacienda o como titular de esta misma dependencia, sin importar en incurrir en alguna violación legal o en faltas administrativa. Así, con ese afán de destacar y ganar todas sus batallas, el exsecretario de Hacienda otorgó privilegios a la empresa de la cual ahora forma parte: Telefónica de España.

Resulta que desde hace cinco años esta compañía española de telefonía celular logró un régimen de excepción en materia fiscal cuando presta servicios de Roaming International, lo que también le permite competir con gran ventaja frente a otras empresas telefónicas, pero sobre todo obtener devoluciones de impuestos a cargo del erario.

Gracias a esta resolución emitida por la Administradora Central Jurídica Internacional del SAT (oficio 330 SAT 11 23772), Telefónica puede aplicar una tasa del 0 por ciento en lugar de trasladar a sus clientes un impuesto del 15 por ciento sobre el total de los servicios. Al aplicar esta tasa de 0 por ciento, Telefónica puede obtener la devolución del IVA que sí le fue trasladado por sus proveedores y, por tanto, es el gobierno el que paga el monto de sus impuestos y no los clientes de la firma. Esta situación la ha llevado a ofrecer el privilegio fiscal como una ventaja competitiva para reducir aparentemente sus tarifas finales. Así lo confirman las cartas que Telefónica envía a sus clientes.

“Es un placer informarle que después de algunas negociaciones con el Servicio de Administración Tributaria, se nos ha permitido no aplicar impuesto alguno a los servicios de Roaming Internacional. Desde octubre de 2006, Telefónica Móviles México se ha convertido en la primera y en la única compañía de servicios de telefonía móvil que no aplicará este impuesto en sus servicios de Roaming Internacional. Con esta nueva resolución legal nuestras tarifas no incluyen ningún tipo de cargo extra y sus ganancias se incrementarán”, asegura Telefónica a sus clientes.

El Roaming Internacional es un servicio que le permite a los usuarios de telefonía celular hacer y recibir llamadas y enviar mensajes a través de un celular cuando se viaja fuera del país y se utilizan las redes de comunicación del país huésped. El operador de la red visitada presta el servicio al viajero y cobra los servicios al operador del servicio de telefonía celular del país de origen, que a su vez se los cobra al cliente. Así, por tratarse de la prestación de un servicio independiente, los ingresos que percibe el concesionario local están sujetos al impuesto al valor agregado que el concesionario debe trasladar al cliente (en este caso el prestador de servicios del país de origen). Por esta razón, el concesionario debe enterar el impuesto trasladado (IVA) al fisco previa disminución con el impuesto que le hayan retenido o que el hubiera pagado en forma directa en la importación de bienes.

Hasta ahora no se han aplicado reformas a la Ley del IVA que permitan considerar a estos servicios con una tasa del 0 por ciento.

Hábilmente, Telefónica interpretó a su favor el Convenio Internacional de Telecomunicaciones –que forma parte del Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales– y que establece que “cuando la legislación nacional de un país se prevea la aplicación de una tasa fiscal sobre la tasa de percepción por los servicios internacionales de telecomunicación, esa tasa fiscal sólo se permitirá normalmente por los servicios internacionales de telecomunicaciones facturados a los clientes de ese país”.

Sin embargo, esta norma no la debería aplicar Telefónica a su favor porque en el servicio de Roaming Internacional el usuario visitante hace y recibe llamadas que se inician y terminan en México, y si bien es cierto que también puede hacer y recibir llamadas internacionales, eso no la coloca en ninguna situación diferente a la de otros usuarios.

Aún más, el gobierno federal ha emitido una norma general confirmando que el servicio de Roaming Internacional genera el traslado y pago del 15 por ciento del IVA, con lo cual confirma la legalidad del criterio del SAT en el sentido de que no debe aplicarse la tasa de 0 por ciento, pero ello sólo ha dado lugar a que otros operadores se vean impedidos para beneficiarse del mismo criterio.

Resulta sospechoso que, a pesar de su aparente generalidad, la resolución de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT se mantuvo en secreto y sólo fue del conocimiento de Telefónica y no de sus competidores.

Ahora, expertos en derecho fiscal aseguran que si el gobierno federal pretende recuperar los cinco años que ha permitido a Telefónica obtener del fisco un subsidio ilegal para competir con ventaja frente a otras compañías, debe iniciar un juicio de lesividad, que tendría como propósito que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa declare nulidad lisa y llana la resolución para dejarla sin efectos de retroactividad. Sin embargo, con el extitular de la Secretaría de Hacienda como presidente, Telefónica seguramente contará con información privilegiada y de primera mano para hacer frente a cualquier estrategia del gobierno federal para impedir que se siga beneficiando con este régimen de excepción.

Ética para servidores públicos

Por eso y para evitar conflictos de interés, Aspe, a diferencia de Francisco Gil Díaz,  prefirió no interpretar el artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP) y limitarse a cumplir la principal disposición de ese articulado: esperar un año antes de ocupar algún puesto en el que pudiera comprometerse información obtenida durante su gestión como servidor público y que, seguramente, le representaría un conflicto de interés.

Sujeta, sin embargo, a amplias y convenientes interpretaciones, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos sanciona con inhabilitación para ejercer cargos en la administración pública a los servidores que violen sus disposiciones post empleo. Hasta ahora, sin embargo, no existe un caso de algún exfuncionario público sancionado por esta causa.

El problema es que si bien se establece la prohibición para aceptar cargos que representen conflictos de interés, no se define en qué consiste una situación de este tipo, lo que genera ambigüedades y áreas de oportunidad para aquellos funcionarios que sí decidan aceptar empleos en la iniciativa privada.

La ética, el deber ser de un servidor público y, sobre todo, la moral, son los valores que operan como el reglamento a seguir para esta Ley.

El conflicto de interés no se puede dar ni documentar en abstracto, es necesario documentarlo y aquí algunos datos interesantes para indagar sobre la decisión del exsecretario de Hacienda. Hasta ahora, sin embargo, Transparencia Internacional y la OCDE observan a la LFRASP como una norma perfectible que contribuiría a acotar la posibilidad de casos de corrupción.

En 2004, durante una visita in situ de representantes de la OCDE, la SFP recibió la recomendación de adoptar en la LFRASP las conclusiones del  Consejo sobre lineamientos para manejar conflictos de interés en el servicio público, adoptadas por los miembros de ese organismo desde junio de 2003.códigos de conducta para cada dependencia fueron la tímida respuesta de la SFP, que aún no aborda claramente el conflicto de interés para funcionarios públicos, pero sobretodo las restricciones post empleo, tal  y como ya lo han hecho los gobiernos de Canadá y Argentina.

No se trata de una discusión que competa sólo a México, sino a la lucha contra la corrupción y la búsqueda de la transparencia y la rendición de cuentas.

La Suprema Corte de Justicia, los tribunales superiores y el Instituto Federal Electoral (IFE) han reconocido en la práctica la necesidad de establecer restricciones adecuadas post empleo para aquellos que dejan de participar en estas entidades. Los exconsejeros del IFE, por ejemplo, no podrán aceptar cargo alguno en los gobiernos cuyos procesos electorales fueron coordinados y vigilados por el instituto. El conflicto es claro.

Incluso, los abultados bonos y compensaciones por retiro para los ministros de la Suprema Corte de Justicia tienen su justificación en la necesidad de apoyar a los servidores públicos para evitar posiciones que comprometan su ética. La SFP, sin embargo, cuenta para la administración pública con información sobre funcionarios públicos que, frente a la ambigüedad de la LFRASP y la invitación a integrarse al sector privado en posiciones que, a su juicio no les representarían conflicto alguno, han optado por otros caminos: solicitar una opinión al órgano de control interno de las dependencias involucradas para documentar el caso y obtener autorización.

Se trata de procedimientos no regulados que eventualmente pueden llegar a las instancias de la SFP pero que no forman parte de la LFRASP  o sus reglamentos formales.

Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda, decidió en cambio analizar con un grupo de abogados la posibilidad de no someterse a esta Ley para aceptar la invitación del grupo inglés HSBC para formar parte de su consejo de administración. “Fui escrupuloso y consulté con antelación los aspectos legales con juristas prestigiados”, acepta Gil Díaz en una carta con la que inició su autodefensa ante la polémica que generó el pasado 2 de enero el anunció hecho desde Londres por el HSBC, al dar a conocer a sus inversionistas la incorporación del exsecretario de Hacienda a su planilla de consejeros.

El HSBC también tomó sus precauciones. El poderoso conglomerado financiero informó a sus inversionistas del mercado de valores de Londres que la contratación de Gil Díaz como consejero no violaba las disposiciones locales en materia de conflictos de interés. Además precisó que dio a conocer el nombramiento en cumplimiento de las disposiciones de revelación de información de la Bolsa de Valores de Londres.

Esta, sin embargo, no es la primera vez que Gil Díaz se enfrenta a una situación de este tipo. Al salir de la Secretaria de Hacienda, tras concluir el sexenio salinista, aceptó la dirección general de la empresa telefónica Avantel, salvando con ello las restricciones que como servidor público hubiera enfrentado. En sentido estricto, la operación de una empresa de telecomunicaciones no estaba regulada por la dependencia hacendaria sino por la SCT.

Las suspicacias, sin embargo, no se hicieron esperar, pues los principales accionistas de Avantel eran Alfredo Harp y Roberto Hernández, propietarios del Grupo Financiero Banamex–Accival, una entidad financiera que si estuvo regulada por la SHCP.

Sin problema alguno ante la SFP o los órganos de control interno de la dependencia, Gil Díaz regresó a la administración pública y como Secretario de Hacienda y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) estuvo a cargo de vigilar las negociaciones con los principales bancos para el intercambio de bonos del Fobaproa por pagarés del IPAB.

El HSBC que, en agosto de 2002 aseguraba haber invertido al menos mil 100 millones de dólares en adquirir los activos de Bital, formaba parte del grupo de bancos que negoció el intercambio del mayor monto de pagarés IPAB, respaldados como deuda pública por el gobierno federal tras la aprobación del Congreso durante la legislatura en la que participó como diputado Felipe Calderón.

Pero el exsecretario de Hacienda asegura que su nuevo cargo en el consejo mundial del HSBC, en donde percibirá anualmente más de 1.3 millones de pesos (65,000 libras), no debe interpretarse como el pago de favores recibidos por el HSBC.

Es más, Gil Díaz es retador y asegura que su gestión al frene de la Secretaría puede auditarse y saldrá bien librado de cualquier escrutinio y rendición de cuentas. Claro siempre y cuando no se hable de ISOSA y los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II. Ahora hay que sumar a esas irregularidades los beneficios fiscales a la empresa Telefónica negociados y aceptados por el exsecretario de Hacienda.

* Presionan a Muñoz Leos y a Ramírez Corzo
* Busca el gobierno ocultar corrupción foxista
* Investigan conexión Grupo Miguel-Bribiesca

El gobierno de Felipe Calderón está dispuesto a proteger a Vicente Fox, a su esposa Marta Sahagún y a sus hijos los hermanos Bribiesca, sin importar el costo que esto ocasione. La semana pasada fue claro el mensaje enviado por el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, al revivir una vieja denuncia por el delito de desvío de recursos públicos en Petróleos Mexicanos, en donde acusa al exdirector general de la paraestatal, Raúl Muñoz Leos, y amenaza también con citar al exdirector Luis Ramírez Corzo, por entregar una partida presupuestal al sindicato petrolero sin justificación alguna.

Con ello, la PGR y la Secretaría de la Función Pública, esta última a través de su titular Salvador Vega Casillas, envían un claro mensaje para que guarden silencio los dos exdirectores de Pemex que en el sexenio de Vicente Fox fueron presionados desde Los Pinos para otorgar cuantiosos contratos petroleros a empresas privadas que, como es el caso de la naviera Oceanografía, propiedad de Amado Yáñez Correa y su hijo Amado Yáñez Osuna, pagaban comisiones a los hijos de Marta Sahagún.

Presionados con un viejo expediente sobre los fondos que anualmente entrega Pemex al líder petrolero Carlos Romero Deschamps, el gobierno calderonista no duda en amenazar con la cárcel a Muñoz Leos y Ramírez Corzo para impedir que éstos hablen y se descubra la red de complicidades y corrupción que se tejió desde la casa presidencial con Petróleos Mexicanos, en beneficio de los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca y su tío Guillermo Sahagún, encubiertos y protegidos por la esposa del expresidente de la República.

Las extrañas declaraciones (pues nadie se las pidió y además cometen un delito por revelar información sobre expedientes judiciales abiertos) que hicieron la semana pasada el procurador Medina Mora y el secretario Vega Casillas sobre un tema que ni siquiera estaba en la mesa de discusión, buscan también desviar la atención sobre las investigaciones que llevan a cabo las dos comisiones del Congreso que indagan por separado a Vicente Fox y su esposa Marta Sahagún, así como a los hermanos Bribiesca Sahagún.

La preocupación en Los Pinos es que las dos comisiones integradas por legisladores de todos los partidos, sin que los diputados panistas tengan mayoría en ellas, descubran el abuso de poder y el tráfico de influencias utilizado cada sexenio para obtener beneficios económicos a favor de familiares del presidente en turno a cambio de otorgar contratos de obras y servicios públicos. Y aunque esto es sabido por todos los mexicanos que ocurre en cada gobierno, se requiere evidencias sólidas que no dejen lugar a dudas de cómo se enriquece cada sexenio la familia presidencial y sus amigos.

La conexión: Grupo Miguel y los Bribiesca

La amistad y la relación de negocios entre los hijos de Marta Sahagún de Fox y Alfredo Miguel Afif forman parte de un supuesto expediente que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) actualiza constantemente y que fue entregado a la Comisión de la Cámara de Diputados que investiga a los hermanos Bribiesca Sahagún y a la empresa Construcciones Prácticas, mediante la cual hacían negocios al amparo del poder.

En Idaho, Estados Unidos, The New York Times ubicó a Alfredo Miguel Afif, dueño del Grupo Miguel que hasta antes de su evasión integraba a unas 80 empresas, entre los inversionistas de un millonario complejo turístico e inmobiliario. En México, las autoridades lo consideran prófugo de la justicia por enfrentar cargos de defraudación fiscal, mientras que el Cisen reconstruye su relación de negocios y complicidad con los hijos de Marta Sahagún.

Hace algunas semanas, reportan los investigadores del Cisen en ese informe en poder de la Comisión del Congreso, “se ordenó (sin precisar qué instancia del gobierno federal) llevar a cabo una actualización del expediente de los hermanos Bribiesca Sahagún, anexando incluso algunos asuntos que no han salido a la luz pública con el propósito aparente de preparar ‘un golpe de mano’ en contra de Vicente Fox y su esposa, simplemente para tratar de frenar su creciente activismo y protagonismo en medios, que está ocasionando dificultades al gobierno federal y al PAN (Patido Acción Nacional)”.

A pesar de que Miguel Afif –prófugo en Estados Unidos para eludir el ejercicio de una orden de aprehensión– ha sido protagonista de varios escándalos y fraudes al gobierno federal desde las década de 1990, la relación con los hermanos Bribiesca renovó el seguimiento de sus actividades y nexos políticos tanto en México como en EU.

Al amparo de las relaciones con el poder, Alfredo Miguel, según consta en la información recabada por los investigadores del Cisen, construyó un emporio con participación en el sector textil, del transporte y turístico. El expediente de Alfredo Miguel Afif (actualizado hasta el 17 de octubre y entregado por un funcionario de la Secretaría de Gobernación a la comisión que investiga en la Cámara de Diputados a los Bribiesca) cubre desde la investigación a cargo de legisladores para demostrar que los hermanos Bribiesca Sahagún se vieron beneficiados por la compra de cartera del IPAB, a través de la empresa Construcciones Prácticas, que incluía los activos rescatados a la banca comercial y que pertenecían al Grupo Miguel.

“Se tiene conocimiento de que a últimas fechas el presidente de esta comisión (la Comisión encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública a la empresa Construcciones Prácticas) ha recibido información confidencial de parte de altos funcionarios del gobierno federal, desconociéndose si éstos los han hecho por su cuenta o simplemente acatando instrucciones superiores”, establece el informe del Cisen. Dicha comisión, integrada por 10 diputados federales, cuenta con la participación de cuatro legisladores del PAN; dos del Partido de la Revolución Democrática (PRD); dos del Partido Revolucionario Institucional (PRI); uno de Convergencia, y uno del Partido del Trabajo (PT). “El PAN –apunta el Cisen– está en desventaja en la integración de dicha comisión”.

El Cisen considera que además del presidente de la comisión, el diputado Elías Cárdenas Márquez, otro de los integrantes que ha mostrado una particular determinación para indagar a fondo sobre las supuestas irregularidades de los hermanos Bibriesca es Humberto Zazueta Aguilar, del PRD, “quien mantiene vínculos con varios grupos radicales y subversivos, sobre todo del estado de Guerrero, en donde es representante”.

El expediente de Miguel Afif recupera la información pública que involucra la actuación del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) en 2004, durante la venta de cartera a Construcciones Prácticas y que representó a los Bibriesca una ganancia desmedida al pagar sólo 1.5 millones de pesos por un fideicomiso con un valor superior a los 600 millones de pesos.

El Cisen ha seguido a través de sus investigaciones la ruta de la información que confirmaría la protección y favores recibidos por Alfredo Miguel Afif y que, al final, benefició a los Bribiesca. “Recientemente –cita el documento del organismo de inteligencia– el diputado Elías Cárdenas Márquez recibió el documento íntegro que la familia Miguel Afif firmó con Bancrecer el 16 de diciembre de 1998, mismo que como se dijo fue a parar al Fobaproa cuando esa institución fue intervenida y posteriormente en el IPAB”.

En ese documento se consigna “la ayuda que los hermanos Miguel Afif recibieron de Eduardo Fernández y Martin Werner, en esa época titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, respectivamente, contra quienes los diputados Elías Cárdenas y Humberto Zazueta pretenden enfocar parte de estas investigaciones”, asegura el reporte.

Testimonio de amistad y complicidad

En mayo de 2005, Manuel Bibriesca reconoció en entrevista con esta columna su amistad con la familia Miguel Afif. También admitió que intercedió por ellos ante varios secretarios de Estado para tratar de frenar el embate diseñado por Francisco Gil Díaz, entonces titular de la Secretaría de Hacienda, para beneficiar a familiares que buscaban consolidar negocios en el aeropuerto de la ciudad de Toluca. Aquí un fragmento de aquella conversación.

–Es injusto lo que hace contra ellos (Alfredo Miguel Afif y familia) Gil Díaz, quien primero los persiguió fiscalmente hasta sacar a Alfredo Miguel del país y ahora pretende apoderarse de sus empresas, como ocurre con SACSA. Eso sí es corrupción.

–¿Qué relación tienes con ese Grupo?

–Son mis amigos, solamente…

–Se dice que eres socio del Grupo Miguel y que hasta tienes el 50 por ciento de las acciones.

–No, sólo son amigos, pero el gobierno ha cometido abuso de poder y les ha fabricado delitos para quitarles sus propiedades y desaparecer sus empresas.

–Pero hay investigaciones fiscales y judiciales que confirman que esos empresarios sí son responsables de varios delitos…

–Yo lo que sé es que el gobierno ha abusado en contra de ellos y lo que les hacen es injusto…

–¿Has hecho algo al respecto? ¿Has hablado con tu madre de ello? ¿Has intentado hablar con el presidente para frenar ese “abuso”?

–Con el presidente Fox no puedo hablar de esas cosas, tenemos prohibido, mis hermanos y yo, acercarnos a Los Pinos y mucho menos tratarle estos asuntos…

–¿Entonces has buscado a Gil Díaz…

–No, con él no. No hablo con él.

-¿Alguien más?

-Martín Huerta (exsecretario de Seguridad Pública que falleció en un accidente de helicóptero).

-Y qué pasó?

-Lo alerté del fraude se estaba cometiendo al rentar a la PFP (Policía Federal Preventiva) las instalaciones de SACSA.

-¿Qué ocurrió allí?

-Gil Díaz ha perseguido por varios años a los dueños del Grupo Miguel, hasta que logró que le fincaran responsabilidades penales a Alfredo Miguel, quien es presidente del Grupo y tuvo que huir del país para evitar ser detenido…

-Pero Hacienda sí comprobó que cometió evasión fiscal, ¿o no? Me parece que por 7 millones de dólares.

-Fue mucho más, pero Hacienda había hecho un acuerdo con él y pagó el crédito, y después ese pago fue utilizado por el fisco para argumentar que con eso se comprobaba el delito. Fue una trampa. Y entonces está prófugo sin deberle nada a Hacienda. Es una injusticia de Gil Díaz, porque hay funcionarios a quienes les ha otorgado el perdón fiscal, como al presidente de Tribasa, Alfredo Peñaloza, con quien su sobrino Alfonso Díaz hace negocios.

-¿Qué le pediste a al secretario de Seguridad Pública?

-Le dije a Ramón (Martín Huerta) que estaba metido en un grave problema y que podía estallarle en las manos. Que se había cometido un ilícito y que estaba involucrada la Policía Federal Preventiva para beneficiar al sobrino de Gil Díaz con 12 millones de dólares.

-¿Y qué hizo el secretario?

-Está muy preocupado, no sabe qué hacer, porque este caso lo enfrentaría con Gil Díaz y no quiere molestarlo. Pero pidió tiempo para resolverlo.

-¿Y cuál es la participación de Gil Díaz en esto?

-Gil Díaz ordenó una partida extraordinaria, es decir fuera del presupuesto, y esto es fácilmente comprobable, porque ahí están los documentos, para destinar 12 millones de dólares a la renta de las instalaciones de SCASA, para que fueran ocupadas por la Policía Federal Preventiva, y la Secretaría de Seguridad Pública aceptó sin protestar.

R- ¿Y cuál es el problema de la renta de esas instalaciones?

-Primero que están en litigio, por lo tanto no pueden ser rentadas por el mismo gobierno; y el dinero (los 12 millones de dólares) fue triangulado para beneficiar al pariente de Gil Díaz, pues es el representante legal de la empresa Operadora de Aviación General de Toluca, de tal manera que ese dinero fue triangulado hasta los bolsillos de Gil Díaz y de su sobrino Alfonso Díaz. Fue un robo.

• Gobierno de Calderón beneficia a Oceanografía
• Entrega contratos por 7.5 mil millones de pesos
• Amado Yáñez es investigado por evasión fiscal

En medio de investigaciones por irregularidades administrativas y delitos penales, tales como tráfico de influencias, evasión de impuestos, incumplimiento de contratos y asignaciones directas, que llevan a cabo la Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Pemex, la Secretaría de Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, la empresa naviera Oceanografía, propiedad de Amado Yáñez Osuna, se prepara para recibir otro contrato petrolero que, de otorgárselo, sólo se explicaría por la gran influencia que mantiene en el gobierno federal.

En 17 días, Pemex Exploración y Producción (PEP) decidirá si otorga o no el octavo contrato a Oceanografía en lo que va del sexenio de Felipe Calderón. El próximo 29 de noviembre, la subsidiaria petrolera dará a conocer el resultado de la licitación 18575106–030–07, que involucra recursos públicos por al menos 65 millones 750 mil pesos y en el que participa esta empresa.

De acuerdo con una nota informativa fechada el 8 de noviembre de 2007 –enviada por el gerente de contratos de PEP, Víctor Bahena Bustos, al subdirector de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Estratégicos de PEP, Sergio Aceves Borbolla– este nuevo convenio tendrá por objetivo la procura y construcción de dos oleogasoductos que van de la interconexión submarina a Sinan–118 y a Kab–A.

Sin embargo, aunque la empresa de Amado Yáñez perdiera esta última licitación, sus negocios en Petróleos Mexicanos van mejor que nunca: en los primeros 10 meses del gobierno de Felipe Calderón, Oceanografía ha obtenido siete contratos que suman 7 mil 519 millones 796 mil pesos, revela el portal de obligaciones de transparencia de PEP y la Dirección de Comunicación Social de Petróleos Mexicanos.

Dicho monto es 328.9 por ciento mayor al alcanzado en el último año de la administración de Vicente Fox, cuando la compañía facturó 2 mil 268 millones 258 mil pesos. Es también 263 por ciento superior al de 2005, ejercicio en el que obtuvo contratos por 2 mil 852 millones 884 mil pesos. Más aún, en 2004 sólo signó un convenio con la subsidiaria por 118 millones 880 mil pesos, que representa el 1.5 por ciento de la cifra total registrada en este sexenio.

Las 15 contrataciones a favor de Oceanografía, hechas en los últimos tres años de la pasada administración, ascienden en total a 5 mil 240 millones 22 mil pesos. Auspiciados por Carlos Morales Gil, quien asumió la dirección de PEP en diciembre de 2004, los recientes negocios se dan a pesar de las indagatorias que siguen las diversas autoridades.

Las líneas de investigación pretenden demostrar tráfico de influencias y corrupción, y se enfocan a la relación de Yáñez Osuna con la familia Bribiesca Sahagún, no obstante, hasta ahora se omite averiguar los nuevos vínculos del empresario con miembros del gabinete calderonista.

Y es que Oceanografía tiene un nuevo amigo. El 29 de enero pasado dimos cuenta aquí de la relación del propietario de Oceanografía con el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Juan Camilo Mouriño, cual se inició por intermediación de Leonardo Oleavarrieta, secretario particular de Yáñez Osuna y amigo de Mouriño desde la infancia.

Pero la cercanía con el actual gabinete gubernamental va más allá: en su calidad de secretario de Energía, en el sexenio pasado, Felipe Calderón inauguró las nuevas oficinas de Oceanografía ubicadas en Ciudad del Carmen, Campeche.

Nuevos contratos
Desde que Carlos Morales Gil llegó a la dirección de PEP, dicha subsidiaria ha otorgado 21 contratos –que suman 12 mil 640 millones 938 mil pesos– a la empresa de Amado Yáñez Osuna. De éstos, 14 se signaron durante la administración de Luis Ramírez Corzo, exdirector general de Pemex, y el resto (siete) en la actual, aún encabezada por Jesús Reyes Heroles.

En el actual gobierno, su primer contrato se identifica con el folio 428216969. Mismo que se signa el 18 de enero, por 277 millones 693 mil pesos, y tiene como fin dar “servicio de transporte, acondicionamiento y recuperación de fluidos durante la perforación, terminación y reparación con apoyo de un barco procesador, paquete I”.

Diecinueve días después, el 6 de febrero, Oceanografía firma el convenio 428217803 por mil 20 millones 873 mil pesos. Éste tiene por objeto la “construcción de obras complementarias en plataformas marinas y adecuación de las instalaciones existentes, con apoyo de una embarcación de posicionamiento dinámico con equipo y personal especializado”.

El tercer contrato, para el “fletamento a tiempo de lancha estable (una) para el transporte de personal, materiales y equipo ligero en el Golfo de México”, se pacta el 2 de mayo, por 69 millones 204 mil pesos.

Por el monto involucrado, el convenio más importante es el 428237849, rubricado el 20 de septiembre por 4 mil 902 millones 777 mil 273 pesos. Su objetivo es el “montaje de equipos y estructuras diversas”, así como “adecuaciones estructurales y servicios de apoyo a la operación en las instalaciones de PEP en la zona económica exclusiva de los Estados Unidos Mexicanos en el Golfo de México”, descubre el portal de transparencia de PEP.

Un día después, la sociedad anónima firma el contrato 420877804, por 285 millones 980 mil pesos, destinado a la “construcción de un oleogasoducto” que va de la plataforma Atún–D a la plataforma Bagre–A, indican los informes de la subsidiaria.

De acuerdo con datos proporcionados por Comunicación Social de Pemex, en este año también firma el contrato 428217914, correspondiente a la licitación 18575107–045–07, para el fletamento de tres barcos. El monto pagado por éste asciende a 11 millones 914 mil 650 dólares, que a un tipo de cambio de 10.8 pesos por dólar suma 128 millones 678 mil pesos y que según Compranet es de 132 millones 729 mil pesos.

Además, la paraestatal reporta el 428237855, de la licitación 18575108–031–07 para la inspección estructural de plataformas marinas 2007–2010, por 834 millones 589 mil pesos (351 millones 162 mil pesos, más 44 millones 761 mil 749 dólares), y que según Compranet sólo involucra recursos por 351 millones 162 pesos.

Sin embargo, hay confusión por la diversidad de cifras que proporcionan de manera oficial tres fuentes: Compranet –sistema electrónico de contrataciones gubernamentales que depende de la Secretaría de la Función Pública y que reporta montos mínimos, además de omitir la información de varios contratos; el portal de transparencia de Pemex Exploración y Producción, al que le obliga la Ley de Transparencia y en el que omite informar de algunos contratos, y la Dirección de Comunicación Social de Pemex, cuyas cantidades también difieren con las otras dos entidades.

Investigaciones pendientes
Además de los contratos, otro beneficio de las nuevas relaciones de Yáñez Osuna con altos funcionarios de la administración calderonista, es la suspensión de una investigación por defraudación fiscal.

Aunque la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria, demostró que Oceanografía evadió el pago de impuestos por 200 millones de pesos, el expediente en poder de la Procuraduría General de la República permanece en la congeladora, indican fuentes confidenciales.

Agregan que hasta la fecha las autoridades federales omiten indagar operaciones que podrían constituir otros ilícitos: la compra de diésel, energético con el que operan las embarcaciones de Yáñez Osuna, y el origen del dinero con el que este empresario adquiere los barcos que Pemex renta con posterioridad, según han revelado empledos y extrabajadores de la misma naviera.

Otro capítulo que destacan es la recurrencia en los incumplimientos de contratos y la ausencia de sanciones o multas muy por debajo de las pérdidas, por lo que se presume complicidades con funcionarios de la paraestatal. Tal es el caso, denuncian, de la dilación y las irregularidades que presentan las obras relacionadas con el convenio 412425828.

De acuerdo con el portal de transparencia de la subsidiaria, éste involucra mil 470 millones 982 mil pesos, data del 20 de mayo de 2005 y tiene por objeto la “procura y construcción de un gasoducto de 36 por 56 kilómetros de plataforma de enlace litoral al complejo Pol–A”.

Aunque el plazo para entregar los trabajos se venció el 26 de enero de 2006, a la fecha –indican las fuentes– éstos no han sido concluidos. Tras 21 meses de retraso, PEP le ha fijado cuantiosas multas por 12 millones de dólares en contra de Oceanografía, a la cual a pesar de sus incumplimientos y de las multas, Pemex le sigue abriendo las puertas para concursar en todas las licitaciones que realiza y Función Pública se niega a inhabilitarla.

Según los informantes, con el fin de comprobar la capacidad de la línea que transportará petróleo, al concluir el tendido del gasoducto se efectuó una prueba hidrostática con la que se detectó una fuga que impide su buen funcionamiento.

Pese a las demoras, Pemex Exploración y Producción no sólo no ha rescindido este trabajo a Oceanografía, sino que le asigna nuevos. De 2003 a la fecha, la empresa de Yáñez Osuna ha obtenido 35 convenios en PEP, que suman 13 mil 395 millones 850 mil 913 pesos, de los cuales el 48 por ciento corresponde a los siete que obtuvo en los primeros meses de la administración de Felipe Calderón.

Contratos de Oceanografía en PEP, 2007

Puntos suspensivos…
Los panistas buscan compensar al jurista Rafael Estrada Sámano, quien a fines de 2006 habría competido en la terna para suceder al ministro Juan Díaz Romero en la Suprema Corte. Ahora, los senadores de Acción Nacional le apartan un lugar en e Consejo de la Judicatura Federal. Y es que en breve se jubilará el consejero Miguel Quiroz Pérez, quien inició sus labores en la institución judicial por un periodo de cinco años, el 15 de diciembre de 2002. Los legisladores buscan hacer una convocatoria fase track y cerrarla, como en el caso del IPAB, cuando la venta de Aeroméxico, en dos segundos. Conservador y muy ligado a los panistas, Estrada Sámano fue subprocurador de la PGR durante la gestión del gris Antonio Lozano Gracia.

* Truena Calderón contra Vicente Fox
* En reunión privada ordena investigarlo
* Respuesta de Keoseyán a Amado Yáñez

La noche del viernes 26 de octubre, en Los Pinos, se tomó una decisión importante que, sin duda, modificará las relaciones de complicidad y encubrimiento que hasta ahora mantenía Felipe Calderón con su antecesor Vicente Fox. En reunión privada con una comisión de legisladores panistas, el presidente de la República fue enfático cuando afirmó que ya estaba “hasta la madre” de los escándalos y exabruptos que Vicente Fox y su esposa Marta han desatado desde que dejaron la casa presidencial, hace poco menos de un año, y de las corruptelas de los hermanos Bribiesca Sahagún, hijitos de la pareja expresidencial, por lo que ordenaría a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República que integraran los expedientes respectivos para proceder.

Aún más, dijo el titular del Ejecutivo, promoverá que se entregue toda la información que soliciten los legisladores que integran las dos comisiones en el Congreso para investigar las corruptelas de Vicente Fox y Marta, los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca, el tío Guillermo Sahagún (hermano de Marta) y algunos de los hermanos de Fox. Es decir, toda la familia y a ver qué ocurre.

Y como por arte de magia, desde ese día han empezado a caminar las cosas en la Secretaría de la Función Pública y en la Procuraduría General de la República, en donde ya se integran sendos expedientes en contra de Manuel y Jorge Bribiesca, así como su tío Guillermo, por el delito de tráfico de influencias en Petróleos Mexicanos, empresa petrolera utilizada por la familia de la esposa del expresidente para negociar contratos petroleros en favor de empresas privadas, como se ha documentado aquí el caso de la naviera Oceanografía, a cambio de que ésta proporcionara cuantiosas comisiones.

En el encuentro privado un legislador le dijo incluso al presidente Calderón que era el momento de dar un manotazo en la mesa para que Fox se tranquilizara y lo dejara gobernar, pues el país estaba en medio, porque lo único que buscaba el exmandatario presidencial era de hacerse publicidad para evitar cualquier investigación en su contra.

Con esa nueva dirección que han tomado las investigaciones gubernamentales, las comisiones especiales integradas en la Cámara de Diputados para investigar los bienes del expresidente Vicente Fox y la legalidad de los contratos de obra pública otorgados a la empresa Construcciones Prácticas, propiedad de los hermanos Bribiesca, han retomado con fuerza su trabajo y según el presidente de una de ellas, el diputado Elías Cárdenas Márquez, ya tiene pruebas suficientes de dos operaciones en donde se favoreció desde el IPAB a los hermanos Bribiesca Sahagún, pues considera que debe ser contundente la evidencia para evitar que cuestiones técnicas jurídicas impidan procesar a estos delincuentes de cuello blanco.

Para la otra comisión que indaga las corruptelas de Fox, su diputado presidente Víctor Valencia sostuvo la semana pasada que las pesquisas en contra del exmandatario se extenderán hasta la Fundación Vamos México, aquel ente privado que creó Marta Sahagún para disponer de recursos públicos mediante donativos sin control alguno.

Habrá que esperar las conclusiones de estas investigaciones que desde esta semana arrancan con fuerza con la autorización de Calderón, lo cual facilitará que en unos cuantos meses los Bribiesca enfrenten sin el apoyo presidencial a la justicia federal

Responde Keoseyán a Amado Yáñez

La semana pasada informé sobre una denuncia que empleados de la naviera Oceanografía, propiedad de Amado Yáñez, quien es investigado junto con su padre del mismo nombre, por el gobierno federal por sus vínculos con la familia Bribiesca Sahagún, relación que utilizó para obtener contratos petroleros por miles de millones de pesos en Pemex, interpusieron ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por el delito de fraude, cometido supuestamente por la empresa RK Consultores, vinculada con Roberto Keoseyán Arakelian, Carlos Demetrio Olivas Cruz y Valentín ángeles Dino, a quienes acusó Oceanografía de intentar cobrar un millón de dólares con un pagaré apócrifo.

Sin embargo, esta información proporcionada por uno de los abogados de Amado Yáñez no fue del todo precisa, ya que esa denuncia fue resuelta cuando la empresa Oceanografía reconoció el adeudo con RK Consultores, lo pagó y otorgó el perdón de la querella que había interpuesto, como lo explica Roberto Keoseyán, exapoderado legal de Oceanografía, en una amplia carta enviada a esta columna y que por el interés que tiene esta naviera en el actual gobierno federal reproducimos a continuación:

“El día de hoy leí la publicación de la columna Oficio de papel en Internet, en donde se hace mención de una denuncia penal que presentó Oceanografía en contra del suscrito y de Carlos D. Olivas Cruz y Valentin Ángeles Dino, por una supuesta falsificación de la firma en un pagaré, a ese respecto y con el objeto de defender la verdad, hago las siguientes preescisiones:

“El 6 de octubre del 2006 el abogado José Horacio Gómez Mendieta demandó en juicio ejecutivo mercantil de Oceanografía el pago de la cantidad de USD 1,000,000.00 (un millón de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), más el pago de intereses ordinarios y moratorios causados, así como el pago de gastos y costas, con base en un pagaré de fecha 18 de mayo de 2004, mismo que le fue endosado en propiedad por RK Consultores, S.A. de C.V.

“Que la demanda señalada en el inciso que antecede fue radicada en el Juzgado Trigésimo Cuarto Civil de esta ciudad de México, bajo el número de expediente 815/2006.

“Que con fecha 18 de mayo de 2004, Oceanografía, S.A. de C.V. celebró convenio de reconocimiento de adeudo y obligación de pago con la sociedad mercantil denominada RK Consultores, S.A. de C.V., por la cantidad de USD 1,000,000.00 (un millón de dólares), con el objeto de establecer los términos y condiciones bajo los cuales, Oceanografía, S.A. de C.V., realizaría el pago de dicha cantidad a favor de RK Consultores, S.A. de C.V., derivado de honorarios generados por la prestación de servicios de hospedaje y alimentación con apoyo de una embarcación habitacional para el personal de construcción, requerido en los trabajos de rehabilitación y construcción del proyecto de modernización y optimización del Campo Cantarell en la Sonda de Campeche.

“Conforme a dicho convenio, Oceanografía liquidó a RK Consultores el millón de dólares referido, mediante tres cheques, mismos que fueron ya liquidados y el remanente mediante la compensación de un adeudo de la empresa Corporación Mexicana de Servicios Navieros con Oceanografía.

“Asimismo y de acuerdo con dicho convenio, Oceanografía se obligó a otorgar el perdón en la querella que formuló a través de la apertura de la averiguación previa número FCH/CUH–5/T1/00378/07–02, presentado en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

“Como podrás observar, ésta fue una controversia entre RK Consultores y Oceanografia, provocada por el incumplimiento de una obligación de pago de honorarios, pactados entre Oceanografía y RK Consultores, S.A. de C.V., y que fue zanjada mediante el convenio judicial respectivo y los pagos que de él se derivaban.

“Por ello, es importante señalar que si hubiese sido falsa la firma de ese pagaré o este no estuviese debidamente sustentado, en la realidad de un adeudo existente de Oceanografía con RK Consultores, Oceanografía no lo hubiese pagado, ni tampoco hubiese otorgado el perdón respectivo.

“Respecto a la denuncia a la que se refiera la columna, debo hacer las siguientes preescisiones:

“Esta denuncia fue presentada por el Sr. Hermilo Escobedo Obrador en su carácter de (sic) Director Comercial de Oceanografía, con domicilio en Insurgentes Sur Nº 300–1406 y con instrucción de licenciatura.

“Este señor Escobedo mintió ante la autoridad al haber señalado que tenía instrucción de licenciatura, toda vez que la Dirección General de Profesiones señaló en oficio que no existen en los archivos de esa dependencia registró alguno que acredite a Hermilo Escobedo Obrador con estudios de licenciatura.

“Asimismo, el señor Escobedo señaló un domicilio de Oceanografía que no existe, hecho que ha sido constatado por los propios reporteros de Contralínea en sus investigaciones previas de Oceanografía, hecho que ha constado en columnas anteriores.

“Estoy enviando copia de esta comunicación al ministerio publico para que se hagan constar estos hechos y se determinen si las actuaciones del señor Escobedo, son o no constitutivas de delito.

“En resumen debo puntualizar lo siguiente: Oceanografía reconoció que debía un millón de dólares a RK Consultores. Oceanografía liquidó el adeudo a RK Consultores. Oceanografía otorgó el más amplio perdón que en derecho proceda en dicha denuncia a favor de Roberto Keoseyan y Carlos D. Olivas Cruz.

“Te agradeceré tomar nota de lo aquí expuesto para que se hagan las aclaraciones pertinentes, basado todo en la defensa de la verdad, aclarando que obran en poder nuestro y están a su disposición todos los documentos que sustentan lo dicho”.

Esta carta le fue enviada oportunamente al bogado de Amado Yáñez por si querían responder, pero éste decidió no hacerlo y él bien sabe porqué. A cambio, Roberto Keoseyán reta a Amado Yáñez a un debate público para que el dueño de Oceanografía demuestre la legalidad de los contratos petroleros que obtuvo de Pemex, pues de acuerdo con el abogado éstos no resisten una auditoría imparcial, por lo que propone que sea alguna institución académica pública, como la Universidad Nacional o el Instituto Politécnico, la responsable de revisar las decenas de contratos que funcionarios de Pemex otorgaron a Oceanografía.

Nuevo negocio de los Mouriño

El Diario de Yucatán publicó la semana pasada una relevante información sobre la familia Mouriño y su expansión territorial, al adquirir 20 hectáreas cerca de la carretera Mérida–Pogreso, propiedad de la Cousey. El adquiriente, Carlos Mouriño Terrazo, hermano de Juan Camilo, jefe de la Presidencia de la República y amigo cercano y protector del empresario Amado Yáñez, beneficiado por Pemex con millonarios contratos petroleros que son investigados por el Congreso.

Según informó ese diario yucateco, fue el gobierno de Patricio Patrón Laviada el que tres días antes de terminar su gestión promovió la venta del terreno, el cual formaba parte de una extensión mayor de 352 hectáreas en donde el gobierno anterior planeaba desarrollar una zona de actividades logísticas con la empresa extranjera Prointec. Pero el gobierno de Patrón Laviada no concretó la operación con esa compañía y sí lo hizo con los Mouriño, familia española radica en Campeche y dedicada al negocio de la gasolina a través del Grupo Energético del Sureste (GES), según consta en el Registro Público de la Propiedad.

Habrá que seguirle la pista a esta familia Mouriño en el actual gobierno, pues es común que familiares de servidores públicos terminan brutalmente enriquecidos al final del sexenio y al parecer esta no será la excepción.